| (A propósito de la licencia para enseñar en la educación básica). José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP, Asesor Pedagógico y Sindical del SUTE Regional de Loreto, Perú. La mediocridad del parlamento peruano bajo la égida del fujimorismo (1990-2000) sigue incólume en el de los regímenes de la primera década del siglo XXI. No sólo la mediocridad, sino la impronta del espíritu y los intereses más vulgares del neoliberalismo en marcha. Miradas bien las leyes y cosas que produce este parlamento, no hay una ley importante que favorezca los verdaderos intereses de la nación ni de la mayoría del país. Ni se diga cuando nos referimos a la educación nacional, pues la nueva Ley General de Educación, la No. 28044, promulgada en el 2003, no ha hecho más que legalizar todo lo actuado en materia de privatización de la educación y la desregulación laboral de la docencia de la educación básica (inicial, primaria y secundaria). En ese marco de marcha ininterrumpida por la senda de la educación neoliberal (pragmatista, tecnocrática, mercantilista e individualista por antonomasia), acaba de ser promulgada la Ley No. 29510 que permite la incursión masiva de profesionales diversos a las aulas de la educación básica, sin más requisito que el título profesional de enfermero, médico, ingeniero, contador, farmacéutico, antropólogo, sociólogo, abogado, psicólogo, etc., con una formación previa en algo de metodología. Profesionales y no profesionales en las aulas. No es ajena, en la historia de la educación moderna (desde el siglo XVIII por lo menos), la presencia de personas con una cierta instrucción en las aulas escolares, como maestros o preceptores (la denominación ya en desuso), explicable por la inexistencia de suficiente número de pedagogos, pues la misma pedagogía y la formación docente se desarrolló con bastante lentitud desde que en 1784 se creara en París la primera Escuela Normal para la formación de educadores. Este proceso fue más lento en los países colonizados y luego convertidos en repúblicas, como es el caso del Perú; pero no exclusivo, ya que en la propia Europa desarrollada, todavía en 1980 existían en las aulas profesores no titulados en pedagogía, lo que llevó a los gobernantes a proyectar la profesionalización completa de la carrera docente (Reforma 1984-1994 en los países de la UE de aquellos años). En el caso de la educación superior la presencia de profesionales de otras carreras es justificable, pues la docencia universitaria tiene que ver más con la investigación científica, el cultivo de la cultura, la creación y la difusión del saber en todas sus ramas, así como de las artes, de tal manera que la metodología no tiene la complejidad que significa orientar el aprendizaje en niños de cero a 16 años de edad, que requiere una formación especial de los docentes. Para eso se ha creado la pedagogía general y especializada. La pedagogía de la enseñanza superior tiene su propia dinámica. Los neoliberales, para sus fines mercantilistas, tratan de negar la formación pedagógico integral, profesional y no como "formación adicional" al conocimiento del contenido. Quien escribe estas líneas tuvo, en su educación primaria, solamente un pedagogo (Normalista) y los otros tres, con educación primaria, incompleta inclusive. En educación secundaria, sólo cinco de la veintena de profesores de los cinco años de estudios, eran profesores con título pedagógico y casi todos los restantes solamente tenían educación secundaria, pero hubo algunos sólo con primaria. Esta situación fue parte de la crisis histórica de la educación peruana y se prolongó hasta la década de los 80 con un porcentaje nada despreciable. Hoy estamos en condiciones de dar fin a este problema, pero el neoliberalismo, con criterios aparentemente plausibles, ha decidido prolongar y expandir la presencia de profesionales no pedagógicos en la docencia. La presencia de personas que provienen de profesiones ajenas a la pedagogía en las aulas, y las de quienes no han estudiado ninguna profesión, se explica, pues, por las limitaciones en la formación del número de maestros que han requerido las naciones, desarrolladas y subdesarrolladas. Es un proceso histórico y no la mera intromisión de legos en pedagogía. Por supuesto que, en cada país y en cada tiempo, este proceso anómalo se convirtió en una herramienta de apaciguar la desocupación de la juventud que salía de las aulas secundarias y de los profesionales que no alcanzaban ejercer su profesión por la estrechez del mercado laboral. Esta anomalía fue utilizada también, específicamente en el Perú, por políticos y burócratas de la administración de la educación, para ofrecer trabajo docente a cambio de prebendas y de apoyo electoral, haciendo de un gran sector del profesorado en actividad un instrumento de clientelismo. Si no queremos ir más allá de los cincuenta años atrás, debemos recordar los casos de los gobiernos de Acción Popular y del APRA, pero no solamente en el sector educación. La base neoliberal y la fundamentación legal. Quienes vienen criticando la Ley aludida (29510), señalan solamente la responsabilidad de los grupos políticos del parlamento que, por unanimidad, han determinado su aprobación para que sea promulgada por el Presidente de la República, ávido, como se sabe, de promover a los privados en todos los sectores de la economía y de los servicios. En realidad, la licencia que se da a los demás profesionales para ingresar a la docencia de la educación básica es parte de las políticas neoliberales de privatización y de desregulación laboral, es decir, de convertir a la educación en un instrumento al servicio del libre mercado. Como ya viene ocurriendo con los profesores seleccionados para el llamado Colegio Mayor Presidente de la República, su situación laboral será la de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), sin derechos laborales y con una relación laboral casi nula con el Estado, por la naturaleza temporal del contrato. Desde el punto de vista legal de la normatividad educativa, el artículo 58º de la Ley General de Educación abre todas las ventanas a la desprofesionalización de la docencia, a la negación de la pedagogía como ciencia. Después de señalar que es requisito obligatorio el título pedagógico para ejercer la docencia, además de la necesidad de estar colegiado, en el mismo artículo dice que los demás profesionales pueden también ejercer la enseñanza en materias afines a su especialidad, precisamente como ocurría durante toda la República. Para justificar esta incursión de dichos profesionales, les exige una previa formación pedagógica o un postgrado en educación. Es decir, un profesional que no ha estudiado pedagogía puede hacer un postgrado lo más fácil por lo rápido) en algo que no ha estudiado a profundidad, como ha ocurrido con el actual Ministro de Educación, que siendo ingeniero industrial, dice que tiene un postgrado en educación. Por supuesto que los futuros maestros que vendrán de otras profesiones no tendrán mejor camino que el postgrado, tanta oferta que hay desde decenas de universidades privadas tipo "Alas Peruanas". ¡He aquí el negocio, mi querido Watson! La negación de la profesión docente y de la pedagogía. Es indudable que la ideología neoliberal en educación viene avanzando aceleradamente. Incluso introduciendo contradicciones en su propio discurso, como la existente entre la afirmación de que las medidas de capacitación y evaluación de docentes han mejorado la calidad educativa en el 2009, y la medida de abrir las aulas para los otros profesionales. Si la capacitación a los maestros titulados da buenos resultados, ¿por qué apelar a la desprofesionalización de la docencia si existen casi 200 mil maestros con título pedagógico sin trabajo? El neoliberalismo, con su pragmatismo rampante, no ve más que utilidad inmediata, aun cuando deba destruir, en la práctica, la propia ciencia de la pedagogía y, con ella, menoscabar más la profesión docente, ya no solamente con una ley que pomposamente es denominada de Carrera Pública Magisterial, sino con la presencia de profesionales que no pueden ejercer la carrera para la cual se han formado. En la década del fujimorismo tuvimos que hacer frente a decretos leyes, decretos legislativos y proyectos de Ley que establecían la posibilidad de ejercer la docencia por cualquier profesional, llegando al colmo de plantear "directores-gerentes" que no necesariamente fueran pedagogos. Esta tendencia neoliberal es recogida hoy en la Ley 29510. En el futuro, hoy mismo, por mandato de la Ley peruana 29510, debemos definir a la pedagogía como el proceso de adiestramiento en el menor tiempo posible para producir simples aprendizajes, al margen de los fines de la educación integral, científica, axiológica, desarrolladora e investigativa. La teoría del simple facilitador ha sido, por fin, plasmada en una Ley. ¿Es compatible la pedagogía con la "formación adicional" en ella para ejercer la docencia, como se viene afirmando? ¿Es más eficiente en la docencia básica un ingeniero químico que un pedagogo especializado en la enseñanza de las ciencias naturales? Hay una serie de preguntas que no pueden ser absueltas por los defensores de la desregulación laboral y de la desprofesionalización de la docencia. Las consecuencias prácticas y la vulgaridad. Abiertas las puertas a la docencia privada y pública para todo profesional que desee trabajar en las escuelas del Perú, veremos, por lo menos, dos grupos en fila india para postular al trabajo: por un lado, los profesionales sin trabajo, que siempre lo han hecho, incluso como choferes; por otro lado, los profesionales que, teniendo trabajo, requieren un "cachuelito" más para sus gastos adicionales, lo que también ha existido, pero que hoy se tornará una corriente más fuerte. En ambos casos, la "vocación" por la enseñanza no pasará de una mera pose para sobrevivir, es decir, el triunfo de la vulgaridad respecto a la educación. Veremos también al nuevo "ejército de educadores" matricularse en los postgrados para asegurar su presencia en las aulas, con estudios que no pasarán de meros rituales, especialmente en las universidades privadas, cuyos dueños se preparan a cosechar las ganancias por su "elevado" trabajo académico. No faltará el clientelismo político para la selección de los postulantes de otras profesiones, con los cuales se buscará el debilitamiento del sindicato de maestros. En el pasado, experimentamos la conducta antisindical de la mayoría de docentes provenientes de otras profesiones. No se necesita ser adivino para prever un mayor deterioro de la escuela pública y la expansión de la educación privada, no menos deteriorada que la pública en su acelerada expansión competitiva y su prédica individualista meramente empresarial. El Consejo Nacional de Educación, nuevamente, sigue jugando el papel de cohonestadora de todos los atropellos neoliberales, con su tesis del "consenso" y su intrascendente Proyecto Educativo Nacional que el APRA, sin mayor problema, lo adoptó como un pequeño truco para engañar a quienes quieren seguir siendo engañados.  Le corresponde al magisterio organizado en su sindicato y a la intelectualidad progresista salir al frente de este nuevo atropello contra la escuela pública y contra el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes del Perú. amazonayahuascaramos@yahoo.es |
