Fecha: 15 de enero de 2016, 22:30
PROMESAS DE GARCÍA
Periodo de gobierno 2006-2011
Si en el Perú se condenara a los que incumplen las promesas de campaña electoral, más de un ex presidente estaría tras las rejas. Ciertamente, lo que se dice en medio del fragor y de la emoción de un mitin es una cosa, pero mentir en el plan de gobierno supone alevosía y premeditación. El Plan de Gobierno que el APRA presentó para el período de gobierno 2006-2011 contaba, como suele ocurrir con la mayoría de las proformas de gobierno de los candidatos, con algunos ofrecimientos tan gaseosos como idealistas, con juegos de palabras, frases hechas, generalidades, peroratas, pero también con farsas y mentiras de diferente calibre que aquí queremos recordar.
Dentro del plan de gobierno 2006-2011, el APRA anunciaba un "plan de acción inmediata" de 180 días, donde ofrecía aprobar la Ley de Renovación por mitades del Congreso, en el ámbito de la Reforma del Estado. Renovar a la mitad de congresistas a medio período de gestión resultaba una propuesta bastante seductora considerando los altos índices de desaprobación del Parlamento. En su primer discurso tras ser proclamado presidente, García anunció una reforma constitucional para tal fin e, inclusive, dijo que si esta no era aprobada por el Congreso, propondría un referéndum para que el pueblo lo decidiera. A lo largo de su gobierno insistió con el tema y hasta llegó a decir que "no se iría del gobierno si la renovación por mitades no era una realidad constitucional". Finalmente, se fue de Palacio con ánimos de volver, claro y tal renovación no se dio. ¿Explicaciones? Ninguna.
En Educación, el gobierno aprista también lanzó algunas medidas en el llamado "plan de acción inmediata" para los primeros 6 meses de gobierno. Ofreció los programas "Volver a leer" y "Libro de a sol". Sin embargo, al final de la gestión, ninguno de estos dos programas había merecido la más mínima atención. A lo más que llegó el gobierno aprista fue a impulsar el programa "Plan lector", que se creó durante el gobierno de Alejandro Toledo, con su viceministro de Educación, Idel Vexler, como una estrategia para fomentar el hábito de lectura en los escolares. En este supuesto shock de medidas iníciales también se anunciaba la extensión inmediata de una hora adicional de la jornada educativa, cosa que no se dio. Recién con el gobierno de Ollanta Humala el Ministerio de Educación implemento la jornada escolar completa. Desde marzo del año pasado, unos 345 mil estudiantes de mil colegios públicos de Lima y otras regiones estudian desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. Ni porque mandó una comitiva a Finlandia para recoger las experiencias del éxito del modelo educativo de ese país, García supo cumplir con su palabra.
Pero lo más grueso de las mentiras anunciadas en el plan de gobierno del entonces candidato del "cambio responsable" para el quinquenio 2006-2011 tiene que ver con los temas de Seguridad Ciudadana (páginas 8 y 9). Entre las primeras medidas de su supuesto "plan inmediato" García ofrecía "reducir los beneficios penitenciarios" y "eliminar los beneficios a los reincidentes". Sonaba muy interesante y pertinente para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, una vez instalado en Palacio de Gobierno, García no sólo no cumplió sino que le sacó la vuelta a sus propias promesas e hizo todo lo contrario. Así, al final de su segundo mandato, García había otorgado 5,478 gracias presidenciales. Estas se dividían en 232 indultos y 5,246 conmutaciones de pena. De estas últimas, 3,207 fueron para condenados por el delito de narcotráfico y al menos 700 de ellos por casos de tráfico ilícito de drogas en forma agravada. Escandalosa situación que, como sabemos, mereció la formación de una comisión investigadora en el Congreso. Las conmutaciones también incluyeron a 1,781 prontuariados delincuentes. Y aquello de eliminar los beneficios a los reincidentes también fue una falacia. Un claro ejemplo es el caso del delincuente José Luis Ardiles Elguera, quien pese a registrar nada menos que nueve ingresos a la cárcel y estar condenado a 15 años de prisión, salió en libertad al cumplir sólo 10 gracias a una resolución firmada por Alan García y su ministra de Justicia, Rosario Fernández. Como no podía esperarse menos de Ardiles, volvió tras sus malos pasos y fue recluido por décima vez, en esta ocasión por robo e intento de asesinato. Otro caso atroz fue el de Yhonatan Fernández Dávila Estela, sentenciado a ocho años de prisión por agresión e intento de asesinato, pero quien, gracias a la comisión del compañero aprista Facundo Chinguel en el gobierno de García, vio reducida su pena a 4 años. Apenas un mes y medio suelto en plaza, Fernández volvió a prisión, esta vez ya no por un intento fallido de asesinato sino por matar a su propia madre.
La excarcelación de narcotraficantes también contradijo otro de los ofrecimientos en el plan de gobierno aprista del 2006: "Considerar como Política de Estado la lucha contra el narcotráfico y consumo de drogas, porque afecta la estabilidad y gobernabilidad, a la sociedad, la familia y la persona humana" (página 42 "Contra el consumo de drogas y el Narcotráfico"). La única política de Palacio era la de firmar y firmar miles de resoluciones supremas para abrir las rejas de narcotraficantes, inclusive los que formaban bandas internacionales.
También dentro del "Plan de acción inmediata" el candidato García ofreció, en el rubro Descentralización, descentralizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a las regiones. Lo cierto es que fue en el gobierno aprista donde el SN1P se convirtió en un aparatoso y burocrático monstruo y - hasta ahora- las regiones dependen de Lima para obtener la luz verde en la aprobación y financiamiento de los grandes proyectos de inversión. En cuanto a la "lucha contra la pobreza", el plan de gobierno de García sonaba bastante convincente al anunciar la creación del "Fondo de Desarrollo Social para enfrentar la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad". Dicho fondo sencillamente nunca tuvo partida de nacimiento. Además el candidato aprista lanzó en su plan de gobierno otras promesas que más parecían extraídas de una Teletón de Belmont. He aqui un ejemplo vistoso: "Promover la participación de la sociedad en la lucha contra la pobreza mediante una amplia participación de la sociedad, el sector privado y las universidades a través de las prácticas profesionales y el voluntariado en los diversos programas". Sonaba muy bonito en el papel, pero no hubo ninguna iniciativa que tuviera algo que ver con esto.
En la página 27 de aquel Plan de Gobierno desahuciado hay también unas lineas reservadas a los "Pueblos originarios y minorías étnicas". Allí se plantea : Desarrollar políticas orientadas a los pueblos originarios en los siguientes ámbitos: bosques amazónicos, medicina tradicional, forestación de los andes..." El episodio del Baguazo desmiente toda esa palabrería. Los pueblos originarios de la Amazonia esperaron ser escuchados por el gobierno ante la avalancha de decretos que afectaban a sus comunidades nativas, lo que finalmente terminó en una carnicería humana con 23 policías y 10 civiles muertos y un oficial PNP desaparecido. Quedó claro que para el gobierno de García no había ninguna política orientada a los pueblos originarios. Su tesis sobre "el perro del hortelano" confirmó su desvinculación política y moral con esas poblaciones nativas. Tampoco cumplió García con otra de las premisas de su gobierno: "Adoptar el diálogo y el consenso como política de Estado para prevenir y evitar conflictos sociales, estableciendo una adecuada y óptima comunicación con los agentes económicos, sociales y políticos (pag 40, "Orden Interno").
En la lucha contra la corrupción el plan de gobierno de García anticipaba una gestión intachable: "Desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello a los derechos". Y por si no quedaba claro que lo que el APRA ofrecía era un gobierno de inmaculadas prácticas, el Plan insistía: "Promover una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero". Y más aún: "Regular la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares". La cantidad de investigaciones a los exministros y funcionarios apristas, asi como al propio exmandatario, sobre asuntos que bastante tienen que ver con la ruta del dinero en asuntos como sobrevaluaciones descaradas de obras públicas dejó claro que no se lucho contra la corrupción sino que esta formó parte del aparato estatal aprista, tal como había sucedido en los años 80.
Las promesas dirigidas a la policía en el plan de gobierno tampoco fueron honradas. "Homologar los sueldos de la FF.AA. y PNP a través de una Ley de Haberes" y "Reestructurar y modernizar la caja de Pensión Militar-Policial" fueron otras propuestas decorativas más del candidato aprista y su vieja comparsa.
