Por Manuel Guerra
En octubre del 2007, Alan García en su archiconocido artículo “El síndrome del perro del hortelano” hizo conocer al mundo su conversión total al neoliberalismo, explicitando su voluntad de privatizar la amazonía en beneficio de las grandes transnacionales.
Usó como instrumentos decretos inconstitucionales promulgados al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso para concretizar la aplicación del TLC con estados Unidos.
A mediados del 2008 las etnias amazónicas agrupadas en AIDESEP desarrollan una primera gran medida de fuerza contra estas intentonas, cuya contundencia obliga al Parlamento a derogar los decretos 1015 y 1073, lo que fue calificado por Alan García como “un error histórico”. El Parlamento asimismo nombra una comisión para estudiar el conjunto de decretos cuestionados por los pueblos amazónicos, especialmente los decretos 1064 y 1090, siendo evidente que se trató de una maniobra dilatoria, pues no había ninguna intención de debatir los decretos en cuestión, ni mucho menos derogarlos.
En abril del presente año, luego de varias gestiones que no tuvieron eco por parte del gobierno, las poblaciones indígenas inician una huelga que progresivamente va ganado la adhesión de grandes sectores de la población y que a la postre se convierte en una formidable batalla en defensa no solo de los derechos de los pueblos de la amazonía, sino también en la defensa de la soberanía nacional, de los recursos naturales y contra el modelo económico neoliberal. El gobierno entendió que la lucha tocaba la médula del proyecto “el perro del hortelano”, y en su desesperada defensa, el fatídico 5 de junio ordenó el brutal desalojo de la Curva del Diablo, con el saldo de 34 peruanos muertos y cientos de heridos. Este error político le valió el repudio y la indignación ciudadana que se volcó a las calles y el 11 de junio protagonizó la más grande movilización de los últimos tiempos exigiendo la derogatoria de los citados decretos y la renuncia del Gabinete Simon-Cabanillas.
Finalmente el gobierno se ve obligado a derogar los decretos 1064 y 1090 y luego a recomponer su gabinete, lo que constituye una seria derrota política que arrastra al conjunto de la derecha neoliberal.
En el presente el problema político central para el contubernio derechista es cómo salen de esta derrota y pasan a la contraofensiva. Porque ciertamente el perro del hortelano no permanecerá tranquilo lamiéndose las heridas. Su estrategia, vertida por Alan García en su artículo “A la fe de la inmensa mayoría”, publicado en el diario Expreso, consiste en convencer a la población que los conflictos sociales no obedecen a problemas reales que aquejan a la población, sino que son productos de una “guerra fría” alentada por gobiernos extranjeros –léase chavismo-, que adoctrinan y financian a sus operadores (la izquierda y el humalismo) para complotar contra la democracia. Esta estrategia pretende sustituir la contradicción entre cambio y continuismo neoliberal, que es la disyuntiva del Perú de hoy, y polarizar al país entre “sistema” y “antisistema”, entre los supuestos defensores de la democracia y los supuestos violentistas. Con tales argumentos pretenden justificar la “mano dura”, “restaurar el principio de autoridad”, es decir cada vez mayor dosis de autoritarismo y represión.
particularidad del presente es que el desenlace del presente periodo se desarrollará en un escenario político electoral en un proceso de grandes movimientos de masas y agudización de los conflictos sociales, donde la derecha corre el riesgo se ser derrotada, como ha ocurrido en otras partes del continente. Por ello la estrategia derechista tiene como uno de sus objetivos la demolición de Ollanta Humala, convertido en la principal carta electoral de la oposición popular. Su otro gran objetivo consiste en derrotar a la izquierda peruana e impedir su influencia social y política, golpeando a su columna vertebral, es decir a Patria Roja. Un tercer objetivo es neutralizar las luchas sociales atacando a sus liderazgos, practicando el divisionismo, desacreditándolos permanentemente.
Esta contraofensiva ya se ha echado a andar a toda máquina. A la par de la campaña mediática desatada por El Comercio, Expreso, Jaime de Althaus, Aldo M, Cecilia Valenzuela, entre otros, se suma el acoso judicial, la persecución política, la acción de los servicios de inteligencia. Cual pelea del “todo vale” meten en un mismo saco a Hugo Chávez, las FARC, Evo Morales, las Casas del Alba, la Coordinadora Bolivariana, Ollanta Humala, Operación Milagro, Telesur, Patria Roja, la embajada venezolana, Alberto Pizango, etc, etc, inventando absurdas conexiones y delirantes consecuencias. En esta estrategia no se descarta la ilegalización de los partidos de oposición o el fraude electoral, conforme ha prometido Alan García a los empresarios.
Mas todo esto no expresa sino miedo, el profundo temor de una derecha fracasada que siente que el piso se le mueve. Pero este es un pánico peligroso porque proviene de gente que es capaz de todo para librarse de sus fantasmas que lo acechan.
¡UNIDAD PARA LUCHAR,UNIDAD PARA VENCER!
Estimados maestros y maestras:
Estamos atravesando circunstancias difíciles para el magisterio y la educación pública. El mensaje presidencial por fiestas patrias ha hecho más evidente el abandono, por parte de Ollanta, de sus compromisos electorales y la continuidad del modelo neoliberal.
Lejos de cumplir con lo ofrecido al magisterio y lo avanzado en la mesa de diálogo, respecto del urgente incremento de remuneraciones y pensiones, así como el pago de la deuda histórica, lo que tenemos es una propuesta de una "Ley de Desarrollo Docente" que, por presión de los defensores de la mal llamada Ley de CPM, hasta le han cambiado de nombre y, hasta donde se conoce por la versión no oficial que está circulando, en el marco del ahorro fiscal que exige el Ministerio de Economía, por orden del FMI, pretende anular los más importantes beneficios económicos y hasta rebajar los niveles alcanzados por los maestros comprendidos en la Ley 24029 – 25212.
Sin embargo, el SUTEP cuenta con el Anteproyecto de Ley del Profesorado, que luego de ser aprobado en dos convenciones nacionales sucesivas y de una amplia difusión, ha sido presentado al Congreso de la República por intermedio del Colegio de Profesores del Perú. Tal como lo ha aprobado la V Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, del 02 de agosto, exigimos el más amplio debate de ambas propuestas con la participación de los directamente involucrados como somos los maestros.
Entre otras cosas, debemos exigir:
1) Aumento para todos los maestros (desde el piso salarial) y proporcionalmente a los niveles. ¡No a la rebaja de los sueldos!
2) Respeto a los niveles alcanzados en las respectivas leyes (24029 y 29062) no a las "reubicaciones" arbitrarias y sin criterio pedagógico. ¡No a la rebaja de niveles!
3) Carrera de 5 niveles y desarrollo meritocrático (por evaluación) para los ascensos.
4) Evaluación que incida principalmente en el desempeño en el aula o la función que se ejerza.
5) Respeto a todas las bonificaciones y asignaciones conquistadas.
6) Respeto de la estabilidad laboral.
7) Desarrollo magisterial con equidad, no a la condena del 70% de maestros a una "carrera" de dos niveles (29062).
Lamentablemente en esta lucha tenemos dos distractivos: por un lado los defensores de la mal llamada Ley de CPM de Chang y García, que plantean no tocar ese engendro y "ni un sol de aumento si no es previa evaluación"; y, por otro lado el anarquismo divisionista que le hace el juego a los enemigos del magisterio y que tras el objetivo de legitimar al movadef de sendero luminoso, para buscar la amnistía de Fujimori, Montesinos y Abimael Guzmán, han promovido una huelga de una minoría del magisterio del sur del país, generando ante la opinión pública la imagen de un sindicato dividido, que sólo favorece a los implementadores de la reforma educativa neoliberal, privatista y antimagisterial. No es la primera vez que lo hacen: en el 2003, con su accionar divisionista, dieron motivo para la declaratoria del estado de emergencia y la posterior aprobación de la Ley General de Educación 28044 que da inicio a la "evaluación para la permanencia"; en el 2007, igualmente promovieron una huelga divisionista que permitió la dación de la Ley 29062 mal llamada de CPM de Chang.
Hoy requerimos de la más amplia unidad para enfrentar esta situación. Además del amplio debate para el que debemos estar preparados, en base a nuestra propuesta, necesitamos estar mentalizados para las más diversas acciones de masas que debemos implementar en el momento oportuno, sobre todo cuando se inicie el debate en el Congreso, incluida la huelga. Participemos activamente en las reuniones de estudio y debate de la Ley el 10 de agosto y garanticemos la presencia de nuestros delegados en la Convención Nacional Extraordinaria del 18 de agosto. Pongamos en tensión todas nuestras fuerzas.
Rene Ramírez Puerta
Secretario General SUTEP
