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miércoles, 27 de febrero de 2008

CONSULTA POPULAR EN LORETO: POR LA DEFENSA Y EL DESARROLLO DE LA AMAZONIA PERUANA

José Ramos Bosmediano, miembro investigador la Red social para la Escuela Pública en América (Red SEPA), Ex Secretario General del SUTEP


I. EL CONTEXTO

El domingo 24 de febrero del 2008 debe quedar grabado en la conciencia de los loretanos, de los habitantes de la Amazonía peruana y de todos los peruanos como la fecha en que los primeros votaron en la Consulta Popular convocada por el Frente Patriótico de Loreto para que el pueblo loretano diga SI o NO a la propuesta neoliberal del gobierno aprista de vender al sector privado las “tierras eriazas” de la Amazonía, habiéndose ya adelantado con una Resolución Ministerial que autoriza a COFOPRI vender tierras eriazas de Costa, Sierra y Selva, indudablemente, previendo una posible oposición al Proyecto de Ley 840, expresión concreta de la deleznable tesis del “perro del hortelano”, que es, en realidad, la ambición rentista del gato despensero en que se ha convertido la administración aprista del Estado. Y el pueblo dijo, abrumadoramente, no a la propuesta del gobierno.

Cuando gran parte del país esperaba la aprobación del Proyecto por el Congreso y la inmediata promulgación de la Ley correspondiente por el Ejecutivo, el Frente Patriótico de Loreto, dirigido por la Comisión Organizadora del Congreso que elegirá a la nueva dirigencia regional, convocó a la Consulta Popular sobre tres temas puntuales que son de evidente preocupación por su relación con el futuro de la Amazonía peruana y, por ende, con las perspectivas de la vida y el desarrollo del 60% del territorio nacional, preocupación que no es nueva, pero que a partir de las últimas dos décadas se ha convertido en un sentimiento de incertidumbre frente a los arrebatos del proyecto neoliberal y la presencia indiscriminada de las transnacionales petroleras, de la privatización de puertos y aeropuertos y de la lacra el narcotráfico, que ocupa los espacios naturales, sociales (ciudades y población rural) e institucionales como si no hubiese quien lo detenga.

Después de un gran mitin popular (30 de enero 2008), el FPL, cuya presidencia temporal está bajo la responsabilidad del Profesor Gildrel Torres Rodríguez, Secretario General el SUTE Regional Loreto, debió tomar la decisión de enfrentar al autoritario Proyecto 840 con una posición democrática, directa y organizada desde abajo, desde las masas y sus organizaciones naturales. Lo que no era fácil si tenemos en cuenta que desde el segundo semestre del 2007 el FPL ingresó a una de las tantas crisis que ha tenido a lo largo de su gloriosa existencia. En esta oportunidad, la crisis fue creada desde la propia dirigencia regional por un pequeño grupo que pretendía concentrar la atención del Frente en la búsqueda de la revocatoria del actual Presidente Regional de Loreto, decisión que no tenía en cuenta la necesidad de luchar contra las medidas neoliberales del gobierno aprista, entre ellas, la eliminación de las exoneraciones tributarias, la privatización de los puertos y aeropuertos, la permanente contaminación de la Amazonía por las transnacionales del petróleo; y lo que es peor, una decisión que no fue consultada ni en el propio Ejecutivo de la organización, mucho menos en el seno de las organizaciones políticas, gremiales, populares y bases provinciales. Porque uno de los integrantes del Ejecutivo se opuso a esa decisión inconsulta y políticamente improvisada, la entonces Presidenta del FPL, Eva Matute, estalló con los calificativos de “traidor” y “vendido” contra uno de los dirigentes más honestos y consecuentes que, desde la década de los 70, ha ejercido la dirigencia magisterial, así como la del otrora Frente de Defensa de Loreto y en el Frente Patriótico de estos últimos años, el Profesor Eloy Pizango Paima. Hoy está claro que la decisión de “revocar” al actual Presidente Regional, que por lo demás no ha calado en el pueblo, obedeció a los intereses políticos de uno de los grupos regionales que perdió el 2006 y que necesita nuevamente el poder político para enfrentar los problemas judiciales en curso. Pero aún cuando los intereses políticos no estuvieran detrás de los arrebatos revocatorios de Eva Matute, más su interés de perfilarse como candidata del humalismo en la Región, el afán de revocar a una autoridad sin que se den condiciones políticas y sociales, incluso jurídico-administrativas, que sirvan para convencer al pueblo de la necesidad de este objetivo de lucha, carece de justificación como para que se convierta en una tendencia popular mayoritaria. Este análisis de la realidad, elemental para trazar las tácticas de lucha, no fue tenido en cuenta por una dirigente que, sin proponerse conscientemente, sí estaba llevando al FPL a un peligroso debilitamiento de su capacidad de convocatoria, así como a su eventual división, que felizmente no prosperó porque las organizaciones que lo conforman, las más importantes, tuvieron el acierto de convocar a una Asamblea Regional que, finalmente, decidió elegir una Comisión Organizadora encargada de llevar a cabo el I Congreso Regional Extraordinario, a la vez que tomar decisiones de lucha como la movilización exitosa del 30 de enero y la Consulta Popular. Lo que sorprende, frente a este problema del FPL, es observar conductas políticas y gremiales que se sitúan en el “medio” de “ambos grupos”, como si la decisión de una Asamblea Regional y las razones de sus acuerdos no fueran claras, y como si las actitudes de desconocimiento de los acuerdos por Eva Matute fueran dignas de otorgarlas el beneficio de la duda.

Para oponerse mejor situada a la Consulta Popular, la ex Presidenta asistió al Foro de Pichanaki, cuyos organizadores invitaron a “ambos presidentes”, desconociendo lo que venía ocurriendo en Loreto, específicamente la situación de la ex Presienta del FPL Eva Matute, que asistió a ese Foro.

Tal es el panorama de fondo de la Consulta Popular del 24 de enero. Su realización es importante y debe ser evaluada como se merece para trazar las nuevas perspectivas de lucha y otras propuestas en defensa de la Amazonía peruana.

II. RAZONES PARA UNA CONSULTA

La Cédula de votación preparada por la dirección del FPL contiene tres preguntas. La primera se refiere a la opción por la venta o no de las tierras de la Amazonía peruana, incluyendo los bosques y las aguas, lo que podría considerarse una exageración por motivos de propaganda, y que muchos opositores a la consulta venían denunciando como “interesada”, por tanto, “mentirosa”. Pero es fácil comprender que quien compra un terreno no va a eximirse de disponer de sus bosques y aguas, amén de sus demás elementos silvestres, aun cuando en el contrato de compraventa diga lo contrario. Las transnacionales del petróleo y de los minerales metálicos nos dan la mejor lección del uso indiscriminado de las aguas, afectando también los bosques, la ecología toda. Este hecho no puede estar ausente cuando se trata de terrenos para la forestación, reforestación o para la agricultura. La segunda pregunta toca la aprobación o no de la presencia indiscriminada de las transnacionales petroleras y sus resultados de envenenamiento del medio ambiente, lógicamente de peligro real para la biodiversidad. Esta proposición se enfrenta a la existencia de un plan de mayores explotaciones petrolíferas a futuro, casi sin límites, como el plan e perforaciones de PERUPETRO, lo que hará de la Amazonía peruana una región en proceso de mayor debilitamiento ecológico. ¿De qué servirán los conocimientos sobre esa biodiversidad y la afirmación reiterada de que nuestra Amazonía es la reserva de oxígeno y de agua dulce más importante del planeta, si los mismos estudiosos, como Brack Egg, están empeñados en entregar con ciertas “condiciones” los recursos naturales a las transnacionales, a cambio, supuestamente, de “ingresar al lucrativo negocio de la venta de certificados de carbono por la captura de CO2” (Brack, 28 de diciembre del 2007)? ¿Y quiénes se beneficiarán, señor Brack, con ese “lucrativo negocio”, los miles de campesinos ribereños, las comunidades indígenas, los pobres de las ciudades amazónicas? Por la experiencia histórica y porque al frente de todo este proyecto de subasta está el neoliberalismo, sabemos quiénes serán los beneficiados.. La tercera pregunta tiene que ver con la venta de los puertos y aeropuertos. Aquí no solamente hay asuntos de interés puramente económico y de servicios públicos, cuyos precios se elevarán con la privatización y “modernización”, sino también el problema de que son elementos estratégicos de la economía, con incidencia en el plano de la defensa nacional fronteriza en el caso de la Amazonía peruana. Como para los adoradores de la globalización neoliberal “ya no hay fronteras”, las inversiones transnacionales deben tener un libre acceso a la propiedad de estas tierras, ignorando, incluso, su ocupación milenaria por las poblaciones originarias y por un campesinado que trabaja para proveer gran parte de la alimentación a las ciudades amazónicas y para su propia subsistencia.

Las tres razones no interesan a los neoliberales ni a ciertos empresarios regionales que solamente se vuelven regionalistas y patriotas cuando tienen que cuidar sus intereses individuales. En lugar de que en Loreto surja un empresariado nacionalista y patriota, venimos asistiendo a una especie de réplica de la burguesía empresarial peruana afincada en Lima, criolla y subordinada a la gran burguesía imperialista, intermediaria de ésta, sin autonomía como para emprender el desarrollo autónomo de la economía nacional. Este carácter de subordinación le impide ser clase dirigente del país. Apenas es clase dominante, como lo afirman todos los historiadores y sociólogos que desde el siglo XIX han estudiado el Perú. De seguir este camino, nuestra burguesía regional emergente, rasgo que le asignamos provisionalmente, seguirá siendo un apéndice de la gran burguesía peruana dominante. Lo más lamentable es que los propios gobernantes regionales y municipales aspiran, antes que buscar el progreso de su pueblo, a convertirse en los nuevos empresarios cuyo capital inicial debiera de ser objeto de investigación. Hay, pues, en consecuencia, una razón democrática, una razón patriótica, y una razón practica para la realización de la Consulta Popular. Estas razones explican los objetivos centrales de la lucha:

a) Impedir la aprobación y promulgación del Proyecto de venta y subasta de las tierras amazónicas;

b) Reafirmar la conciencia de defensa de la Amazonía peruana y, en particular, del medio ambiente frente a su brutal depredación por parte de las trasnacionales petroleras;

c) Defender la propiedad de los puertos y aeropuertos loretanos para ponerlos al servicio del desarrollo regional y no de empresarios que solamente utilizarán la mano de obra barata para llevarse casi todas las utilidades a sus países de origen, sin interesarse en contribuir con la integración y comunicación entre las poblaciones amazónicas, como viene ocurriendo con el transporte aéreo de absoluta propiedad privada;

d) Fortalecer la conciencia democrática y patriótica (vale decir, nacionalista) del pueblo loretano, tradición cívica en defensa de la integridad territorial corroborada por conocidos hechos históricos de indudable raigambre popular;

e) Afianzar la unidad del pueblo en torno al FPL frente a sectores que pretenden su división y su eventual desaparición, lo que les permitiría moverse con más facilidad en la malagua del mercenarismo electoral.

El primer objetivo merece una acotación sucinta. El ahora funcionario del gobierno aprista Antonio Brack Egg, elaboró una especie de cartilla para explicar las bondades del Proyecto de Ley 840. Lo primero que hace Brack es citar los artículos 66 y 88 de la Constitución Política vigente, para demostrar que el proyecto es constitucional y, por tanto, plausible. Por supuesto que sí, el proyecto es constitucional en concordancia con la Constitución fujimorista neoliberal, que el gobierno aprista ha elegido defender y aplicar a pie juntillas, abandonando para las calendas griegas la Constitución de 1979 que reservaba para el Estado la propiedad de los recursos naturales. ¡Por supuesto que la Constitución de 1993 ha sido elaborada para satisfacer los intereses del gran capital privado! En esto el proyecto 840 es impecable, señor Brack, como lo es también el nuevo proyecto que pone en subasta las restingas y las tierras que emergen con la vaciante de los ríos (barriales). Pero nuestro ecologista comete otro error con sus ejemplos de países que están atrayendo la “inversión privada” para la explotación de sus bosques, por lo menos cuando se refiere a Chile y Brasil. ¿No es verdad que los mapuches (“araucanos”) han sido arrinconados en Chile por las transnacionales de los negocios forestales y de la hidroeléctrica, un millón de mapuches que están luchando por la recuperación de sus tierras? ¿No es verdad también que en Brasil, con Lula y todo, hay un proceso de sobreexplotación para millones de trabajadores en las plantaciones de caña de azúcar para la fabricación del etanol? Los ejemplos que invoca el señor Brack no favorecen a su propuesta de subasta de la Amazonía peruana.

Acaso la premura de los acontecimientos no haya permitido reflexionar y explicar mejor el contenido y los objetivos de la lucha democrática que se ha librado en Loreto, sobre todo frente a los sectores populares que debieron de participar con mayor fuerza. Pero leyendo los comunicados y las cuartillas, escuchando a los dirigentes y activistas en los programas radiales, percibimos que su discurso contenía los planteamientos fundamentales que estamos tratando de sintetizar. Una explicación más clara de los objetivos de la lucha, sin embargo, hubiese comprometido a los más amplios sectores del pueblo y hubiese enfrentado mejor a los enemigos de esta lucha.

Con la APEC y su Foro en el Perú, se ha desatado la ilusión de que su presencia nos garantiza granes inversiones para el “desarrollo” del país, cuando de lo que se trata es de otra avanzada del gran capital extranjero, con los Estados Unidos como fuerza principal, que retardará más el proceso de integración de nuestros pueblos latino y sudamericanos, como lo demuestra el economista Alain Fairlie Reynoso (La República, 28 de enero del 2008, p. 13: Bilateralismo y cumbres: ¿cuál es el rumbo?). A los capitalistas que manejan el APEC no les interesa sino los convenios bilaterales para dividir, por lo tanto debilitar, las posibilidades de negociación de cada país. En consecuencia, todos los proyectos de integración como la CAN y el propio MERCOSUR perderán la dinámica que han venido desarrollando en los últimos años. Lo que decimos para Latinoamérica vale también para la Amazonía peruana. Sin embargo, para las autoridades regionales, hay que limpiar Iquitos y cerrar los innumerables baches y rajaduras de pistas para que los empresarios que visitan esta ciudad se sientan contentos como para regresar con sus inversiones, vendiendo al pueblo un verdadero “sebo de culebra”.

III. FACTORES EN CONTRA, DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA LUCHA

Uno de los problemas que se presentó fue el poco tiempo para explicar, difundir y comprometer a los más amplios sectores populares, dispersos en una geografía de difícil acceso. Bien se conoce que el propio Estado, pese al manejo de una logística de gran alcance, tiene dificultades para cubrir los desplazamientos administrativos por todos los distritos de las provincias de Loreto.

Al problema del tiempo limitado de que se disponía, se une la escasez de los recursos materiales para el trabajo de preparación e implementación de la consulta. Esta escasez de recursos obligó a un desplazamiento a través del sistema de transporte más barato, que es el más lento.

A los dos obstáculos arriba señalados hay que agregar la oposición de sectores políticos y de la base regional de la CGTP. A decir verdad, los dirigentes del Partido Nacionalista, los del UNIPOL, los del denominado Bloque Popular Amazónico y la dirigencia regional de Loreto de la CGTP, en realidad, desarrollaron una campaña contraria a la Consulta Popular, con argumentos de que ya no era necesaria una consulta cuando todo el pueblo estaba en contra del proyecto gubernamental, tratando de ocultar el hecho de que los apristas trataban de boicotear la lucha y que un grueso sector de empresarios también se mostraban favorables al proyecto 840, al cual habría que “perfeccionarlo”, jugando a ocasionar confusión en el pueblo y crear ilusiones en torno a las bondades de la subasta respecto a la “creación de puestos de trabajo para los loretanos”. A decir verdad, los tradicionales colegios profesionales se han puesto al margen de esta lucha. Un grupo aliado del anterior gobierno regional del UNIPOL, el Bloque Popular Amazónico, responsable también de la sospechosas concesiones forestales, después de “guardar silencio” durante toda la campaña, se pronunció, oportunistamente, la víspera de la consulta anunciando su “apoyo” y una movilización ¡en Lima!, en fecha posterior a la consulta. El Secretario General de la CGTP Loreto, casi todos los días cubría espacios en “La Región”, diario que se edita en Iquitos, anunciado su “neutralidad” frente a la supuesta lucha de las “dos facciones” del FPL, dedicándose solamente a pedir al gobierno regional solución al petitorio de los trabajadores, como si los dirigentes del SUTE Loreto y sus bases provinciales no hubiesen enfrentado también la lucha contra el vapuleado “tercio superior”, lo que no les impidió, sin embargo, convertirse en los puntales de la Consulta Popular. Este obstáculo político constituye un elemento que debe ser suficientemente enjuiciado por la ciudadanía, especialmente el generado por quienes dicen preocuparse por los intereses del pueblo y de la Amazonía. Podemos justificar la oposición de aquellos empresarios regionales que anhelan ser también los beneficiarios de la invasión inversionista de las transnacionales; pero es más delicado incluso explicar el comportamiento de personas y grupos que dicen situarse en el campo popular.

Hemos observado también la nula preocupación de los demás gobiernos regionales, con argumentos de supuestas diferencias entre una región y otra, con una concepción errónea de la Amazonía peruana, como si no se tratase de un extenso e integral sistema ecológico, cuyo futuro debe ser abordado con visión totalizadora y no disgregadora, cada uno con “su Amazonía”. La unidad amazónica parece ser solamente un ruido de foros, encuentros y conferencias, no de defensa concreta ni de un proyecto común de desarrollo. Este será, de no cambiar el rumbo, el seguro camino a un mayor atraso de la región y de las específicas regiones que se han establecido arbitrariamente, con indicios de regiones más pequeñas todavía ante el fracaso del proceso descentralizador actual.

Sin embargo, la Consulta Popular se realizó con el entusiasmo de las fuerzas que han participado conscientemente en ella. El primer factor positivo fue, efectivamente, el entusiasmo de los dirigentes, activistas y masas que organizaron, impulsaron e implementaron todo el trabajo. El entusiasmo no es solamente un problema emotivo de las personas que se entregan a una tarea. Esa emoción se guía por convicciones firmes en lo que nos proponemos y consideramos lo más adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la lucha. Esto es lo que se notó en las cuatro semanas de preparación y de impulso.

Hay que valorar el trabajo permanente de los maestros del SUTE Loreto y de sus bases provinciales, verdaderos ejes e la movilización en torno a la Consulta Popular, con excepción de un ex Secretario General el SUTE Maynas, cuya licencia por “motivos familiares” le alejó de su responsabilidad cuando, precisamente, Eva Matute arremetía contra el FPL; cuando el magisterio se enfrentaba al tercio superior y cuando se volvía más necesaria la lucha contra el proyecto de subasta de la Amazonía peruana. Pero los “motivos familiares” no impidieron al ex dirigente acudir frecuentemente a la radio y a los periódicos para “convocar a la unidad” del FPL, adoptando, supuestamente, una actitud “neutral” frente a los “dos grupos”, cuando sabido es que apoyó a Eva Matute en su propuesta de expulsar a un dirigente de izquierda del Comité Ejecutivo del Frente. Estas cuestiones, aparentemente “menudas”, necesitan ser esclarecidas para comprender mejor los problemas de esta lucha. Casi semejante es el caso del ex Presidente del Frente de Alto Amazonas (FREDESAA), Pedro Tello, quien estaba boicoteando la Consulta Popular, por lo que las bases de ese Frente le relevaron en el cargo a pocos días del evento, lo que coadyuvó a su realización exitosa.

Importante, aunque pudo ser mayor, ha sido la participación de Fuerza Loretana, especialmente en la cobertura de las mesas de votación.

La Juventud Popular de Maynas desplegó su contingente de estudiantes universitarios en el trabajo de propaganda y de implementación de las mesas de votación.

Como lo menciona el diario La República en su editorial (edición del 26 e febrero), la lucha del pueblo de Loreto ha merecido, indirectamente, el apoyo de los vicariatos de Madre de Dios, San Ramón, Pucallpa y San José de Amazonas, que en comunicado público reclaman al gobierno considerar los intereses y la voz de los pueblos amazónicos en decisiones que afectan su vida, su cultura y su futuro. Es una parte de la Iglesia Católica que manifiesta su punto de vista a favor de los oprimidos.

Y una fuerza que se jugó con todas sus posibilidades de movilización es el Movimiento Nueva Izquierda en toda la Región. No es la primera vez que esto ocurre, pues generalmente es la izquierda la que viene sosteniendo, con más responsabilidad y energía, la lucha por la vigencia y la unidad del FPL.

Hay varios criterios para evaluar y señalar los resultaos de la Consulta Popular del 24 de febrero.

Uno es el criterio cuantitativo. Este criterio nos lleva a indicar que la Consulta Popular ha dado un resultado de importante participación en la votación ciudadana, superando el 25% del universo de electores en Loreto. Esta votación corresponde al % promedio que se obtiene en países donde la votación es libre y voluntaria. Para el caso de Loreto es más aceptable aún si tenemos en cuenta los factores geográficos que limitan grandemente el desplazamiento de las masas rurales y de la mayoría de los distritos esparcidos en la vasta floresta amazónica. Algún desprevenido o mal intencionado enemigo de la Consulta Popular podría señalar que la votación ha sido pobre. Este avieso crítico olvida que en la votación a que se refiere no han funcionado los mecanismos de compra de votos, de borracheras para inducir el voto ciudadano, ni el traslado gratuito de votantes, ni cambios de residencia de un distrito a otro para obtener mayores votaciones; no ocurrió todo lo que acontece en la podrida democracia electoral peruana. La votación del 24 de febrero fue libre, consciente, comprometida con una causa noble y digna y no con prebendas. Aquí radica su valor, su significado democrático, su contenido patriótico. Ya dijeron los leguleyos y tinterillos que, como no participó la ONPE y el JNE, la votación carece de validez y no tiene “efecto vinculante”. ¿Y para qué sirve ese efecto vinculante si el gobierno aprista no cumple ni con sus promesas electorales? Los dirigentes del FPL no han creído nunca que el gobierno y las instituciones oficiales iban a legalizar la Consulta Popular. El significado positivo de esta consulta reside en otro elemento difícil de entender para los espíritus filisteos y las burocracias satisfechas: en el ejercicio consciente del derecho que tiene el pueblo para tomar decisiones sobre los problemas que le conciernen.

Por eso es necesario apelar al criterio político para evaluar uno de los logros de la Consulta Popular. Esta logró detener la aprobación del Proyecto, su conversión en ley y su promulgación. Es un triunfo parcial, temporal, del FPL. Depende de las luchas siguientes para obtener o no una victoria más significativa. Si al pueblo del Cusco y a los agricultores que están luchando se les acusa e promover la “violencia irracional” para desacreditar sus justos reclamos y reprimirlos hasta con el asesinato de campesinos, esos acusadores no tendrán motivo para censurar la Consulta Popular del FPL. Pero si más adelante la población loretana se levanta para impedir la presencia de los grandes compradores de tierras, si es que el gobierno mantiene su irracional posición, no sabemos cuánta sangre podría derramarse por la represión policial.

Desde un criterio organizativo, la Consulta Popular ha fortalecido la posición del FPL frente a la posición gubernamental de pretender imponer medidas al margen de las aspiraciones y la voz de los pueblos amazónicos. La autoridad que ha ganado el FPL le servirá para plantear nuevas iniciativas, nuevos procesos de lucha, y le permitirá realizar el Congreso Extraordinario en mejores condiciones de unidad. Para amedrentar a los dirigentes, Eva Matute ha presentado una demanda penal contra dos de ellos por “falsedad ideológica” delito “contra la fe pública”, confundiendo los problemas organizativos con el uso del Poder Judicial, lo que expresa su impotencia y su desesperación.

IV. PERSPECTIVAS PARA LA LUCHA DEL FPL

Son muchas las perspectivas que se abren, a partir de la Consulta Popular, para el Frente Patriótico de Loreto. Nos ocuparemos de algunas de ellas, acaso las más fundamentales.

1. La primera cuestión importante es la perspectiva del fortalecimiento del Frente, tomando como punto de partida, en esta etapa, la realización del Congreso Regional Extraordinario que se realizará en estos días, a condición de que en su realización participen delegados con suficiente representación; que el nuevo Ejecutivo esté conformado por dirigentes que, sin dejar de mantener sus convicciones ideológicas y políticas, apliquen los principios de la unidad en el frente único, sean capaces de unir al pueblo en torno al programa común de lucha. Las expectativas para generar una renovada dirección del Frente existen en la propia población loretana, que está dispuesta a integrarse a la organización y a la lucha bajo una dirección capaz, honesta y, sobre todo, consecuente. Hay una tradición importante y positiva, pero hay también errores que deben ser resueltos adecuadamente, con métodos democráticos y no impositivos. El fortalecimiento del FPL es una necesidad urgente y eso depende, en gran parte, de las organizaciones que la conforman, de su participación democrática en los eventos del Frente y en la adopción de acuerdos previamente discutidos.

2. El Frente Patriótico de Loreto requiere dar un salto cualitativo en lo programático, desde la plataforma de lucha que levanta como conjunto de reivindicaciones y reclamos concretos al gobierno central y al gobierno regional, sin abandonar esta plataforma o programa concreto, debe pasar a discutir, elaborar y levantar un proyecto regional de desarrollo integral de la región, que contemple los problemas fundamentales y los ejes básicos para ese proyecto, articulándolos en una visión de conjunto y no en forma dispersa como se viene concibiendo el “desarrollo” desde los gobiernos regionales. El proyecto debe convertirse en un instrumento para que la población participe en la lucha con la conciencia de saber hacia dónde queremos ir, qué entendemos por desarrollo de la Amazonía y de Loreto en particular. Servirá también para emplazar al gobierno central y a los eventuales gobiernos regionales, exigiendo a la fuerzas políticas que pretenden gobernar Loreto plantear su programa de gobierno y cambiar el contenido y las formas de la lucha electoral, tan venida a menos con esa fanfarria de la “inversión electoral” para recuperar después lo que se ha gastado. No tendría sentido tanto sacrificio desplegado en las luchas del FPL si no se pone en el centro de nuestras preocupaciones un proyecto de mayor significación.

Sobre la base de estas dos perspectivas generales, se puede planificar las actividades y luchas del FPL, entre ellas, proseguir la lucha en defensa e la Amazonía peruana, tomar posición frente al APEC, así como frente a la aplicación de los acuerdos de Itamaratí, etc.

Sin oponer a los propósitos del FPL, cuyo carácter de frente único debe ser preservado, respetado y fortalecido, consideramos que Loreto requiere una propuesta política de carácter popular y de izquierda, basada en un programa de desarrollo para Loreto; una alternativa política que haga frente a las concepciones y a los métodos de la unidad desde arriba, entre algunos dirigentes cuyos objetivos comunes no son otros que distribuirse los puestos electorales como si fuera una torta y, en algunos casos, comprando el lugar en la lista para tener la mejor seguridad de captar la mayoría de los votos. Requerimos para Loreto una propuesta democrática y de izquierda. Que esta propuesta tenga un alcance nacional, es lo más adecuado, pero si en el plano nacional se siguen reproduciendo las taras del pasado, con representaciones casi personales de grupos y movimientos o de caudillos sin un proyecto programático claro, es legítimo dar paso a una propuesta regional democrática, de izquierda, popular y fundamentada en una alternativa programática de renovación y transformación. Se habla hoy mucho del cambio, palabra utilizada hasta por los más recalcitrantes defensores el neoliberalismo, lo que convierte al término en una realidad casi vacía para el pueblo. Del “cambio” Alan García pasó al “cambio responsable”, y hoy la propia Lourdes Flores Nano le pide también otro cambio. El Perú, por ende Loreto, necesitan una transformación profunda, un cambio revolucionario, proceso que debe enfrentarse al neoliberalismo y al capitalismo que aquél refleja en sus expresiones más salvajes para nuestros pueblos; perfilar una nueva economía que se entronque con la construcción del socialismo en el Perú. Las posibilidades de trabajar en esa perspectiva desde las regiones existen. Hay una nueva generación de izquierdistas que marchan en esa dirección, que buscan un nuevo camino para que el socialismo peruano sea, verdaderamente, la “creación heroica” del pueblo peruano, de la clase obrera, de los campesinos, del amplio sector oprimido, de los profesionales progresistas y de los empresarios nacionalistas que pueden y deben participar en un proyecto de renovación y transformación del país.

En la tarea de construir una nueva alternativa tienen su puesto de lucha los maestros y estudiantes, así como todos los profesionales dispuestos a comprometerse con un proyecto de renovación y transformación. Estos sectores de la población, por su acceso a un grado superior de educación, tienen mejores posibilidades de apoyar la organización, educación y lucha del pueblo. Los maestros y estudiantes han dado muestras de su potencialidad para integrarse a la lucha, como la formación de los frentes de defensa lo ha demostrado desde la década de los 70.

El trabajo programado por el SUTE Loreto para la elaboración, desde abajo, de un proyecto educativo regional en el presente año, constituye un elemento importante de proyección programática por una nueva educación que supere el continuismo de la reforma neoliberal que está aplicando el gobierno aprista con todas las barbaridades que viene imponiendo el Ministerio de Educación.

Falta, en Loreto, un replanteamiento de los problemas del desarrollo, del papel de los campesinos y de la incipiente clase obrera, de los industriales y demás empresarios que quieran ir más allá de la defensa de sus propios intereses, de los intelectuales loretanos, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), de los profesionales que no encuentran más incentivos de trabajo que un puesto burocrático al servicio de administraciones regionales que no tienen otro horizonte que conseguir una nueva reelección.

El tiempo es corto si pensamos que las transnacionales han alineado su ejército de burócratas para apoderarse de la Amazonía, dentro de un proyecto imperialista que Estados Unidos desarrolla para frenar la nueva tendencia antiimperialista en América del Sur. La seudo teoría del “perro del hortelano” es un libreto que se inserta en ese proyecto hemisférico de Washington.

Iquitos, febrero 27 del 2008
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OTRA VEZ SOBRE EL TERCIO SUPERIOR
Por Rolando Breña Pantoja

Hasta que la razón derrotó a la sinrazón. Por lo menos parcialmente. El gobierno tuvo que parar en seco y remar hacia atrás frente a las críticas contra el D.S. 004 que, sorpresivamente, cosechó cuestionamientos en casi todos los ámbitos: académico, institucional, político, regional y popular. No solamente fueron, como pretendió distorsionar el gobierno, los sectores sindicales del SUTEP y la CGTP o Patria Roja y los extremistas que habían “atemorizado” a los gobiernos regionales con presuntas revocatorias para alcanzar su solidaridad.

También hubo voces contrarias desde otras vertientes, que el gobierno subestimó o esperó tácito respaldo. Desde el Foro Educativo y el Consejo Nacional de Educación, pasando por los más conocidos académicos y expertos en el tema, continuando con la Defensoría del Pueblo, llegando hasta Lourdes Flores y la propia dirigencia aprista con Mercedes Cabanillas. El quórum cuestionador se elevó como espuma, terminando por ahogar al gobierno, que se vio obligado al lanzarse a sí mismo un salvavidas, aceptando que todos los profesores entrarán a concurso.
Estos hechos ratifican nuestra afirmación, que en política educativa el gobierno está prácticamente en nada. De tiempo en tiempo, como mago en decadencia, pretende sorprender a la audiencia buscando inexistente conejos en su viejo y agujerado sombrero que hace las veces de plan de gobierno de supuesta raigambre popular.
Sin embargo, algo aparece como indicio vigoroso. Una presunta recuperación, al menos en sectores de su cúpula dirigencial y gubernativa, de viejas y aparentemente superadas tendencias de sectarismo, de rechazo a toda crítica, a la adjetivación violenta y temeraria, a considerar enemigo a quien no comparta sus puntos de vista.
Hemos escuchado frases como:
- “Estamos dispuestos al diálogo”, para inmediatamente agregar “pero no hay necesidad de cambiar absolutamente” : ¿Para qué dialogar entonces?
- “Con la política de conciliación se cae en mediocridad”. ¿El gobierno no tiene la responsabilidad de conciliar puntos de vista distintos para encontrar el mejor camino? No se trata de conciliación ideológica, sino de puntos de política concreta. ¿Si no para qué las “mesas o comisiones de alto nivel”; las reuniones con el Presidente, con los ministros, o los acuerdos entre trabajadores y empresarios, incluso las conciliaciones extrajudiciales? Es pecado de soberbia desconocer que en la política concreta de cada día puede haber conciliación y entendimiento.

¿Qué significan, por otro lado, los llamados a Contraloría, al Ministerio Público, al Poder Judicial, conminándolos a “vigilar” el acatamiento del citado decreto, a denunciar, procesar y encarcelar a presidentes regionales que mostraran oposición? ¿Muestra de ira? ¿Comienzo de intolerancia? ¿Aviso de represión? ¿Advertencia para estar quieto? ¿Rabieta por un “NO” multitudinario?

Este artículo de Rolando Breña ha sido tomado de la página web del Partido Comunista del Perú Patria Roja
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martes, 26 de febrero de 2008





COORDINADORA POLÍTICO - SOCIAL
PROPUESTA DE PLATAFORMA PROGRAMÁTICA


EJES. DESARROLLOS
1. POR EMPLEO DIGNO CON DERECHOS, Y AUMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS Por un aumento del Salario Mínimo Vital a 750 soles; aumento General de Sueldos, Salarios y pensiones de 20%, para sector público y privado.
2. Por empleo digno y con derechos, con jornada de 8 horas, derechos sindicales y de negociación colectiva.
3. Por una Ley General de Trabajo justa.
4. Por una Ley General de los trabajadores públicos que respete su estabilidad, derechos adquiridos,sindical ización y negociación colectiva.
5. Fin del sistema de explotación por “services”.
6. Defensa del fuero sindical, restitución de licencias y cotización sindical de los maestros del SUTEP.
7. Por igualdad de oportunidades, derechos y salarios para las mujeres trabajadoras.
8. Auditoria y devolución de los fondos del FONAVI.
1. DEFENSA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS Por respeto al derecho de los pueblos, comunidades campesinas y nativas a tomar decisiones sobre actividades extractivas en su territorio. (OIT 169).
2. Derecho a medio ambiente, tierras, aguas y aires no contaminados.
3. Respeto a la justicia campesina, archivamiento de los procesos judiciales, cese a la persecución y libertad a los ronderos encarcelados.
4. Repudio a Proyecto de Ley 1770 que promueve el despojo y privatización de tierras de comunidades campesinas y nativas; y PL 840-07-PE que pretende vender millones de has. De tierras en la amazonía.
5. Incremento sustancial de la ayuda financiera y técnica para el agro y el campesinado pobre.
6. Por un Plan integral y concertado de desarrollo agrario para las zonas cocaleras. Cese a la represión y erradicación compulsiva.
1. DEFENSA DE LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR POPULAR, FRENAR ALZA DEL COSTO DE VIDA, Y LA REPRESIÓN Aumento sustancial de la inversión social, mayor presupuesto para Salud, Educación y políticas sociales.
2. Ejecución y financiamiento del Proyecto Educativo Nacional.
3. Por una ley de Carrera Pública Magisterial que garantice los derechos de los docentes, derogatoria de la actual y su reglamento.
4. Igualdad de oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes.
5. Protección a los niños y ancianos. Abolición del trabajo infantil.
6. Equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades para la Mujer.
7. Por una política eficaz y participativa de seguridad ciudadana.
8. Por la derogatoria del DS 982 y demás dispositivos legales que criminalizan las luchas sociales. Cese a la persecución, enjuiciamiento e injusta carcelería de dirigentes sociales.
9. Desactivación de los grupos privados paramilitares al servicio de las grandes empresas y el narcotráfico.
1. DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL , LOS RECURSOS NATURALES, Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Denuncia del TLC con EEUU violatorio de la soberanía nacional.
2. Por la recuperación de los recursos naturales y nacionalizació n de los sectores estratégicos, al servicio del desarrollo sustentable del país.
3. Revisión de los nefastos contratos de “estabilidad jurídica” que favorecen a las empresas transnacionales y sus socios; impuestos a las sobre-ganancias mineras y petroleras.
4. Rechazo a la política entreguista de privatización y concesión de las tierras y recursos pertenecientes al pueblo y la nación.
5. Defensa de la integridad territorial y el Mar de Grau.
6. Rechazo a la instalación de bases militares norteamericanas, y repudio al ingreso de personal militar USA, en nuestro territorio

1. POR LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DEMOCRATIZA- CIÓN DEL ESTADO, Y DESCENTRALIZA- CIÓN INTEGRAL Por una nueva Constitución que recupere los derechos sociales y la soberanía del país, dando término al nefasto modelo neoliberal.
2. Por una democracia participativa e inclusiva, con reales instancias y mecanismos de participación, auditoría social y rendición de cuentas.
3. Por gobiernos regionales y locales fuertes con autonomía, en capacidad de dirigir el desarrollo sustentable de sus regiones y localidades, con protagonismo popular.
4. Derogatoria del DS 014-2007-EM que flexibiliza las exigencias de protección del medio ambiente para las actividades minera, y del DS 015-2007-AG que afecta la protección municipal de áreas naturales, cuencas, fuentes de agua, control de erosión, y conservación de sus recursos silvestres.

1. POLÍTICA ECONÓMICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO Crecimiento con desarrollo humano y protección del medio ambiente.
2. Reconversión productiva para la industrializació n del país, con valor agregado a las materias primas, promoviendo el empleo y la economía popular, principalmente en el agro y las pymes.
1. POR REGENERACIÓN MORAL, CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Sanción ejemplar al extraditado Fujimori , sus socios y secuaces, por delitos de corrupción, y violación de de derechos humanos.
2. Por un sistema anticorrupció n eficaz con participación popular.
3. Por una real política de transparencia y rendición de cuentas del Estado y sus funcionarios
1. CONSTRUCCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL PERU Como expresión de la democracia directa con la más amplia participación de las organizaciones políticas y sociales que conforman el bloque nacional popular.
2. Se construirá en la unidad de acción y la convergencia política y social, de abajo hacia arriba, con reglas democráticas de inclusión, participación y real representació n.
POR UN GOBIERNO NACIONALISTA, DEMOCRÁTICO, POPULAR, Y DESCENTRALISTA, Como objetivo estratégico para el período, expresará el cambio de la correlación de fuerzas a favor del bloque nacional popular, capaz de poner en práctica el Proyecto Nacional soberano, de inclusión y justicia social, y desarrollo sustentable
1. POR LA INTEGRACIÓN ANDINA , Y LATINO-AMERICANA Respeto a la soberanía, autodeterminació n, desarrollo y paz de los pueblos y naciones.
2. Solidaridad con los pueblos víctimas de la agresión imperialista. A
3. Apoyo a la iniciativa del ALBA y el Banco del Sur.
EMERGENCIA. Reconstrucció n eficaz, democrática, y descentralizada, con participación de las organizaciones sociales, de las regiones y los pueblos afectados por el terremoto del 15.08.2007; con transparencia y vigilancia social.

NUESTRAS BANDERAS HOY:
1. ¡AUMENTO GENERAL DE SUELDOS Y SALARIOS!
2. ¡POR EMPLEO DIGNO CON DERECHOS PARA TODOS!
3. ¡ALTO AL ENTREGUISMO, EL PERÚ ES DE LOS PERUANOS!
4. ¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA!
¡POR UN GOBIERNO PATRIÓTICO DEL PUEBLO !
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viernes, 22 de febrero de 2008

UNA DERROTA PARCIAL AL EMPIRISMO PEDAGOGICO NEOLIBERAL

José Ramos Bosmediano.
Miembro Investigador de la Red Social para la Educación Pública en América Latina.
Ex Secretario General del SUTEP


Pese a que un grupo de gobiernos regionales, con criterios de acoplamiento político al gobierno aprista, han aceptado la barbaridad del "terico superior" defendido por el Ministro Chang Escobedo y han procedido a aplicar al concurso las condiciones excluyentes y pedagógicamente deleznables, el gobierno aprista ha debido retroceder parcialmente y recoger algunos criterios que se han venido planteando desde esos gobierno regionales, el SUTEP y algunos intelectuales. La supuesta meritocracia que defienden los neoliberales ha sido, parcialmente, vapuleada. Se ha dado, pues, una derrota parcial a la ignorancia y a la prepotencia. Se ha producido un triunfo, también parcial, de los maestros y su gremio, de los gobiernos regionales que buscan rescatar en algo la autonomía que tanto predican la Constitución y las leyes orgánicas referidas a la descentralización.

Si se lee bien el acta firmada por el gobierno central y los gobiernos regionales, uno de sus acuerdos señala que todos los maestros pueden postular a las plazas docentes, sin más requisito que tener el título pedagógico. No menciona los requisitos de haber pasado por la "evaluación censal" y las capacitaciones realizadas el 2007. Tampoco menciona la ventajas de los puntos adicionales para los maestros del tercio superior, criterio que, en el fondo, menosprecia el título pedagógico que da derechos iguales a quienes lo poseen, pero que también signficaría, lo hemos dicho ya, negar la supuesta superioridad de quienes están en es bendito tercio. ¿Cual, entonces, sería la superioridad si frente a los concursantes "menos preparados" requieran de un punto de partida con ventajas?

Resulta que hoy hay gobiernos regionales que, sin tener en cuenta el acta firmada y con criterios antojadizas, desde el punto de vista pedagógico, están condicionando la participación en el concurso solamene de aquellos docentes que han sido evaluados "censalmente" y hayan participado en los cursos de capacitación. En la práctica, están negando el derecho de participación a miles de maestros. Precisamente, desde que el gobierno ofreció "complementar" el DS 004-2008-ED, el Ministro Chang ya anunciaba condiciones que dejaban casi intacto la mencionada norma. En el acta no figura estos complementos antojadizos, pero algunos gobiernos regionales los siguen considerando, entrabando, nuevamente, el proceso del concursos, pues las sutes regionales y provinciales no permitirán que se apliquen esas condiciones.

Felizmente el CEN del SUTEP no hizo llegar su propuesta, pues en ella se incluye el puntaje de vantaja para los del tercio superior, abonando, en parte, el planteamiento de Chang y de algunos desprevenidos presidentes regionales, pero que significa también aceptar el criterio de la fragmentación de los maestros entre los del tercio y los demás. El planteamiento SUTEP, en su conjunto, es lo más apropiado para una mejor evaluación de los maestros, excepto lo del terc io superior, pero desde el punto de vista práctico, para estos momentos, no contriuye a dar salida a la lucha contra el decreto de marras. Quiérase o no, el concurso ha sido impuesto como único procedimiento de selección de maestros para nombramientos y contratos.

Corresponde defender la participación de todos los maestros en este concurso
2008, pero inciar un trabajo de lucha pedagógica para proponer un proceso idóneo de evaluación magisterial. El procedimiento establecido por la nueva Ley de Carreta Pública Magisterial es también excluyente, individualista y favorable a impedir una revaloración integral de la profesión docente en el Perú.
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EL SUTEP, LA DERRAMA Y LA EDUCACIÓN

Oscar Felipe Ventura

Mientras las ideas de “progreso”, “ciencia”, “razón” y “orden” – enarboladas por los positivistas – se convirtieron en mitos destinados a justificar el creciente dominio del capital imperialista sobre la economía y sociedad peruanas, Mariátegui abordó el problema de la educación con una concepción totalizadora que incluía a la realidad socioeconómica del país y el análisis crítico como medio para conocerla, lo que constituye el aporte teórico – metodológico más significativo de su pensamiento. En mi modesta opinión, esta visión de la educación está vigente y es enarbolada por el gremio representativo de los maestros.
El SUTEP siempre se preocupó por la capacitación del magisterio nacional y lo hizo basándose en sus propias fuerzas. Mediante las Cooperativas Magisteriales (década del 70) se realizó una intensa actividad cultural a través de seminarios, cursos, talleres, ciclo de charlas, publicación de folletos y revistas, en todo el país. En la cooperativa de La Libertad-Ancash se editó la revista “Amauta”. La central de cooperativas hizo lo propio. Este despegue cultural desde el magisterio organizado fue frustrado por la intervención arbitraria a las Cooperativas magisteriales por la dictadura militar de Morales Bermúdez. En esta etapa es importante también el funcionamiento de las universidades populares, dirigidas por el SUTEP.
Tras el reflotamiento de la Derrama Magisterial y con la participación de delegados del SUTEP en su directorio , la institución previsional de los maestros también ha incursionado con fuerza en el campo educativo orientado a los docentes. Destaca el concurso nacional “Horacio” (el más importante del país) que premia a los maestros ganadores en poesía, investigación pedagógica, música, etc. También destaca la institucionalizació n del evento pedagógico conocido como “Encinas” que se realiza dejando un año y que desde el 2006 ha tomado la denominación de “Congreso Internacional de Educación”. Corresponde al año en curso la realización de “Encinas 2008”. (II Congreso Internacional de Educación), que se realizará en Lima del 25 al 29 de febrero, cuyo tema central será Políticas Educativas y Formación continua en el mundo de Hoy. Comprende conferencias magistrales de expositores internacionales y nacionales, así como mesas redondas y talleres. Destacan las siguientes conferencias magistrales: Globalización, neoliberalismo y su impacto en las Políticas Educativas (Teothonio Dos Santos - Brasil); ¿Qué modelo de formación y para qué modelo educativo? (Rosa María Torres - Ecuador); Condición y profesión docente (Emilio Tenti Fanfani - Argentina); Tendencias de formación continúa en el contexto latinoamericano (Margarita López Alfaro - Cuba), etc.
También están las maestrías internacionales que desarrolla la Derrama en convenio con el Instituto de Pedagogía latinoamericano y Caribeño (IPLAC) de Cuba.
Cabe mencionar t ambién la intensa actividad que r ealiza e l SUTEP a través de seminarios pedagógicos y diversos eventos en Lima y provincias del país. En Trujillo se realizará el seminario Pedagógico Internacional, del 21 al 23 de febrero.
(Publicado en el diario La República – Sección Norte – el jueves 21 del presente)
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martes, 19 de febrero de 2008




MAESTROS SIN NOMBRAMIENTO INICIAN HUELGA DE HAMBRE EN CONTRA DEL TERCIO SUPERIOR, POR SER DISCRIMINATORIO.
LOS HUELGUISTAS DE HAMBRE SON: MAXIMO SICCCHA BENITES, PRESIDENTE DEL FRENTE DE DOCENTES SIN NOMBRAMIENTO, DANIEL QUIROZ YBAÑEZ, MAESTRO SIN TRABAJO Y DANIEL SEGURA, DIRIGENTE DEL SUTEP REGIONAL LA LIBERTAD
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sábado, 9 de febrero de 2008

T-16-02-08
EL TERCIO CON AUTORITARISMO Y DEMAGOGIA ENTRA
José Ramos Bosmediano. Miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América. Ex -Secretario General del SUTEP


Ante la oposición de la mayoría de los gobiernos regionales a la aplicación del DS 004-2008-ED y su teoría del “tercio superior”, el gobierno aprista, a través de su Primer Ministro y de un intimidatorio comunicado del Ministerio de Educación dirigido, demagógicamente, a los padres de familia (La República, 12 de febrero del 2008, p.11), acompañados por la columna del filo-aprista Mirko Lauer (Honor al mérito, La República, 12 de febrero del 2008, p. 6), ha respondido repitiendo sus mismos argumentos, pero como estos carecen de suficiente fuerza como para ocultar sus verdaderos objetivos neoliberales, ha tenido que apelar al argumento de la autoridad central y sus amenazas tan furibundas como si se tratara de enfrentar al crimen organizado (“asociación para delinquir”, nada menos). Que los apristas recurran a estos métodos, no es ninguna novedad. Que un Ingeniero Industrial que hace de Ministro de Educación y viva del lucrativo comercio educativo encabece esta especie de cruzada neoliberal por la supuesta “calidad de la educación”, tampoco debe sorprendernos, pues ya el fujimorismo intentó hacer lo mismo reclutando ministros de educación de ese montón de profesionales que de pedagogía sólo han conocido lo lucrativa que es la educación privada.

I. LA DEMAGOGIA Y EL AUTORITARISMO

Nuevamente el gobierno parte de la premisa que todos los maestros con título pedagógico no sirven para enseñar en las aulas, partiendo de la evidencia de la crisis de la educación peruana y culpando exclusivamente a los docentes, afirmación “refrendada” por la evaluación censal que no ha medido ningún desempeño profesional, sino un conjunto de conocimientos descontextualizados con pruebas expresamente preparadas para medir habilidades de respuesta a ciertas alternativas. El objetivo de toda este operativo no es otra que demostrar la “incongruencia” de maestros que reclaman sus derechos, entre ellos los salariales, y su “incapacidad profesional”: hay que callarlos para seguir manejando un presupuesto educativo cada más comprimido, como se está demostrado, lo que ha motivado las permanentes quejas, sólo quejas, hasta del fenecido Consejo Nacional de Educación.

¿Con qué argumento se puede justificar la exclusividad de los profesores del tercio superior para el concurso si no participan todos los demás y miden su rendimiento para ver si verdaderamente los del tercio son los mejores profesionales? El comunicado responde con suma facilidad: reconociendo el esfuerzo, dedicación y capacidad de dichos maestros a lo largo de su formación profesional. Se deduce que los demás graduandos de esas promociones han obtenido el título profesional sin esfuerzo alguno. Luego, habría que instituir, siguiendo la lógica “meritocrática” de los neoliberales apristas, títulos profesionales de primera, se segunda y hasta de tercera categoría, y ver en qué categoría se encuentra el señor Chang, el propio Primer Ministro.

Como, lo reiteramos, con este argumento no podrán convencer a los maestros ni al mundo académico que realmente utiliza el pensamiento racional y crítico, el Ministro y sus viceministros introducen en su comunicado todas las amenazas que han podido imaginar, buscando amedrentar a los gobiernos regionales y sus autoridades educativas que osen contradecir la suprema norma del supremo gobierno, elaborada como si se tratara de una orden del dueño de una empresa (y empresario de la educación es el Ministro). Sólo falta que amenace a los maestros con la anulación del título pedagógico para que no haya más postulantes al trabajo docente. Hoy estamos más convencidos que todas las concesiones hechas al gobierno aprista en materia de políticas educativas le han abierto el camino para que pretenda avasallar incluso a los gobiernos regionales. Después de amenazar, el inefable Jorge del Castillo ofrece el diálogo. Esta es la democracia aprista y la “revolución” de la que viene hablando el dirigente Mauricio Mulder Bedoya.

Las vieja astucia aprista, esta sí verdadero vicio de la política criolla, se traduce en su comunicado “a los padres de familia”, a esos padres que desde que se formó la República peruana no hicieron más que resignarse (al decir de Fernando Savater cuando fustiga la existencia de escuelas públicas y privadas) a seguir enviando a las escuelas públicas mal dotadas y con maestros mal pagados, para enfrentarlos a los maestros de sus hijos y ellos también acepten que la situación de maltrato a los maestros es una buena política, hasta que estos “aprendan a enseñar”. No faltan, como no faltaron durante el fujimorismo, “dirigentes” de APAFAS que aplaudan estas medidas. Ayer aplaudieron la reforma educativa neoliberal y hoy, después de 15 años, ¿no encuentran, acaso, la misma crisis educativa que les ofrecieron resolver quitando los derechos a los maestros? Les veremos a cinco años de aquí, con otro gobierno, hablando de lo mismo.

Para el gobierno, las normas jurídicas de carácter nacional y las políticas de carácter nacional deben ser acatadas; pero cuando se dijo que se aplique la Ley del Profesorado 24029, vulnerada por un decreto supremo desde 1991, el gobierno aprista, ni sus antecesores, se ajustaron al precepto jurídico de la superioridad de las leyes orgánicas frente a normas de menor jerarquía. Ahora sí vale el precepto. Pero más allá de la ley, aquí se trata de políticas educativas que agravarán más la crisis de nuestra educación y que a los neoliberales no les interesa la escuela pública porque los suyos, sus hijos y sus iguales de clase, tienen su propia escuela privada. Es pura hipocresía eso de su compromiso con la niñez y los padres de familia de trabajar por una mejor educación para nuestros hijos y que defienden el derecho de los niños a tener a tener a los mejores como sus maestros. Mientras tanto, el Ministro Chang se enorgullece de los ingresos en su universidad privada.

II..UN INTELECTUAL DE APOYO A LA DEMAGOGIA

No es la primera vez que Mirko Lauer apuntala, desde La República, las políticas apristas, con algunas insinuaciones críticas para demostrar su “independencia” intelectual. El día de hoy, en el artículo mencionado al iniciar este artículo, perpetra no menos de 8 afirmaciones antojadizas, muchas de las cuales trasuntan la inspiración del Banco Mundial, mentor de estas reformas educativas que hacen del maestro la causa de la “baja calidad de la educación en América Latina”. No es posible extendernos en cada afirmación, pero debemos empezar por aquella que acusa a los opositores al tercio superior de no permitir que el Estado contrate a los mejores maestros, lo que nos lleva a plantearle a Lauer que si los del tercio son los mejores, entonces que compitan en un concurso único con los demás, y seguramente serán los únicos aprobados, pero sin negar el derecho a quienes también tienen el título pedagógico. Además, hay decenas de miles de contrataos que ya están trabajando no menos de dos y diez años, sin nombramiento, sin derechos, asistiendo a cursos de capacitación con sus propios recursos, con evaluaciones positivas de su desempeño. Acusa a los gobiernos regionales de inclinar la cerviz ante el SUTEP, una acusación totalmente impertinente y hasta malcriada de un columnista que se pone siempre en el medio de las fuerzas en conflicto para, supuestamente, mantener su “independencia”. La otra mentira de Lauer dice que el SUTEP se opone porque el 66% de los maestros no están el tercio superior y en ese grupo está el voto mayoritario, afirmación sofística, porque el SUTEP lucha por el derecho de todos los maestros y, si, suponiendo el triunfo de los maestros del tercio superior, en los próximos años estos mismos maestros se verán engañados, porque lo que les depara la Ley de Carrera Pública Magisterial del actual gobierno es una relación inestable en el trabajo docente, con “incentivos” y no con una remuneración decorosa, lo que llevará al SUTEP a seguir luchando por todos estos docentes. Lo que pasa es que Lauer no puede esconder su oposición a los sindicatos y, en particular, al SUTEP. Lauer habla de informalidad en el contrato de los docentes, tratando de negar la existencia de leyes y reglamentos aprobados por los gobiernos de turno y que son aplicados en el proceso de los concursos, contratos y nombramientos. Y si, como dice también Lauer, hay contrataciones en base a dinero, la militancia, la popularidad, el parentesco o la simple compadrería, estas responsabilidades corresponden a las autoridades educativas, que siempre son mayoría en las comisiones encargadas de los contratos o nombramientos. Que pregunte a sus compañeros apristas qué hicieron durante su primer gobierno. Lo que pasa es que hoy la mayoría de gobiernos regionales no permiten a los apristas manejara a su antojo los contratos y nombramientos, aun cuando muchas autoridades regionales actuales están cometiendo irregularidades. Pero partir de éstas, que involucran a una minoría ínfima, para negar los derechos profesionales a la gran mayoría de maestros titulados, es simplemente un atropello. Lauer pretende sorprender a quienes no conocen el proceso educativo de China, durante y después de Mao, para decir que en ese país se aplican los métodos de las mejores notas y de los concursos para el contrato de docentes. Debiera de saber el señor Lauer que en la China, por lo menos hasta los 80, ante la urgencia de acelerar la alfabetización y la expansión de la educación primaria, se debió de seleccionar maestros sin título pedagógico apelando a sus antecedentes académicos, entre ellos, la notas, mientras que los concursos son realizados respetando la igualdad de oportunidades para todos. Esto mismo ocurrió en Cuba hasta alcanzar el número suficiente de maestros con título pedagógico. Mas bien Lauer debiera de preocuparse se tanta basura periodística que comparte con él la comunicación de masas en el Perú. Sigue Lauer afirmando que los mejores criterios para contratar maestros son los de la calidad de los estudios y el logro académico; pues claro que sí, y entonces, ¿Qué es un título pedagógico sino el resultado de un logro académico aprobado por un centro académico de formación? Nuevamente volvemos a los niveles del título profesional: de primera, segunda, etc. Finalmente Lauer hace su propuesta, según la cual el planteamiento meritocrático podría suavizarse haciendo de la norma del tercio superior un sistema de precedencia y no de exclusión, o dejando al 66% restante concursar por un moderado porcentaje de los puestos. ¡Qué curioso este Lauer cuando toda su columna se base en la seguridad de que los del tercio son los mejores, pero que, según él, se puede enviar a las aulas a los peores, a esos del 66%, propiciando así una mala enseñanza para un sector de niños!
Como los hijos de Lauer no estudian en la escuela pública, ¡qué le importa! lo que está proponiendo.

Como se ve, ni los reformadores neoliberales ni sus acompañantes desde la intelectualidad complaciente pueden generar políticas educativas que no produzcan más de lo mismo.
Iquitos, febrero 12 del 2008.
EL TERCIO CHANG Y EL MEDIOCRE DEL CASTILLO

Hay que reconocer el ingenio y el esfuerzo del gobierno aprista para crear nuevas plazas de trabajo para los peruanos. En el primer gobierno de García, con el desprendimiento que lo caracteriza, crearon la nueva profesión de “cambista de dólares”, con las subidas y bajadas de dólares, los apristas hicieron un rentable negocio con los dólares MUC, dólares para medicina y dólares para estudio, por supuesto sólo los apristas sabían cuando subía el dólar, para obtener pingues ganancias a costa del pueblo peruano que sufría la peor de las inflaciones de su historia.
Siguiendo esa línea de creatividad laboral, con empleos novedosos, en este segundo gobierno de García, aparecen las “llamadas por celulares”, hombres y mujeres, ocupando plazas, avenidas y cuanto paradero este a disposición. Angustiadas gentes que no tienen otra escapatoria de sobrevivencia en el Perú que realizar ocupaciones que les permita ganar el pan de cada día. ¿El foro de APEC tratará las novedades laborales e ingenio de los gobiernos del aprismo para ser llevado como modelo a otros países? En la época del fujimonteasesino ya se había dicho que teníamos los taxistas más educados del mundo, con economistas, ingenieros, químicos y demás profesionales, a mi me toco en el taxi un biólogo.
No hay que descuidar el carácter corporativo del aprismo, alinear a las organizaciones y gentes a su favor, eso pretende con el magisterio; sorprende ver a policías, hombres y mujeres, con caras de malestar, pero, cargando pancartas y banderolas en las avenidas de Lima, con mensajes alusivos a APEC, eso pretende el Apra, tener profesionales sometidos a sus objetivos y propósitos, pero con insultos y agravios, como viene sucediendo casi a diario por este gobierno.
Los insultos y agravios contra el magisterio de parte de Apra no son recientes, recuerden al Ministro de Educación del primer gobierno aprista, el señor Grover Pango, hoy conspicuo miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE), que dijo de ellos: “Los maestros son ganapanes”. Años atrás, en el gobierno de Belaúnde se hablaba del “apostolado de la educación”, que la enseñanza era un apostolado, por lo tanto, los maestros no pueden “alterar el orden social para defender sus derechos”.
Hoy el tercio Chang y el adlátere mediocre Del Castillo, redituando al “ganapan” Pango, ofende nuevamente al magisterio, antes de “comechados”, ahora de “mediocres”, con un lenguaje vulgar propio del estilo aprista, de matones y acharados de los bajos fondos, bien al fondo, de la chaveta y el verduguillo, como sus armas básicas esenciales del hampa. Esta es la “línea base”, que nos hablaba el “culto” señor Idel Vexler, por un lado de la línea que separa al magisterio digno en su lucha independiente por alcanzar sus derechos, de los derechos de los trabajadores y pueblo peruano a tener un buen gobierno, soberano y capaz, que logre el progreso y desarrollo nacional; y al otro lado de la “línea base” se encuentran estos ignorantes achorados de García y compañía, con un gobierno al servicio del capital extranjero sean estas de las finanzas, minería o especulativos, lo que importa es ganar bien y rápido.
Estar o pertenecer al tercio superior no es un grado académico, es un criterio en base a promedios, pero las profesiones se logran con grados y títulos, donde los que lo logran son todos iguales en cualquier parte del mundo. Más aún, el tercio superior no está en la Ley de Carrera Pública Magisterial que ellos mismos han aprobado.
El magisterio a empezado a movilizarse por su dignidad y respeto a los maestros peruanos.
JAIME ROQUE

EL EMPIRISMO PEDAGOGICO DEL TERCIO SUPERIOR
José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP

En nuestro artículo "El empirismo pedagógico de un ingeniero industrial" afirmamos que el sistema de selección de postulantes para estudios de pedagogía y de profesionales de otras carreras para convertirlos en maestros a través de una adistramiento "metodológico" de seis meses, con el agravante de pasarlos directamente a los niveles IV y V de la nueva Carrera Pública Magisterial, no solamente vulneraba la propia Ley con con tanta bulla aprobó el Congreso y promulgó el Presidente García, sino que el sistema mismo constituye la expresión más vulgar del empirismo pedagógico, el desconocimiento de lo que signfica la profesión docente. Como todas las arbitrariedades que el gobierno aprista viene cometiendo no encuentran una oposición firme en ningún ámbito de la política de oposición, ni partidaria ni sindical y académica, se está perpetrando una nueva barbaridad contra la escuela pública y la profesión magisterial a través del DS 004-ED-2008, que reglamenta el proceso de evaluación docente para el nombramiento de maestros, usando el arbitrario criterio del "tercio superior" en rendimiento de los egresados de las facultades de educaciòn y de los institutos pedagógicos, como los únicos que pueden postular a las plazas vacantes.

Con el objetivo de mantener en las peores condiciones económicas, sociales y profesionales a los más de 300 mil maestros en actividad y excluir a decenas de miles de maestros titulados de la carrera que han estudiado y aprobado, el criterio del tercio superior considera que los títulos otorgados "a nombre de la nación" son una simple estafa de las entidades académicas que los han refrendado; y que de nada han servido los años de preparación y aprobación de los requisitos académicos para obtener esos títulos. ¿Podrían aceptar este arbitrario y antijurídico criterio los ingenieros, médicos, contadores públicos, etc., si solamente se permitiera que postulen a un trabajo a quienes se hayabn situado en el tercio superior? ¿Los títulos profesionales se otorgan en función del tercio superior o de un conjunto de requisitos que debe cumplir el graduando y que está fijado por la estructura curricular de las entedades formadoras de profesionales? La arbitrariedad del Ministerio de Educación es evidente.

Otro elemento a tener en cuenta es el criterio, también absurdo, que considera que los profesores con las mejores calificaciones durante sus estudios profesionales, serán, de hecho, los mejores docentes en las aulas; como decir también que los egresados de las facultaades de Economía con los mejores calificativos se convertirán, de facto, en economistas de gran valía. Suponiendo que el Ministro de Educación Chang Escobedo haya sido el mejor estudiante de su Facultad de Ingeniería Industrial, hoy, seguramente, estaría trabajando como un gran jefe del aprarato industrial del Perú, o más modestamente, dirigiría una gran fábrica de alcance nacional o latinoamericana; pero, lamentablemente para la educaciòn del país, José Antonio Chang está fungiendo de Ministro de Educación y regentando el negocio educativo llamado Universidad San Martín de Porres, estafando a su propia vocación de Ingeniero Industrial. Todos los maestros que han egresado de las instituciones formadoras de docentes y han obtenido el título correspondiente están expeditos para enseñanr en las aulas y para, en el peor de los casos impuestos por el neoliberalismo, participar en los concursos y evaluaciones en igualdad de condiciones. Lo contrario es una estafa al título profesional y los derechos adquiridos con él.

Pero hay otro problema que trasciende el empirismo pedagógico del Ministerio de Educación y del tristemente célebre Consejo Nacional de Educación, que, lo decimos nuevamente, hace de furgón de cola de la reforma educativa neoliberal en marcha: se trata de la falta de autoridad académica de las universidades e institutos superiores pedagógicos, pero también de dignidad. Su silencio da por cierta la hipótesis seudopedagógica de que la mayor parte de sus egresados como docentes han recibido un título que no obedece a la preparación requerida; que han estafado a decenas de miles de jóvenes que estudiaron pedagogía. A tanto llega la indignidad, la falta de probidad académica de las autoridades y profesores de la educación superior que se han prestado al juego arbitrario del Ministerio de Educación e inmediatamente han empezado a otorgar los certificados del tercio superior, cobrando a los desesperados maestros que pretenden trabajar en la docencia. Hay que resaltar, al respecto, la conducta digna de la Facultadd de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Iquitos), que no se ha sometido a los vulgares criterios del Ministerio de Educación. Como durante el mandato fujimorista de los 90, no pocas autoridades universitarias guradan hoy la "prudencia" para no malquistarse con los nuevos neoliberales, en aras de la supuesta "calidad educativa".

Los maestros tienen el camino abierto de la Ley para recurrir al TC y al propio Poder Judicial en demanda al Estado por semejante atropello: la negación del título profesional legalmente obtenido y que el mismo Estado está obligado a proteger como bien cultural de la presona. El recurso de ampara que el SUTEP ha presentado debe ser tenido en cuenta y aprobado por los tribunales de la República.

Hay que advertir a aquellos maestros que se sienten superiores porque durante sus estudios profesionales han obtenido calificaciones que les sitúan en el tercio superior, están simplemente acomodándose a un sistema injusto de evaluación, abiertamente ilegal, al servicio, qué duda cabe, de una reforma educativa que busca convertir a la profesión docente en una carrera sometida a las leyes del mercado libre con el argumento falaz de que "los mejores" obtendrán los "mejores incentivos". Los decretos leyes 26011, 26012 y 26013 de 1992 (del fujimorismo) decían la misma cosas. El fracaso, en términos de mejorar la educación peruana, será el resultado final de toda la estafa que el neoliberalismo aprista está vendiendo a quienes, por ignorancia o por intereses de clase, aceptan con entusiasmo.

Iquitos, febrero 5 del 2008.
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LA REGION LORETO Y SU FRENTE PATRIÓTICO


José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América


Estamos en Iquitos y leemos el diario La República del día (06/02/2008), a nuestro criterio, el único periódico de orientación democrático-liberal más serio del Perú actual, y nos encontramos con dos informaciones diferentes sobre la identidad del Frente Patriótico de Loreto. En la página 9, una pequeña nota informativa da cuenta, correctamente, que El Frente Patriótico de Loreto (FPL) acordó realizar una consulta popular para el próximo 24 de febrero sobre la denominada “Ley de la Selva”...; y, precisando mejor, señala que El Presidente del FPL, Girdler Torres Rodríguez, informó que acordó también consultar a los loretanos si es que respaldan la privatización de los puertos y aeropuertos... En cambio, la información procedente del corresponsal del periódico en Iquitos, insertada en la página 21, lleva como título principal la inexacta afirmación: Facción del FPL realizará a (sic) consulta popular, incorrección que se repite a lo largo del texto en cuestión, ofreciendo a los lectores que poco o nada conocen de la realidad política de Loreto, una imagen de real “división” del FPL, solamente porque la ex dirigente Eva Matute pretende seguir usurpando un cargo que la Asamblea del FPL le ha otorgado a una nueva dirigencia regional. Las “facciones en pugna” de la que hablan algunos periodistas en Iquitos ,cuando se refieren al FPL, no es sino la vieja costumbre de pretender la división de una organización que ha sabido mantener la lucha democrática y patriótica en defensa de la Amazonía, sus recursos naturales y la dignidad de la patria, así como las exigencias de solución a los problemas que sufre la gran mayoría de loretanos. Sin embargo, en la edición del 07/02/2008 del mismo diario, en su página 4, se inserta la entrevista realizada al Presidente del FPL Girdler Torres Rodríguez, sin introducir ningún elemento de confusión sobre la actual dirección del Frente. Y es notorio, en todo Loreto, que las decisiones tomadas por dos asamblea regionales y la gran movilización realizada el día 30 de enero, más la decisión de la Consulta Popular, han logrado afianzar la autoridad de la actual Comisión Organizadora del Congreso Extraordinario del FPL bajo la presidencia del Profesor Torres Rodríguez, Secretario General, además, del SUTE Regional de Loreto.

Nos proponemos exponer, con la mayor brevedad posible, la situación actual de la Región Loreto desde un punto de vista general de sus problemas y, sobre todo, del clima político que se vive frente a la inoperancia de los gobernantes para resolver los problemas, tan complejos como antiguos, de esta región, una de las siete regiones que forman parte de la Amazonía Peruana, en cuya unidad debiera pensarse para buscar el desarrollo integral de la gran región amazónica, disgregada artificialmente por un proceso de regionalización que más se parece a la continuación de las intendencias virreinales, como ocurre también con otras “regiones”, réplicas disminuidas de las mencionadas jurisdicciones de la Colonia.


I

UN CONTEXTO DE PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES

1.1. Preocupaciones y problemas

Las visiones y los análisis de la realidad de Loreto, tanto desde el plano histórico, como desde los ángulos económico, geográfico-ecológico, social, cultural-educativo y antropológico, son hoy abundantes y de gran valor como puntos de partida para la planificación del desarrollo integral de esta región. Este potencial de información carece de importancia, sin embargo, para los gobernantes nacionales, regionales y locales. Los abundantes recursos fiscales que han pasado por los presupuestos regionales y nacionales dedicados a Loreto no han sido utilizados sino para administrar los centenarios problemas de la región, mas no para solucionarlos.

Loreto ha perdido gran parte de su antigua extensión espacial para dar paso a la Región Ucayali, cuyos problemas son similares a los de aquélla y en cuya administración municipal principal se mezclan los negocios personales con el narcotráfico y el asesinato, hechos señalados constantemente por los medios de comunicación. Con una superficie territorial de 368,852 kilómetros cuadrados, según proyecciones estadísticas su población se duplicará en el año 2010 respecto a los 879,754 mil habitantes que tenía en el 2000, y que está sobrepasando el millón actualmente; hecho cuantitativo que tendrá una repercusión alarmante en términos de crecimiento de la pobreza y sus secuelas si es que no se da un cambio de rumbo a la administración estatal central, regional y local, pero sobre todo en los dos primeros niveles.

El primer problema que se observa en Loreto es la falta de planificación de su desarrollo, una continuación negativa de la administración regional (antes departamental) desde que, en la década de los 60, se crearon las corporaciones departamentales de desarrollo, con la correspondiente de Loreto; tiempo en que también empezaron las exoneraciones tributarias cuyo objetivo fue invertir los excedentes en el desarrollo económico y social del departamento. Después del fracaso del gobierno regional del 90-92 y su destrucción por el autoritarismo fujimorista, la regionalización inaugurada con las elecciones del 2002 no han contribuido, en nada, con el empirismo administrativo. El UNIPOL (Unidos por Loreto) y su socio el Bloque Popular Amazónico, que administraron la región entre el 2003 y el 2006, dejaron a Loreto con los mismos problemas, con el agravante de su evidente manejo irregular de los recursos y las sospechosas concesiones de bosques amazónicos que no benefician ni a la región ni a las poblaciones mayoritarias de ésta. Es curioso que una de las “grandes” obras del actual gobierno regional sea la construcción de veredas en las capitales provinciales, como si no hubiesen gobiernos municipales para esas obras, en lugar de articular un proyecto de infraestructura física y ambiental de mayor envergadura.

Y hablando del medio ambiente, el gobierno regional no se involucra, con la fuerza suficiente, en su defensa frente a la presencia contaminante de las transnacionales petroleras y del narcotráfico, este último el factor número uno de la debilidad institucionalidad para combatirlo, como viene ocurriendo con la situación de la Fiscal Loayza. Observando las ciudades capitales de provincia, todas ellas requieren de un plan integral de saneamiento ambiental que traspasa las posibilidades de las propias municipalidades provinciales, pues de por medio está el cuidado de las aguas fluviales y la creación de mejores condiciones ambientales para la salud de la población.

Las poblaciones indígenas luchan como pueden para defender su territorio y su medio ambiente, asistidas por organizaciones no gubernamentales (ONG) que carecen, sin embargo, de mayores posibilidades para poner en marcha políticas concretas que sólo corresponden al Estado. Da la impresión de que la defensa de las comunidades indígenas, las garantías de su desarrollo social, estarían atadas a la presencia de los inversionistas foráneos y no a un conjunto de políticas articuladas poniendo al frente la planificación del desarrollo regional en todos los aspectos, empezando por el manejo de las tierras, bosques y fauna, con la participación activa de esas poblaciones. El trabajo que vienen desarrollando las misiones religiosas católicas y algunas ONG es importante pero insuficiente, pues no se inserta en un proyecto integral unificado.

Loreto posee una población campesina asentada en las riveras de los ríos, dedicada a la agricultura mayormente de subsistencia, utilizando también las tierras que afloran en épocas de vaciante, los denominados “barriales”, con gran capacidad de nutrientes para la siembra estacional de arroz, frijoles, sandía, melón y maní, y que el Presidente García pretende vender en su plan de “Ley de la Selva” que el pueblo loretano se prepara para enfrentar con su lucha. ¿Qué tipo de agricultura y qué tipo de pesquería, qué política de manejo forestal y de agroindustria se está pensando para evitar todos los problemas de la pobreza en la región? Ninguno realmente serio. Si hoy se está exportando ciertas especies de frutas amazónicas (aguaje, camucamu), se debe a la aislada iniciativa de algunos empresarios requeridos por firmas extranjeras que se están aprovechando de nuestros recursos y de nuestra mano de obra barata (pequeños productores de esas especies que venden su producción a precio muy por debajo de la fuerza de trabajo que invierten). El agro en la Amazonía no tiene, pues, un soporte de planificación. Con la venta de la Amazonía lo único que va a ocurrir es la implantación de hacendados que utilizarán a los campesinos como fuerza laboral con salarios tan paupérrimos como los que hoy pagan en Brasil los empresarios del etanol o los que pagan los empresarios del espárrago, las alcachofas, la vid y la caña de azúcar en el Perú costeño.

¿Y la pesquería amazónica? Nada en función de una industria alimentaria al servicio de nuestra población y, por qué no, de la exportación para producir divisas con el valor agregado de la producción, así como para abaratar los insumos para la producción de porcinos y aves, aumentando sustantivamente el empleo productivo de nuestros campesinos y de nuestra juventud técnicamente capacitada en un proceso de nueva educación regional. Está de moda hablar de “cadena productiva”, y lo repiten profesionales y empresarios, pero solamente funciona la cadena de los negocios y la venta de materias primas no elaboradas.

Se vive en Loreto con un sistema de transporte fluvial verdaderamente calamitoso, con grandes y pequeños barcos que ofrecen su servicio en condiciones antihigiénicas, desordenadas y de peligroso hacinamiento difícil de narrar. ¡Qué diferencia con el transporte fluvial en otras partes de América del Sur! Con el desorden existente y las condiciones inhumanas, es fácil que los “lancheros” se enriquezcan rápidamente, a tal punto que el número de sus barcos crezcan hasta monopolizar gran parte del “servicio”. ¿Podrían hacer algo los gobiernos regionales actuales? No lo creemos, pues esos empresarios son requeridos para transportar votantes cautivos durante los procesos electorales, fenómeno que no es de hoy, sino de décadas y décadas de “democracia” en el Perú. Pero no solamente se trata del transporte fluvial. El aéreo se ha convertido en un lujo por los altos costos del pasaje. Un maestro no puede viajar en avioneta a su centro de trabajo desde la capital de la provincia porque el pasaje aéreo es muy caro, y debe viajar en barco utilizando no menos de 8 ó 15 días. Las líneas aéreas privadas han subido sus pasajes a sumas difíciles de pagar, y lo suben cuando quieren porque así lo dicta el “libre mercado”. Como los neoliberales ha vendido Aeroperú porque el Estado “es mal empresario”, se les puede preguntar qué de bueno hacen los empresarios privados para poner el tránsito aéreo al servicio del interior del país. Inmediatamente tienen la respuesta: “el libre mercado lo decide”. Aquí concluye su “modernísimo” razonamiento de filisteo.

La educación no es una excepción en el conjunto de problemas no resueltos en Loreto, como no lo está en todo el país. Lo intercultural-bilingüe y la descentralización educativa, asuntos sobre los cuales se viene hablando y escribiendo y gastando dinero desde los 70, carece de significado porque solamente se le da un enfoque escolar y no ligado al desarrollo económico y social. La descentralización de la educación viene siendo pensada, en los medios oficiales y supuestamente académicos, como un problema exclusivo de la adecuación curricular y la diversificación del currículo. Y se soslaya la avaricia presupuestal para generar una nueva educación con un proyecto integral ligado al proyecto de desarrollo regional en su conjunto, que no existe. La municipalización de la educación en marcha carece de significado más allá del objetivo gubernamental de traspasar las responsabilidades económicas a las municipalidades, que escasamente pueden administrar el recojo de la basura y su procesamiento para no contaminar el ambiente. El Concejo Distrital de San Juan, que desde fines del 2007 ha empezado a tomar en sus manos la educción primaria pública de su jurisdicción con inusitado regocijo, constantemente enfrenta las protestas de distintos sectores poblacionales reclamando higiene pública, desagüe y otros servicios públicos que sus autoridades no pueden resolver.

Como producto de los problemas no resueltos, el costo de vida golpea cada vez más a los pueblos amazónicos, en particular a Loreto, independientemente de las exoneraciones tributarias, pues, como ya es de conocimiento público, los únicos beneficiados con las exoneraciones han sido, hasta hoy, los comerciantes, en una cadena gradual que viene desde los grandes hasta los medianos y pequeños comerciantes. En las zonas de mayor incidencia del narcotráfico el costo de vida es mayor y sólo pueden sortear aquellos que forman parte de ese entorno del negocio ilícito, que son siempre pocos. Si no se desarrolla un sistema de producción que involucre a las grandes masas campesinas y a la población urbana desocupada o subocupada, es difícil erradicar el narcotráfico, pues los métodos policiales y jurídicos son insuficientes ya que esos aparatos mucho tienen que ver con el avance del flagelo, cuyo ejemplo más elocuente se encuentra en el VRAE.

En resumen, Loreto no tiene un rumbo como para que la población se sienta orientada al desarrollo. La firma del Tratado de Itamaratí, como lo dijimos en 1998 mientras ejercimos la dirigencia del SUTEP y acompañamos la lucha del Frente Patriótico de Loreto contra los términos de ese Tratado, no ha dado ningún resultado positivo. Los 3 mil millones de dólares que ofrecieron los gobernantes para el desarrollo binacional de Perú y Ecuador, simplemente no existen. La carretera binacional con el Brasil, que ofrece convertir a Yurimaguas en el gran puerto loretano, de no existir un proyecto de desarrollo que contemple los intereses de la mayoría de la población, que considere las medidas para neutralizar el impacto ambiental y un plan de asentamiento poblacional para impedir el uso irracional de suelos y bosques, sólo servirá para que los grandes importadores y exportadores lucren con sus transacciones, dejando en las orillas de las carreteras a paupérrimos vendedores de comida y a campesinos atados una producción agraria de subsistencia o, en el mejor de los casos, reducidos a peones mal pagados, como ha ocurrido con la Carretera Marginal de la Selva, hoy denominada Fernando Belaúnde Terry, sin desmerecer su concepción general como integradora de una gran parte del territorio peruano y medio de transporte indispensable entre el Nororiente y la Costa del Perú.

II

FUERZAS SOCIALES EN PUGNA

En Loreto, como en todo el país, hay personas que, siguiendo el pensamiento neoliberal sistematizado por Francisco Fukuyama, a quien, acaso, lo han leído muy pocos, rechazan el análisis sociológico de clase, por considerarlo “trasnochado”, lo que no les impide usar la denominación “borrosa” (Mario Bunge, Diccionario Filosófico, 2007) de “clase política”, como si se podría hablar también de “clase militar”, apelando a la terminología matemática de la teoría de las clases, lo cual es impertinente desde el punto de vista sociológico, pero útil para quienes, como Fukuyama, pretenden suprimir la existencia de las clases sociales para que no haya lucha entre ricos y pobres o entre explotados y explotadores, una supresión con palabras y conceptos adoptados arbitrariamente.

Lamentablemente para los neoliberales, en Loreto hay una burguesía regional que viene utilizando el aparato del Estado y sus recursos para crecer como clase poseedora, con una relación de poder con la clase dominante nacional para mantener el sistema económico y social vigente. Esta burguesía regional ha estado ligada directamente, por lo menos desde los 60, a los partidos nacionales dominantes en el Perú, particularmente al APRA y a Acción Popular, partidos que han gobernado el Perú y sus regiones, departamentos y provincias a través de presidentes de la república, ministros de Estado, presidentes, alta burocracia de las corporaciones departamentales y de los gobiernos regionales y de las propias municipalidades. En esta situación se encuentran también los integrantes del Partido Popular Cristiano y su participación en el gobierno del país como aliado de los gobiernos de Acción Popular.

La crisis de los partidos nacionales o su marginación temporal por las dictaduras militar y la dictadura civil-militar fujimorista (1968-1980 y 1990-2000, respectivamente), no han impedido su papel de clase gobernante regional, pasándose al lado de la dictadura o del gobierno de turno en cada momento y de acuerdo con sus intereses de burguesía regional emergente.

En la situación actual de Loreto, y en correspondencia con el surgimiento de los partidos “independientes” en el Perú, más el proceso de balcanización del país, su desintegración social y política, la supuesta desideologización de la vida política del Perú y del mundo impulsada por la globalización capitalista, esta burguesía regional se ha organizado en sendos partidos regionales con fines de apropiación del poder regional, convirtiendo a la actividad política en parte de su actividad empresarial y viceversa. Son movimientos anómicos (de anomia), por tanto, sin principios ni valores relacionados con los anhelos de progreso, desarrollo y bienestar de las mayorías marginadas. Sus “principios” son los del costo-beneficio de sus millonarias campañas electorales y su falta de programa y de proyecto regional de desarrollo. A lo sumo, sus propuestas se limitan a un listado de ofrecimientos de obras que pueden impactar en la población para asegurar una próxima reelección.

Durante los 80, para no hablar del pasado anterior, apristas y acciopopulistas gobernaron Loreto. En los 90, militantes de estos partidos se organizaron en torno a “movimientos regionales” supuestamente independientes, como “Nueva Amazonía”, “Fuerza Loretana”, UNIPOL, y otros de carácter provincial pero con la misma pantalla del independentismo. Estas fuerzas, durante los 90, se alinearon con el fujimorismo, incluso un alcalde provincial de Maynas elegido como acciopopulista se puso el polo naranja como adhesión al dictador que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados. El gobierno regional actual de Loreto pertenece a Fuerza Loretana y su accionar no tiene ningún planteamiento programático, ni lo necesita para sus fines electorales. La participación de estos movimientos anómicos en la lucha popular de Loreto es funcional a su necesidad de ganar espacios políticos, pero cuando consideran que mejor les va adecuándose al gobierno central de turno, se vuelven indiferentes a la lucha popular o la combaten. Esta misma conducta muestran a través de sus gremios empresariales, como las cámaras de comercio. El soporte social de las fuerzas políticas son un gran sector de los empresarios, los grupos profesionales que ocupan los cargos públicos del gobierno regional, las masas empobrecidas que son “beneficiadas” con los programas sociales y las pequeñas obras de infraestructura en los barrios y en los centros poblados rurales, más un cierto periodismo “provinciano” que alquila sus servicios de comunicación para levantar la figura del gobernante regional o municipal de turno. Actualmente, los fracasados de la administración regional anterior (UNIPOL y Bloque Popular Amazónico) vienen realineando sus fuerzas para el proceso electoral del 2010 (elecciones regionales y municipales), sin que hayan concluido los procesos judiciales en los que están involucrados por sus responsabilidades en irregularidades administrativas.

La Izquierda Loretana, que emergió en la década de los 70 y que mantiene su fuerza militante fundamental, constituye el eje impulsor de los movimientos sociales desde el FPL y algunos sindicatos (SUTE Regional LORETO y sus bases provinciales, Construcción Civil, CGTP Regional). Militantes del Movimiento nueva Izquierda, del PC y algunos militantes de lo que fue el PUM, hoy transformado en Partido Socialista (PS), además de un grupo de trosquistas, forman parte de las fuerzas fundamentales de la izquierda Loretana, constituyendo el MNI la fuerza mayormente implantada en todas las provincias. A decir verdad, la fuerza de izquierda más combatida por la derecha Loretana y por sus medios de información es el MNI, identificado con el Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, pues es considerado como la fuerza que representa al comunismo en la región. Las demás fuerzas de izquierda se unen para enfrentar al MNI en la disputa del movimiento popular, como lo hace cierto senderismo regional que, sin embargo, carece de escrúpulos para aliarse con cualquier fuerza de derecha con fines electorales, como ocurrió con su alianza con el UNIPOL en el proceso electoral del 2002 y el gobierno regional que surgió de dicho proceso. Atención especial merece el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en Loreto, donde, como en todo el país, se dibuja mejor como humalismo que, más que un planteamiento, es un instinto de orientación hacia algo que sea diferente a todo lo vivido en el Perú de los últimos lustros. En Loreto, el humalismo se ha presentado como un recurso electoral para ganar ciertos espacios individuales en la lucha electoral: curules parlamentarias, alcaldías, concejalías o consejerías en los gobiernos regionales, con un cálculo de política criolla por cuanto, calculan, el Comandante Humala puede reunir una votación importante y hasta pudiera ganar la presidencia de la República. Este fenómeno está presente actualmente en Loreto. El estrecho nacionalismo del PNP carece de importancia para quines buscan ser beneficiados por el voto humalista o por las masas que anhelan un cambio en la sociedad peruana o en su propia existencia, guiados solamente por eso que estamos denominando “instinto de orientación” hacia algo diferente. No hay, en el escenario político de Loreto, la manifestación explícita de una alternativa programática de orientación socialista que, con una visión nacional, resuma las aspiraciones de desarrollo y progreso de la región y que enfrente con claridad y energía las alternativas neoliberales y conservadoras que dominan la vida política de la región. Pero la situación de las masas, cuyo descontento es creciente, empujan a crear esa alternativa.

III

EL FRENTE PATRIÓTICO DE LORETO Y SU LUCHA ACTUAL

El hecho más notorio de la situación política de Loreto es la lucha del Frente Patriótico de cara a las propuestas arbitrarias e irracionales del neoliberalismo aprista y su tesis del “perro del hortelano”, cuya expresión legal es el Proyecto de Ley 840 y su adelanto, la Resolución Suprema que ordena la venta de las tierras eriazas de Costa, Sierra y Selva. Por supuesto que este problema no es el único. Se han venido acumulando hechos contrarios a los interese de la Amazonía, como son los enclaves ecuatorianos que determina el Tratado de Itamaratí de 1998; la presencia indiscriminada de empresas petroleras transnacionales y las muchas concesiones más ya aprobadas que convertirán a la Amazonía peruana en un cuerpo más debilitado por las explosiones para la exploración petrolífera, con las consecuencias que producirán los inevitables derrames de petróleo en las aguas amazónicas, lo que reducirá las posibilidades del uso forestal, pesquero y agrícola de nuestras tierras; la privatización de los puertos y aeropuertos, política que viene desde los 90; la presencia cada vez más peligrosa del narcotráfico ante la ausencia de políticas estatales eficientes; la suspensión de las exoneraciones tributarias sin una compensación que redunde en beneficio de las masas pobres de la región. Tales son las principales preocupaciones del FPL en la presente etapa.

El Frente Patriótico de Loreto, cuya denominación tiene mucho que ver con la lucha emprendida los años 97 y 98 del siglo XX para impedir la consumación del Tratado de Itamaratí (defensa de la patria, en lo fundamental), es una organización que da continuidad al Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Loreto (FEDIP Loreto), organización forjada a lo largo de los años 70 del siglo pasado, cuya conquista más importante fue el Canon Petrolero para inversiones extra presupuestales que propicien el desarrollo económico y social de Loreto, que en aquel momento comprendía también el ámbito de la actual Región Ucayali. Maestros del SUTEP, estudiantes universitarios y de educación secundaria, obreros loretanos, comunidades campesinas, fuerzas políticas de izquierda, profesores universitarios, pobladores de los asentamientos humanos, periodistas y profesionales progresistas, contribuyeron a dar forma y peso a esa organización en esos años, como también lo hicieron al fundarse el FPL. En este caso, también participaron algunos partidos de la derecha, mientras algunos de ellos apoyaron al entreguismo fujimorista.


Después de una pasajera crisis de dirección (octubre 2007-enero 2008), que no ha sido la primera, el FPL ha logrado cohesionarse en torno a una nueva dirección transitoria que marcha hacia la realización de un Congreso Extraordinario para cimentar la unidad que quiere el pueblo loretano.

Se nota que la crisis ha sido creada por la incapacidad de la anterior presidencia para ver con claridad los problemas de fondo en la lucha del FPL, lo que le llevó, en compañía de una minoría de dirigentes, a plantear, inoportunamente y sin consultar con nadie, la revocatoria del actual Presidente Regional, acusando de traidores a los dirigentes que se oponían a esta errónea táctica que soslayaba la lucha contra el programa neoliberal que el gobierno aprista viene imponiendo. No es aventurado señalar que a esa falta de percepción política de aquella dirigente, se unen factores de conveniencia política electoral de sectores que, como el UNIPOL, han puesto en marcha la campaña electoral del 2010, cuyo primer paso, en Loreto, es debilitar o revocar al actual Presidente regional, cuyo gobierno no puede decirse que es peor que el de sus ocasionales detractores, ni mucho menos que es mejor.

La solución de la crisis, en un primer paso, se dio a través de una Asamblea Regional que designó una Comisión Organizadora de un Congreso Extraordinario, vacando todos los cargos de la anterior dirección. La ex Presidenta Eva Matute, con el apoyo del Bloque Popular, el UNIPOL, los dirigentes de la CGTP Loreto y ciertas personas sin representación política ni gremial alguna, desconoció los acuerdos y convocó a una movilización que tuvo una escasa asistencia, lo que fácilmente fue desbaratada con la gran movilización del 30 de enero bajo la dirección de la Comisión Organizadora. Es evidente que Eva Matute, como militante “invitada” del humalismo, buscará seguir maniobrando bajo su actual paraguas político, si es que el PNP está dispuesto a apoyar una aventura divisionista en el FPL.

La reconquista de la unidad del FPL no concluye, sin embargo, con la derrota del pequeño grupo divisionista y oportunista. Hoy se presentan las dos tareas centrales del momento. Una, la más importante y urgente, es la realización exitosa de la Consulta Popular del 24 de febrero para que el pueblo loretano, sin tutelajes de ninguna clase, defina su posición sobre la “Ley de la Selva” o venta de la Amazonía peruana que pretende el gobierno aprista, la privatización de los puertos y aeropuertos amazónicos y la presencia indiscriminada y contaminante de las transnacionales petroleras. Podría haberse incluido el problema del narcotráfico y la necesidad de su erradicación con métodos más apropiados, pero la Comisión Consultiva del FPL ha considerado los tres puntos mencionados y sobre ellos orientará el pueblo su voto para impedir que la Amazonía, una vez más, sea el pasto de los verdaderos depredadores de sus recursos naturales, por lo menos desde la época del caucho, cuyas víctimas fueron también miles de vidas de indígenas peruanos y colombianos, asesinados por los patrones extranjeros y sus testaferros peruanos.

Como señala el FPL en su reciente Pronunciamiento, la Consulta Popular del 24 de febrero tiene un contenido democrático, un contenido patriótico y un contenido cívico. Será el pueblo quien definirá el rumbo. Ya hay voces, por supuesto, sobre el carácter “no vinculante” de la consulta si es que no interviene la ONPE y el JNE, voces que no piden esos requisitos de consulta para que el Presidente García, desde España, anuncie la venta de la Amazonía. En el caso Majaz, esos organismos simplemente se negaron a tomar parte y se pusieron, en realidad, del lado de la empresa y no de los comuneros. La defensa de la Amazonía es también un problema de la patria, pues las transnacionales están orientadas a posicionarse con sus inversiones como parte de la estrategia del imperio norteamericano para frenar el viraje político de Sudamérica hacia posiciones antiimperialistas. El pueblo loretano hará, sin duda, un importante aprendizaje cívico al votar por una causa justa, con libertad, sin la interferencia de campañas mercantilistas a las que es arrastrado, generalmente, por la “democracia” del dinero.

Pero la lucha actual del FPL, con motivo de la Consulta Popular, desde la plataforma reivindicativa con la que se orienta hasta hoy, puede elevarse hasta la propuesta programática de contenido democrático, patriótico e integral, que convierta a la descentralización en un hecho económico y social y no solamente, como es hasta hoy, en meras medidas administrativas y legales, electorales y de delimitación geográfica. Debe quedar claro que el problema de fondo de cualquier lucha popular y democrática en el Perú de hoy es el enfrentamiento al programa neoliberal; por consiguiente, la lucha de una sola región es insuficiente.

Mientras la mayoría de columnistas de los periódicos capitalinos limeños se regocijan con el crecimiento del PBI y la realización de dos eventos internacionales movidos por el capitalismo mundial que, según esa prensa ataviada con el velo del bienestar de las grandes empresas, promoverán grandes inversiones, en Loreto la gran mayoría de la población no logra tocar ni la gota del supuesto chorreo neoliberal de ese bienestar de los de arriba.

No hay, pues, motivo suficiente para que el pueblo loretano se sienta satisfecho por la llega del APEC a Iquitos. Será un acontecimiento parecido, en su contenido, que la realización del Mundial de fútbol Sub 20 que fue utilizado políticamente por el gobierno regional de aquel momento. Incluso, se podría prever que los loretanos rechazarían esa presencia si el gobierno persiste en sus políticas de subasta de la Amazonía.
Iquitos, febrero 9 del 2008
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24 DE JULIO: V ASAMBLEA NAC. DE DELEGADOS DEL SUTEP(LIMA)
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