LA REGION LORETO Y SU FRENTE PATRIÓTICO
José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América
Estamos en Iquitos y leemos el diario La República del día (06/02/2008), a nuestro criterio, el único periódico de orientación democrático-liberal más serio del Perú actual, y nos encontramos con dos informaciones diferentes sobre la identidad del Frente Patriótico de Loreto. En la página 9, una pequeña nota informativa da cuenta, correctamente, que El Frente Patriótico de Loreto (FPL) acordó realizar una consulta popular para el próximo 24 de febrero sobre la denominada “Ley de la Selva”...; y, precisando mejor, señala que El Presidente del FPL, Girdler Torres Rodríguez, informó que acordó también consultar a los loretanos si es que respaldan la privatización de los puertos y aeropuertos... En cambio, la información procedente del corresponsal del periódico en Iquitos, insertada en la página 21, lleva como título principal la inexacta afirmación: Facción del FPL realizará a (sic) consulta popular, incorrección que se repite a lo largo del texto en cuestión, ofreciendo a los lectores que poco o nada conocen de la realidad política de Loreto, una imagen de real “división” del FPL, solamente porque la ex dirigente Eva Matute pretende seguir usurpando un cargo que la Asamblea del FPL le ha otorgado a una nueva dirigencia regional. Las “facciones en pugna” de la que hablan algunos periodistas en Iquitos ,cuando se refieren al FPL, no es sino la vieja costumbre de pretender la división de una organización que ha sabido mantener la lucha democrática y patriótica en defensa de la Amazonía, sus recursos naturales y la dignidad de la patria, así como las exigencias de solución a los problemas que sufre la gran mayoría de loretanos. Sin embargo, en la edición del 07/02/2008 del mismo diario, en su página 4, se inserta la entrevista realizada al Presidente del FPL Girdler Torres Rodríguez, sin introducir ningún elemento de confusión sobre la actual dirección del Frente. Y es notorio, en todo Loreto, que las decisiones tomadas por dos asamblea regionales y la gran movilización realizada el día 30 de enero, más la decisión de la Consulta Popular, han logrado afianzar la autoridad de la actual Comisión Organizadora del Congreso Extraordinario del FPL bajo la presidencia del Profesor Torres Rodríguez, Secretario General, además, del SUTE Regional de Loreto.
Nos proponemos exponer, con la mayor brevedad posible, la situación actual de la Región Loreto desde un punto de vista general de sus problemas y, sobre todo, del clima político que se vive frente a la inoperancia de los gobernantes para resolver los problemas, tan complejos como antiguos, de esta región, una de las siete regiones que forman parte de la Amazonía Peruana, en cuya unidad debiera pensarse para buscar el desarrollo integral de la gran región amazónica, disgregada artificialmente por un proceso de regionalización que más se parece a la continuación de las intendencias virreinales, como ocurre también con otras “regiones”, réplicas disminuidas de las mencionadas jurisdicciones de la Colonia.
I
UN CONTEXTO DE PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES
1.1. Preocupaciones y problemas
Las visiones y los análisis de la realidad de Loreto, tanto desde el plano histórico, como desde los ángulos económico, geográfico-ecológico, social, cultural-educativo y antropológico, son hoy abundantes y de gran valor como puntos de partida para la planificación del desarrollo integral de esta región. Este potencial de información carece de importancia, sin embargo, para los gobernantes nacionales, regionales y locales. Los abundantes recursos fiscales que han pasado por los presupuestos regionales y nacionales dedicados a Loreto no han sido utilizados sino para administrar los centenarios problemas de la región, mas no para solucionarlos.
Loreto ha perdido gran parte de su antigua extensión espacial para dar paso a la Región Ucayali, cuyos problemas son similares a los de aquélla y en cuya administración municipal principal se mezclan los negocios personales con el narcotráfico y el asesinato, hechos señalados constantemente por los medios de comunicación. Con una superficie territorial de 368,852 kilómetros cuadrados, según proyecciones estadísticas su población se duplicará en el año 2010 respecto a los 879,754 mil habitantes que tenía en el 2000, y que está sobrepasando el millón actualmente; hecho cuantitativo que tendrá una repercusión alarmante en términos de crecimiento de la pobreza y sus secuelas si es que no se da un cambio de rumbo a la administración estatal central, regional y local, pero sobre todo en los dos primeros niveles.
El primer problema que se observa en Loreto es la falta de planificación de su desarrollo, una continuación negativa de la administración regional (antes departamental) desde que, en la década de los 60, se crearon las corporaciones departamentales de desarrollo, con la correspondiente de Loreto; tiempo en que también empezaron las exoneraciones tributarias cuyo objetivo fue invertir los excedentes en el desarrollo económico y social del departamento. Después del fracaso del gobierno regional del 90-92 y su destrucción por el autoritarismo fujimorista, la regionalización inaugurada con las elecciones del 2002 no han contribuido, en nada, con el empirismo administrativo. El UNIPOL (Unidos por Loreto) y su socio el Bloque Popular Amazónico, que administraron la región entre el 2003 y el 2006, dejaron a Loreto con los mismos problemas, con el agravante de su evidente manejo irregular de los recursos y las sospechosas concesiones de bosques amazónicos que no benefician ni a la región ni a las poblaciones mayoritarias de ésta. Es curioso que una de las “grandes” obras del actual gobierno regional sea la construcción de veredas en las capitales provinciales, como si no hubiesen gobiernos municipales para esas obras, en lugar de articular un proyecto de infraestructura física y ambiental de mayor envergadura.
Y hablando del medio ambiente, el gobierno regional no se involucra, con la fuerza suficiente, en su defensa frente a la presencia contaminante de las transnacionales petroleras y del narcotráfico, este último el factor número uno de la debilidad institucionalidad para combatirlo, como viene ocurriendo con la situación de la Fiscal Loayza. Observando las ciudades capitales de provincia, todas ellas requieren de un plan integral de saneamiento ambiental que traspasa las posibilidades de las propias municipalidades provinciales, pues de por medio está el cuidado de las aguas fluviales y la creación de mejores condiciones ambientales para la salud de la población.
Las poblaciones indígenas luchan como pueden para defender su territorio y su medio ambiente, asistidas por organizaciones no gubernamentales (ONG) que carecen, sin embargo, de mayores posibilidades para poner en marcha políticas concretas que sólo corresponden al Estado. Da la impresión de que la defensa de las comunidades indígenas, las garantías de su desarrollo social, estarían atadas a la presencia de los inversionistas foráneos y no a un conjunto de políticas articuladas poniendo al frente la planificación del desarrollo regional en todos los aspectos, empezando por el manejo de las tierras, bosques y fauna, con la participación activa de esas poblaciones. El trabajo que vienen desarrollando las misiones religiosas católicas y algunas ONG es importante pero insuficiente, pues no se inserta en un proyecto integral unificado.
Loreto posee una población campesina asentada en las riveras de los ríos, dedicada a la agricultura mayormente de subsistencia, utilizando también las tierras que afloran en épocas de vaciante, los denominados “barriales”, con gran capacidad de nutrientes para la siembra estacional de arroz, frijoles, sandía, melón y maní, y que el Presidente García pretende vender en su plan de “Ley de la Selva” que el pueblo loretano se prepara para enfrentar con su lucha. ¿Qué tipo de agricultura y qué tipo de pesquería, qué política de manejo forestal y de agroindustria se está pensando para evitar todos los problemas de la pobreza en la región? Ninguno realmente serio. Si hoy se está exportando ciertas especies de frutas amazónicas (aguaje, camucamu), se debe a la aislada iniciativa de algunos empresarios requeridos por firmas extranjeras que se están aprovechando de nuestros recursos y de nuestra mano de obra barata (pequeños productores de esas especies que venden su producción a precio muy por debajo de la fuerza de trabajo que invierten). El agro en la Amazonía no tiene, pues, un soporte de planificación. Con la venta de la Amazonía lo único que va a ocurrir es la implantación de hacendados que utilizarán a los campesinos como fuerza laboral con salarios tan paupérrimos como los que hoy pagan en Brasil los empresarios del etanol o los que pagan los empresarios del espárrago, las alcachofas, la vid y la caña de azúcar en el Perú costeño.
¿Y la pesquería amazónica? Nada en función de una industria alimentaria al servicio de nuestra población y, por qué no, de la exportación para producir divisas con el valor agregado de la producción, así como para abaratar los insumos para la producción de porcinos y aves, aumentando sustantivamente el empleo productivo de nuestros campesinos y de nuestra juventud técnicamente capacitada en un proceso de nueva educación regional. Está de moda hablar de “cadena productiva”, y lo repiten profesionales y empresarios, pero solamente funciona la cadena de los negocios y la venta de materias primas no elaboradas.
Se vive en Loreto con un sistema de transporte fluvial verdaderamente calamitoso, con grandes y pequeños barcos que ofrecen su servicio en condiciones antihigiénicas, desordenadas y de peligroso hacinamiento difícil de narrar. ¡Qué diferencia con el transporte fluvial en otras partes de América del Sur! Con el desorden existente y las condiciones inhumanas, es fácil que los “lancheros” se enriquezcan rápidamente, a tal punto que el número de sus barcos crezcan hasta monopolizar gran parte del “servicio”. ¿Podrían hacer algo los gobiernos regionales actuales? No lo creemos, pues esos empresarios son requeridos para transportar votantes cautivos durante los procesos electorales, fenómeno que no es de hoy, sino de décadas y décadas de “democracia” en el Perú. Pero no solamente se trata del transporte fluvial. El aéreo se ha convertido en un lujo por los altos costos del pasaje. Un maestro no puede viajar en avioneta a su centro de trabajo desde la capital de la provincia porque el pasaje aéreo es muy caro, y debe viajar en barco utilizando no menos de 8 ó 15 días. Las líneas aéreas privadas han subido sus pasajes a sumas difíciles de pagar, y lo suben cuando quieren porque así lo dicta el “libre mercado”. Como los neoliberales ha vendido Aeroperú porque el Estado “es mal empresario”, se les puede preguntar qué de bueno hacen los empresarios privados para poner el tránsito aéreo al servicio del interior del país. Inmediatamente tienen la respuesta: “el libre mercado lo decide”. Aquí concluye su “modernísimo” razonamiento de filisteo.
La educación no es una excepción en el conjunto de problemas no resueltos en Loreto, como no lo está en todo el país. Lo intercultural-bilingüe y la descentralización educativa, asuntos sobre los cuales se viene hablando y escribiendo y gastando dinero desde los 70, carece de significado porque solamente se le da un enfoque escolar y no ligado al desarrollo económico y social. La descentralización de la educación viene siendo pensada, en los medios oficiales y supuestamente académicos, como un problema exclusivo de la adecuación curricular y la diversificación del currículo. Y se soslaya la avaricia presupuestal para generar una nueva educación con un proyecto integral ligado al proyecto de desarrollo regional en su conjunto, que no existe. La municipalización de la educación en marcha carece de significado más allá del objetivo gubernamental de traspasar las responsabilidades económicas a las municipalidades, que escasamente pueden administrar el recojo de la basura y su procesamiento para no contaminar el ambiente. El Concejo Distrital de San Juan, que desde fines del 2007 ha empezado a tomar en sus manos la educción primaria pública de su jurisdicción con inusitado regocijo, constantemente enfrenta las protestas de distintos sectores poblacionales reclamando higiene pública, desagüe y otros servicios públicos que sus autoridades no pueden resolver.
Como producto de los problemas no resueltos, el costo de vida golpea cada vez más a los pueblos amazónicos, en particular a Loreto, independientemente de las exoneraciones tributarias, pues, como ya es de conocimiento público, los únicos beneficiados con las exoneraciones han sido, hasta hoy, los comerciantes, en una cadena gradual que viene desde los grandes hasta los medianos y pequeños comerciantes. En las zonas de mayor incidencia del narcotráfico el costo de vida es mayor y sólo pueden sortear aquellos que forman parte de ese entorno del negocio ilícito, que son siempre pocos. Si no se desarrolla un sistema de producción que involucre a las grandes masas campesinas y a la población urbana desocupada o subocupada, es difícil erradicar el narcotráfico, pues los métodos policiales y jurídicos son insuficientes ya que esos aparatos mucho tienen que ver con el avance del flagelo, cuyo ejemplo más elocuente se encuentra en el VRAE.
En resumen, Loreto no tiene un rumbo como para que la población se sienta orientada al desarrollo. La firma del Tratado de Itamaratí, como lo dijimos en 1998 mientras ejercimos la dirigencia del SUTEP y acompañamos la lucha del Frente Patriótico de Loreto contra los términos de ese Tratado, no ha dado ningún resultado positivo. Los 3 mil millones de dólares que ofrecieron los gobernantes para el desarrollo binacional de Perú y Ecuador, simplemente no existen. La carretera binacional con el Brasil, que ofrece convertir a Yurimaguas en el gran puerto loretano, de no existir un proyecto de desarrollo que contemple los intereses de la mayoría de la población, que considere las medidas para neutralizar el impacto ambiental y un plan de asentamiento poblacional para impedir el uso irracional de suelos y bosques, sólo servirá para que los grandes importadores y exportadores lucren con sus transacciones, dejando en las orillas de las carreteras a paupérrimos vendedores de comida y a campesinos atados una producción agraria de subsistencia o, en el mejor de los casos, reducidos a peones mal pagados, como ha ocurrido con la Carretera Marginal de la Selva, hoy denominada Fernando Belaúnde Terry, sin desmerecer su concepción general como integradora de una gran parte del territorio peruano y medio de transporte indispensable entre el Nororiente y la Costa del Perú.
II
FUERZAS SOCIALES EN PUGNA
En Loreto, como en todo el país, hay personas que, siguiendo el pensamiento neoliberal sistematizado por Francisco Fukuyama, a quien, acaso, lo han leído muy pocos, rechazan el análisis sociológico de clase, por considerarlo “trasnochado”, lo que no les impide usar la denominación “borrosa” (Mario Bunge, Diccionario Filosófico, 2007) de “clase política”, como si se podría hablar también de “clase militar”, apelando a la terminología matemática de la teoría de las clases, lo cual es impertinente desde el punto de vista sociológico, pero útil para quienes, como Fukuyama, pretenden suprimir la existencia de las clases sociales para que no haya lucha entre ricos y pobres o entre explotados y explotadores, una supresión con palabras y conceptos adoptados arbitrariamente.
Lamentablemente para los neoliberales, en Loreto hay una burguesía regional que viene utilizando el aparato del Estado y sus recursos para crecer como clase poseedora, con una relación de poder con la clase dominante nacional para mantener el sistema económico y social vigente. Esta burguesía regional ha estado ligada directamente, por lo menos desde los 60, a los partidos nacionales dominantes en el Perú, particularmente al APRA y a Acción Popular, partidos que han gobernado el Perú y sus regiones, departamentos y provincias a través de presidentes de la república, ministros de Estado, presidentes, alta burocracia de las corporaciones departamentales y de los gobiernos regionales y de las propias municipalidades. En esta situación se encuentran también los integrantes del Partido Popular Cristiano y su participación en el gobierno del país como aliado de los gobiernos de Acción Popular.
La crisis de los partidos nacionales o su marginación temporal por las dictaduras militar y la dictadura civil-militar fujimorista (1968-1980 y 1990-2000, respectivamente), no han impedido su papel de clase gobernante regional, pasándose al lado de la dictadura o del gobierno de turno en cada momento y de acuerdo con sus intereses de burguesía regional emergente.
En la situación actual de Loreto, y en correspondencia con el surgimiento de los partidos “independientes” en el Perú, más el proceso de balcanización del país, su desintegración social y política, la supuesta desideologización de la vida política del Perú y del mundo impulsada por la globalización capitalista, esta burguesía regional se ha organizado en sendos partidos regionales con fines de apropiación del poder regional, convirtiendo a la actividad política en parte de su actividad empresarial y viceversa. Son movimientos anómicos (de anomia), por tanto, sin principios ni valores relacionados con los anhelos de progreso, desarrollo y bienestar de las mayorías marginadas. Sus “principios” son los del costo-beneficio de sus millonarias campañas electorales y su falta de programa y de proyecto regional de desarrollo. A lo sumo, sus propuestas se limitan a un listado de ofrecimientos de obras que pueden impactar en la población para asegurar una próxima reelección.
Durante los 80, para no hablar del pasado anterior, apristas y acciopopulistas gobernaron Loreto. En los 90, militantes de estos partidos se organizaron en torno a “movimientos regionales” supuestamente independientes, como “Nueva Amazonía”, “Fuerza Loretana”, UNIPOL, y otros de carácter provincial pero con la misma pantalla del independentismo. Estas fuerzas, durante los 90, se alinearon con el fujimorismo, incluso un alcalde provincial de Maynas elegido como acciopopulista se puso el polo naranja como adhesión al dictador que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados. El gobierno regional actual de Loreto pertenece a Fuerza Loretana y su accionar no tiene ningún planteamiento programático, ni lo necesita para sus fines electorales. La participación de estos movimientos anómicos en la lucha popular de Loreto es funcional a su necesidad de ganar espacios políticos, pero cuando consideran que mejor les va adecuándose al gobierno central de turno, se vuelven indiferentes a la lucha popular o la combaten. Esta misma conducta muestran a través de sus gremios empresariales, como las cámaras de comercio. El soporte social de las fuerzas políticas son un gran sector de los empresarios, los grupos profesionales que ocupan los cargos públicos del gobierno regional, las masas empobrecidas que son “beneficiadas” con los programas sociales y las pequeñas obras de infraestructura en los barrios y en los centros poblados rurales, más un cierto periodismo “provinciano” que alquila sus servicios de comunicación para levantar la figura del gobernante regional o municipal de turno. Actualmente, los fracasados de la administración regional anterior (UNIPOL y Bloque Popular Amazónico) vienen realineando sus fuerzas para el proceso electoral del 2010 (elecciones regionales y municipales), sin que hayan concluido los procesos judiciales en los que están involucrados por sus responsabilidades en irregularidades administrativas.
La Izquierda Loretana, que emergió en la década de los 70 y que mantiene su fuerza militante fundamental, constituye el eje impulsor de los movimientos sociales desde el FPL y algunos sindicatos (SUTE Regional LORETO y sus bases provinciales, Construcción Civil, CGTP Regional). Militantes del Movimiento nueva Izquierda, del PC y algunos militantes de lo que fue el PUM, hoy transformado en Partido Socialista (PS), además de un grupo de trosquistas, forman parte de las fuerzas fundamentales de la izquierda Loretana, constituyendo el MNI la fuerza mayormente implantada en todas las provincias. A decir verdad, la fuerza de izquierda más combatida por la derecha Loretana y por sus medios de información es el MNI, identificado con el Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, pues es considerado como la fuerza que representa al comunismo en la región. Las demás fuerzas de izquierda se unen para enfrentar al MNI en la disputa del movimiento popular, como lo hace cierto senderismo regional que, sin embargo, carece de escrúpulos para aliarse con cualquier fuerza de derecha con fines electorales, como ocurrió con su alianza con el UNIPOL en el proceso electoral del 2002 y el gobierno regional que surgió de dicho proceso. Atención especial merece el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en Loreto, donde, como en todo el país, se dibuja mejor como humalismo que, más que un planteamiento, es un instinto de orientación hacia algo que sea diferente a todo lo vivido en el Perú de los últimos lustros. En Loreto, el humalismo se ha presentado como un recurso electoral para ganar ciertos espacios individuales en la lucha electoral: curules parlamentarias, alcaldías, concejalías o consejerías en los gobiernos regionales, con un cálculo de política criolla por cuanto, calculan, el Comandante Humala puede reunir una votación importante y hasta pudiera ganar la presidencia de la República. Este fenómeno está presente actualmente en Loreto. El estrecho nacionalismo del PNP carece de importancia para quines buscan ser beneficiados por el voto humalista o por las masas que anhelan un cambio en la sociedad peruana o en su propia existencia, guiados solamente por eso que estamos denominando “instinto de orientación” hacia algo diferente. No hay, en el escenario político de Loreto, la manifestación explícita de una alternativa programática de orientación socialista que, con una visión nacional, resuma las aspiraciones de desarrollo y progreso de la región y que enfrente con claridad y energía las alternativas neoliberales y conservadoras que dominan la vida política de la región. Pero la situación de las masas, cuyo descontento es creciente, empujan a crear esa alternativa.
III
EL FRENTE PATRIÓTICO DE LORETO Y SU LUCHA ACTUAL
El hecho más notorio de la situación política de Loreto es la lucha del Frente Patriótico de cara a las propuestas arbitrarias e irracionales del neoliberalismo aprista y su tesis del “perro del hortelano”, cuya expresión legal es el Proyecto de Ley 840 y su adelanto, la Resolución Suprema que ordena la venta de las tierras eriazas de Costa, Sierra y Selva. Por supuesto que este problema no es el único. Se han venido acumulando hechos contrarios a los interese de la Amazonía, como son los enclaves ecuatorianos que determina el Tratado de Itamaratí de 1998; la presencia indiscriminada de empresas petroleras transnacionales y las muchas concesiones más ya aprobadas que convertirán a la Amazonía peruana en un cuerpo más debilitado por las explosiones para la exploración petrolífera, con las consecuencias que producirán los inevitables derrames de petróleo en las aguas amazónicas, lo que reducirá las posibilidades del uso forestal, pesquero y agrícola de nuestras tierras; la privatización de los puertos y aeropuertos, política que viene desde los 90; la presencia cada vez más peligrosa del narcotráfico ante la ausencia de políticas estatales eficientes; la suspensión de las exoneraciones tributarias sin una compensación que redunde en beneficio de las masas pobres de la región. Tales son las principales preocupaciones del FPL en la presente etapa.
El Frente Patriótico de Loreto, cuya denominación tiene mucho que ver con la lucha emprendida los años 97 y 98 del siglo XX para impedir la consumación del Tratado de Itamaratí (defensa de la patria, en lo fundamental), es una organización que da continuidad al Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Loreto (FEDIP Loreto), organización forjada a lo largo de los años 70 del siglo pasado, cuya conquista más importante fue el Canon Petrolero para inversiones extra presupuestales que propicien el desarrollo económico y social de Loreto, que en aquel momento comprendía también el ámbito de la actual Región Ucayali. Maestros del SUTEP, estudiantes universitarios y de educación secundaria, obreros loretanos, comunidades campesinas, fuerzas políticas de izquierda, profesores universitarios, pobladores de los asentamientos humanos, periodistas y profesionales progresistas, contribuyeron a dar forma y peso a esa organización en esos años, como también lo hicieron al fundarse el FPL. En este caso, también participaron algunos partidos de la derecha, mientras algunos de ellos apoyaron al entreguismo fujimorista.
Después de una pasajera crisis de dirección (octubre 2007-enero 2008), que no ha sido la primera, el FPL ha logrado cohesionarse en torno a una nueva dirección transitoria que marcha hacia la realización de un Congreso Extraordinario para cimentar la unidad que quiere el pueblo loretano.
Se nota que la crisis ha sido creada por la incapacidad de la anterior presidencia para ver con claridad los problemas de fondo en la lucha del FPL, lo que le llevó, en compañía de una minoría de dirigentes, a plantear, inoportunamente y sin consultar con nadie, la revocatoria del actual Presidente Regional, acusando de traidores a los dirigentes que se oponían a esta errónea táctica que soslayaba la lucha contra el programa neoliberal que el gobierno aprista viene imponiendo. No es aventurado señalar que a esa falta de percepción política de aquella dirigente, se unen factores de conveniencia política electoral de sectores que, como el UNIPOL, han puesto en marcha la campaña electoral del 2010, cuyo primer paso, en Loreto, es debilitar o revocar al actual Presidente regional, cuyo gobierno no puede decirse que es peor que el de sus ocasionales detractores, ni mucho menos que es mejor.
La solución de la crisis, en un primer paso, se dio a través de una Asamblea Regional que designó una Comisión Organizadora de un Congreso Extraordinario, vacando todos los cargos de la anterior dirección. La ex Presidenta Eva Matute, con el apoyo del Bloque Popular, el UNIPOL, los dirigentes de la CGTP Loreto y ciertas personas sin representación política ni gremial alguna, desconoció los acuerdos y convocó a una movilización que tuvo una escasa asistencia, lo que fácilmente fue desbaratada con la gran movilización del 30 de enero bajo la dirección de la Comisión Organizadora. Es evidente que Eva Matute, como militante “invitada” del humalismo, buscará seguir maniobrando bajo su actual paraguas político, si es que el PNP está dispuesto a apoyar una aventura divisionista en el FPL.
La reconquista de la unidad del FPL no concluye, sin embargo, con la derrota del pequeño grupo divisionista y oportunista. Hoy se presentan las dos tareas centrales del momento. Una, la más importante y urgente, es la realización exitosa de la Consulta Popular del 24 de febrero para que el pueblo loretano, sin tutelajes de ninguna clase, defina su posición sobre la “Ley de la Selva” o venta de la Amazonía peruana que pretende el gobierno aprista, la privatización de los puertos y aeropuertos amazónicos y la presencia indiscriminada y contaminante de las transnacionales petroleras. Podría haberse incluido el problema del narcotráfico y la necesidad de su erradicación con métodos más apropiados, pero la Comisión Consultiva del FPL ha considerado los tres puntos mencionados y sobre ellos orientará el pueblo su voto para impedir que la Amazonía, una vez más, sea el pasto de los verdaderos depredadores de sus recursos naturales, por lo menos desde la época del caucho, cuyas víctimas fueron también miles de vidas de indígenas peruanos y colombianos, asesinados por los patrones extranjeros y sus testaferros peruanos.
Como señala el FPL en su reciente Pronunciamiento, la Consulta Popular del 24 de febrero tiene un contenido democrático, un contenido patriótico y un contenido cívico. Será el pueblo quien definirá el rumbo. Ya hay voces, por supuesto, sobre el carácter “no vinculante” de la consulta si es que no interviene la ONPE y el JNE, voces que no piden esos requisitos de consulta para que el Presidente García, desde España, anuncie la venta de la Amazonía. En el caso Majaz, esos organismos simplemente se negaron a tomar parte y se pusieron, en realidad, del lado de la empresa y no de los comuneros. La defensa de la Amazonía es también un problema de la patria, pues las transnacionales están orientadas a posicionarse con sus inversiones como parte de la estrategia del imperio norteamericano para frenar el viraje político de Sudamérica hacia posiciones antiimperialistas. El pueblo loretano hará, sin duda, un importante aprendizaje cívico al votar por una causa justa, con libertad, sin la interferencia de campañas mercantilistas a las que es arrastrado, generalmente, por la “democracia” del dinero.
Pero la lucha actual del FPL, con motivo de la Consulta Popular, desde la plataforma reivindicativa con la que se orienta hasta hoy, puede elevarse hasta la propuesta programática de contenido democrático, patriótico e integral, que convierta a la descentralización en un hecho económico y social y no solamente, como es hasta hoy, en meras medidas administrativas y legales, electorales y de delimitación geográfica. Debe quedar claro que el problema de fondo de cualquier lucha popular y democrática en el Perú de hoy es el enfrentamiento al programa neoliberal; por consiguiente, la lucha de una sola región es insuficiente.
Mientras la mayoría de columnistas de los periódicos capitalinos limeños se regocijan con el crecimiento del PBI y la realización de dos eventos internacionales movidos por el capitalismo mundial que, según esa prensa ataviada con el velo del bienestar de las grandes empresas, promoverán grandes inversiones, en Loreto la gran mayoría de la población no logra tocar ni la gota del supuesto chorreo neoliberal de ese bienestar de los de arriba.
No hay, pues, motivo suficiente para que el pueblo loretano se sienta satisfecho por la llega del APEC a Iquitos. Será un acontecimiento parecido, en su contenido, que la realización del Mundial de fútbol Sub 20 que fue utilizado políticamente por el gobierno regional de aquel momento. Incluso, se podría prever que los loretanos rechazarían esa presencia si el gobierno persiste en sus políticas de subasta de la Amazonía.
Iquitos, febrero 9 del 2008
¡UNIDAD PARA LUCHAR,UNIDAD PARA VENCER!
Estimados maestros y maestras:
Estamos atravesando circunstancias difíciles para el magisterio y la educación pública. El mensaje presidencial por fiestas patrias ha hecho más evidente el abandono, por parte de Ollanta, de sus compromisos electorales y la continuidad del modelo neoliberal.
Lejos de cumplir con lo ofrecido al magisterio y lo avanzado en la mesa de diálogo, respecto del urgente incremento de remuneraciones y pensiones, así como el pago de la deuda histórica, lo que tenemos es una propuesta de una "Ley de Desarrollo Docente" que, por presión de los defensores de la mal llamada Ley de CPM, hasta le han cambiado de nombre y, hasta donde se conoce por la versión no oficial que está circulando, en el marco del ahorro fiscal que exige el Ministerio de Economía, por orden del FMI, pretende anular los más importantes beneficios económicos y hasta rebajar los niveles alcanzados por los maestros comprendidos en la Ley 24029 – 25212.
Sin embargo, el SUTEP cuenta con el Anteproyecto de Ley del Profesorado, que luego de ser aprobado en dos convenciones nacionales sucesivas y de una amplia difusión, ha sido presentado al Congreso de la República por intermedio del Colegio de Profesores del Perú. Tal como lo ha aprobado la V Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, del 02 de agosto, exigimos el más amplio debate de ambas propuestas con la participación de los directamente involucrados como somos los maestros.
Entre otras cosas, debemos exigir:
1) Aumento para todos los maestros (desde el piso salarial) y proporcionalmente a los niveles. ¡No a la rebaja de los sueldos!
2) Respeto a los niveles alcanzados en las respectivas leyes (24029 y 29062) no a las "reubicaciones" arbitrarias y sin criterio pedagógico. ¡No a la rebaja de niveles!
3) Carrera de 5 niveles y desarrollo meritocrático (por evaluación) para los ascensos.
4) Evaluación que incida principalmente en el desempeño en el aula o la función que se ejerza.
5) Respeto a todas las bonificaciones y asignaciones conquistadas.
6) Respeto de la estabilidad laboral.
7) Desarrollo magisterial con equidad, no a la condena del 70% de maestros a una "carrera" de dos niveles (29062).
Lamentablemente en esta lucha tenemos dos distractivos: por un lado los defensores de la mal llamada Ley de CPM de Chang y García, que plantean no tocar ese engendro y "ni un sol de aumento si no es previa evaluación"; y, por otro lado el anarquismo divisionista que le hace el juego a los enemigos del magisterio y que tras el objetivo de legitimar al movadef de sendero luminoso, para buscar la amnistía de Fujimori, Montesinos y Abimael Guzmán, han promovido una huelga de una minoría del magisterio del sur del país, generando ante la opinión pública la imagen de un sindicato dividido, que sólo favorece a los implementadores de la reforma educativa neoliberal, privatista y antimagisterial. No es la primera vez que lo hacen: en el 2003, con su accionar divisionista, dieron motivo para la declaratoria del estado de emergencia y la posterior aprobación de la Ley General de Educación 28044 que da inicio a la "evaluación para la permanencia"; en el 2007, igualmente promovieron una huelga divisionista que permitió la dación de la Ley 29062 mal llamada de CPM de Chang.
Hoy requerimos de la más amplia unidad para enfrentar esta situación. Además del amplio debate para el que debemos estar preparados, en base a nuestra propuesta, necesitamos estar mentalizados para las más diversas acciones de masas que debemos implementar en el momento oportuno, sobre todo cuando se inicie el debate en el Congreso, incluida la huelga. Participemos activamente en las reuniones de estudio y debate de la Ley el 10 de agosto y garanticemos la presencia de nuestros delegados en la Convención Nacional Extraordinaria del 18 de agosto. Pongamos en tensión todas nuestras fuerzas.
Rene Ramírez Puerta
Secretario General SUTEP