Mensaje
: *Por: Ibis Fernández Honores- Sec. Mujer y Equidad de Género del MNI. El fallo del Tribunal Constitucional de suspender la entrega gratuita de la píldora del día siguiente por el Ministerio de Salud ha sido rechazado mayoritariamente por las mujeres del pueblo peruano y la sociedad civil, así lo expresa una última encuesta: el 70% respalda la AOE. En un contexto político, económico y social que afecta especialmente a las mujeres por los impactos negativos del fallo del TC, en un asunto de salud pública, derechos humanos y equidad con justicia social. Una de las más importantes conquistas de las mujeres son sus derechos sexuales y reproductivos y la lucha por su aplicación integral, entre ellos, la planificación familiar y paternidad responsable, anticoncepción oral de emergencia, despenalización del aborto, protocolo nacional de atención del aborto terapéutico legal desde 1924, destierro de todo tipo de esterilización forzada, así justicia y reparación. La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) está amparada en numerosas investigaciones y en la opinión calificada de organismos científicos, instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico y la Academia Peruana de la Salud, e internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), las que han señalado que la AOE no es abortiva. Actualmente las "píldoras del día siguiente" se venden entre 25 y 30 soles, incluso sin receta médica. El fallo del TC es discriminatorio, porque divide al país en dos partes, es decir, entre las mujeres que pueden adquirir por su capacidad económica este método anticonceptivo y las mujeres pobres (tal como está demostrado por los datos del Ministerio de Salud en que la mayor parte de distribución se ha dado en zonas de la sierra y selva). Además, hay que recordar que existe un porcentaje del 13% de maternidad adolescente, con el agravante que en la Maternidad de Lima y otros centros hospitalarios, se observa a chicas menores de 18 años en su mayoría o en gran porcentaje que tienen situaciones de embarazos no deseados, producto o de abuso sexual o de una relación temprana que muchas veces se debe a que salen de su casa por la violencia y en general hoy en día las mujeres que están en los asentamientos humanos y cordones de pobreza o trabajadoras del hogar que las traen de las provincias con engaños y son víctimas de violencia sexual; se quedarían desprotegidas. El fallo del TC es cómplice de presiones de fuerzas conservadoras y fundamentalistas eclesiásticas que no saben lo que significa sufrir violencia contra la integridad de una mujer, solo pregonan un puritanismo que no practican; también están haciendo el juego a sectores autoritarios de las Fuerzas Armadas, al gobierno aprista nuevamente implicado en violaciones de derechos humanos, todos ellos interesados en que este organismo "autónomo" de control constitucional desaparezca como lo han vuelto a plantear. El principio de laicidad del Estado ha sido vulnerado como garantía del respeto a los derechos humanos de las mujeres y que obedece a características de un Estado confesional; existen los llamados poderes fácticos y sus hilos conducen hasta el Vaticano y la ONG Católica "Alas sin Componenda" que mantienen campañas antiaborto a nivel mundial, una dirigida a la ONU y otra a los Congresos o Parlamentos especialmente en los países mayoritariamente católicos como el nuestro… no es casual el programado viaje de Alan García al Vaticano. ¿Qué hacer? Interponer una Acusación Constitucional contra los magistrados del TC que ya en el 2006 fallaron de manera contraria a lo que están fallando ahora, emitieron una sentencia ordenando al Ministerio de Salud la distribución gratuita, pero además se pronunciaron sobre el carácter anticonceptivo de la AOE y porque, evidentemente, han cometido una infracción a la Constitución, básicamente de los artículos generales que tiene la Constitución Política, uno de ellos aquel que vulnera el derecho a la no discriminación, también estarían atentando al artículo 6˚ que señala que el Estado tiene una política nacional de población y uno de sus considerandos o derechos está el de ejercer una maternidad o paternidad libre y responsable. Asimismo, atenta contra la política nacional de salud que además señala la misma Constitución que está a cargo del Poder Ejecutivo, el cual debe normar como hacer llegar la salud a todas y todos. Todas las mujeres peruanas, especialmente, las de menos recursos hemos sido afectadas y es nuestro deber enmendarle la plana al TC. Obviamente, la infracción constitucional está más que clara, el TC no ha sido consecuente con sus primeros criterios al resolver contrariamente. Cuando una vez que el TC se pronuncia sobre el caso en el fondo, que de hecho se pronunciaron el 2006, tres años después no pueden desdecirse, las mujeres no podemos tolerar estar al vaivén, humores, estado de ánimo o presiones no santas del TC… ¡VADE RETRO¡ Lima, 11 de Noviembre de 2009.
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¡UNIDAD PARA LUCHAR,UNIDAD PARA VENCER!
Estimados maestros y maestras:
Estamos atravesando circunstancias difíciles para el magisterio y la educación pública. El mensaje presidencial por fiestas patrias ha hecho más evidente el abandono, por parte de Ollanta, de sus compromisos electorales y la continuidad del modelo neoliberal.
Lejos de cumplir con lo ofrecido al magisterio y lo avanzado en la mesa de diálogo, respecto del urgente incremento de remuneraciones y pensiones, así como el pago de la deuda histórica, lo que tenemos es una propuesta de una "Ley de Desarrollo Docente" que, por presión de los defensores de la mal llamada Ley de CPM, hasta le han cambiado de nombre y, hasta donde se conoce por la versión no oficial que está circulando, en el marco del ahorro fiscal que exige el Ministerio de Economía, por orden del FMI, pretende anular los más importantes beneficios económicos y hasta rebajar los niveles alcanzados por los maestros comprendidos en la Ley 24029 – 25212.
Sin embargo, el SUTEP cuenta con el Anteproyecto de Ley del Profesorado, que luego de ser aprobado en dos convenciones nacionales sucesivas y de una amplia difusión, ha sido presentado al Congreso de la República por intermedio del Colegio de Profesores del Perú. Tal como lo ha aprobado la V Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, del 02 de agosto, exigimos el más amplio debate de ambas propuestas con la participación de los directamente involucrados como somos los maestros.
Entre otras cosas, debemos exigir:
1) Aumento para todos los maestros (desde el piso salarial) y proporcionalmente a los niveles. ¡No a la rebaja de los sueldos!
2) Respeto a los niveles alcanzados en las respectivas leyes (24029 y 29062) no a las "reubicaciones" arbitrarias y sin criterio pedagógico. ¡No a la rebaja de niveles!
3) Carrera de 5 niveles y desarrollo meritocrático (por evaluación) para los ascensos.
4) Evaluación que incida principalmente en el desempeño en el aula o la función que se ejerza.
5) Respeto a todas las bonificaciones y asignaciones conquistadas.
6) Respeto de la estabilidad laboral.
7) Desarrollo magisterial con equidad, no a la condena del 70% de maestros a una "carrera" de dos niveles (29062).
Lamentablemente en esta lucha tenemos dos distractivos: por un lado los defensores de la mal llamada Ley de CPM de Chang y García, que plantean no tocar ese engendro y "ni un sol de aumento si no es previa evaluación"; y, por otro lado el anarquismo divisionista que le hace el juego a los enemigos del magisterio y que tras el objetivo de legitimar al movadef de sendero luminoso, para buscar la amnistía de Fujimori, Montesinos y Abimael Guzmán, han promovido una huelga de una minoría del magisterio del sur del país, generando ante la opinión pública la imagen de un sindicato dividido, que sólo favorece a los implementadores de la reforma educativa neoliberal, privatista y antimagisterial. No es la primera vez que lo hacen: en el 2003, con su accionar divisionista, dieron motivo para la declaratoria del estado de emergencia y la posterior aprobación de la Ley General de Educación 28044 que da inicio a la "evaluación para la permanencia"; en el 2007, igualmente promovieron una huelga divisionista que permitió la dación de la Ley 29062 mal llamada de CPM de Chang.
Hoy requerimos de la más amplia unidad para enfrentar esta situación. Además del amplio debate para el que debemos estar preparados, en base a nuestra propuesta, necesitamos estar mentalizados para las más diversas acciones de masas que debemos implementar en el momento oportuno, sobre todo cuando se inicie el debate en el Congreso, incluida la huelga. Participemos activamente en las reuniones de estudio y debate de la Ley el 10 de agosto y garanticemos la presencia de nuestros delegados en la Convención Nacional Extraordinaria del 18 de agosto. Pongamos en tensión todas nuestras fuerzas.
Rene Ramírez Puerta
Secretario General SUTEP
