OTRA EVALUACION NEOLIBERAL A LOS MAESTROSJosé Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
Con el autosuficiente, por tanto, soberbio informe del Ministro de Educación José Antonio Chang Escobedo, el día 14 de marzo, ha concluido, por lo menos para el gobierno, la otra caricatura de evaluación docente que viene aplicando el neoliberalismo en el Perú desde la década de los 90. La misma noche de ese viernes los informativos de la radio y la TV empezaron a difundir lo que ya era previsible: los “vergonzosos” resultados para los maestros. Como cuando se resuelve el enunciado de un teorema, los autores del hecho han dicho al final: “lo que hemos querido demostrar”. Por eso el día sábado 15 las portadas de casi todos los periódicos, incluyendo la “imparcial” La República, amanecieron con la palabra grandemente escrita “¡jalados!”: el golpe buscado a los maestros y al SUTEP para que no sigan exigiendo sus derechos ni sigan cuestionando la política educativa del Banco Mundial. De paso, el escarnio para los dirigentes sindicales que ya vienen con muchos años de contrato y no han aprobado la “rigurosa” prueba preparada y administrada por ESAN, esa empresa privada de negocios que nada tiene que ver con la pedagogía. ¡Y nos dicen que no están privatizando la educación!
Después de la autoritaria perorata, el Ministro Chang y sus colaboradores se habrían preguntado qué iba a ocurrir con cientos de miles de niños sin maestros, ya que, al parecer, han tomado la decisión de contratar a los maestros “desaprobados” en “estricto orden de méritos”. Es decir, maestros desaprobados, ya sin comillas para los estudiantes y padres de familia, tendrán que poner la cara de “sabios” para asistir a las aulas. Esta es la gran obra de los gobernantes, en lugar de evaluar bien cómo manejar la situación educativa del país para dotar al pueblo de un mejor servicio educativo. Los “expertos” han salido, presurosos, a aprobar la evaluación empírica, otorgándola la virtud de demostrar que la educación está como está por la “deficiente preparación” de los maestros. En el colmo de la hipocresía política y moral, los mismos que han batido palmas por la apertura indiscriminada de la educación a la inversión privada (DL 882 de 1996, vigente), hoy piden la “certificación” de institutos pedagógicos y facultades de educación que ellos mismos, con su algarabía neoliberal, han ayudado a proliferar. Por supuesto que los maestros titulados tienen todo el derecho a trabajar como docentes. Su desempeño profesional se mide en las aulas, pedagógica, sistemática, permanente y científicamente, con procesos de capacitación también permanentes a cargo del Estado y no librada al afán de lucro de dudosas instituciones privadas, como está ocurriendo y como ocurre también con la no menos deficiente alfabetización actual.
El neoliberalismo fujimorista aplicó no menos de tres evaluaciones estandarizadas, incluyendo la primera de 1995 para directores y subdirectores, con el “serio” propósito de “mejorar la calidad de la educación”. Ya sabemos que su reforma fracasó y el gobierno de Toledo declaró la emergencia educativa en el 2003, justamente después de que su entonces Ministro Nicolás Linch había aplicado la misma evaluación estandarizada en el 2002. ¿Ha mejorado la calidad de la educación en el Perú con esas evaluaciones y las demás medidas que también fueron adoptadas en algunos de los países latinoamericanos? Evidentemente que no.
Por más que el Ministro Chang haya puesto la cara de amante de la verdad, los objetivos reales de estas evaluaciones docentes son, por lo menos, tres: a) “demostrar” que los maestros peruanos no merecen reclamar sus derechos porque son incompetentes profesionalmente; b) presentar al SUTEP como defensor de “incompetentes” y, por consiguiente, enemigo de la calidad de la educación; c) justificar la reducción del presupuesto educativo al no considerar incrementos salariales para los “incompetentes” maestros de la escuela pública, política de ahorro fiscal digitado por el FMI y el Banco Mundial vía la privatización de la educación.
Para llevar a cabo una política educativa basada en esos objetivos, comunes casi en todos los países latinoamericanos (recuérdese las barbaridades de Menen en la Argentina, incluyendo su municipalización de la educación y demás servicios sociales), la evaluación estandarizada es uno de los instrumentos más eficaces porque permite, con el argumento falaz de la “calidad educativa”, encubrir esos objetivos y embaucar a quienes no comprenden el problema de la crisis educativa en el Perú, pero permite también a todos los neoliberales lucrar con el negocio de la educación privada, empleando a los mismos maestros formados en las mismas instituciones de educación superior. ¿Dónde está la diferencia?
Golpeado por el rechazo casi masivo a su “genial” iniciativa del “tercio superior”, el ministro Chang no podrá negar que su tramposa evaluación ha sido una piedra que ha caído sobre sus propios pies, pues si entre los algo más de 180 mil maestros evaluados hay no menos de 30 mil del tercio superior (Alan García lo dijo), resulta que solamente 151 han obtenido l4 ó más de nota y solamente algo más de 8 mil lograron 11 ó más de calificación. La exclusividad del tercio superior, en consecuencia, era una treta para nombrarlos con una evaluación que nadie hubiera controlado, como nadie ha controlado esta evaluación. Los 151 con nota “superlativa” (palabreja del Ministro en su informe) no alcanzan ni a cinco promociones de la propia universidad del Ministro, la que debiera de cerrarse por incompetente para la formación de profesionales. Con la misma lógica del Ministro, entonces, su tesis del tercio superior es, como se ha dicho, un verdadero contrabando pedagógico. ¿Han tenido la razón los vilipendiados maestros del SUTEP que han sido los primeros en cuestionar esa peregrina idea? Indudablemente que sí. Luego se sumarían algunos gobiernos regionales y uno que otro intelectual.
Como lo insinúan las preguntas del ex Ministro de Educación del régimen toledista, Carlos Malpica Faustor, la prueba de la evaluación no merece ninguna garantía de cientificidad pedagógica ni académica, no solamente porque no ha sido validada, sino porque lo han preparado personas que nada tienen que ver con la educación, salvo que se denomine pedagogía al adiestramiento para comprar y vender o para gestionar una empresa, como es el caso de ESAN. De ahí que, decimos nosotros, por la recopilación oral de las muchas preguntas y alternativas de la prueba, y porque ya experimentamos en las anteriores evaluaciones, las preguntas no tienen nada que ver con el conocimiento pedagógico, ni siquiera con una comprensión de los fenómenos sociales y culturales del país y del mundo, salvo algunas preguntas totalmente descontextualizadas del saber pedagógico. Con una prueba de esa naturaleza, cualquier profesional puede tener limitaciones para resolverla, mucho menos en un tiempo promedio muy estrecho. La concepción que trasunta ese tipo de evaluación tiene que ver con la propuesta de introducir a las aulas profesionales que estén adiestrados en los ya famosos y comerciales razonamientos verbales y matemáticos, “menú” curricular básico de las academias preuniversitarias. He aquí otro objetivo de la evaluación, que agregamos. Luego, no es nada antojadizo afirmar que la prueba ha sido elaborada para “jalar” a los maestros, y quienes han logrado calificar con notas mínimas e intermedias de aprobación, lo han logrado con la ya conocida estrategia de los ensayos y errores que suele aplicarse en casos de duda o dificultad; pero también con algo más de información sobre preguntas traídas de los cabellos como esa de inquirir sobre cuál es el tributo vigente en Aduanas que viene desde el Virreinato peruano, o esa otra que pregunta qué país está desalinizando el agua del mar, como si hubiese solo uno.
La otra cuestión, no menos importante y que convierte al mismo proceso evaluativo en algo más que sospechoso y tramposo, es la inaccesibilidad a la revisión de las pruebas por los propios interesados, aun cuando la mayoría no pudiera hacerlo. Por supuesto que, para una eventualidad de ese tipo, los evaluadores se cuidaron de elaborar sus propias respuestas para algunas alternativas excluyendo otras respuestas diferentes pero correctas desde otros criterios, algo insinuado también por el ex Ministro Malpica.
El daño a la profesión docente, una vez más, ha sido consumado por un gobierno que ha aplicado, como dijo la congresista Lourdes Alcorta al referirse a la ida y vuelta de apristas y fujimoristas con el caso de Tula Benites, una redonda “pendejada”, los ardides adornados con supuestos ideales pedagógicos de “calidad”, “excelencia” y otros calificativos que ni con cien mil evaluaciones docentes de ese tipo podrán plasmarse en nuestro país. Los maestros han sido objeto de escarnio, mucho más cuando cínicamente son felicitados por el Ministro Chang quienes han obtenido calificaciones aprobatorias. Es la felicitación de un filisteo que hubiese querido un menor número de aprobaos para cumplir su “sagrada misión” de cancerbero de la educación pública No creo que esos maestros aprobados quieran recibir una felicitación sabiendo, como saben, que han participado en una evaluación tramposa y cuyo título pedagógico les da el derecho al trabajo estable. Esa felicitación aprista se parece al premio que ofrece el voraz INTERBANC “al maestro que deja huella”, para justificar, con su “bondad”, el alto interés que cobra a los maestros que nunca pueden pagar esa deuda.
Otro daño se ha consumado al presente año lectivo para la escuela pública, con un inicio sin maestros suficientes y con un ausentismo en la matrícula por los efectos de la pobreza, la misma que se cierne sobre miles de locales escolares inadecuados, por no decir ruinosos y precarios. Con un gasto cada vez más creciente de los padres de familia para mantener a sus hijos en la escuela. Con maestros vistos como sospechosos de supina ignorancia frente a los alumnos y a los padres de familia. Lamentablemente, ni las universidades públicas ni los intelectuales que tienen más audiencia en los medios de comunicación han sabido ocupar su lugar. Todo hace prever que incluso las universidades públicas deben prepararse para una eventual evaluación neoliberal que ya pretendió llevar a cabo el gobierno aprista el año 2007.
Pero los maestros “jalados” seguirán manteniendo su ideal de educadores. Días vendrán en que la farsa será derrotada. Pero más aún, todo el magisterio, incluidos los nombrados, no pueden ponerse al margen de la lucha contra la lacra neoliberal que hoy desparrama su odio de clase contra un sector importante del pueblo, como son los maestros.
Hay que rechazar la alevosa calumnia de Chang Escobedo que afirma el supuesto contubernio del SUTEP con los nombramiento de maestros “jalaos” en evaluaciones anteriores, sabiendo que esos nombramientos han sido normados por decretos, resoluciones y leyes, cuya autoría no corresponde al SUTEP, sino que son aplicadas por las autoridades educativas a las cuales, precisamente, se enfrenta el SUTEP permanentemente. Chang pretende hacer creer que la crisis de la educación es obra de los maestros y no de las condiciones económicas y sociales en que se desarrolla el trabajo docente. Para los apristas la mentira sigue siendo su virtud.
La lucha por el nombramiento de los maestros titulados es un reto permanente como parte de la lucha por la reconquista de los derechos laborales y sociales. En Latinoamérica hay una tendencia a la recuperación de la lucha por una nueva alternativa económica y social. Seamos parte de ese movimiento aunque Bush y sus sirvientes no lo quieran.
Las acciones legales impuestas por el SUTEP contra presuntas irregularidades cometidas en el proceso de la evaluación en algunas sedes, debería merecer la atención de las autoridades competentes. El gobierno hará todo lo que le permite la arbitrariedad que viene imponiendo para que el informe del Ministro Chang sea lo definitivo.
Un caso singular es la declaración del sacerdote Ricardo Morales (Canal N, sábado 15 de marzo 2008), componente del Consejo Educativo Nacional y miembro prominente de Foro Educativo, con quien intercambiamos documentos y puntos vista sobre el proyecto educativo durante la década de los 90 (Canal N, sábado 15 de marzo), quien busca conciliar la discrepancia con la justificación de la evaluación, poniendo al frente a un Proyecto Educativo Nacional que supuestamente orientaría el proceso educativo nacional. Lo que ocurre es que los planteamientos de ese proyecto no contradicen, en lo sustancial, a la Ley 28044, verdadero marco legal de todo lo que viene haciendo el gobierno aprista y lo que haría cualquier otro gobierno neoliberal. Aquí también la realidad se impone a los deseos.
Como cuando Mariátegui abordó el problema de la educación y el papel de los maestros en la lucha por un nuevo orden social y, por ende, por una nueva educación, en los tiempos actuales esa lucha y ese papel siguen vigentes. El movimiento magisterial requiere un nuevo impulso de su espíritu renovador y de transformación. Ese impulso no vendrá del verbo engañoso de la gran burguesía y de sus gobernantes. Será obra de los propios maestros, de su sindicato clasista, de su compromiso con los intereses del pueblo, de una nueva alternativa política para “un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo”.
Observamos, en miles de maestros “jalados”, un espíritu de indignación, de rabia contenida. Que esa indignación y esa rabia se conviertan en factor de unidad entre los maestros y de diferenciación con quienes pretenden destruir la dignidad de ser maestro.
Quienes esperan que los maestros y sus dirigentes se avergüencen, parten del interesado criterio de la idoneidad de las pruebas aplicadas y del sincero propósito del gobierno de “mejorar la calidad” de la educación. En el fondo del “independiente” criterio esas voces están avalando todas las barbaridades neoliberales que desde los 90 campean en el Perú. Nadie puede negar las deficiencias que existen en el magisterio peruano y en todos los países subdesarrollados, como los hay también, con menores alcances, en los países desarrollados (Los sistemas educativos europeos, 2004, Caixa, España), pero convertir a estas deficiencias en un instrumento de desconocimiento de la calidad de educadores a los maestros peruanos sobre la base de una prueba que muy poco mide los conocimientos de la profesión, es como buscar descalificar a un médico o a otro profesional porque no saben resolver ciertos problemas de aritmética razonada o no recuerdan la fecha exacta del primer trasplante de córnea. Pero los medios de comunicación, encabezados por el más conservador de todos, El Comercio de Lima, están pidiendo, nada menos, que los dirigentes del SUTEP no reclamen nada, cuando esos mismos periódicos dan sus anchos espacios para que los miembros de la dictadura fujimorista hablen mentiras en cada entrevista. ¡Esta es la prensa independiente que tenemos!
Iquitos, marzo l6 del 2008
