5 DE ABRIL 1992: GOLPE DE ESTADO NEOLIBERAL EN EL PERÚ
José Ramos Bosmediano
El 5 de abril de 1992 la cúpula gobernante presidida por Alberto Fujimori Fujimori, cuyo gobierno se inició el 28 de julio de 1990, perpetró un golpe de Estado a las 10 de la noche, anunciando que iniciaría un "gobierno de reconstrucción nacional". La justificación formal del golpe de Estado coincidía con el sentimiento de la mayoría de los peruanos sobre el accionar de las instituciones del Estado y la situación económica y política del país: un Poder Legislativo convertido en un verdadero "Establo de Augías", un Poder Judicial totalmente desprestigiado por su accionar corrupto, una economía quebrada cuya expresión más rotunda era la hiperinflación del primer gobierno aprista, y un proceso de violencia política que tenía como protagonistas Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las Fuerzas Armadas con su aparato de represión indiscriminada. A esos elementos favorables al golpe de Estado debe agregarse la crisis política en su conjunto, con las fuerzas revolucionarias de izquierda que, luego de un largo proceso de prédica a favor de la lucha armada por el poder, no habían pasado de conquistar electoralmente un importante número de municipalidades y algunos gobiernos regionales, de cuya administración no hay nada que rescatar como sustancialmente diferente a lo actuado por la derecha en tales gobiernos. A lo que debe agregarse el ostensible declive del movimiento popular y sindical, cuya beligerancia tuvo su momento más importante entre 1977 y 1979, configurando una situación pre revolucionaria que obligó a la dictadura militar encabezada por el General Francisco Morales Bermúdez Cerrutti la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a nuevas elecciones generales: la vuelta a la democracia formal de siempre. Cuando Sendero Luminoso se lanza a su aventura anarco-terrorista en abril de 1980, el movimiento de masas en el Perú estaba en franco proceso de debilitamiento y reflujo, proceso que se aceleró durante toda la década con los despidos masivos de trabajadores y el debilitamiento de los sindicatos.
Las motivaciones aparentes de un felón
La dictadura que se inició el 5 de abril, para hacer más creíbles sus argumentos y evitar, de paso, algunas reacciones que alborotarían la nueva situación, cerró el Parlamento y ordenó la detención de tres parlamentarios, amagando también la persecución del ex Presidente Alan García Pérez, además de tomar los locales del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) que era conducido por el autor del presente texto como Secretario General, y de la CGTP, central de los trabajadores del Perú fundado por José Carlos Mariátegui en 1929.
El nuevo régimen dijo que sus propósitos fundamentales eran: acabar con la crisis económica y reconstruir el país, derrotar la violencia de los alzados en armas y eliminar la corrupción. Exactamente lo que la mayoría de peruanos sentía como hechos necesarios, que explicaba el más de 80% de apoyo de la población al golpe de Estado y, por supuesto, la misma proporción de rechazo a la llamada democracia que ha imperado en el Perú republicano y que hoy también merece la misma reprobación, y a la que los mismos fujimoristas que le apedrearon hace 20 años se han acomodado y aspiran administrarla sin que ninguna de sus taras haya sido eliminada.
A los 20 años de aquel golpecillo de traficantes del poder en el Perú, los políticos y "analistas" se refieren a él con criterios tan superficiales que solo sirven para justificar su defensa del sistema económico y social imperante antes y después del golpe de Fujimori y Montesinos, mediocres y despreciables personajes creados por las no menos despreciables circunstancias políticas.
La razón de fondo del golpe de Estado del 5 de abril de 1992
Entre 1960 y 1980 el Perú asistió a dos posibilidades de su existencia como país: o se mantenía el sistema económico y social impuesto por las clases dominantes bajo la férula del imperialismo; o la creación de un orden nuevo, que no sería otro que el socialismo.
La posibilidad de una revolución en el Perú se tornó más clara a principios de los años 60 del siglo XX cuando aparecieron, en el ambiente de avance de los movimientos revolucionarios en el mundo y en América Latina, por lo menos dos fuerzas guerrilleras que actuaron entre 1963 y 1966, derrotados definitivamente como tales.
Vino después el proceso de reformas burguesas de la dictadura militar instalada el 3 de octubre de 1968 en el marco de las reformas preventivas de la Alianza para el Progreso, cuyo objetivo fundamental era neutralizar y derrotar la ola revolucionaria en nuestra América de aquellos años. Las reformas velasquistas de 1968-1975, si bien es cierto finiquitaron el ocaso de la vieja oligarquía (terratenientes y burguesía comercial-financiera) y generaron, eventualmente, un nuevo trato con el capital imperialista, no constituyó una transformación estructural de fondo, pues los viejos mecanismos del poder seguían enfrentados a las clases explotadas. Bastó que un felón y bribón diera el golpe de Estado el 29 de agosto de 1975 para que todo el andamiaje de reformas se viniera abajo sin que nadie se haya preocupado en defender al régimen de la "primera fase". Fueron las clases explotadas (clase obrera, clase campesina y pequeña burguesía empobrecida de las ciudades) las que siguieron luchando en las calles y en el campo, mientras que la derecha solo esperaba un mejor momento para participar en el nuevo proceso electoral programado para abril de 1980. No hay que olvidar que el APRA, con Haya de la Torre todavía, se alió, en la práctica, a la dictadura de Morales Bermúdez, oponiéndose y boicoteando las huelgas de los trabajadores.
Las clases dominantes en el poder durante los años 80 fueron incapaces de dar al Perú un rumbo diferente como para acabar con la crisis generalizada de la sociedad, cuya expresión más visible era la crisis económica marcada por la impagable deuda externa que tenía acogotado al país y cuyo pago exigía reducir los presupuestos públicos en educación, salud y otros servicios sociales, además de reducir los salarios de los trabajadores del Estado: un evidente deterioro de la vida social que exigía cambios inmediatos.
La alternativa violentista de Sendero Luminoso y del MRTA se tornaron en obstáculos para la organización revolucionaria de las masas, mientras la Izquierda Unida, constituida como un referente progresista para amplios sectores populares, no pasó de una mera fuerza electoral llena de contradicciones internas que, al final, la volvieron intransitable, incluso como unidad política.
En tales circunstancias del Perú se presentaba, en el plano internacional, el nuevo orden capitalista con su modelo neoliberal ante el fracaso del "Estado del Bienestar" y del modelo de "sustitución de Importaciones" en América Latina, neoliberalismo elaborado como programa de largo plazo para garantizar que las tasas de ganancia del gran capital se recuperaran a los niveles que alcanzaron durante las décadas pasadas (1950-1970). Esta ola ya se llegaba a percibir en el Perú desde los "paquetazos" y los brotes de privatización de la dictadura de Morales Bermúdez, la reprimarización de la economía peruana del segundo belaundismo (1980-1985), pero también desde el primer gobierno aprista (1985-1990) con dos nuevos "paquetazos" encubiertos con la verborrea del "no pago de la deuda externa" que, por lo demás, el gobierno del Presidente Belaúnde dejó de pagar por insolvencia desde 1984. En realidad, la aún presencia de un movimiento obrero y popular todavía con cierta capacidad de respuesta, impedía a los gobiernos de los 80 imponer el neoliberalismo, tal como se estaba desarrollando en Chile desde el golpe de Estado de Augusto Pinochet Ugarte, y desde 1988 en Brasil con el Presidente Collor de Melo, para hablar solo de América Latina.
En el Perú de fines de los 80 y principios de los 90 las condiciones para imponer el nuevo modelo no eran, pues, muy propicias. Es así que la propuesta neoliberal de Mario Vargas Llosa, notable predicador de los intereses de la gran burguesía internacional, no mereció sino el rechazo del pueblo peruano, incluyendo algunos sectores liberales influidos por el keinesianismo de décadas pasadas y, por supuesto, de las fuerzas de la dividida izquierda. Ante la prédica neoliberal de Vargas Llosa que incluía la privatización de la educación y un shock que ya había producido el "caracazo" en Venezuela, la tendencia electoral fundamental de 1990 se inclinó, aun antes de la primera vuelta, hacia "Cambio 90" de Alberto Fujimori Fujimori, cuyo equipo inicial de asesores estaba formado por militantes de uno de los partidos de la izquierda peruana, despedidos luego de la victoria en segunda vuelta. En junio de 1990 triunfó la posición del "no shock".
El shock neoliberal del 8 de agosto de 1990 perpetrado por el fujimorismo bajo la invocación de Dios ("que Dios nos ayude", terminó diciendo el delincuente ex Ministro de Economía y Finanzas Hurtado Miller) avizoraba el programa neoliberal que el nuevo Presidente había negado durante la campaña electoral. Luego vinieron el plan para la reducción del aparato estatal y el consiguiente despido masivo de trabajadores públicos, el congelamiento de los derechos de estos trabajadores, el proyecto de una Ley antiterrorista que arrasaba con los derechos humanos, encontrando en la oposición parlamentaria de derecha e izquierda un obstáculo, pero también en el movimiento sindical que en 1991 desarrolló un vasto movimiento huelguístico que comprometió a los trabajadores estatales y al proletariado minero, siendo la huelga del SUTEP el movimiento más importante que durante 109 días enfrentó el plan de privatización de la educación que luego se plasmaría legalmente con el Decreto Legislativo 699 y los Decretos Leyes 26011, 26012 y 26013, derogados por la presión de los maestros pero hoy revividos en la nueva Ley de Educación 28044 (2003) y en la Ley de Carrera Pública Magisterial 29262 (2007).
Lo que hoy ocultan los analistas de la derecha peruana es que el golpe del 5 de abril fue planificado y ejecutado por los dueños del gran capital nacional e internacional, sus operadores políticos y militares de aquellos años bajo las orientaciones de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, a los que se sumó la Organización Mundial del Comercio que norma los TLC) como bien lo afirma el sociólogo Sinesio López Jiménez ("El fujimorismo en su lugar". La República de Lima, 08/05/2012, p. 10), ha tenido como motivación y objetivo fundamental imponer el programa neoliberal a través de un régimen autoritario, pues es por todos conocido que las políticas neoliberales no podrían merecer el apoyo del pueblo mediante consultas populares.
La aplicación del modelo neoliberal se configuró "constitucionalmente" el 31 de octubre de 1993 con la aprobación fraudulenta de una nueva Constitución que estableció normas contrarias a las de la Constitución aprobada en 1978, que recogía importantes reivindicaciones de los trabajadores y del pueblo, el carácter regulador del Estado liberal y su rol conductor de la economía y los servicios frente al capital privado nacional y extranjero, a diferencia de la actual Constitución neoliberal que reduce al Estado peruano a la subsidiariedad frente al capital internacional. Con el golpe de Estadlo de 1992 se impone en el Perú una reorientación del capitalismo tendiente a privatizar el aparato económico y los servicios básicos, desregular las relaciones laborales destruyendo los derechos de los trabajadores públicos y privados, poner a disposición de los grandes inversionistas los recursos naturales a través de contratos leoninos e inmodificables en el largo plazo.
Después de 20 años de aquel golpe de mano el Perú se ha convertido en un Estado neoliberal, débil para las transnacionales y los monopolios nacionales, pero muy duro para el pueblo y los trabajadores, cuyos reclamos y protestas son respondidos, desde el gobierno central, con la policía y las fuerzas armadas a las que el nuevo Presidente de la "gran transformación" acaba de reivindicar como las "fuerzas tutelaras de la patria", título que la vieja oligarquía inventó para mantenerlas al lado de los poderosos en nombre de la patria, precisamente.
Este objetivo fundamental explica fehacientemente el apoyo cohesionado de la gran burguesía peruana, de los organismos internacionales del capitalismo y de los dueños de los grandes medios de comunicación, convertidos en parlantes del fujimontesinismo.
En el nuevo clima del libre mercado en su extrema expresión florecieron los negocios a costa del Estado sin respetar, incluso, las normas de procedimiento, dando paso a la corrupción más envilecedora que se extendió hasta los niveles más bajos de la administración pública; corrupción y robo que, solo calculando lo apropiado por la cúpula gobernante, asciende a los 6 mil millones de dólares americanos, de los cuales no se ha recuperado ni el 5%. A partir de esta situación los gobernantes de los últimos cincuenta años suelen afirmar que ellos no robaron tanto, en una especie de concurso grotesco y despreciable sobre quién robó menos.
La situación del Perú como país primario-exportador, con la presencia arrogante de los depredadores de los recursos naturales y del medio ambiente, con una "canasta básica familiar" de 268 soles mensuales considerada como superación de la pobreza según la cínica estadística del actual gobierno, los numerosos conflictos medioambientales cuya "solución" siempre es favorable a las transnacionales de la minería y de los hidrocarburos, la existencia de los service como modalidad de la nueva esclavitud asalariada de millones de trabajadores obligados a laborar 12 horas diarias, el avance de la educación y la salud en manos privadas y el deterioro consiguiente de esos servicios públicos, el imperio del narcotráfico en numerosas regiones del país, entre otros elementos del orden neoliberal imperante, son impensables sin el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Es lo que enorgullece al pequeño grupo que se ha beneficiado y que apoyó al fujimorismo en el último proceso electoral y que seguirá dispuesto, qué duda cabe, a jugarse entero en un nuevo proceso electoral si las circunstancias lo ameritan. Por hoy, ese grupo está contento con la continuidad del programa neoliberal a partir del 2000, como lo están los organismos internacionales que proclaman al Perú como una "economía envidiable".
La actual administración del Presidente Ollanta Humala se ha convertido en la nueva defensora del programa neoliberal, acicalándolo con algún cambio irrelevantes, pero decidiendo a favor de la Newmont-Yanacocha en Cajamarca, por ejemplo.
¿Cómo no han de sentirse orgullosos de su oscuro accionar los fujimoristas si los "demócratas" neoliberales están orgullos de su herencia"
¿Y la política de "pacificación?
La "pacificación" fujimorista tuvo dos objetivos: derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, por un lado y, por otro, al movimiento sindical y popular que, aunque debilitado, no estaba dispuesto a mantenerse inerte ante los atropellos contra sus derechos.
Fueron tantos los crímenes del senderismo y tan contraproducentes sus tesis sobre la violencia como un fin en sí misma, que su derrota se venía produciendo a contrapelo de su proclamado "equilibrio estratégico" que solo existía en la cabeza del metafísico Abimael Guzmán Reynoso. Desde 1988 Sendero Luminoso dejó de tener presencia en los numerosos sindicatos obreros que conducía en la gran Lima. Su presencia en el movimiento magisterial del SUTEP se convirtió en un pequeño grupo cada vez más aislado de las masas, solamente tenido como "preponderante" por la prensa fujimorista y periodistas que hoy se proclaman "líderes de opinión" con el objetivo de desconocer al sindicato y justificar la reforma educativa neoliberal.
Sendero Luminoso, pues, no solamente estaba acorralado por su aislamiento respecto de las masas, sino que también estaba infiltrado, lo que facilitó al SEIN (Sistema Especial de Inteligencia creado durante el primer gobierno aprista y no por el fujimorismo) la ubicación exacta de Guzmán Reynoso y demás líderes de su dirección central, al margen del accionar criminal de las Fuerzas Armadas y su grupo clandestino COLINA.
Tal como ocurrió con su conquista electoral de 1990, que le cayó del árbol ampuloso de la verborrea neoliberal de Mario Vargas Llosa, la detención del "Camarada Gonzalo" no fue el producto de una estrategia de Fujimori-Montesinos, sino el acontecimiento que ocurrió un día en que el Presidente Fujimori descansaba fuera de Lima.
La derrota del MRTA fue menos espectacular en correspondencia con su menor trascendencia como fuerza insurgente. No tenía la estructura nacional del senderismo ni la ideología revolucionaria, así sea plagada de campesinismo y anarquismo, de Sendero Luminoso con su "maoísmo" estentóreo y desfasado de la situación económica y social del Perú de fines del siglo XX. Cuando conocí directamente a Abimael en 1975, en su propio "territorio" político, me defraudó como expositor y mucho más como argumentador. Pero ya era el ídolo de sus seguidores.
Pero al lado de la lucha contra el terrorismo al fujimorismo le interesó más hacer desaparecer al movimiento sindical, misión para la cual encontraba en el senderismo un aliado eficaz, aunque no buscado. Con el debilitamiento y destrucción del movimiento sindical el régimen neoliberal podía imponer con más facilidad sus "reformas estructurales", como viene ocurriendo en los países europeos donde los sindicatos han perdido su fuerza de antaño.
Construcción Civil y el SUTFEP fueron los únicos sindicatos nacionales que dieron batalla al fujimorismo en los años 90, con un movimiento que desembocó en la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, audazmente liderada por un sector de la derecha bajo la conducción del neoliberal Alejandro Toledo que contó con el auspicio logístico del empresario Soros.
Después de los 20 años
Para los trabajadores y el pueblo peruano es una necesidad política valorar con objetividad al fujimorismo en su situación actual y sus perspectivas, pues constituye aún, como acaba de afirmar el sociólogo Julio Cotler, uno de los signos de la política nacional. Es signo porque tiene presencia como fuerza dirimente en los asuntos de Estado, como lo viene demostrando al ser requerido por el propio gobierno del Presidente Ollanta Humala para aprobar medidas económicas y políticas de "interés común"; porque es una fuerza electoral de indudable apoyo popular al margen de su pútrida existencia; porque los nuevos dueños del país le tienen como su principal soporte social y político a favor de sus no menos sucios y antinacionales intereses; y, en fin, porque el programa neoliberal vigente y defendido por las clases dominantes y sus partidos sigue siendo la orientación absoluta de todos los gobiernos a partir del 2000, hasta hoy. Nada de lo hecho en los 12 años del siglo XX en el Perú en materia de economía, medidas políticas y sociales están en contra ni al margen del programa neoliberal que el fujimorismo impuso con su golpe de Estado. Hasta el clientelismo político que practica la derecha se ha refinado a partir del fujimorismo.
La afirmación de Vargas Llosa sobre la presunta desaparición del fujimorismo carece de fundamento, pues él mismo sigue defendiendo el mismo programa, a la vez que soslaya las condiciones objetivas (pobreza y profundas desigualdades sociales) que explican la presencia de la mafia fujimorista.
La derrota del neoliberalismo en el Perú supone también una lucha sin cuartel contra el fujimorismo y toda la derecha que le secunda en la defensa del modelo, que no es, como suelen afirmar algunos, un momento de "revolución capitalista" en el Perú, sino la reorientación de ese dominio bajo la globalización neoliberal imperante en el mundo.
El futuro del Perú se juega, en gran parte, en esa lucha inclaudicable contra el capitalismo que tiene hoy en el neoliberalismo su modelo más esclavizador y embrutecedor, como si viviéramos en los siglos de su etapa comercial-industrial de los siglos XVIII y XIX.
Solamente la organización de una fuerza nueva y socialista que sea capaz de comprometer con su ideario y su programa a la clase obrera, al pueblo explotado, a los sectores patriotas y a la intelectualidad progresista nos permitirá derrotar a las fuerzas de la derecha y conquistar el poder para transformar nuestro país desde una nueva perspectiva.
Lima, abril 08 del 2012
