LAS MENTIRAS DEL SEÑOR ALAN GARCÍA PÉREZ

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP

Desde el 2008, a raíz de la publicación de los decretos legislativos que ponen en subasta las tierras de costa sierra y selva, se ha abierto una nueva confrontación entre fundamentalistas del libre mercado y los defensores de los derechos colectivos de miles de comunidades campesinas e indígenas, derechos que se relacionan con el carácter nacional que implica esa defensa. Por cierto, la confrontación entre el neoliberalismo y la defensa de los derechos sociales y del patrimonio nacional viene desde el régimen fujimorista y sus políticas de privatización de bienes y servicios.
Derrotado el fujimorismo, el gobierno de Alejandro Toledo debió de enfrentarse al movimiento social arequipeño cuando pretendió privatizar EGASA y EGESUR, siendo obligado a retroceder. Desde entonces, el régimen de Toledo se concretó a administrar la herencia neoliberal del fujimorismo, concentrando su acción gubernamental en la promoción y firma del TLC con Estados unidos (“si o sí”, como criollamente lo planteaba).
La confrontación actual con el fundamentalismo neoliberal del APRA ha llegado a una verdadera tragedia y tiene su centro ideológico principal en la presencia del “pensamiento único”, según el cual la cultura occidental es el modelo que todos los pueblos tienen, necesaria e inexorablemente, que imitar si quieren progresar y “modernizarse”. Recuerdo mucho las declaraciones de Mario Vargas Llosa publicadas por un periódico alemán durante la inauguración de la Feria de Libro de Frankfurt, en el sentido de que si los pueblos indígenas quieren progresar, deben olvidar sus creencias, costumbres y cultura, y adoptar la cultura de occidente. El representante literario más conspicuo del “pensamiento único” tiene miles de razones para convivir hoy políticamente con el Presidente García.
Para confrontar la “teoría” neoliberal del gobierno aprista, basta citar un párrafo de su texto panfletario “El síndrome del perro del hortelano”, que dice, refiriéndose a la “apetitosa” Amazonía peruana:
“El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante… Para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir… existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales… en vez de poner en valor sus cerro y tierras, alquilándolas, transándolas porque si no son productivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador…” (cit. por José Oscátegui en su artículo “Impulsemos la modernidad, apoyemos la lucha amazónica”, en La República, 11 / 06 / 2009, p. 19)
PRIMERA MENTIRA: NO ENTIENDEN, NO SABEN LEER, NO HAN LEÍDO LOS DECRETOS
No se necesita asistir al “plan lector” del Ministro Chang Escobedo (que muy buenos negocios viene propiciando con la edición masiva de libritos y folletos que deben comprar los padres de familia para sus hijos), para darnos cuenta que todos los decretos relacionados con la propiedad de la tierra, su enajenación y sus concesiones, se basan en el razonamiento aristotélico que encierra el párrafo citado. Simplificando el razonamiento: para convertir en productivas las tierras hay que tener gran capacidad de inversión; los pobres no tienen capacidad de inversión; luego, hay que vender las tierras a los que pueden invertir en ellas. Todo el armatoste legislativo de los decretos rechazados por la mayoría de la población se ordena de acuerdo con el credo de la propiedad privada “segura” para los grandes inversionistas, una burguesía agraria que está apoderándose de las mejores tierras irrigadas con el dinero público y de las tierras de la vid en Ica, más la invasión de extensas superficies en los andes y en la Amazonía para la extracción minera, petrolera y gasífera por consorcios extranjeros que vienen, depredan y se van, con tributos de privilegios para ellos y salarios magros para decenas de miles de trabajadores, amén de la depredación de las tierras agrícolas y del medio ambiente.
A quienes hace mucha falta aprender a leer la historia de la economía del subdesarrollo peruano es a los apristas, pues, como lo resume muy bien el mismo Oscátegui en su artículo citado, ninguna experiencia de grandes inversiones privadas en el Perú, agrícolas o mineras, madereras o del caucho, etc., han producido el desarrollo del Perú ni el bienestar, por lo menos relativo, de los trabajadores y del pueblo peruano.
La categórica frase que acuña García en su vapuleado texto: “El primer recurso es la Amazonía”, resume bien su oligárquico credo: la Amazonía vale en tanto recurso económico, centro de despensa de los que quieren y pueden enriquecerse, como lo hicieron grandes caucheros, poderosos madereros, narcotraficantes, transnacionales del petróleo y, cómo podrían faltar, gobernantes y altos funcionarios corruptos. Para los jefes apristas la Amazonía no es un escenario de vida humana que tiene derecho a un futuro de desarrollo integral; no es un escenario de culturas que requieren valorarse para desarrollarse en función de sus necesidades y diversidades. Con el engañoso argumento de que las grandes inversiones crearán riqueza y ocupación seguras (¿con qué monto de salarios?), el señor García Pérez pretende ocultar el hecho objetivo de que la Amazonía peruana es lugar de vida de no menos de un millón habitantes, entre campesinos y comunidades indígenas, cuya existencia no puede ajustarse al uso intensivo de la tierra, sino a un uso diverso de agricultura, pesca, caza, uso racional de la floresta, sin excluir, qué duda cabe, un proceso racional de explotación industrial, de pesca, agroindustria y de agricultura moderna en determinadas extensiones, pero con la participación de sus habitantes rurales y una verdadera promoción del Estado. Si por defender esta alternativa se nos denomina “perros del hortelano”, entonces a los gobernantes apristas y a sus socios habría que llamarlos “gatos despenseros”, que han decidido abrir la Amazonía (la “despensa”) a los grandes capitalistas.
SEGUNDA MENTIRA: EXTRANJEROS PROMUEVEN LAS PROTESTAS INDÍGENAS
Cuando Haya de la Torre salió con su mentiroso antimperialismo (“el lado bueno” y “el lado malo”), la vieja oligarquía le acusó de estar coludido con el comunismo internacional, acusación que provenía de una clase terrateniente que temía “la nacionalización de las tierras e industrias, sin darse cuenta de que ese “punto” del programa aprista de los años 30 correspondía a un liberalismo demagógico, como la historia posterior del aprismo lo ha demostrado y lo está demostrando hoy con su tesis del “perro del hortelano”. Pero el mismo Haya de la Torre, en dúo con Luis Alberto Sánchez, calificó a José Carlos Mariátegui como extranjerizante, más propiamente “europeizante”, por haber adherido al marxismo.
En esta oportunidad, la acusación aprista es más ridícula puesto que arguye la supuesta intervención de consorcios petroleros, cuyas “rivalidades”, al contrario de lo que afirman los apristas, se resuelven en el mundo de las finanzas y no promoviendo luchas populares que afecten sus intereses. Elemental, mi querido Watson, diría Conan Doyle a través de Sherlock Holmes.
Más ridículo es referirse a la intervención de los Presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, considerando que la lucha de los indígenas en defensa de sus tierras viene desde el pasado, mucho antes de las experiencias venezolana y boliviana actuales. Este argumento no esgrimió el gobierno el año pasado, durante la primera huelga indígena, porque creía que esta lucha iba a ser apagada totalmente aplicando la estrategia de la maniobra dilatoria; ni fue invocada durante el primer mes de la presente huelga. Sale como un argumento demagógico luego de las matanzas del 5 de junio, para evadir sus responsabilidades políticas.
Como han demostrado políticos, historiadores y antropólogos, la lucha indígena actual tiene profundas motivaciones humanas, culturales y de defensa de la vida, de un proceso prolongado de enfrentamiento a situaciones límites (Paulo Freire) ocasionadas por una historia de invasiones culturales, económicas y sociales contra nuestras nacionalidades amazónicas. Para los dueños del “pensamiento único”, esta realidad no cuenta. Están enceguecidos por la futura riqueza monetaria que hay que cosechar en la Amazonía, el único sueño con el que duermen los conquistadores de hoy.
Al lado de las motivaciones internas que han determinado la lucha, no se puede negar las influencias externas: el movimiento indígena ecuatoriano que jugó un papel importante en la lucha política de los últimos años en ese país y que hoy sigue luchando para impedir que la política petrolera del Presidente Correa siga depredando la Amazonía ecuatoriana. Por supuesto está la influencia del movimiento indígena boliviano y todo el proceso de la lucha latinoamericana contra el imperialismo. Pero estas influencias no pueden personalizarse para “castigar” a los “culpables extranjeros”. No se puede confundir influencia política en los movimientos sociales con un “complot”, como engañosamente califican apristas y fujimoristas a la lucha indígena actual.
TERCERA MENTIRA: PIZANGO ES EL CULPABLE DE LAS MATANZAS DE BAGUA
Es sorprendente que una profesora como Mercedes Cabanillas, que ha ocupado los más importantes cargos en el poder del Estado desde el primer gobierno de su partido y con el mismo presidente actual, pueda proferir una mentira más grade que el tiempo de existencia de su organización política: la aplicación de la autoría mediata y el dominio del contexto al Profesor y dirigente indígena Alberto Pizango Chota. Con este cuasi fascista razonamiento, bastaría con provocar matanzas en un movimiento popular para culpar al o a los dirigentes principales de los supuestos delitos.
En el caso de las matanzas de Bagua y la Estación 6 de Petroperú, quienes han empezado la balacera fueron los policías. Ya existe la evidencia de un informe de inteligencia que advertía del peligro de usar el asalto armado contra una multitud indígena en disposición de repeler cualquier provocación. ¿El dirigente Pizango, desde Lima, ordenó la respuesta a una acción policial que él no conocía de antemano? ¿No son, más bien, culpables de todo lo ocurrido quienes dilataron tanto una respuesta adecuada a las reclamaciones y que ante la resistencia indígena apresuraron la incursión armada?
Pizango no solamente carece de responsabilidad en los hechos de sangre, sino que tiene todo el derecho de asilarse para preservar su libertad y su vida ante una evidente persecución política y afán punitivo de parte del gobierno y su aliado más cercano, el fujimorismo, cuya cabeza principal e hija del corrupto y criminal ex Presidente Alberto Fujimori, osa decir que el dirigente perseguido es un “cobarde” por pedir asilo, olvidando que su padre abandonó su cargo y huyó al Japón desviando un itinerario autorizado por el Congreso de ese entonces, llegando a renunciar a la Presidencia vía fax.
CUARTA MENTIRA: UN PEQUEÑO GRUPO NO PUEDE APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE TODOS LOS PERUANOS NI IMPEDIR LA EXPLOTACIÓN DE NUESTRAS RIQUEZAS
Este argumento reviste el contenido de un verdadero sofisma. Es una contradicción consigo mismo, pues él sí se atribuye facultades para vender los puertos y aeropuertos, que son también de todos los peruanos, sin consultar a nadie, con la errónea convicción de que ser elegido Presidente significa tener potestades ilimitadas para hacer y deshacer con los bienes del Estado. Consultar lo que se pretende hacer con las tierras amazónicas requiere consultar no solamente a todos los peruanos, sino, fundamentalmente, a los que viven en la Amazonía, particularmente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, no solamente porque lo dice la Resolución correspondiente de la OIT, que es lo legal, sino porque afecta la vida de esas poblaciones, que es la cuestión de fondo.
El señor García Pérez considera, con criterio autoritario y comportamiento soberbio, que su “razón” es la razón de los demás (de todos los peruanos), tal como la burguesía, clase para la cual gobierna, considera que sus intereses son los intereses de las demás clases, de toda la sociedad.
La historia de la república peruana demuestra que las clases dominantes en el Perú, ex terratenientes y hoy la gran burguesía, nunca han llegado a representar los intereses de la nación peruana, pues su único proyecto ha sido su enriquecimiento como intermediarias del gran capital extranjero. Fueron clase dominante y no clase dirigente (hay que repetir esta verdad aunque parezca como de Perogrullo), ya que nunca han construido un proyecto nacional, como lo hizo la burguesía de los países hoy desarrollados. Lo que propone hoy García Pérez es una pretensión que se estrella contra la cruda realidad.
QUINTA MENTIRA: EL GOBIERNO DEFIENDE LA DEMOCRACIA
Para demostrar esta afirmación los apristas aducen que el pueblo ha decidido que gobiernen sin ninguna injerencia, haciendo lo que ellos decidan. Con este argumento aparentemente democrático, han decido poner en subasta las tierras amazónicas, como lo han hecho con los puertos y aeropuertos, sin tener en cuenta el punto e vista de los demás, particular y principalmente de los habitantes de la Amazonía peruana. El Convenio 169 de la OIT, que obliga consultar a los indígenas sobre decisiones que afectan su vida, carece de valor.
Pero aún cuando no existiera ese Convenio, un gobernante con cierta dosis de sensibilidad social y con criterio democrático, consideraría pertinente recabar las opiniones de quienes podrían verse afectados por medidas económicas, políticas y jurídicas como las que establecen los decretos cuestionados.
Dispuestos, como están los apristas, en reprimir todo tipo de protesta, y abusando de su reaccionaria mayoría parlamentaria, acaban de cercenar los derechos de los parlamentarios del Partido Nacionalista que han decidido realizar una huelga de hambre en el hemiciclo, con separaciones de la función parlamentaria, sanción que, señalan, servirá para mantener el prestigio de un Parlamento que es incapaz de legislar a favor del pueblo y que mantiene en su seno a parlamentarios con fuertes indicios de haber formado parte del contexto mafioso que revelan los petroaudios.
El gobierno aprista no está defendiendo, pues, ningún orden democrático, sino la democracia del capital que es la que viene funcionando en el Perú: la democracia de las transnacionales, del clientelismo político, de los spots publicitarios “EL PERÚ AVANZA” y las estadísticas tergiversadas sobre la “reducción de la pobreza”.
Cuando el gobierno exalta el “heroísmo” de los policías muertos en defensa de “la democracia”, procede a glorificar a los defensores de un orden injusto. Los policías han muerto para defender los intereses de los capitalistas, principalmente de los grandes empresarios extranjeros que se preparan a comprar las tierras puestas en subasta; mientras que los indígenas asesinados han muerto defendiendo intereses contrapuestos a los de aquéllos. Biológicamente, como dice un poeta español, “la muerte mide con pies iguales la choza pajiza como los palacios reales”, pero socialmente no todas las muertes son iguales, sobre todo cuando ocurren como producto de la lucha violenta de clases. Se expresa el dolor por la muerte de una persona, como lo hizo Grau, por respeto a los deudos, pero distinguiendo bien los motivos que han llevado a la situación de violencia armada, en la cual siempre hay un agresor y otro que ha sido agredido. Toda fuerza represiva defiende siempre al Estado al cual sirve; y el Estado no es neutro. La fuerza represiva del Perú sirve al Estado neoliberal actual. Tal es el papel que están cumpliendo los policías peruanos y los miembros de las fuerzas armadas, sean o no conscientes de su papel. En el caso de las matanzas de Bagua y de la Estación 6, los gobernantes apristas ordenaron a los policías la intervención armada en lugar de resolver el problema por otra vía. Para evadir su responsabilidad, no hacen más que atizar el odio contra los indígenas y contra los que solidarizan con ellos.
Elucubrando hasta el delirio, el Presidente Alan García ha inventado una nueva clase de genocidio: el “genocidio de policías”, afirmando enfáticamente: “Lo que hubo fue un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros de gobierno” (La República de Lima, 13 / 06 / 2009, p. 6). Para tener una idea del autor de estas inexactitudes, basta recordar que esos indígenas lucharon en todas las guerras que enfrentó el Perú para defender sus fronteras, siendo la más cercana, la guerra del Cenepa en la frontera con Ecuador en 1995, en la cual jugaron el papel de guías y combatientes. El megalómano presidente está creando fantasmas para esconder su entreguismo neoliberal y su incapacidad para enfrentar los problemas en un país de profundas desigualdades sociales.
SEXTA MENTIRA: LA OPOSICIÓN ESTÁ DESPRESTIGIANDO AL CONGRESO
¿Y qué prestigio ha tenido este parlamento peruano antes del 11 de este mes? Su desprestigio antecede a la huelga de hambre emprendida por un grupo de parlamentarios nacionalistas en protesta por la maniobra de suspender, por tiempo indefinido, los decretos antiamazónicos, en lugar de derogarlos.
Un parlamento que tiene como base de su funcionamiento la alianza del partido gobernante con lo más podrido de la política peruana, como es el fujimorismo (ver “Entrevista (Javier Velásquez Quesquén” en La República de Lima, 13 / 06 /2009, p. 3), no hace más que descubrir todas las lacras de la crisis de la democracia burguesa en un país subdesarrrollado. Incluso el propio nacionalismo ha negociado con el fujimorismo para ciertas votaciones.
Tan enceguecidos están los gobernantes actuales que no se dan cuenta de la importancia que tiene derogar los decretos para recuperar, por lo menos en algo, el perdido prestigio de esa institución, que nunca la tuvo en calidad importante en toda la vida republicana. Hoy ha llegado casi a su final; y si se resiste a morir es porque no hay en el Perú un movimiento de transformación que le haga saltar de su endeble pedestal de barro.
AISLAMIENTO POLÍTICO DEL GOBIERNO APRISTA Y DEL APRA COMO PARTIDO
El gobierno aprista carece de fuerzas sociales que le defiendan, salvo las fuerzas armadas y policiales. Está en un franco aislamiento, bastante arrinconado políticamente por la lucha del pueblo. También por los sucesivos fracasos de no pocas medidas gubernamentales, como el caso del VRAE, la evaluación estandarizada a los maestros, entre otras. Fuera de Mario Vargas Llosa, ningún intelectual de prestigio está a favor del gobierno aprista. Además, este partido carece actualmente de intelectuales.
Su propia militancia popular que no depende de un cargo público, no se atreve a salir en defensa de su gobierno y partido, a no ser que desde el aparato oficial se organicen actos de “apoyo” como los que viene anunciado en estos días el nuevo Ministro de Vivienda, Francis Allinson, un anodino neoliberal que militó hasta hace poco en la filas de dos de las fuerzas políticas más reaccionarias del Perú, el Partido Popular Cristiano y Solidaridad Nacional.
El Presidente ha tenido que apelar a la redundancia verbal para contrarrestar el movimiento de protesta, minimizando la Jornada Nacional de Lucha del pueblo peruano realizada el 11 de junio, cuyas grandes movilizaciones han significado un nuevo revés par el gobierno aprista, golpeado ya por la lucha de los pueblos indígenas.
La desesperación lleva al gobierno a endurecer su carácter represivo y de tendencia cada vez más dictatorial. Esta tendencia marcará a la administración gubernamental del Presidente García en lo que le queda de su período gubernamental.
Corresponde a las fuerzas de izquierda y a todos los sectores progresistas, unidos, revertir la situación conformando un frente más amplio para impulsar la transformación del Perú con un nuevo gobierno y un nuevo ordenamiento constitucional. No hacerlo es contentarse con la oposición meramente sindical y reivindicativa.
El gobierno busca recuperar el orden a través de la “suspensión indefinida” de los decretos para aparentar concesiones al movimiento indígena y luego volver a la carga cuando éste no tenga ya la suficiente capacidad de reacción. Tal es su táctica actual, sustituyendo la negociación con los indígenas con la creación de un organismo de “diálogo”, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, sin tener en cuenta la participación de los dirigentes indígenas de AIDESEP y que carecerá de capacidad de decisión, pues, en última instancia, será el Poder Ejecutivo quien tomará las medidas finales con la convalidación correspondiente de su mayoría aprista-fujimorista en el Parlamento.
Una gran ventaja que hoy tiene la lucha en defensa de la Amazonía es la amplia solidaridad de la población peruana, de sus organizaciones populares y políticas. También de la opinión pública internacional.
Mientras el gobierno aprista siga intransigente, mayor será su deterioro y aislamiento políticos.
La lucha indígena y la de todo el pueblo continuarán.
Iquitos, junio 13 del 2009