PERÚ: TLC CON SANGRE Y DEMAGOGIA
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
Mi homenaje a los indígena amazónicos y otros ciudadanos caídos en las matanzas de Bagua y Condorcanqui, mi admiración por su lucha en defensa de la dignidad de los pueblos que no se rinden ante el opresor.
Dos meses, desde el 9 de abril, la sacrificada, heroica y legítimamente sustentada huelga indefinida de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Ya no son los caucheros de fines del siglo XIX y primeras dos décadas del siglo XX los que pretenden arrinconar hoy a los ancestrales habitantes de los territorios amazónicos y a los demás pobladores de esta inmensa región peruana que ocupa más del 60% del territorio nacional. Se encuentran ahora los nuevos “promotores de la inversión, del progreso y del desarrollo”, a decir del actual gobernante que, con soberbia de blanco mandón, denomina “incapaces” y “perros del hortelano” a nuestros pueblos originarios y a los campesinos que también habitan esta extensa naturaleza: las grandes empresas petroleras y los futuros empresarios del etanol. Las estadísticas de concesiones para la explotación de petróleo y gas en toda la Amazonía nos señalan que en territorio amazónico peruano llegan al 60%, muy superior al extenso Brasil.
LA JUSTA CAUSA VERSUS LA DEMAGOGIA Y EL AUTORITARISMO BURGUÉS
El desenlace del enfrentamiento no ha concluido. Los gobernantes demuestran, minuto tras minuto, que la razón de los vencedores de la conquista de hace más de 500 años sigue siendo el síndrome colonial que los acosa. Hablan y actúan como epígonos del santificador del genocidio que significó la conquista, Sepúlveda. No aceptan su responsabilidad política y, hasta cierto punto, su lógica de gobernantes a distancia de las transnacionales que les encarga sus intereses, es explicable. Los culpables son los que reclaman derechos. El dirigente Alberto Pizango ordenó a policías usar la brutal balacera que fue respondida por los indígenas. Pizango merece cadena perpetua, según los lacayos de turno. Ni contra Montesinos y Fujimori se pronunciaron con semejante lenguaje de amenazas e improperios, según ellos, para “no politizar el proceso ni interferir con la justicia”. Su lógica se ha puesto hoy al revés, pues se trata de “salvajes”, “primitivos”, etc., etc.
Para entender quién tiene la verdad y quién ha provocado el baño de sangre que hoy consterna a los peruanos y a no pocos habitantes de la tierra, hay que recurrir a la memoria más elemental sobre lo que viene ocurriendo en los años de este nuevo siglo en el Perú acerca de este acontecimiento.
Entre el 2001 y el 2006 gobernó un economista formado en la neoliberal Harvard (USA), Alejandro Toledo, cuya bandera principal en los cinco años de su gobierno fue “TLC sí o sí”, promovido y aprobado sin discusión ni consulta, pues “era la garantía” para el futuro progreso del Perú. Con el cinismo que ha caracterizado a casi la totalidad de nuestros gobernantes, el señor Toledo ha dicho en Canadá, mientras la Universidad de Winnipeg le otorgaba un doctorado Honoris Causa el 4 / 6 / 2009, que no se debe privatizar la Amazonía “sin consultar a las poblaciones aborígenes”. Hoy habla como pretendiente de un nuevo mandato presidencial a partir del 2011. ¿No funge como el “padre” del malhadado TLC con Estados Unidos? (“yo he dejado la mesa servida”, suele decir).
Cuando la campaña electoral para las elecciones del 2006, tanto el candidato nacionalista Ollanta Humala como el candidato aprista Alan García Pérez competían en su posición contra el TLC. García Pérez solía decir en sus discursos que no firmaría el TLC con Estados Unidos. Se autodefinía “antimperialista”, como siempre lo había hecho para las galerías. Sólo pudo ganar la Presidencia frente al nacionalista con todos los votos de la oligarquía neoliberal, que olió bien su tufillo neoliberal de segunda generación, como las reformas neoliberales que hoy desarrolla en alianza con el fujimorismo y demás parlamentarios que representan los intereses empresariales.
Más tardó en juramentar en el cargo que en firmar el TLC promovido por su antecesor Toledo.
Para los fines de vender las “tierras eriazas” y “ociosas” de costa, sierra y selva (Amazonía peruana), escribió un alegato lleno de sofismas, con el título de El síndrome del perro del hortelano, dos largos artículos en un diario que históricamente ha sido siempre el vocero más “ilustrado” e influyente de la oligarquía peruana de toda la etapa republicana que viene desde 1821: El Comercio de Lima. Su tesis principal: quienes se oponen a la venta de las tierras son enemigos del progreso del país, adicionando adjetivos insultantes a los críticos de la engañosa alternativa de la apertura comercial en la línea de la Organización Mundial del Comercio. Hay que vender las tierras a quienes tienen la capacidad de explotar sus recursos. ¿Y quiénes son estos los futuros dueños? Casi en su totalidad, extranjeros. No se requiere haber estudiado en Harvard o en la Sorbona para entrever hacia dónde se nos quiere llevar con los decretos privatizadores.
Inmediatamente, a principios del 2008, usando las facultades extraordinarios que le diera el Parlamento de mayoría aprista-fujimorista más los alfiles que votan con ella, promulgó más de 100 decretos legislativos, entre los cuales están los signados con los números 994, 995, 1015, 1020, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090. Las facultades extraordinarias fueron acordadas para que el Ejecutivo legislara sobre la modernización del Estado y su administración, lo que en lenguaje neoliberal significa simplemente privatización.
Entre enero y marzo del 2008, tanto los pueblos indígenas como las organizaciones populares de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios, regiones íntegramente amazónicas, además de algunos parlamentarios e intelectuales progresistas y fuerzas políticas de izquierda, se pronunciaron por la inconveniencia de los decretos que ordenaban la venta las tierras del Perú, en especial de la Amazonía peruana.
Significativa fue la lucha del Frente Patriótico de Loreto, organización popular que agrupa a las organizaciones sindicales, estudiantiles, magisteriales, campesinas, de barrios, comerciantes de mercados y fuerzas políticas, que convocó a una Consulta Popular realizada el 24 de febrero del 2008, con un resultado de más del 80% contra los decretos y la venta de las tierras amazónicas. Para el gobierno este pronunciamiento democrático no tuvo ningún valor, ni siquiera como una advertencia para el futuro, posición similar al referéndum realizado por los campesinos del Alto Piura contra la presencia de la minera Majaz.
Como el gobierno persistía con sus decretos, la organización indígena AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), presidida por el indígena Alberto Pizango, realizó una huelga que fue suspendida porque el Parlamento se comprometió a revisar y, eventualmente, a derogar los mencionados decretos. Desde agosto del 2008 hasta abril del 2009 los indígenas estuvieron esperando que se cumpliera lo pactado, pero ni el Ejecutivo, ni el Parlamento, ni la Defensoría del Pueblo, mucho menos el Tribunal Constitucional, se interesaron por dar una salida adecuada al problema.
Así llegó el 9 de abril del 2009: el inicio de una nueva huelga indefinida de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con mayor convicción y más convencimiento de que estaban siendo burlados, con mayores acciones de lucha como el bloqueo de carreteras, tomas de puentes y de estaciones del oleoducto del petróleo.
Tanto el Primer Ministro como el Parlamento empezaron aparentemente a dialogar con los dirigentes indígenas, pero el uno y el otro negaba tener atribuciones legales para derogar o revisar los decretos, haciendo ir y venir a los dirigentes sin ningún resultado, maniobra política que en el Perú se denomina “mecer” (ir y venir como el vaivén de una hamaca), decir A cuando en realidad se piensa B. Esto exacerbó más el enfrentamiento hasta el punto que los indígenas empezaron a impedir que los camines con combustible y víveres lleguen a las ciudades. La estrategia que estaba aplicando el gobierno –que sigue aún—es la de prolongar el conflicto hasta desgastar y cansar a los indígenas.
En este punto, el gobierno empezó a demostrar que los decretos son imprescindibles para seguir administrando el Estado, es decir, para cumplir con el TLC, ya que la privatización de la Amazonía es parte de la apertura del mercado que propugna la OMC, aun cuando no se indique con nombre propio.
Su intransigencia le llevó al Presidente García a ordenar el desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el lugar denominado Curva del Diablo el pasado 5 de junio. Pero desde el 5 de mayo, la Marina de Guerra, con sus buques, atacó a los indígenas en el río Napo, bloqueado por estos para impedir el paso de los barcos de la Petrolera de nacionalidad francesa, PERENCO. La Marina de Guerra rompió el bloqueo, hundió las pequeñas embarcaciones (canoas) de los indígenas y facilitó el ingreso de la petrolera transnacional. Era el inicio de la represión brutal, cueste lo que costare, para servir a los grandes inversionistas.
El día 5 de junio, tropa policial de élite, con el apoyo del Ejército, ocupó las colinas que rodeaban la Curva del Diablo, mientras helicópteros derramaban balas desde el aire, produciendo las primeras muertes de indígenas y otros civiles que los apoyaban en esta lucha. Ante este ataque, los indígenas respondieron también con sus escopetas y mataron a policías, secuestrando a dos decenas de ellos. La matanza se produjo tanto en la Curva del Diablo como en otros lugares no identificados. La mayor parte de los policías secuestrados fueron asesinados por los indígenas ante la presencia de tropas del Ejército para rescatarlos y cuando se enterraron que sus hermanos estaban siendo asesinados, según el testimonio de uno de los policías secuestrados que, herido, logró ser rescatado por una patrulla del Ejército.
Es indudable que hay más civiles muertos que policías (un recuento preliminar hasta el día 8 de junio nos dar el resultado de 24 policías muertos y más de cincuenta civiles, entre indígenas y “mestizos”, más un grupo importante de desaparecidos, lo que daría un número de más de 150 indígenas asesinados) Es evidente también que fueron las fuerzas represivas las que iniciaron el ataque con bala. No se ha visto ningún indicio de haber utilizado, como medio de disuasión, gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Más bien hay indicios de cadáveres envueltos en costales tirados al río Marañón, cadáveres quemados así como la prohibición de retirar los cadáveres de numerosos indígenas asesinados. Todos estos hechos son negados por el gobierno, pero así como ocurrió con los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, negados también por el gobierno de Alberto Fujimori, se logrará saber con las investigaciones que deben realizarse. No debemos olvidar que la política de ocultar crímenes fue uno de los hechos más bochornosos del primer gobierno de Alan García, cuando éste ordenó intervenir en uno de los penales donde estaban recluidos los acusados de “terrorismo”, en 1988.
LA DEMAGOGIA Y EL CINISMO PRETENDE LIMPIAR LA SANGRE DE LAS MANOS
El comportamiento del gobierno revela que su decisión es de no dar paso a ningún arreglo pacífico, pese a que hasta los obispos católicos se han pronunciado en defensa de este tipo de arreglo, otorgando la razón a los indígenas. Inclusive hay periodistas de opinión que no están de acuerdo con los indígenas pero exigen al gobierno una apertura de diálogo. El gobierno, más bien, ha procedido a ordenar la captura de Alberto Pizango, a quien culpa de los asesinatos, cuando este dirigente ha estado todo este tiempo en Lima, hasta el mismo viernes 5 de este mes. La Ministra del Interior ha llegado a comparar el caso de Fujimori con el de Alberto Pizango, contra quien también, según ella, se puede proceder con el postulado penal de la autoría mediata por “ejercer poder” sobre los indígenas.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Javier Villa Stein, denunció que el Poder Ejecutivo presionó a la jueza para ordenar la captura de Pizango. Esta patraña judicial es muy común en el Perú. Quien escribe este texto, fue denunciado como autor de supuestos desmanes contra la propiedad pública y privada durante la huelga magisterial de 1991. Los dirigentes magisteriales de la provincia de Datem del Marañón, que dirigían la lucha de ese pueblo exigiendo que se le reconozca como Provincia, fueron procesados penalmente por el asesinato de un joven manifestante, abaleado por la policía desde un helicóptero. El propio Mario Vargas Llosa, como comisionado para una investigación por el asesinato masivo de un grupo de periodistas en la comunidad de Uchuraccay, en Ayacucho, en los años 80, concluyó con la “brillante” tesis de que no había sido el Ejercito sino los comuneros que, “por su ignorancia”, habían confundido a los periodistas con senderistas y las cámaras fotográficas con fusiles o ametralladoras. La tesis de la “ignorancia”, aplicada a las nacionalidades andino-amazónicas, sirve para encubrir crímenes y lavar las manos manchadas de sangre de ciertos gobernantes.
Cuando escuchamos y vemos los rostros de los principales gobernantes apristas, no podemos menos que horrorizarnos frente a sus evidentes expresiones de odio, racismo y discriminación ante los indígenas. Nos referimos al propio Presidente de la República y sus peroratas llenas de sofismas; al Presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, cuya ignorancia se ve de inmediato cuando quiere hablar de algo importante; al vocero parlamentario del gobierno, Aurelio Pastor, una persona que tiene problemas para razonar desde el punto de vista de lo legal; a la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, de clara orientación fundamentalista que denota su afinidad con el OPUSDEI; la Ministra el Interior, Mercedes Cabanillas Bustamnate, que con su rostro compungido lanza insultos contra los indígenas “asesinos”; y el Primer Ministro, ex izquierdista Yehude Simon Munaro, alineado con los inversionistas transnacionales y urgido de popularidad para tentar la Presidencia de la República el 2011, sirviendo de instrumento de las estrategia del “cansancio” para derrotar a los indígenas.
Para los gobernantes mencionados, los héroes de la democracia y de la patria son los policías muertos en los enfrentamientos con los indígenas, los que no provocaron, los que buscaron el “diálogo”, como si ellos serían los políticos para dialogar con los dirigentes en lucha; en fin, los policías son los únicos que merecen un entierro con todos los honores. En cambio, los indígenas muertos no son mencionados ni como muertos porque son los “subversivos”, los “terroristas”, los que “han preparado un complot contra el Perú” con apoyo extranjero, los que son, como dice Galeano, los nadies por que no tienen nada; por tanto, son los que no merecen ni siquiera ser enterrados por sus familiares. El odio de clase expresado en racismo y discriminación.
¿QUÉ HACER?
¿Qué podemos esperar hacia adelante? No es fácil prever. Pero hay algunos elementos que se pueden mencionar:
Primero, un movimiento indígena que no ha bajado la lucha, frente a un gobierno que está dispuesto a no ceder, salvo que se dé una presión muy fuerte tanto interna como desde los organismos internacionales de derechos humanos, que permita derrotar la campaña de encubrimiento que está desarrollando el gobierno. Hay más de 50 mil indígenas en el movimiento activo;
Segundo, el gobierno sigue enviando tropas a las zonas convulsionadas para “liberar” carreteras tomadas, lo que puede derivar en nuevos enfrentamientos sangrientos, mientras que, a nivel político, ha ideado una táctica de encubrimiento a través de una “comisión de diálogo” con “personas de prestigio”, como acaban de anunciar dos ministras de Estado. Esta propuesta, de prosperar, no servirá más que para evadir sus responsabilidades políticas.
Tercero, las organizaciones que apoyan el movimiento indígena han programado acciones de lucha: movilizaciones y paros regionales de uno o dos días. Hay una profusa circulación cibernética de correos, blogs y otros artefactos virtuales desenmascarando al gobierno. Éste se está quedando solo, apoyado en las armas y por sus aliados fujimoristas y afines.
Cuarto, la Defensoría del Pueblo ha propuesto la apertura de un nuevo diálogo con los nuevos dirigentes indígenas que están sustituyendo a Pizango, en vista de que éste se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua en Lima. El gobierno insulta a Pizango de “cobarde” porque no acepta la orden de captura, pero no califica así a tres ex ministros de Sánchez de Lozada procesados en su país por la matanza de ciudadanos bolivianos y hoy con asilo político otorgado por el gobierno peruano.
De mantener el gobierno aprista la estrategia del enfrentamiento armado, puede derrotar a un movimiento indígena poco integrado al movimiento obrero y popular del Perú que no tiene, por lo demás, mucha fuerza para grandes acciones como las que requiere la defensa de la Amazonía, lo que no significa que una eventual derrota significaría la culminación de la resistencia indígena con una futura alianza popular más sólida y de mayor alcance político.
La lucha contra el neoliberalismo tiene, en el movimiento indígena actual del Perú, una confrontación importante, aun cuando no haya sido concebida como tal. Pero el futuro de este movimiento indígena ya no puede ser pensado, ni debió serlo a lo largo de la vida republicana, autosuficiente y al margen de la lucha política del Perú actual. Requiere integrarse a la lucha general por un nuevo país, a la lucha por el socialismo.
Para hacer frente a la ofensiva represiva del gobierno y toda su perversa campaña que busca desprestigiar al movimiento indígena y a quienes lo apoyamos; para mantener la resistencia indígena y hacer posible la victoria, es urgente:
a) Ampliar más la campaña de denuncia y esclarecimiento contra la estrategia de sangre y demagogia del gobierno, mediante la radio, la TV, los volantes y pronunciamientos, tanto a nivel interno como externo;
b) Desarrollar en el país movilizaciones y paralizaciones debidamente preparadas por las organizaciones populares y políticas que se solidarizan con la lucha de los pueblos indígenas, consolidando la unidad en torno a los frentes de defensa para no dispersar el movimiento;
c) Promover pronunciamientos de solidaridad con el movimiento indígena peruano desde las instituciones y organizaciones del exterior, aprovechando los canales virtuales; al tiempo que es posible la realización de manifestaciones frente a las embajadas peruanas en cada uno de los países;
d) Lanzar la campaña de investigación de los hechos por instituciones internacionales y nacionales que garanticen independencia y seriedad para llegar a la verdad de los hechos y sancionar a los responsables políticos de los asesinatos, evitando que el gobierno monte un aparato que sólo buscará culpar a los indígenas.
Desde un sentido más estratégico, de largo plazo, es tiempo de tomar el problema indígena como parte de la lucha por un nuevo proyecto nacional, por una alternativa de transformación social en el Perú, en la que la Amazonía Peruana, el Ande como riqueza alimentaria y la Costa con su mar, son los escenarios del futuro desarrollo del Perú por los peruanos, escenarios de culturas ricas y diversas sobre cuyos valores podemos hacer florecer la peruanidad, superando nuestra situación de culturas agredidas y despreciadas por el poder de una clase dominante que solamente ve al Perú como despensa para sus estrechos objetivos y los del capitalismo imperialista.
Cuando se observa la lucha indígena, no hay otra conclusión que la de su gran potencialidad para unirse a la clase obrera, a los campesinos, trabajadores de las ciudades, patriotas que buscan forjar un país soberano, y a las fuerzas políticas comprometidas en la lucha por el socialismo en el Perú.
El aislamiento de la lucha indígena, en la Amazonía y en el Ande, no garantiza sino su mayor arrinconamiento. Con el sistema capitalista que hoy domina, no hay ningún “refugio” seguro para las nacionalidades indígenas, como lo demuestra el caso chileno de los mapuches, cercados por las empresas de la madera y las hidroeléctricas. En el caso de la Amazonía peruana el peligro es mayor porque está la depredación del medio ambiente, de la biodiversidad, vía el monocultivo para el etanol y la explotación del petróleo y el gas. Está en peligro la propia vida de los amazónicos.
¡Cuán vigentes están las tesis que sobre la cuestión indígena elaborara José Carlos Mariátegui en la década de los años 20 del siglo pasado!
Iquitos, junio 8 del 2009
Dos meses, desde el 9 de abril, la sacrificada, heroica y legítimamente sustentada huelga indefinida de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Ya no son los caucheros de fines del siglo XIX y primeras dos décadas del siglo XX los que pretenden arrinconar hoy a los ancestrales habitantes de los territorios amazónicos y a los demás pobladores de esta inmensa región peruana que ocupa más del 60% del territorio nacional. Se encuentran ahora los nuevos “promotores de la inversión, del progreso y del desarrollo”, a decir del actual gobernante que, con soberbia de blanco mandón, denomina “incapaces” y “perros del hortelano” a nuestros pueblos originarios y a los campesinos que también habitan esta extensa naturaleza: las grandes empresas petroleras y los futuros empresarios del etanol. Las estadísticas de concesiones para la explotación de petróleo y gas en toda la Amazonía nos señalan que en territorio amazónico peruano llegan al 60%, muy superior al extenso Brasil.
LA JUSTA CAUSA VERSUS LA DEMAGOGIA Y EL AUTORITARISMO BURGUÉS
El desenlace del enfrentamiento no ha concluido. Los gobernantes demuestran, minuto tras minuto, que la razón de los vencedores de la conquista de hace más de 500 años sigue siendo el síndrome colonial que los acosa. Hablan y actúan como epígonos del santificador del genocidio que significó la conquista, Sepúlveda. No aceptan su responsabilidad política y, hasta cierto punto, su lógica de gobernantes a distancia de las transnacionales que les encarga sus intereses, es explicable. Los culpables son los que reclaman derechos. El dirigente Alberto Pizango ordenó a policías usar la brutal balacera que fue respondida por los indígenas. Pizango merece cadena perpetua, según los lacayos de turno. Ni contra Montesinos y Fujimori se pronunciaron con semejante lenguaje de amenazas e improperios, según ellos, para “no politizar el proceso ni interferir con la justicia”. Su lógica se ha puesto hoy al revés, pues se trata de “salvajes”, “primitivos”, etc., etc.
Para entender quién tiene la verdad y quién ha provocado el baño de sangre que hoy consterna a los peruanos y a no pocos habitantes de la tierra, hay que recurrir a la memoria más elemental sobre lo que viene ocurriendo en los años de este nuevo siglo en el Perú acerca de este acontecimiento.
Entre el 2001 y el 2006 gobernó un economista formado en la neoliberal Harvard (USA), Alejandro Toledo, cuya bandera principal en los cinco años de su gobierno fue “TLC sí o sí”, promovido y aprobado sin discusión ni consulta, pues “era la garantía” para el futuro progreso del Perú. Con el cinismo que ha caracterizado a casi la totalidad de nuestros gobernantes, el señor Toledo ha dicho en Canadá, mientras la Universidad de Winnipeg le otorgaba un doctorado Honoris Causa el 4 / 6 / 2009, que no se debe privatizar la Amazonía “sin consultar a las poblaciones aborígenes”. Hoy habla como pretendiente de un nuevo mandato presidencial a partir del 2011. ¿No funge como el “padre” del malhadado TLC con Estados Unidos? (“yo he dejado la mesa servida”, suele decir).
Cuando la campaña electoral para las elecciones del 2006, tanto el candidato nacionalista Ollanta Humala como el candidato aprista Alan García Pérez competían en su posición contra el TLC. García Pérez solía decir en sus discursos que no firmaría el TLC con Estados Unidos. Se autodefinía “antimperialista”, como siempre lo había hecho para las galerías. Sólo pudo ganar la Presidencia frente al nacionalista con todos los votos de la oligarquía neoliberal, que olió bien su tufillo neoliberal de segunda generación, como las reformas neoliberales que hoy desarrolla en alianza con el fujimorismo y demás parlamentarios que representan los intereses empresariales.
Más tardó en juramentar en el cargo que en firmar el TLC promovido por su antecesor Toledo.
Para los fines de vender las “tierras eriazas” y “ociosas” de costa, sierra y selva (Amazonía peruana), escribió un alegato lleno de sofismas, con el título de El síndrome del perro del hortelano, dos largos artículos en un diario que históricamente ha sido siempre el vocero más “ilustrado” e influyente de la oligarquía peruana de toda la etapa republicana que viene desde 1821: El Comercio de Lima. Su tesis principal: quienes se oponen a la venta de las tierras son enemigos del progreso del país, adicionando adjetivos insultantes a los críticos de la engañosa alternativa de la apertura comercial en la línea de la Organización Mundial del Comercio. Hay que vender las tierras a quienes tienen la capacidad de explotar sus recursos. ¿Y quiénes son estos los futuros dueños? Casi en su totalidad, extranjeros. No se requiere haber estudiado en Harvard o en la Sorbona para entrever hacia dónde se nos quiere llevar con los decretos privatizadores.
Inmediatamente, a principios del 2008, usando las facultades extraordinarios que le diera el Parlamento de mayoría aprista-fujimorista más los alfiles que votan con ella, promulgó más de 100 decretos legislativos, entre los cuales están los signados con los números 994, 995, 1015, 1020, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090. Las facultades extraordinarias fueron acordadas para que el Ejecutivo legislara sobre la modernización del Estado y su administración, lo que en lenguaje neoliberal significa simplemente privatización.
Entre enero y marzo del 2008, tanto los pueblos indígenas como las organizaciones populares de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios, regiones íntegramente amazónicas, además de algunos parlamentarios e intelectuales progresistas y fuerzas políticas de izquierda, se pronunciaron por la inconveniencia de los decretos que ordenaban la venta las tierras del Perú, en especial de la Amazonía peruana.
Significativa fue la lucha del Frente Patriótico de Loreto, organización popular que agrupa a las organizaciones sindicales, estudiantiles, magisteriales, campesinas, de barrios, comerciantes de mercados y fuerzas políticas, que convocó a una Consulta Popular realizada el 24 de febrero del 2008, con un resultado de más del 80% contra los decretos y la venta de las tierras amazónicas. Para el gobierno este pronunciamiento democrático no tuvo ningún valor, ni siquiera como una advertencia para el futuro, posición similar al referéndum realizado por los campesinos del Alto Piura contra la presencia de la minera Majaz.
Como el gobierno persistía con sus decretos, la organización indígena AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), presidida por el indígena Alberto Pizango, realizó una huelga que fue suspendida porque el Parlamento se comprometió a revisar y, eventualmente, a derogar los mencionados decretos. Desde agosto del 2008 hasta abril del 2009 los indígenas estuvieron esperando que se cumpliera lo pactado, pero ni el Ejecutivo, ni el Parlamento, ni la Defensoría del Pueblo, mucho menos el Tribunal Constitucional, se interesaron por dar una salida adecuada al problema.
Así llegó el 9 de abril del 2009: el inicio de una nueva huelga indefinida de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con mayor convicción y más convencimiento de que estaban siendo burlados, con mayores acciones de lucha como el bloqueo de carreteras, tomas de puentes y de estaciones del oleoducto del petróleo.
Tanto el Primer Ministro como el Parlamento empezaron aparentemente a dialogar con los dirigentes indígenas, pero el uno y el otro negaba tener atribuciones legales para derogar o revisar los decretos, haciendo ir y venir a los dirigentes sin ningún resultado, maniobra política que en el Perú se denomina “mecer” (ir y venir como el vaivén de una hamaca), decir A cuando en realidad se piensa B. Esto exacerbó más el enfrentamiento hasta el punto que los indígenas empezaron a impedir que los camines con combustible y víveres lleguen a las ciudades. La estrategia que estaba aplicando el gobierno –que sigue aún—es la de prolongar el conflicto hasta desgastar y cansar a los indígenas.
En este punto, el gobierno empezó a demostrar que los decretos son imprescindibles para seguir administrando el Estado, es decir, para cumplir con el TLC, ya que la privatización de la Amazonía es parte de la apertura del mercado que propugna la OMC, aun cuando no se indique con nombre propio.
Su intransigencia le llevó al Presidente García a ordenar el desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el lugar denominado Curva del Diablo el pasado 5 de junio. Pero desde el 5 de mayo, la Marina de Guerra, con sus buques, atacó a los indígenas en el río Napo, bloqueado por estos para impedir el paso de los barcos de la Petrolera de nacionalidad francesa, PERENCO. La Marina de Guerra rompió el bloqueo, hundió las pequeñas embarcaciones (canoas) de los indígenas y facilitó el ingreso de la petrolera transnacional. Era el inicio de la represión brutal, cueste lo que costare, para servir a los grandes inversionistas.
El día 5 de junio, tropa policial de élite, con el apoyo del Ejército, ocupó las colinas que rodeaban la Curva del Diablo, mientras helicópteros derramaban balas desde el aire, produciendo las primeras muertes de indígenas y otros civiles que los apoyaban en esta lucha. Ante este ataque, los indígenas respondieron también con sus escopetas y mataron a policías, secuestrando a dos decenas de ellos. La matanza se produjo tanto en la Curva del Diablo como en otros lugares no identificados. La mayor parte de los policías secuestrados fueron asesinados por los indígenas ante la presencia de tropas del Ejército para rescatarlos y cuando se enterraron que sus hermanos estaban siendo asesinados, según el testimonio de uno de los policías secuestrados que, herido, logró ser rescatado por una patrulla del Ejército.
Es indudable que hay más civiles muertos que policías (un recuento preliminar hasta el día 8 de junio nos dar el resultado de 24 policías muertos y más de cincuenta civiles, entre indígenas y “mestizos”, más un grupo importante de desaparecidos, lo que daría un número de más de 150 indígenas asesinados) Es evidente también que fueron las fuerzas represivas las que iniciaron el ataque con bala. No se ha visto ningún indicio de haber utilizado, como medio de disuasión, gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Más bien hay indicios de cadáveres envueltos en costales tirados al río Marañón, cadáveres quemados así como la prohibición de retirar los cadáveres de numerosos indígenas asesinados. Todos estos hechos son negados por el gobierno, pero así como ocurrió con los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, negados también por el gobierno de Alberto Fujimori, se logrará saber con las investigaciones que deben realizarse. No debemos olvidar que la política de ocultar crímenes fue uno de los hechos más bochornosos del primer gobierno de Alan García, cuando éste ordenó intervenir en uno de los penales donde estaban recluidos los acusados de “terrorismo”, en 1988.
LA DEMAGOGIA Y EL CINISMO PRETENDE LIMPIAR LA SANGRE DE LAS MANOS
El comportamiento del gobierno revela que su decisión es de no dar paso a ningún arreglo pacífico, pese a que hasta los obispos católicos se han pronunciado en defensa de este tipo de arreglo, otorgando la razón a los indígenas. Inclusive hay periodistas de opinión que no están de acuerdo con los indígenas pero exigen al gobierno una apertura de diálogo. El gobierno, más bien, ha procedido a ordenar la captura de Alberto Pizango, a quien culpa de los asesinatos, cuando este dirigente ha estado todo este tiempo en Lima, hasta el mismo viernes 5 de este mes. La Ministra del Interior ha llegado a comparar el caso de Fujimori con el de Alberto Pizango, contra quien también, según ella, se puede proceder con el postulado penal de la autoría mediata por “ejercer poder” sobre los indígenas.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Javier Villa Stein, denunció que el Poder Ejecutivo presionó a la jueza para ordenar la captura de Pizango. Esta patraña judicial es muy común en el Perú. Quien escribe este texto, fue denunciado como autor de supuestos desmanes contra la propiedad pública y privada durante la huelga magisterial de 1991. Los dirigentes magisteriales de la provincia de Datem del Marañón, que dirigían la lucha de ese pueblo exigiendo que se le reconozca como Provincia, fueron procesados penalmente por el asesinato de un joven manifestante, abaleado por la policía desde un helicóptero. El propio Mario Vargas Llosa, como comisionado para una investigación por el asesinato masivo de un grupo de periodistas en la comunidad de Uchuraccay, en Ayacucho, en los años 80, concluyó con la “brillante” tesis de que no había sido el Ejercito sino los comuneros que, “por su ignorancia”, habían confundido a los periodistas con senderistas y las cámaras fotográficas con fusiles o ametralladoras. La tesis de la “ignorancia”, aplicada a las nacionalidades andino-amazónicas, sirve para encubrir crímenes y lavar las manos manchadas de sangre de ciertos gobernantes.
Cuando escuchamos y vemos los rostros de los principales gobernantes apristas, no podemos menos que horrorizarnos frente a sus evidentes expresiones de odio, racismo y discriminación ante los indígenas. Nos referimos al propio Presidente de la República y sus peroratas llenas de sofismas; al Presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, cuya ignorancia se ve de inmediato cuando quiere hablar de algo importante; al vocero parlamentario del gobierno, Aurelio Pastor, una persona que tiene problemas para razonar desde el punto de vista de lo legal; a la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, de clara orientación fundamentalista que denota su afinidad con el OPUSDEI; la Ministra el Interior, Mercedes Cabanillas Bustamnate, que con su rostro compungido lanza insultos contra los indígenas “asesinos”; y el Primer Ministro, ex izquierdista Yehude Simon Munaro, alineado con los inversionistas transnacionales y urgido de popularidad para tentar la Presidencia de la República el 2011, sirviendo de instrumento de las estrategia del “cansancio” para derrotar a los indígenas.
Para los gobernantes mencionados, los héroes de la democracia y de la patria son los policías muertos en los enfrentamientos con los indígenas, los que no provocaron, los que buscaron el “diálogo”, como si ellos serían los políticos para dialogar con los dirigentes en lucha; en fin, los policías son los únicos que merecen un entierro con todos los honores. En cambio, los indígenas muertos no son mencionados ni como muertos porque son los “subversivos”, los “terroristas”, los que “han preparado un complot contra el Perú” con apoyo extranjero, los que son, como dice Galeano, los nadies por que no tienen nada; por tanto, son los que no merecen ni siquiera ser enterrados por sus familiares. El odio de clase expresado en racismo y discriminación.
¿QUÉ HACER?
¿Qué podemos esperar hacia adelante? No es fácil prever. Pero hay algunos elementos que se pueden mencionar:
Primero, un movimiento indígena que no ha bajado la lucha, frente a un gobierno que está dispuesto a no ceder, salvo que se dé una presión muy fuerte tanto interna como desde los organismos internacionales de derechos humanos, que permita derrotar la campaña de encubrimiento que está desarrollando el gobierno. Hay más de 50 mil indígenas en el movimiento activo;
Segundo, el gobierno sigue enviando tropas a las zonas convulsionadas para “liberar” carreteras tomadas, lo que puede derivar en nuevos enfrentamientos sangrientos, mientras que, a nivel político, ha ideado una táctica de encubrimiento a través de una “comisión de diálogo” con “personas de prestigio”, como acaban de anunciar dos ministras de Estado. Esta propuesta, de prosperar, no servirá más que para evadir sus responsabilidades políticas.
Tercero, las organizaciones que apoyan el movimiento indígena han programado acciones de lucha: movilizaciones y paros regionales de uno o dos días. Hay una profusa circulación cibernética de correos, blogs y otros artefactos virtuales desenmascarando al gobierno. Éste se está quedando solo, apoyado en las armas y por sus aliados fujimoristas y afines.
Cuarto, la Defensoría del Pueblo ha propuesto la apertura de un nuevo diálogo con los nuevos dirigentes indígenas que están sustituyendo a Pizango, en vista de que éste se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua en Lima. El gobierno insulta a Pizango de “cobarde” porque no acepta la orden de captura, pero no califica así a tres ex ministros de Sánchez de Lozada procesados en su país por la matanza de ciudadanos bolivianos y hoy con asilo político otorgado por el gobierno peruano.
De mantener el gobierno aprista la estrategia del enfrentamiento armado, puede derrotar a un movimiento indígena poco integrado al movimiento obrero y popular del Perú que no tiene, por lo demás, mucha fuerza para grandes acciones como las que requiere la defensa de la Amazonía, lo que no significa que una eventual derrota significaría la culminación de la resistencia indígena con una futura alianza popular más sólida y de mayor alcance político.
La lucha contra el neoliberalismo tiene, en el movimiento indígena actual del Perú, una confrontación importante, aun cuando no haya sido concebida como tal. Pero el futuro de este movimiento indígena ya no puede ser pensado, ni debió serlo a lo largo de la vida republicana, autosuficiente y al margen de la lucha política del Perú actual. Requiere integrarse a la lucha general por un nuevo país, a la lucha por el socialismo.
Para hacer frente a la ofensiva represiva del gobierno y toda su perversa campaña que busca desprestigiar al movimiento indígena y a quienes lo apoyamos; para mantener la resistencia indígena y hacer posible la victoria, es urgente:
a) Ampliar más la campaña de denuncia y esclarecimiento contra la estrategia de sangre y demagogia del gobierno, mediante la radio, la TV, los volantes y pronunciamientos, tanto a nivel interno como externo;
b) Desarrollar en el país movilizaciones y paralizaciones debidamente preparadas por las organizaciones populares y políticas que se solidarizan con la lucha de los pueblos indígenas, consolidando la unidad en torno a los frentes de defensa para no dispersar el movimiento;
c) Promover pronunciamientos de solidaridad con el movimiento indígena peruano desde las instituciones y organizaciones del exterior, aprovechando los canales virtuales; al tiempo que es posible la realización de manifestaciones frente a las embajadas peruanas en cada uno de los países;
d) Lanzar la campaña de investigación de los hechos por instituciones internacionales y nacionales que garanticen independencia y seriedad para llegar a la verdad de los hechos y sancionar a los responsables políticos de los asesinatos, evitando que el gobierno monte un aparato que sólo buscará culpar a los indígenas.
Desde un sentido más estratégico, de largo plazo, es tiempo de tomar el problema indígena como parte de la lucha por un nuevo proyecto nacional, por una alternativa de transformación social en el Perú, en la que la Amazonía Peruana, el Ande como riqueza alimentaria y la Costa con su mar, son los escenarios del futuro desarrollo del Perú por los peruanos, escenarios de culturas ricas y diversas sobre cuyos valores podemos hacer florecer la peruanidad, superando nuestra situación de culturas agredidas y despreciadas por el poder de una clase dominante que solamente ve al Perú como despensa para sus estrechos objetivos y los del capitalismo imperialista.
Cuando se observa la lucha indígena, no hay otra conclusión que la de su gran potencialidad para unirse a la clase obrera, a los campesinos, trabajadores de las ciudades, patriotas que buscan forjar un país soberano, y a las fuerzas políticas comprometidas en la lucha por el socialismo en el Perú.
El aislamiento de la lucha indígena, en la Amazonía y en el Ande, no garantiza sino su mayor arrinconamiento. Con el sistema capitalista que hoy domina, no hay ningún “refugio” seguro para las nacionalidades indígenas, como lo demuestra el caso chileno de los mapuches, cercados por las empresas de la madera y las hidroeléctricas. En el caso de la Amazonía peruana el peligro es mayor porque está la depredación del medio ambiente, de la biodiversidad, vía el monocultivo para el etanol y la explotación del petróleo y el gas. Está en peligro la propia vida de los amazónicos.
¡Cuán vigentes están las tesis que sobre la cuestión indígena elaborara José Carlos Mariátegui en la década de los años 20 del siglo pasado!
Iquitos, junio 8 del 2009
