De: ALFONSO CALDERON OTOYA saratoga_1915@hotmail.com
García al banquillo por Rodrigo Franco
En graves problemas por Comando Rodrigo Franco.
El jurista Carlos Rivera y el abogado de las víctimas del Comando Rodrigo Franco, Francisco Soberón, coincidieron en indicar que Alan García debería responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese grupo paramilitar, que ahora afronta una acusación fiscal por el secuestro y asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.
"Jurista Carlos Rivera y activista de derechos humanos Francisco Soberón indicaron que expresidente tendrá que responder por crímenes en su primer gobierno. "Rivera saludó que el fiscal superior Luis Landa Burgos acusara al ministro del Interior del primer gobierno aprista de Alan García, Agustín Mantilla, por ser el presunto autor mediato del secuestro y asesinato de Cantoral Huamaní y García Santa Cruz por el Comando Rodrigo Franco.
La Fiscalía solicitó para Mantilla una pena de 25 años de prisión y el pago de 200 mil soles de reparación civil. Esa misma condena ha exigido el fiscal Landa para los presuntos integrantes del grupo paramilitar: Jesús Miguel Ríos Sáenz, "Chito Ríos", Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yácila, Óscar Urbina Sandoval, Gino Fiori Gonzales, Juan Pampa Quilla y Walter Lauri Morales.
"La acusación fiscal es un hecho importante, porque el Ministerio Público ha cumplido con terminar esa primera etapa de la instrucción. La acusación está bien formulada porque comprende varios hechos delictivos que además son calificados como delitos de lesa humanidad", remarcó Rivera.
Precisó que el delito de lesa humanidad se encuentra dentro de la fundamentación de la acusación. "La obligación que tiene la Fiscalía es de imputar hechos delictivos de acuerdo a la ley penal nacional", dijo.
"Adicionalmente, la acusación califica como crímenes de lesa humanidad por el hecho de que son crímenes sistemáticos a partir de políticas de Estado que en ese momento se implementaban, por lo tanto, desde ese punto de vista, es correcta la fundamentación", subrayó.
El abogado del Instituto de Defensa Legal sostuvo que la acusación plantea hechos cometidos a partir de decisiones políticas por Agustín Mantilla en su condición de viceministro del Interior y luego titular del Interior. "Estamos hablando de hechos ocurridos en los años 1988 y 1989 y se debe sospechar que Alan García debía de estar informado", sostuvo.
Rivera dijo desconocer porqué la Fiscalía no ha considerado como autor mediato de esos crímenes a Alan García en su acusación. "Alan García debería estar citado por lo menos como testigo. La Fiscalía tendría que explicar porqué el expresidente no ha sido considerado como autor mediato si se sospecha que autorizó esos hechos, manifestó.
"Yo creo que durante el proceso del testimonio de los acusados, la Fiscalía va a proponer como testigo a Alan García. Si el tribunal observa que el exmandatario tiene alguna responsabilidad penal, tiene la obligación de enviar copias del expediente al Ministerio Público, para se le habrá una investigación en calidad de autor del hecho", indicó.
Llamil Vásquez
Redacción
INFORME EEUU REVELA RELACIÓN DE EX MINISTRO APRISTA
MANTILLA CON PARAMILITARES
Agustín Mantilla señalado en el informe de inteligencia como el que alistó el contingente paramilitar.
Para tener en cuenta
"A Alan García le fue enviado el documento y se le pidió que ofreciera un comentario, pero se negó a responder".
"Mantilla supervisó una fuerza secreta de la policía, aprovisionada con armas del Ministerio de Interior".
"Exactamente no está claro quiénes dentro de las fuerzas armadas saben sobre el grupo de los paramilitares".
"Exactamente no está claro quiénes dentro de las fuerzas armadas saben sobre el grupo de los paramilitares".
"Este material parece un maremoto. La mitad no hemos leído porque estábamos ocupados con otras cosas".
DOCUMENTO FUE HALLADO EN BIBLIOTECA DE RONALD REAGAN •
Reporte de inteligencia señala que organización era dirigida desde el Ministerio del Interior.
• Según funcionarios diplomáticos, informe fue preparado por la CIA o el Departamento de Estado.
Lucy Komisar (*)
Un documento clasificado del gobierno de Estados Unidos encontrado en la biblioteca presidencial de Ronald Reagan, y desclasificado por esta reportera, señala que en 1987, cuando Alan García era presidente del Perú, el APRA y altos funcionarios del gobierno estaban detrás de una organización paramilitar secreta. El reporte de inteligencia desclasificado señala que el grupo es responsable del atentado con bomba contra El Diario, vinculado a Sendero Luminoso. Dice también que envió personas a entrenarse a Corea del Norte.
A Alan García le fue enviado el documento y se le pidió que ofreciera un comentario, pero se negó a responder.
En su momento, organizaciones de derechos humanos criticaron duramente a Alan García por no ejercer control sobre las Fuerzas Armadas, que fueron acusadas de violaciones de los derechos humanos en su lucha contra Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta.
Por ejemplo, en diciembre de 1987, un informe del grupo estadounidense Human Rights Watch decía que el gobierno de García ejercía "una débil influencia sobre el control de sus fuerzas de seguridad", y advertía que un ejército más libre del control civil cometería más asesinatos impunemente.
En los archivos de la NSC
El informe de inteligencia fue escrito a partir de una relación de hechos, no como especulación. Aparece en los archivos del Consejo Nacional de Seguridad (NSC, en inglés), que asesora al presidente estadounidense sobre política exterior. El presidente en ese momento era Ronald Reagan.
Una referencia al documento de inteligencia fue encontrado por esta reportera a mediados de los 90 mientras investigaba en la biblioteca presidencial de Ronald Reagan, ubicada en Simi Valley, California. Una primera solicitud para desclasificar el informe fue desestimada. Más de seis años después, el documento fue entregado.
El informe no estaba entre los documentos desclasificados que el gobierno de Bush proporcionó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en 2002.
El documento no señala quién lo autorizó o cómo fue obtenida la información sobre el grupo paramilitar que funcionó en el gobierno de Alan García. Se titula "Página 3" y aparece como parte de un gran informe de la región. Pero cuatro funcionarios que ocupaban altas posiciones en ese momento en la sección de América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, o en la embajada de EEUU en Lima, dijeron que la forma y el estilo del documento indicaban que fue preparado o por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o por la agencia de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado.
Todos pidieron el anonimato, como parte de la tradición de la discreción diplomática.
Entre las afirmaciones que contiene el informe de inteligencia, se incluye:
• "El partido gobernante del Perú, APRA, está patrocinando grupos secretos paramilitares".
• "La administración de García gestiona una organización paramilitar secreta o quizás varias".
• "El APRA tiene una rama con el nombre secreto de COSEPAP (Comando de Seguridad e Inteligencia), que se encuentra tan compartimentizado que muchos funcionarios del APRA no saben de su existencia".
• COSEPAP, "según informes, estuvo de acuerdo en enviar a, mil de sus miembros a Corea del Norte para entrenar a sus miembros en 1989, y aún 300 de ellos ya han estado allí".
• "Colaboradores cercanos al presidente García, como Armando Villanueva y Alberto Kitaso-no, secretario de organización del APRA, dirigen aparentemente el COSEPAP".
• "Actuando según las instrucciones de García para vengarse por el asesinato el dos de octubre de un lider del APRA, COSEPAP atentó sin éxito contra un periódico pro Sendero Luminoso".
• "El viceministro del Interior de García, Agustín Mantilla, supervisó una fuerza secreta de la policía que es aprovisionada con armas del Ministerio de Interior".
Bajo un párrafo titulado "Informes y ejecuciones", el documento indica que "Mantilla cree que el Apra necesita capacidad para eliminar terroristas debido a la tendencia del sistema judicial a ponerlos en libertad y el desinterés de la policía para matar a los militantes capturados de Sendero Luminoso".
Las últimas cuatro líneas del párrafo están todavía clasificadas y censuradas.
Pérdida de moral
"Exactamente no está claro quiénes dentro de las fuerzas armadas saben sobre el grupo de los paramilitares", dice el informe. Pero el autor señala que "el viceministro de Interior (Mantilla) reclama que Inteligencia del Ejército cooperara con la organización antiterrorista, al mismo tiempo que la Marina la investigaba".
La evaluación final del informe era que las acciones de vigilancia de Alan García debilitarían su prestigio con el Ejército y la oposición política.
El informe añade, refiriéndose a las críticas de los grupos de derechos humanos, que "los jefes militares probablemente están encantados por la pérdida de moral de García, que disminuía la presión sobre ellos para que detuvieran los abusos contra los derechos humanos. Pero estos perpetuos conspiradores de golpes de Estado en las Fuerzas Armadas apoyan a los grupos paramilitares del APRA, y podrían ser usados para ensayar un atentado contra el régimen".
"Una periferia"
Alguien que lee el informe se preguntaría por qué la administración Reagan aparentemente no tomó medidas en el momento para expresar su desacuerdo con la política de García.
Uno de los antiguos oficiales de la NSC consultados dijo: "Nosotros no estábamos siguiendo al Perú de muy cerca en aquellos días. Perú era una especie de periferia. El informe estaba dentro de los archivos del NSC. Todo este material parece un maremoto, cuya mitad no hemos leído porque estábamos muy ocupados con otras cosas".
La embajada de Estados Unidos en ese momento estaba además enviando telegramas a Washington sobre los grupos paramilitares. Muchos fueron suministrados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y aparecieron en la página de internet del Archivo de Seguridad Nacional, en Washington. Estos telegramas, a diferencia del documento del NSC, usaban palabras como "rumores" y "sospechas" para describir los vínculos de García con grupos paramilitares.
Los grupos de derechos humanos norteamericanos protestaban en ese tiempo contra la administración Reagan por no condenar los abusos de las Fuerzas Armadas peruanas. No hay indicios de que los funcionarios de Reagan expresaran objeción a García por las relaciones de su gobierno con los grupos paramilitares.
(*) Lucy Komisar es una periodista de Nueva York. Sus artículos han aparecido en el New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Miami Herald, Wall Street Journal.
Watson: No hay duda de que había paramilitares
El entonces embajador estadounidense en el Perú, y actual consultor internacional, Alexander F. Watson, comentó algunas de las afirmaciones del informe. Dijo: "No hay duda de que el APRA tenía organizaciones paramilitares. No hay duda de que Agustín Mantilla estaba involucrado con la actividad de estos". Sin embargo, afirmó que a pesar de que la embajada había recibido información de la CIA, la sección política de la embajada no lo incluyó en sus telegramas porque era una información que no había sido obtenida por sus propias fuentes. Watson sabía que el Departamento de Estado estaba obteniendo los informes directamente de la CIA.
Coletta A. Younger, del Washington Office of Latin America, que cooperaba con Perú en ese momento, dijo: "La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estaba documentando desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que ocurrían con frecuencia".
El Consejo Nacional de Seguridad recibía copias de este tipo de documentos (como el informe) y por eso aparecen en sus archivos.
