PRONUNCIAMIENTO Al caballazo, sin tomar en cuenta la opinión en contra de los pobladores locales y trabajadores portuarios, ni los cuestionamientos que se han venido haciendo desde diversos sectores, el gobierno acaba de entregar al capital privado extranjero el puerto de Paita, en un contrato no solo inconstitucional, antitécnico, económicamente desventajoso para el país, sino también que lesiona la soberanía nacional. Los puertos son factores estratégicos para el desarrollo nacional, de importancia tanto comercial, como para la defensa, y por tanto deben ser potenciados, modernizados, articulados en un proyecto nacional, como política de Estado. La importancia de los puertos costeros crece en el presente cuando la economía y el comercio mundiales se han centrado en la cuenca del Pacífico con el despegue de las economías asiáticas. No es un secreto la disputa histórica de Perú y Chile por la supremacía en esta parte del Pacífico. Pero mientras Chile lo encaró en base a un proyecto de largo alcance, en nuestro caso primó la irresponsabilidad, la improvisación, y como en el presente, el desdén por garantizar los intereses nacionales. Para consumar el entreguismo a la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita SA, el gobierno ha acelerado un proceso lleno de irregularidades, como la promulgación del DS 181-2009-EF mediante el cual el Estado le otorga garantías al consorcio, sustrayéndolo de la fiscalización de los organismos competentes y evitar el control público, obligatorio en estos casos; dar la buena pro al consorcio, una de cuyas empresas tiene deudas y conflictos judiciales con ENAPU; calificar como "nueva" una infraestructura construida durante los últimos 40 años para justificar su privatización; distribución asimétrica de los ingresos netos al acordar solo el 2% para el Estado peruano y el 98% para la empresa privada; otorgarle la ventaja al consorcio de fijar un Ingreso Mínimo Anual Garantizado, mediante el cual el Estado peruano deberá completar la diferencia si las utilidades de la empresa no alcanzan ese mínimo; imponer el monopolio privado en la infraestructura pública y permitir la elevación unilateral de tarifas por los servicios especiales en perjuicio de las exportaciones de los productores peruanos; violar la soberanía marítima al permitir que el concesionario pueda hipotecar o subastar a terceros derechos de soberanía portuaria pública sin que el Estado pueda reclamar al someterse incondicionalmente al arbitraje de un organismo supranacional; ocultar el hecho que detrás del consorcio están los capitales chilenos, lo que representa poner en situación de vulnerabilidad al país en vista a los conflictos históricos no resueltos con el país del Sur. Tales son solo parte de las muchas irregularidades en que se ha incurrido para privatizar el puerto de Paita. Como ha ocurrido en otras ocasiones similares, a la vocación entreguista del gobierno y la derecha neoliberal se suman sin duda actos dolosos y corruptos de funcionarios de alto rango. El país debe rechazar este vergonzoso contrato, exigir su nulidad inmediata y que se investigue los indicios de corrupción y se sancione a los responsables. El ejemplo de las federaciones de trabajadores, estibadores, transportistas y agencias de aduanas que han anunciado medidas de lucha para salir en defensa del patrimonio nacional debe ser respaldado y seguido por todos los sectores que aspiramos a una patria digna y soberana. No más privatizaciones que comprometen los intereses nacionales, defendamos los puertos, defendamos al Perú de la voracidad de las transnacionales y la complicidad de la derecha vende patria.¡Otro Perú es posible, el pueblo unido, organizado y dispuesto a la lucha puede conquistarlo!
Perú, 16 de setiembre del 2009
Buró Político del Comité Central |
¡UNIDAD PARA LUCHAR,UNIDAD PARA VENCER!
Estimados maestros y maestras:
Estamos atravesando circunstancias difíciles para el magisterio y la educación pública. El mensaje presidencial por fiestas patrias ha hecho más evidente el abandono, por parte de Ollanta, de sus compromisos electorales y la continuidad del modelo neoliberal.
Lejos de cumplir con lo ofrecido al magisterio y lo avanzado en la mesa de diálogo, respecto del urgente incremento de remuneraciones y pensiones, así como el pago de la deuda histórica, lo que tenemos es una propuesta de una "Ley de Desarrollo Docente" que, por presión de los defensores de la mal llamada Ley de CPM, hasta le han cambiado de nombre y, hasta donde se conoce por la versión no oficial que está circulando, en el marco del ahorro fiscal que exige el Ministerio de Economía, por orden del FMI, pretende anular los más importantes beneficios económicos y hasta rebajar los niveles alcanzados por los maestros comprendidos en la Ley 24029 – 25212.
Sin embargo, el SUTEP cuenta con el Anteproyecto de Ley del Profesorado, que luego de ser aprobado en dos convenciones nacionales sucesivas y de una amplia difusión, ha sido presentado al Congreso de la República por intermedio del Colegio de Profesores del Perú. Tal como lo ha aprobado la V Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, del 02 de agosto, exigimos el más amplio debate de ambas propuestas con la participación de los directamente involucrados como somos los maestros.
Entre otras cosas, debemos exigir:
1) Aumento para todos los maestros (desde el piso salarial) y proporcionalmente a los niveles. ¡No a la rebaja de los sueldos!
2) Respeto a los niveles alcanzados en las respectivas leyes (24029 y 29062) no a las "reubicaciones" arbitrarias y sin criterio pedagógico. ¡No a la rebaja de niveles!
3) Carrera de 5 niveles y desarrollo meritocrático (por evaluación) para los ascensos.
4) Evaluación que incida principalmente en el desempeño en el aula o la función que se ejerza.
5) Respeto a todas las bonificaciones y asignaciones conquistadas.
6) Respeto de la estabilidad laboral.
7) Desarrollo magisterial con equidad, no a la condena del 70% de maestros a una "carrera" de dos niveles (29062).
Lamentablemente en esta lucha tenemos dos distractivos: por un lado los defensores de la mal llamada Ley de CPM de Chang y García, que plantean no tocar ese engendro y "ni un sol de aumento si no es previa evaluación"; y, por otro lado el anarquismo divisionista que le hace el juego a los enemigos del magisterio y que tras el objetivo de legitimar al movadef de sendero luminoso, para buscar la amnistía de Fujimori, Montesinos y Abimael Guzmán, han promovido una huelga de una minoría del magisterio del sur del país, generando ante la opinión pública la imagen de un sindicato dividido, que sólo favorece a los implementadores de la reforma educativa neoliberal, privatista y antimagisterial. No es la primera vez que lo hacen: en el 2003, con su accionar divisionista, dieron motivo para la declaratoria del estado de emergencia y la posterior aprobación de la Ley General de Educación 28044 que da inicio a la "evaluación para la permanencia"; en el 2007, igualmente promovieron una huelga divisionista que permitió la dación de la Ley 29062 mal llamada de CPM de Chang.
Hoy requerimos de la más amplia unidad para enfrentar esta situación. Además del amplio debate para el que debemos estar preparados, en base a nuestra propuesta, necesitamos estar mentalizados para las más diversas acciones de masas que debemos implementar en el momento oportuno, sobre todo cuando se inicie el debate en el Congreso, incluida la huelga. Participemos activamente en las reuniones de estudio y debate de la Ley el 10 de agosto y garanticemos la presencia de nuestros delegados en la Convención Nacional Extraordinaria del 18 de agosto. Pongamos en tensión todas nuestras fuerzas.
Rene Ramírez Puerta
Secretario General SUTEP