BAJO EL FUEGO DE LA CRISIS Y DE LA POLÍTICA IMPERIAL -

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: Al terminar el primer semestre de 2009, América Latina se encuentra remecida por la tensa lucha entre las fuerzas que pugnan por mantenerla en la noche de la dominación y la explotación y aquellas que, por múltiples caminos convergen en ir gestando las bases de un nuevo amanecer. Dos factores han operado particularmente como trasfondo de esta lucha en este período. Por un lado, la crisis económica mundial, que superado el riesgo de transformarse en una Gran Depresión, mantiene latentes sus riesgos y fragilidades. Por otro, los ajustes y adecuaciones que está tomando la política exterior de los EE UU hacia América Latina a partir de la nueva administració n de Barack Obama. I La crisis económica mundial Las cifras que dan cuenta de la marcha del capitalismo internacional y de las mayores economías del mundo son ampliamente negativas. Al terminar el primer semestre, los pronósticos del FMI para 2009 son de una caída del PIB mundial de un -1,4%, después de más de 60 años de crecimiento. La recesión más profunda se anuncia para México, Rusia, Alemania y Japón, con caídas entre -7,3% y -6,0%. EE UU caería un -2,6%, mientras América Latina, según CEPAL, lo haría en un -1,9%. Una recesión profunda y sincronizada. Las autoridades políticas y económicas del centro del capitalismo mundial permanecen absortos en revertir la crisis económica y financiera en sus componentes cíclicos; sin capacidad siquiera de atender a sus factores estructurales. Es decir, siguen centrados en minimizar la pérdida de los grandes banqueros privados y en devolverles liquidez y solvencia a costa del dinero de los contribuyentes. Y aspiran, a mediano plazo, a la recuperación de una demanda efectiva, que vuelva a dinamizar la producción y el intercambio en el marco básicamente intangible del capitalismo internacional. Con esta misma mirada miope, se animan ya a pronosticar el término de la recesión en el segundo semestre de 2009, confundiendo un rebote casi "estadístico" con una recuperación y salida efectiva de la crisis. Enormes y masivas intervenciones fiscales y monetarias han logrado disminuir el ritmo de caída de las economías "desarrolladas", en particular en EE.UU., pero las medidas tomadas en muchos casos están acrecentando gravemente el endeudamiento público y los déficit fiscales . Como consecuencia, el conjunto de las medidas adoptadas, más allá de sus efectos temporales de alivio parcial, podría estar sembrando una recaída más profunda en el futuro mediato (luego del segundo semestre de 2010). El comercio mundial ha colapsado y se proyecta una reducción del 12 al 13% en 2009; una caída aún mayor – de hasta un 50% registrarán las inversiones extranjeras directas, mientras una parte de los enormes estímulos crediticios del capitalismo central parece estarse canalizando a nuevas burbujas especulativas en las bolsas de valores lo mismo que a la demanda de petróleo y de metales, como el cobre, que han visto repuntar sus índices y sus precios en este semestre. Al margen de lo cual, la caída de la inflación y aún la deflación impera en la mayoría de los mercados, a pesar de que las tasas de interés han sido llevadas a sus pisos históricos. En el plano de la economía real, sin embargo, no se avizora aún luz al final del túnel. Las pérdidas de la banca internacional y de las grandes empresas transnacionales continúan revelándose -aunque parte de ellas sigue oculta-; los procesos de ajuste, con anuncios de masivos despidos de personal, no dan tregua. El desempleo podría crecer entre 30 y 59 millones más, a nivel mundial, según la OIT. Tanto en EE UU como en América Latina la tasa ya supera el 9% y el "peak" de la desocupación se prevé para mediados o fines de 2010. Caen los salarios y el consumo de las familias trabajadoras. En este contexto, cualquier recuperación es por definición sumamente precaria. El decisivo tema de una reforma del sistema monetario internacional sigue postergado. Mientras el dólar perdure como moneda hegemónica de reserva, EE UU tendrá en su emisión ilimitada una fórmula barata para resolver sus problemas, que pone al mundo en una tensión cada vez más peligrosa frente a la eventualidad de su brusca o sostenida devaluación. Devaluaciones competitivas de otras monedas pueden dar lugar a conatos de guerras monetarias y comerciales. Y a que persista una fuerte volatilidad cambiaria. La reunión del G-20 en abril tuvo un forzado consenso, de impacto poco trascendente. EE UU impuso un mayor estímulo fiscal y crediticio –a través principalmente de un recapitalizado FMI-, mientras Francia y Alemania ponían el acento en un conjunto de medidas y criterios para fortalecer la regulación y supervisión del sistema financiero -como el fin del secreto bancario-, sin que se concretase siquiera una reforma del FMI ó del Banco Mundial. Se limitaron a crear un Consejo de Estabilidad Financiera, con funciones de supervisión, que operará en forma anexa al FMI. La conferencia de la ONU sobre la crisis económica y financiera, realizada a fines de junio, sirvió para abrir un espacio alternativo y de universal acceso –el G-192- desde el que debatir los lineamientos de la acción internacional concertada para hacer frente a la crisis; en el que al menos resonaron más ampliamente las voces de los países del Sur. La presión de los países del Norte, sin embargo, logró eliminar la mayoría de las recomendaciones del informe Stiglitz del proyecto de declaración final. China y Rusia han reiterado su proposición de que los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI reemplacen al dólar como moneda de reserva mundial. El proceso para esto se presenta complejo. El FMI tendría que asumir como formador de un mercado de compra-venta de DEG y actuar como emisor de ellos, por acuerdo de sus miembros. Avanzando a convertirse a una suerte de Banco Central Mundial. Obviamente, se requiere que se verifique antes una profunda redistribució n del poder de voto en su interior, que refleje el cambio que se ha dado en la economía mundial, en la que las economías emergentes –sobretodo asiáticas- concentran la mayoría de las reservas internacionales . Y que EE UU pierda el poder de veto del que goza en el FMI. En lo inmediato, los países que cuestionan la hegemonía del dólar están adoptando diversas medidas. Dentro de ello, acuerdos para no usar la moneda estadounidense en el intercambio comercial bilateral, creación de monedas regionales, operaciones tipo "swaps" y medidas de creación o fortalecimiento de bancos regionales de desarrollo, no supeditados a las potencias que controlan el FMI. II La política exterior de EE UU hacia América Latina en tiempos de Obama La tendencia al continuado debilitamiento de la hegemonía de EE UU y de sus aliados en la región latinoamericana y caribeña, prevaleció hasta el término del mandato de George W. Bush, más allá de su intenso activismo político, económico y militar orientado a contener y revertir la influencia creciente de las corrientes sociales y fuerzas políticas regionales y nacionales con que se enfrenta en el continente. Poner freno a ese proceso, revitalizando el liderazgo de los EE UU, es el desafío que se planteó Barack Obama, desde antes de su nominación como presidente. Para ello, ha optado por profundizar, actualizar y ampliar una estrategia que ya venía siendo aplicada por sus predecesores, Bush y Clinton; retocándola formalmente con un nuevo discurso y gestos menores, que llamaron inicialmente a confusión –y a vanas esperanzas- en amplios sectores políticos y sociales latinoamericanos. La expectativa de un nuevo enfoque, que dejara atrás el intervencionismo político y militar del país del norte en la región, se ha esfumado al término de un semestre. Desde el punto de vista de sus componentes, político-diplomá ticos, económicos y militares, la versión Obama de la estrategia estadounidense contempla un refuerzo de los instrumentos de la diplomacia y del "soft power" , al mismo tiempo que aumentan los recursos y el despliegue de iniciativas militares y de seguridad a cargo de los Comandos Norte y Sur del Ejército de los EE UU. El componente comercial –de los TLCs- se está viendo acotado y hasta parcialmente desconocido por el nuevo gobierno estadounidense, que ha puesto en aplicación numerosas medidas proteccionistas, en el contexto de la crisis económica y financiera. Por toda compensación, Obama ha anunciado un monto mayor para asistencia inmediata y de créditos a las "poblaciones más vulnerables" de la región a través del BID. La política imperial para la región, bajo Obama, da cuenta del avance que ha ido logrando el bloque de fuerzas bolivarianas y se propone como cuestión prioritaria e inmediata, aislarlo y hacerlo retroceder . Maniobra, para ello, buscando establecer una alianza con el bloque de fuerzas y gobiernos socialdemócratas –en particular, con Lula del Brasil y Bachelet, de Chile- y reforzar su posicionamiento en el bloque de países liderados por gobiernos títeres –México, Colombia, Panamá, Perú-. Con el objetivo de desbaratar el curso de soberanía que ha empezado a tomar el proceso de integración regional en el plano geopolítico, luego de las Cumbres de América Latina y el Caribe y del Grupo de Río, en Bahía 2008, EE UU se propone introducir una cuña entre las fuerzas bolivarianas y las de corte socialdemócrata, cuya convergencia ha sido fundamental para el avance que se ha ido logrando. Para tales efectos, la imagen y el discurso "progresista" del que se reviste Barack Obama les resulta de suma utilidad, por la audiencia que despierta en las fuerzas socialdemócratas. En esta dirección y conciente de la necesidad de revitalizar plataformas políticas desde las que proyectar su estrategia y su maniobra, Obama concurrió al financiamiento primero, en marzo 2009, de una Cumbre de Líderes Progresistas, para ir ambientando su acercamiento al bloque socialdemócrata de la región. A la cumbre asistió su vicepresidente, Joe Biden y se invitó a los jefes de estado de Brasil, Uruguay, Argentina, junto a líderes del mismo signo y aliados de Europa –Reino Unido, España, Noruega- además del país anfitrión. Vino luego, en abril, la V Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, con la que Obama se propuso relanzar este espacio –paralizado luego de la "muerte" del proyecto del ALCA en noviembre 2005-. Convocada bajo nuevas consignas -la promoción de la prosperidad humana, la seguridad energética, la seguridad pública y la sostenibilidad ambiental- la reunión concluyó sin que se alcanzase un consenso para firmar la Declaración preparada previamente, por incluir compromisos que fueron cuestionados desde sus inicios por los países integrantes del ALBA. Sin aceptar el levantamiento del embargo hacia Cuba que le planteó una mayoría de los asistentes a esa cumbre, Obama salió relativamente bien librado del evento, al que asistió luego de ordenar la relajación de restricciones sobre los viajes a la isla caribeña y de las remesas para los cubano-estadouniden ses. Gestos y discurso parcialmente autocrítico y llamando a una "nueva relación", le permitieron recuperar audiencia y disponibilidad al entendimiento, incluso por parte de Venezuela, Bolivia y Cuba –ausente de este espacio-. En relación a las denuncias de Evo Morales sobre el apoyo de EE UU a las acciones desestabilizadoras que se registraban en Bolivia, respondió enfáticamente: "Sólo quiero que quede absolutamente claro que me opongo y condeno absolutamente cualquier esfuerzo con fines de derrocar violentamente a gobiernos electos democráticamente, en cualquier parte del hemisferio\" . A principios de junio, EE UU sufrió una histórica derrota en el seno de la OEA , al aprobarse la resolución que anuló la exclusión de Cuba del sistema interamericano, sin establecer las condicionalidades que sus representantes quisieron mantener. A pesar de ello, en tal asamblea, la XXXIX de este organismo realizada en San Pedro Sula, se aprobaron otras cerca de 90 resoluciones, "que garantizan la continuidad de las acciones multilaterales emprendidas por las administraciones de W. Clinton, George W. Bush y de manera más reciente de Barack Obama" que en una mirada crítica "conducen a fortalecer la hegemonía estadounidense" en nuestro hemisferio . Este contradictorio resultado da cuenta, sin duda, de diferencias y alineamientos insuficientemente decantados en múltiples materias parciales –como seguridad pública, defensa, energías renovables, cambio climático, etc.- entre los gobiernos latinoamericanos y caribeños que permiten la continuidad del liderazgo estadounidense en ese organismo. Todo este desempeño en el ámbito político-diplomá tico de los EE UU bajo Obama se vio fuertemente sacudido con el golpe militar en Honduras, el 28 de junio reciente. Apareció entonces en toda su desnudez la continuidad y profundizació n de la "dimensión oculta" de su política exterior: la que llevan adelante el Pentágono y las agencias de seguridad de los EE UU a través de sus múltiples tentáculos en la región, encabezados por el Comando Sur del ejército estadounidense en conjunto con los funcionarios del Departamento de Estado, que operan desde las embajadas en cada uno de los países del continente. La necesidad de estrechar el cerco militar sobre la región resulta evidente para los estrategas imperiales en presencia de una crisis económica profunda, que debilita agudamente la gobernabilidad y la pervivencia de los sistemas de dominación imperantes en América Latina y el Caribe. La opción de desbaratar por la vía represiva y militar el actual ciclo de luchas populares se ha reafirmado y extendido a casi todos los países del continente. Consecuentemente, no sólo se han incrementado los presupuestos de ayuda militar a distintos países de la región , sino que existen diversas campañas de montajes, operaciones encubiertas, acciones comunicacionales, orientadas a crear un clima de inseguridad y "amenazas internas y externas" que hagan socialmente justificado el armamentismo, la militarizació n y el despliegue e intervención creciente de los aparatos policiales y militares en la contingencia política. La retoma de la iniciativa estratégica que de esta manera se propone EE UU apunta a revertir el cambio en la correlación de fuerzas que a nivel de América latina y el Caribe se produjo en la pasada década, no sólo desestabilizando a los gobiernos de corte bolivariano, sino que haciendo capitular a los de corte socialdemócrata en cuanto a sus políticas de defensa y seguridad interior y abrir de esta manera mayor espacio a su recambio por gobiernos autoritarios y de derecha más auténticamente patronal, como los que prevalecen al momento en México, Colombia y Perú. III La respuesta de la región a los desafíos del nuevo contexto 1. - Alivio de la emergencia económica, pero sin horizonte definido más allá de ella Las economías latinoamericanas han enfrentado la actual crisis económico-financiera en un mejor pie que en el pasado. Como lo destaca la CEPAL , "no ha habido corridas financieras ni crisis de deuda" y, en términos generales, los países de la región -con la excepción de algunas economías del Caribe- han contado con márgenes de maniobra financiera que, con las disparidades del caso, les han permitido adoptar políticas para amortiguar las caídas en la producción y el alza del desempleo. El impacto mayor provino de la caída en el volumen (-11%), pero sobre todo de los precios de las exportaciones, de la disminución de las remesas ( -5 a -10%) y del turismo, los que, junto con el deterioro de las expectativas de consumidores y productores, explican la brusca caída del crecimiento a partir del cuarto trimestre de 2008. El deterioro de los términos de intercambio de la región, se estima, puede llegar al 10,8% para la región en su conjunto, aunque será mayor para los países exportadores de hidrocarburos y de metales. En Centroamérica, el Caribe y México, se anticipa un impacto negativo adicional derivado de la reducción de los ingresos del turismo, que también se vieron golpeados por el virus de la gripe AH1N1. Con todo, la CEPAL señala que "A mediados de 2009 el comercio internacional parece haber detenido su retracción, los precios de los productos básicos han comenzado a recuperarse, las condiciones de acceso al crédito están mejorando y los indicadores de expectativas han comenzado a repuntar. Estos elementos llevan a esperar que el nivel de actividad de la región comience a recuperarse en el segundo semestre" Esa gradual recuperación se consolidaría en 2010, cuando la región podría volver a crecer. Se proyecta un crecimiento mayor en América del Sur (3,8%) que en México (2,5%), Centroamérica (2,8%) y el Caribe (0,5%). Se trata en todos los casos de tasas de crecimiento cuya magnitud será insuficiente para revertir el deterioro de los indicadores sociales causado por la crisis en estos años. El desempleo permanecerá alto, con sus secuelas en la pobreza y la miseria que esta repuntando en todo el continente. La tónica de los programas de acción de los gobiernos ha sido el asistencialismo, descartando reformas estructurales y tributarias profundas que alteren la distribución del ingreso o el rol del mercado en la asignación de los recursos. Han sido medidas destinadas a mantener el acceso a la seguridad social, proteger el gasto público en áreas como nutrición y vacunas y proporcionar ayudas focalizadas en efectivo, en programas como "Bolsa Familia" en Brasil, "Oportunidades" en México y otros similares en El Salvador, Panamá, Jamaica y Colombia; muchas de ellas con apoyo del Banco Mundial. Los gobiernos continúan sin asumir la necesidad de rediseñar las estrategias de desarrollo, salvo el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que en distintos grados y ritmo, han continuado fortaleciendo el rol del estado en el proceso de acumulación y en el control de sus recursos y áreas estratégicas. Con una perspectiva distinta, más abiertamente neo-desarrollista, también en Argentina se ha procedido a estatizar algunas empresas, al mismo tiempo que se han adoptado medidas proteccionistas de su mercado interno. Brasil reforzó su "Programa de Aceleración del Crecimiento" como carta de navegación hacia el futuro, confiando en la potencialidad de su mercado interno y en la recuperación de su capacidad exportadora volcada en particular hacia los mercados del Asia-Pacífico. La CEPAL ratifica: "asistimos a un cambio de paradigma que implicará un reposicionamiento de la actividad del Estado en la economía, no solo en la regulación de la actividad económica ..., sino también en la promoción de un tejido productivo que incorpore más conocimiento y criterios de eficiencia ambiental, privilegie la innovación y, sobre todo, la protección de los sectores más vulnerables para asegurar un desarrollo inclusivo" A medida que pase el tiempo, las necesidades de contar con un mayor financiamiento se dejarán sentir con más fuerza. Y si bien algunos podrán acudir –como ya lo han hecho México y Colombia- a líneas de crédito concedidas por el FMI, otros no tendrán mayor acceso a ellas y deberán contemplar medidas alternativas y más permanentes. Dentro de ellas cabe destacar las planteadas por el presidente Rafael Correa, del Ecuador, con ocasión de la Conferencia de la ONU sobre la Crisis Económica y Financiera , a nombre de los países del ALBA: la creación de un Banco de desarrollo del Sur, un Fondo de Reservas común para América Latina, un sistema de pagos regional y avanzar hacia un sistema monetario propio; germen de lo cual es el SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional). La falta de voluntad política de los gobiernos que parece retardar y postergar estas y otras reformas necesarias se verá presionada cuando superada la emergencia, se prolonguen las consecuencias sociales de un muy precario empuje de la economía mundial de 2010 en adelante. 2.- Continuidad del crecimiento extractivista, enfrenta la resistencia de los pueblos y la amenaza de un "proteccionismo verde" del capitalismo central Aun cuando en la región se evidencian crecientemente las consecuencias del cambio climático, con un aumento de las temperaturas y cambios en el régimen de precipitaciones, la reacción de los gobiernos sigue siendo muy de corto alcance y sin asumir que detrás de esta crisis se encuentra una cierta concepción del desarrollo que requiere ser profundamente modificada y que se encarna de modo particularmente crítico en el esquema de crecimiento imperante en todos nuestros países. Una concepción que está llevando a un proceso de acelerada destrucción de las condiciones de sobrevida de los seres humanos y de otros seres vivos en el planeta. Dentro del repertorio de las medidas adoptadas por los países de América Latina y el Caribe para enfrentar la crisis son muy escasas aquellas que podríamos identificar como ambientales, existiendo el temor además que en un contexto de estrechez presupuestaria y de lento crecimiento, los gobiernos opten por reducir los programas de protección medioambiental y promuevan legislaciones más bien permisivas a la sobreexplotació n de la naturaleza. La continuidad de pautas de crecimiento extractivista en la totalidad de la región, está desatando crecientes conflictos con las comunidades afectadas por la actividad de empresas petroleras, mineras, madereras, o la construcción de hidroeléctricas que están extendiendo la deforestación, la desertificació n, la contaminación de las aguas, la desaparición de los glaciares, etc. No se producen mayores cambios aún en la actual matriz energética hacia el uso de energías renovables y hay avances parciales en la eficiencia energética y en los sistemas de transporte público. Los conflictos medioambientales, en particular en torno a la disponibilidad y creciente escasez del agua, se multiplican a lo largo de toda América Latina, teniendo como sus principales protagonistas no sólo a sectores productivos sino que a las comunidades afectadas por la polución, la inequidad y la privatización, que hacen que el acceso al agua sea en América Latina el más bajo per cápita en el mundo. Estas movilizaciones van alcanzando en muchos de nuestros países un alcance nacional y se proyectan más allá de la resistencia hacia la conquista de legislaciones que establezcan el agua como un derecho humano, un bien común de uso público, que le corresponde al estado preservar y garantizar. Y de cuya gestión deben participar los ciudadanos. De otro lado, a nivel internacional, la necesidad de definir estrategias de enfrentamiento del cambio climático ha abierto un plano de acción en el que los países industrializados están tomando iniciativas unilaterales que aplican de manera indiscriminada y que sólo obedecen a las leyes de la competencia. Se trata de un proceso paralelo al de la Cumbre de Copenhague, en el que las negociaciones multilaterales deben conducir a la profundizació n de los acuerdos del Protocolo de Kyoto. La CEPAL advierte de que ellas conduzcan a "regulaciones unilaterales al comercio basadas en el contenido de carbono de las mercancías exportadas a las economías desarrolladas, lo que constituye un serio riesgo que parte importante de la mitigación se desplace de norte a sur y termine como responsabilidad de los países en desarrollo" . 3.- La gobernabilidad democrática tensionada por el golpismo y la militarizació n Desde México a Chile, a lo largo y ancho de toda la región, el escenario político ha entrado a experimentar una tensión más aguda en los últimos meses, catalizada por los impactos de la crisis mundial y la intervención de los EEUU, en presencia además de un nuevo ciclo de elecciones presidenciales que renovará los gobiernos en 14 de los países del continente entre 2009 y fines de 2011. En México, la crisis se procesa con un nivel de apoyo económico y militar reforzado por parte de los EE UU y de las instituciones financieras internacionales. La reciente cumbre del TLCAN-ASPAN no sirvió más que para ratificar por parte de EEUU la continuidad de la Iniciativa Mérida , entre cuyos resultados se cuentan la presencia de 45,000 soldados en las calles de comunidades mexicanas; un salto a seis veces la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército; 12,300 homicidios relacionados con drogas, y ninguna reducción medible en el flujo de drogas ilegales al mercado estadounidense. Las pretensiones de México de resolver algunas otras cuestiones relativas a la circulación de camiones mexicanos en EE UU y la reforma migratoria integral quedaron nuevamente postergadas, como era de temerse ante el escenario interno de los EE UU . La intervención de mayor repercusión sin embargo se produjo en Centroamérica, la subregión de mayor pobreza, descrédito de los viejos partidos y creciente presencia del crimen organizado. El golpe militar en Honduras puso de relieve las amenazas que pesan sobre la democracia en América Latina y que pueden revertir y poner límites a los avances que desde los gobiernos se pueden dar, cuando no existe un amplio movimiento popular que los sustente y las clases dominantes criollas y el imperialismo cuentan con el control de las fuerzas armadas y de otros poderes del estado, así como de los medios de comunicación masivos, para defender sus intereses. El intento de abrir paso a una asamblea constituyente fue el detonante de la acción golpista, preparada en realidad con antelación en la medida que el gobierno de Manuel Zelaya tomaba un creciente alineamiento con políticas favorables a los sectores populares y se incorporó al ALBA. De otro lado, la reacción unánime del resto de los países latinoamericanos y caribeños, condenando el golpe militar y desconociendo al gobierno de facto, ha servido para notificar a las oligarquías criollas y al imperio, del rechazo tajante que existe a a validar gobiernos surgidos de esas acciones en los países de la región. Más allá de lo cual, la tensión y la puja de fuerzas se mantiene acerca del curso político que prevalezca en Honduras hacia fines de este año, cuando deberían tener lugar las elecciones en ese país. Los gobiernos centroamericanos, en particular de Guatemala y Nicaragua, que al igual que Honduras han venido participando de las iniciativas de Petrocaribe e incluso del ALBA, venían enfrentando desde antes del golpe maniobras mediáticas y montajes orientadas a debilitar seriamente su credibilidad democrática interna e internacional. En el caso de Guatemala, con el episodio del asesinato del abogado Rosenberg, que apuntó a involucrar al presidente Colom en ese evento, y en el caso de Nicaragua, a raíz de las acusaciones de fraude en las elecciones municipales de noviembre 2008. Ya en Suramérica, la situación se ha ido congestionando a partir de la tensión generada por el aumento de la utilización de Colombia por parte de los EE UU para contar con bases que le permitan un despliegue de sus fuerzas militares hacia el resto del subcontinente. El hecho de que paralelamente al acuerdo del gobierno de Uribe con EEUU para permitir la utilización de hasta 7 bases militares en su territorio para el desplazamiento y presencia de fuerzas estadounidenses, se lanzara acusaciones contra los presidentes Correa y Chávez por presuntos apoyos de éstos a las FARC, avala la convicción de que tales acuerdos apuntan a intervenir más allá del territorio colombiano. Este acuerdo constituye una muy grave amenaza a la paz en la región y no sólo para Ecuador y Venezuela. Según Estados Unidos se trata básicamente de sustituir el papel que venía jugando la base de Manta, en Ecuador. Para Uribe, se trata de seguir adelante con el Plan Colombia, o sea continuar la guerra contra las FARC hasta ganarla, y perseguir al narcotráfico. Sin embargo, tal presencia articulada con la IV Flota y demás tentáculos del Comando Sur apuntan hacia contar con apoyo militar para operaciones de disputa de los bienes comunes (petróleo, agua, Amazonía) presentes en Suramérica . Finalmente, en el Cono Sur, distintos problemas han tensado también las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Por una parte, la presentación ante el Tribunal de La Haya de un diferendo limítrofe marítimo por parte del gobierno peruano ha crispado su relación diplomática con Chile. Por su parte, el presidente Evo Morales ha sostenido que la reclamación peruana va destinada a interferir en una posible salida a la aspiración boliviana de acceso al Pacífico; lo que ha irritado a Alan García, que ha expresado además sospechas sobre las buenas relaciones que prevalecen entre los gobiernos de Chile y Bolivia en la actualidad. En Perú prevalece un clima de recelo en amplios sectores de la ciudadanía por la convergencia de crecientes inversiones chilenas en el Perú con un elevado gasto en armamentos de las Fuerzas Armadas de Chile. En suma, una cuadro de amenazas "externas" que se suma al de las amenazas internas –del crimen organizado, la delincuencia, el terrorismo, la conflictividad social- para empujar crecientemente al conjunto de la región a una involución en las libertades públicas, que abran nuevamente mayores espacios tanto al autoritarismo populista de derecha, como a la injerencia de las fuerzas armadas y policiales en la contingencia política. Un cerco contra el nuevo ciclo de luchas populares en America Latina. Una repercusión inmediata que ha tenido estos episodios ha sido el recrudecimiento del armamentismo de los países sudamericanos. Brasil, la potencia regional con un presupuesto de defensa de unos 26.200 millones de dólares en el 2008, tiene una larga lista de compras que incluye helicópteros, cazas y hasta un submarino nuclear para reafirmar su lugar como potencia geopolítica. El gasto en defensa también es sostenido en Colombia, con un presupuesto de 6.000 millones de dólares en el 2008, según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. México tenía previsto gastar el año pasado unos 4.700 millones de dólares, Chile 4.470 millones y Venezuela 3.350 millones. En Perú se debate una nueva ley para destinar a las Fuerzas Armadas el 5% del total de fondos recaudados por canon y regalías que se otorguen futuro por explotación y comercializació n de nuevos yacimientos. 4.- Se reactiva la disputa por la hegemonía de la integración regional Duras pruebas están atravesando los procesos de integración política latinoamericanos y caribeños en estos meses, al agudizarse la disputa por la hegemonía y direccionalidad de esos procesos. EE UU y sus aliados han logrado que la OEA y el sistema interamericano recuperen una cierta centralidad como espacio para debatir y acordar posiciones frente al devenir político-militar de los países de la región; en desmedro de espacios en que no está presente la potencia del Norte. Influyen en esto el que los espacios alternativos, como el Grupo de Río, no reúnen a la totalidad de los países latinoamericanos y caribeños y que el proceso de las Cumbres de América Latina y el Caribe, siendo muy reciente, no tiene aún mayor soporte institucional. Pero el factor determinante de esto, ha sido que Brasil no se haya resuelto a encabezar a la región en esta coyuntura, en una postura de rechazo más enérgico a la embestida de los EE UU, lo que ha debilitado su liderazgo. A pesar de que EE UU enfrenta en la OEA una correlación de fuerzas que por el momento no le es favorable y la Secretaría General de José Miguel Insulza no le resulta cómoda, igual se la ha arreglado para incidir desde ese espacio en el tratamiento de las crisis hondureña y de las bases en Colombia. La propuesta de la mediación de Oscar Arias, aunque no fructificó, logró reunir el apoyo de una mayoría de los gobiernos de la región, a pesar de que contemplaba la impunidad de los golpistas y desechar cualquier proceso de consulta que abra paso a una Asamblea Constituyente en Honduras; lo que significa un triunfo de la diplomacia del Departamento de Estado. En el caso de la crisis desatada por las bases militares, UNASUR no pudo repudiar directamente ni bases extranjeras, ni la presencia de tropas de EE UU en la región. Hacerlo hubiese significado poner a Colombia fuera de este espacio y no había disposición para ello, al menos por una mayoría de países, en particular por parte de Brasil. Tuvo que limitarse a declarar que tal presencia no podía amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana, y en consecuencia, a la paz de la región. Afirmando la toma de esta posición en la ratificación del principio de la no injerencia en asuntos internos de los pueblos para garantizar la integración regional. En todo caso, cabe valorar los acuerdos de la declaración suscrita por consenso , que no sólo reitera el compromiso de fortalecer Suramérica como zona de paz, sino que instruyó al Consejo de Defensa de UNASUR para que adopte en lo inmediato medidas concretas de análisis, inspección de fronteras, definición de mecanismos de transparencia y verificación que permitan reconstruir la confianza. Por otro lado, instruyó al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore, de forma urgente, su estatuto y un plan de acción con el objeto de definir una estrategia suramericana de lucha contra este flagelo; cuestión que es fundamental para terminar con la excusa con que se valida la asistencia militar de EE UU en el continente. En suma, UNASUR afrontó los desafíos y si es consecuente con ellos, saldrá fortalecido el proceso que se va articulando en esta sub-región. Por otro lado, el ALBA, rebautizado como Alianza Bolivariana para las Américas, ha enfrentado con energía y cohesión interna la violenta arremetida que ha significado la iniciativa de los EE UU en estos meses. Ha continuado su proceso de fortalecimiento, con la integración de Ecuador, San Vicente y las Granadinas y de Antigua y Barbuda. Sus tomas de posición han influido en forma relevante en las resoluciones que se han tomado en los demás mecanismos y espacios de la integración regional y ha sorteado con éxito el riesgo de quedar aislados respecto del bloque de gobiernos socialdemócratas, merced a su manejo flexible y a la cercanía que ha guardado en particular con Lula del Brasil y Cristina Kirchner, de Argentina. Y continúa el desarrollo de sus iniciativas en diversos planos de cooperación y complementació n entre sus países miembros (energético, financiero, educacional, sanitario, alimentario, etc.). Los mecanismos de integración de carácter económico-comercial, (CAN, MERCOSUR, SICA, etc.), se encuentran empantanados. En el contexto de la crisis no sólo ha caído el comercio intrarregional, sino que han surgido nuevos conflictos derivados de medidas proteccionistas aplicadas por diversos países (México, Brasil, Argentina, entre ellos). Ellos, como los TLCs no tendrán perspectivas de mayores avances mientras perdure la crisis. En medio de este escenario, un paso positivo ha sido el acuerdo de Brasil y Paraguay sobre la hidroeléctrica de Itaipú, que mejora los beneficios que Paraguay derivará de la misma, en especial, triplicará el pago que Paraguay recibirá por su energía excedente que hasta ahora estaba obligado a venderle a Brasil a precio de costo y por la que obtenía tan sólo U$ 120 millones. Finalmente, el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en el margen oriental del Río Uruguay que les sirve de frontera, empezó a mediarse en el tribunal de La Haya , estableciendo un curso jurídico para su resolución. 5.- Bagua y Honduras: la lucha de los pueblos por la vida y la soberanía Si ante todo este panorama cabe mantener un tono de esperanza, ello se debe a que los procesos de organización y movilización de los pueblos continúan su ascenso, más allá del diverso grado de madurez que han alcanzado en cada país. Durante lo que va corrido del año, puntos altos de estos procesos, por sus repercusiones nacionales e internacionales, están siendo la lucha de los pueblos amazónicos del Perú, por un lado y la resistencia del pueblo hondureño al gobierno de facto, por otro. En el primero de ellos, la masacre de Bagua en el Amazonas peruano, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, puso de manifiesto el choque entre las políticas de corte neoliberal y extractivista, con la defensa de la naturaleza por parte de comunidades cuyas concepciones de vida han sido desconocidas por siglos. Los pueblos amazónicos, articulados regionalmente en la COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica ), están dando muestras de una fortaleza política y organizativa crecientes; lo mismo que la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), en el mundo andino. Ambas confluyeron en la IV Cumbre Indígena realizada en mayo, en Puno (Perú) ; convocándose a constituir la Coordinadora de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala y a construir paradigmas de vida alternativos a la crisis de la civilización occidental. Junto con dar una lucha en el terreno jurídico- político, por la aplicación del convenio 169 de la OIT y la dictación de leyes consistentes con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU , han desplegado una capacidad de movilización y acción directa –con tomas de carreteras e instalaciones- para impedir la continuación del saqueo "de hecho" por parte de las empresas que operan en sus territorios. Ello les ha permitido obtener victorias parciales, una legitimación cada día más amplia y sortear una dinámica de criminalizació n y de violencia, a pesar de los golpes sufridos. En el segundo proceso, el mundo ha contemplado cómo a más de 2 meses del golpe, el pueblo hondureño ha sostenido sus movilizaciones en contra del gobierno de facto, afrontando una sostenida represión de sus libertades fundamentales y la detención y la muerte de una centena de personas. Se ha constituido así en una verdadera fuerza social que pesará determinantemente en el curso histórico futuro de este país centroamericano. Sus exigencias no se limitan a la restitución del presidente Manuel Zelaya en su cargo sino que incluyen decisivamente la instalación de una Asamblea Constituyente. Una bandera que expresa la voluntad de refundar profundamente la institucionalidad a partir de la soberanía popular. Consigna que se va convirtiendo en el eje de las luchas populares también en otros países latinoamericanos; enfrentados a la decadencia del sistema político y a la ilegitimidad de un orden corrupto y excluyente, que desconoce la diversidad nacional y cultural de los pueblos, restringe los bienes y servicios públicos, desconoce los derechos ciudadanos y sustenta esquemas de concentración de la riqueza y el poder en base a la acumulación privada y la vigencia de poderes no elegibles. La conformación de una amplia mayoría social por los cambios es otra de las claves que se rescata en la experiencia hondureña, liderada por el Frente Nacional de Resistencia, que ha integrado una vasta alianza social y política. El Frente ha ido soldando su unidad y acrecentando su fuerza con sostenidas marchas callejeras, paros, tomas y una diversidad de formas de lucha integradas en una "insurrección no violenta". Masivas reacciones de solidaridad con la lucha de los pueblos amazónicos, como con la de pueblo hondureño, se han producido en muchos países de la región revelando una cada vez más fuerte militancia de redes y organizaciones sociales con conciencia latinoamericana y caribeña, que va tomando cuerpo. La presión que han ejercido hacia los gobiernos e instancias internacionales ha sido una herramienta eficaz para exigir y en casos imponer cursos de solución pacífica y democrática a estas crisis. Las luchas de los pueblos están en desarrollo. Los pueblos no se rinden, ni a la crisis, ni al atropello de sus derechos, ni a la destrucción de sus territorios, ni al aplastamiento de la democracia y de la soberanía. Con su conciencia, organización y movilización crecientes, van venciendo los cercos de represión y violencia con que las clases dominantes intentan cerrar el paso a una nueva alborada. El avance a ese nuevo amanecer es un proceso largo y complejo. Pero ya está en marcha en América Latina y el Caribe. Con el ejemplo de sus mártires, con la esperanza encendida por los renovados sueños colectivos, con la perseverancia que dan las convicciones de las causas justas, los pueblos marchan. Y con ellos va la suerte de una Humanidad que resiste y siembra una nueva época. Manuel Hidalgo 19 de septiembre de 2009 Observatorio Social de Amerindia http://www.alainet. org/active/ 33563&lang=es
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