Fecha: 12 de julio de 2013 06:47
Asunto: (CXL-ElAgustino) ¿QUE SON BONOS DE LA REFORMA AGRARIA?
Para: "confluenciaporlima_baseelagustino@gruposyahoo.com" <confluenciaporlima_baseelagustino@gruposyahoo.com>
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Asunto: (CXL-ElAgustino) ¿QUE SON BONOS DE LA REFORMA AGRARIA?
Para: "confluenciaporlima_baseelagustino@gruposyahoo.com" <confluenciaporlima_baseelagustino@gruposyahoo.com>
Ollanta Humala Tasso, solo ha mostrado la cruel y triste realidad en la que vive cautivo el pueblo peruano, donde todos los órganos de control competentes, dicen: "para defender y garantizar la democracia", MEF, BCR, TC, Corte Suprema, etc, están sometidos a merced de las viejas familias oligópólicas de siempre, viejos banqueros, hacendados, hoy empresarios nacionales y transnacionales,y de la clase de los nuevos políticos ricos, que utilizan toda la partidocracia tradicional y emergente mercantilista y corrupta, intelectuales neoliberales y todo el aparato mediático monopólico, para defender en primer lugar solo sus intereses y seguirse enriqueciendo a costa de la ignorancia de un pueblo engañado.
Fraternalmente
js
De: Manuel Alberto Salazar Trelles manolopuchi@hotmail.com
Apretado resumen de los antecedentes:
1.- Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1969) se ejecutó la "Reforma Agraria" planteada por el gobierno anterior (Fernando Belaunde Terry), aunque con modificaciones.
2.- A los dueños de las tierras expropiadas se les entregó a cambio unos bonos a ser cobrados a los 30 años, es por ello que hace 12 años, (2001) el Tribunal Constitucional sentenció a favor de los portadores para que se les pague.
3.- Durante todo este tiempo, 40 años, la mayoría de los portadores de estos bonos los vendieron o pagaron deudas por montos ínfimos a empresas y bancos nacionales y extranjeros, quienes hoy son los que exigen al TC que ordene la ejecución de la sentencia del 2001, pago que si bien es cierto les corresponde, es tan alto que prácticamente sería imposible pagar de golpe sin desestabilizar gravemente la economía nacional.
4.- Siendo la evidente intención de los magistrados del TC, faltando pocos días para que 5 de los 6 dejen sus cargos (otro renunció hace unos meses), ordenar este multimillonario pago que favorece casi totalmente a entidades privadas, entre ellas el Banco de Crédito, es que el presidente Humala les ha pedido prudencia en esto y que dejen esa decisión en manos de los 6 nuevos magistrados que asumirán sus funciones muy pronto, y de su actual presidente, el magistrado Oscar Urviola.
5.- Ahora bien, como el magistrado Urviola se desempeñó como "Sub Gerente y Jefe del Área Legal Región Sur del Banco de Crédito" desde 1983 al 2004 (ver su hoja de vida en: http://www.tc.gob.pe/imagen/mag_cv/ourviola_cv.pdf) , cuando la entidad ganó las demanda, es que el presidente del Congreso, Víctor Isla, opinó ayer que debía inhibirse en participar por tener conflicto de intereses en este caso de los bonos.
6.- El magistrado Urviola respondió que intervendrá de todas maneras.
7.- Por último, sabemos muy bien que la gran mayoría de magistrados del TC, cuando dejan sus cargos, son de inmediato contratados por las empresas y grandes corporaciones a quienes de una u otra forma favorecieron con sus fallos, y es por ello que se puede intuir que el magistrado Urviola, que deja el cargo en el 2015, vuelva a ser parte del Banco de Crédito.
El tema ya estaba muy candente en diciembre del 2010, cuando Alan García estaba de salida, y al igual que Alejandro Toledo, dejó esta bomba de tiempo, entre otras igual de graves, al actual gobierno:
Diario El Comercio
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1.- Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1969) se ejecutó la "Reforma Agraria" planteada por el gobierno anterior (Fernando Belaunde Terry), aunque con modificaciones.
2.- A los dueños de las tierras expropiadas se les entregó a cambio unos bonos a ser cobrados a los 30 años, es por ello que hace 12 años, (2001) el Tribunal Constitucional sentenció a favor de los portadores para que se les pague.
3.- Durante todo este tiempo, 40 años, la mayoría de los portadores de estos bonos los vendieron o pagaron deudas por montos ínfimos a empresas y bancos nacionales y extranjeros, quienes hoy son los que exigen al TC que ordene la ejecución de la sentencia del 2001, pago que si bien es cierto les corresponde, es tan alto que prácticamente sería imposible pagar de golpe sin desestabilizar gravemente la economía nacional.
4.- Siendo la evidente intención de los magistrados del TC, faltando pocos días para que 5 de los 6 dejen sus cargos (otro renunció hace unos meses), ordenar este multimillonario pago que favorece casi totalmente a entidades privadas, entre ellas el Banco de Crédito, es que el presidente Humala les ha pedido prudencia en esto y que dejen esa decisión en manos de los 6 nuevos magistrados que asumirán sus funciones muy pronto, y de su actual presidente, el magistrado Oscar Urviola.
5.- Ahora bien, como el magistrado Urviola se desempeñó como "Sub Gerente y Jefe del Área Legal Región Sur del Banco de Crédito" desde 1983 al 2004 (ver su hoja de vida en: http://www.tc.gob.pe/imagen/mag_cv/ourviola_cv.pdf) , cuando la entidad ganó las demanda, es que el presidente del Congreso, Víctor Isla, opinó ayer que debía inhibirse en participar por tener conflicto de intereses en este caso de los bonos.
6.- El magistrado Urviola respondió que intervendrá de todas maneras.
7.- Por último, sabemos muy bien que la gran mayoría de magistrados del TC, cuando dejan sus cargos, son de inmediato contratados por las empresas y grandes corporaciones a quienes de una u otra forma favorecieron con sus fallos, y es por ello que se puede intuir que el magistrado Urviola, que deja el cargo en el 2015, vuelva a ser parte del Banco de Crédito.
El tema ya estaba muy candente en diciembre del 2010, cuando Alan García estaba de salida, y al igual que Alejandro Toledo, dejó esta bomba de tiempo, entre otras igual de graves, al actual gobierno:
Diario El Comercio
Banco de Crédito enjuicia al Estado por deuda de US$27 millones
La entidad inició demanda para cobrar bonos de la reforma agraria. El ministro de Economía informó que se buscará la forma de pagar
Por Marienella Ortiz
El Banco de Crédito del Perú interpuso, hace aproximadamente tres meses, una demanda judicial contra el Estado, por el pago de 3.279 bonos de la reforma agraria. Estos papeles equivaldrían a US$27 millones.
Mediante un comunicado de prensa, la entidad financiera afirmó que ha iniciado la acción judicial a fin de evitar que prescriba el pago de dichos papeles.
De acuerdo con un cable de la agencia Reuters, los bonos en poder del banco iban a vencer el pasado 9 de octubre. Además, se detalla que las denuncias fueron presentadas entre setiembre y octubre, en los juzgados civiles 33 y 39 de Lima.
El banco, cuyo principal accionista es el grupo Romero (por intermedio de Credicorp), aclaró que no obtuvo los bonos a través de su compra en el mercado secundario. "Los referidos bonos fueron recibidos por el banco en pago de sus clientes agricultores, que fueron expropiados durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, que data de hace 40 años", señaló.
Estas acciones judiciales son de conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, en representación del Estado Peruano, ejerce su derecho de defensa respectivo en el marco del proceso judicial, finaliza el comunicado.
MEF BUSCARÁ SOLUCIÓN
Al respecto, el titular del MEF, Ismael Benavides, se mostró a favor de encontrar una solución al pago de esta deuda interna, pero aclaró que no sería pronto.
Subrayó que el Estado no ha olvidado este problema. "Es un tema que sí se ha venido estudiando hace años, incluso desde el gobierno de [Alejandro] Toledo y hay varios informes al respecto que deben estudiarse y ver qué solución puede haber", manifestó.
Además, el Estado conoce que existen inversionistas extranjeros, como bancos suizos y fondos extranjeros (Gramercy), que también cuentan en su poder con bonos. Durante los últimos años, los tenedores de los bonos han vendido sus documentos entre 10% y 50% del valor, según Reuters.
Al respecto, la legisladora Fabiola Morales, autora de un proyecto de ley para el pago de los bonos, resaltó el interés que ha demostrado la actual administración del MEF, a diferencia de los anteriores ministros.
Resaltó que esta es una bomba de tiempo a futuro, pues cabe la posibilidad que las entidades extranjeras que compraron bonos denuncien la deuda en foros internacionales. "Eso hay que pagar sí o sí. La deuda es tres veces más que el presupuesto de la República. ¿Qué pasaría si compran todo y lo piden de golpe?", dijo la legisladora.
En comunicación con otros bancos locales, el Scotiabank adelantó que no tenían bonos en su poder. El resto de entidades no se pronunció.
PROPUESTA DE LEY
En el Parlamento hay un grupo de legisladores que analiza el tema y que trabaja conjuntamente con el MEF la elaboración de un proyecto de ley para el canje de los bonos o el pago de los mismos.
Morales apuntó que la idea es que aquellas personas con pequeñas cantidades de bonos tengan la opción de canjearlo por dinero en efectivo. Para el otro grupo, explicó, se planteará que puedan canjearlos por bonos de inversión o participación en inversión pública.
Mediante una resolución del 2001, el Tribunal Constitucional planteó la revalorización y el pago de los bonos. Hay varios procesos judiciales de personas independientes en marcha. Se conoce que al menos 20 personas ya habrían ganado algunos juicios, y que el Ministerio de Agricultura estaría haciendo los pagos respectivos, según refiere Reuters.
Al respecto, el abogado César Luna Victoria, del estudio Rubio, Leguía y Normand, resalta que el pago de los bonos tendrá que ocurrir tarde o temprano. "Lo que ha ocurrido es que el Estado no se ha sentido en las condiciones de afrontar la deuda", comentó.
Al parecer, eso podría cambiar.
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Así está la cosa hoy:
Diario La República
![Humala considera que los integrantes del actual Tribunal Constitucional deberían abstenerse.]()
La suma podría ascender hasta US$ 4,500 mlls, pero MEF solo reconocería US$ 1.000 millones.
Consuelo Alonzo
El pedido que el presidente Ollanta Humala realizó a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) a fin de que se abstengan de emitir una resolución en temas sensibles como el de los bonos no pagados de la reforma agraria desató una polémica que el gobierno no esperaba.
El magistrado Fernando Calle, respecto a ese tema, sostuvo que "se tomará una decisión respetando los derechos y teniendo la concepción sólida de que no causará perjuicio económico o político, ni se desestabilizará nada".
Con ello dejó entrever que la decisión sobre la solicitud de ejecución de una sentencia del 2001, que ordena que se pague los bonos, y se actualicen todas las deudas por la expropiación de tierras por la reforma agraria, planteada por el Colegio de Ingenieros del Perú, se dará aunque aún no haya consenso.
Pero esto no es nada sencillo. El exministro de Economía, Ismael Benavides, sostuvo que esa deuda ascendería nada menos que a 4.550 millones de dólares, aunque fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas estiman hoy que el pago de los bonos sería aproximadamente de mil millones de dólares.
Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta –como dice el asesor de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra), Raúl Noblecilla– cuántos son en la actualidad los tenedores de bonos y cuánto le corresponde a cada uno, pues esa es una cifra que solo maneja el MEF.
Hay que entender que tras cuatro décadas (la expropiación de tierra se inició en junio de 1969 en el gobierno del general Juan Velazco Alvarado) muchos ya fallecieron, y hoy son sus herederos los que reclaman.
Asimismo, dijo, esperar que el próximo fallo ordene el pago con montos actualizados.
Lo cual no sería difícil, pues el Estado tiene un plazo de hasta cinco años para hacerlo, tal ycomo establecen las normas.
Es más, a través del Poder Judicial y con la sentencia del TC del 2001 en mano, algunos tenedores han logrado obtener un pago por la expropiación sufrida en los sesenta.
"Saber cuánto van a cobrar varía muchísimo, pero hay quienes han cobrado poco, entre 200 mil y 300 mil soles. Hay otros que sí cobrarán millones. Todo depende del fundo, de los bienes que fueron expropiados", explica.
NEGOCIADO
Pero lo que plantea Reynaldo Trinidad, experto en temas del agro y director de Agronoticias, es que el Estado sí pague, pero únicamente a los propietarios originales o a sus herederos. A nadie más.
Refiere que cuando ocurrió la expropiación, el Estado se comprometió en pagar las indemnizaciones derivadas de las confiscaciones en un plazo de 30 años, y con el transcurrir del tiempo, al no saber qué hacer, algunos remataron sus bonos. Pero es allí cuando el Estado asume el pago íntegro de la deuda, y que aparecen los especuladores y estos pagaron como máximo el 20% del valor de los bonos. "Hubo una colusión de especuladores extranjeros y nacionales, con funcionarios del Ministerio de Economía de diferentes gobiernos. Por eso hoy el grueso de los bonos está en manos de los especuladores que compraron a precios viles y hoy quieren cobrar con moras, intereses y penalidades", asegura Trinidad y reitera que un trato "inteligente y justo" es que el Estado convoque a los ex hacendados o a sus herederos.
De no ser así, los grandes beneficiarios –dijo– serán los tres grupos de especuladores (tres grandes empresas) que hoy poseen el 80% de los bonos de la Reforma Agraria.
"Todo este proceso se tiene que revisar porque hubo una manipulación hecha contra los tenedores y eso se puede demostrar revisando los contratos que se suscribieron a fin de establecer cuánto costaban los bonos, cuánto se pagó y que en realidad se pagó apenas el 10 o 20 % del valor", señala.
Solo así, dice, se evitaría que la Caja Fiscal resulte afectada con semejante pago.
IMPROCEDENCIA
Tal vez para evitar que ocurra lo contrario, el Congreso de la República solicitó al TC, a través de un escrito, la improcedencia del pedido del Colegio de Ingenieros del Perú, "cuya intención –señalan– es que se modifique la sentencia emitida en el 2001, con la finalidad de que se determine un método para la actualización y pago de la deuda". Asimismo, demanda la inhibición por causal de decoro de aquellos magistrados que se hayan desempeñado como funcionarios o apoderados de alguna entidad financiera tenedora de bonos de la reforma agraria.
Según señalaron en un comunicado, les resulta preocupante que la máxima instancia constitucional, pese al tiempo transcurrido, no haya corrido traslado de la indicada solicitud al Parlamento, a pesar de ser parte en el proceso, "por lo que se está vulnerando principios elementales a la defensa y debido proceso consagrados en nuestro ordenamiento jurídico".
Por ello, exhortaron a los miembros del TC a mantener el respeto irrestricto a los principios y normas consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales.
Pero quien también salió y dijo que la sentencia del TC sí se ha cumplido fue el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y mencionó lo dicho por Noblecilla, en el sentido de que algunos tenedores habían acudido al Poder Judicial para cobrar sus bonos. "A través de una serie de demandas y sentencias del Poder Judicial, el Ejecutivo por orden del PJ está pagando los bonos al valor actualizado. Entonces, la sentencia del TC ya se ejecutó", aseveró.
Sin embargo, indicó que el pedido del CIP quiere que se pague en bloque o a partir de un criterio determinado sobre una valorización actualizada.
"Esta situación que presenta algún demandante al TC no la conocemos. No es conocida ni por el Congreso ni por el Ejecutivo. Nunca ha sido informada", acotó tras explicar que lo dicho por el jefe del Estado fue un llamado a la prudencia, pues todos los involucrados deben ser escuchados sobre este tema de gran trascendencia.
EN CIFRAS
10 % del valor de los bonos es lo que los especuladores pagaron en algunos casos a los tenedores de los bonos.
A 9 mil millones de dólares podría ascender el total a pagar por el gobierno a los actuales tenedores de bonos.
El Banco de Crédito del Perú interpuso, hace aproximadamente tres meses, una demanda judicial contra el Estado, por el pago de 3.279 bonos de la reforma agraria. Estos papeles equivaldrían a US$27 millones.
Mediante un comunicado de prensa, la entidad financiera afirmó que ha iniciado la acción judicial a fin de evitar que prescriba el pago de dichos papeles.
De acuerdo con un cable de la agencia Reuters, los bonos en poder del banco iban a vencer el pasado 9 de octubre. Además, se detalla que las denuncias fueron presentadas entre setiembre y octubre, en los juzgados civiles 33 y 39 de Lima.
El banco, cuyo principal accionista es el grupo Romero (por intermedio de Credicorp), aclaró que no obtuvo los bonos a través de su compra en el mercado secundario. "Los referidos bonos fueron recibidos por el banco en pago de sus clientes agricultores, que fueron expropiados durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, que data de hace 40 años", señaló.
Estas acciones judiciales son de conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, en representación del Estado Peruano, ejerce su derecho de defensa respectivo en el marco del proceso judicial, finaliza el comunicado.
MEF BUSCARÁ SOLUCIÓN
Al respecto, el titular del MEF, Ismael Benavides, se mostró a favor de encontrar una solución al pago de esta deuda interna, pero aclaró que no sería pronto.
Subrayó que el Estado no ha olvidado este problema. "Es un tema que sí se ha venido estudiando hace años, incluso desde el gobierno de [Alejandro] Toledo y hay varios informes al respecto que deben estudiarse y ver qué solución puede haber", manifestó.
Además, el Estado conoce que existen inversionistas extranjeros, como bancos suizos y fondos extranjeros (Gramercy), que también cuentan en su poder con bonos. Durante los últimos años, los tenedores de los bonos han vendido sus documentos entre 10% y 50% del valor, según Reuters.
Al respecto, la legisladora Fabiola Morales, autora de un proyecto de ley para el pago de los bonos, resaltó el interés que ha demostrado la actual administración del MEF, a diferencia de los anteriores ministros.
Resaltó que esta es una bomba de tiempo a futuro, pues cabe la posibilidad que las entidades extranjeras que compraron bonos denuncien la deuda en foros internacionales. "Eso hay que pagar sí o sí. La deuda es tres veces más que el presupuesto de la República. ¿Qué pasaría si compran todo y lo piden de golpe?", dijo la legisladora.
En comunicación con otros bancos locales, el Scotiabank adelantó que no tenían bonos en su poder. El resto de entidades no se pronunció.
PROPUESTA DE LEY
En el Parlamento hay un grupo de legisladores que analiza el tema y que trabaja conjuntamente con el MEF la elaboración de un proyecto de ley para el canje de los bonos o el pago de los mismos.
Morales apuntó que la idea es que aquellas personas con pequeñas cantidades de bonos tengan la opción de canjearlo por dinero en efectivo. Para el otro grupo, explicó, se planteará que puedan canjearlos por bonos de inversión o participación en inversión pública.
Mediante una resolución del 2001, el Tribunal Constitucional planteó la revalorización y el pago de los bonos. Hay varios procesos judiciales de personas independientes en marcha. Se conoce que al menos 20 personas ya habrían ganado algunos juicios, y que el Ministerio de Agricultura estaría haciendo los pagos respectivos, según refiere Reuters.
Al respecto, el abogado César Luna Victoria, del estudio Rubio, Leguía y Normand, resalta que el pago de los bonos tendrá que ocurrir tarde o temprano. "Lo que ha ocurrido es que el Estado no se ha sentido en las condiciones de afrontar la deuda", comentó.
Al parecer, eso podría cambiar.
.....................................................................................
Así está la cosa hoy:
Diario La República
Polémico
Futuro fallo del TC podría costar más de US$ 1.000 millones
Jueves, 11 de julio de 2013 | 6:45 am
Humala considera que los integrantes del actual Tribunal Constitucional deberían abstenerse.
TC deberá pronunciarse pronto sobre el pedido de ejecución de sentencia realizado por el Colegio de Ingenieros del Perú a fin de que se cumpla con pagar los bonos de la reforma agraria.
La suma podría ascender hasta US$ 4,500 mlls, pero MEF solo reconocería US$ 1.000 millones.
Consuelo Alonzo
El pedido que el presidente Ollanta Humala realizó a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) a fin de que se abstengan de emitir una resolución en temas sensibles como el de los bonos no pagados de la reforma agraria desató una polémica que el gobierno no esperaba.
El magistrado Fernando Calle, respecto a ese tema, sostuvo que "se tomará una decisión respetando los derechos y teniendo la concepción sólida de que no causará perjuicio económico o político, ni se desestabilizará nada".
Con ello dejó entrever que la decisión sobre la solicitud de ejecución de una sentencia del 2001, que ordena que se pague los bonos, y se actualicen todas las deudas por la expropiación de tierras por la reforma agraria, planteada por el Colegio de Ingenieros del Perú, se dará aunque aún no haya consenso.
Pero esto no es nada sencillo. El exministro de Economía, Ismael Benavides, sostuvo que esa deuda ascendería nada menos que a 4.550 millones de dólares, aunque fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas estiman hoy que el pago de los bonos sería aproximadamente de mil millones de dólares.
Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta –como dice el asesor de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra), Raúl Noblecilla– cuántos son en la actualidad los tenedores de bonos y cuánto le corresponde a cada uno, pues esa es una cifra que solo maneja el MEF.
Hay que entender que tras cuatro décadas (la expropiación de tierra se inició en junio de 1969 en el gobierno del general Juan Velazco Alvarado) muchos ya fallecieron, y hoy son sus herederos los que reclaman.
Asimismo, dijo, esperar que el próximo fallo ordene el pago con montos actualizados.
Lo cual no sería difícil, pues el Estado tiene un plazo de hasta cinco años para hacerlo, tal ycomo establecen las normas.
Es más, a través del Poder Judicial y con la sentencia del TC del 2001 en mano, algunos tenedores han logrado obtener un pago por la expropiación sufrida en los sesenta.
"Saber cuánto van a cobrar varía muchísimo, pero hay quienes han cobrado poco, entre 200 mil y 300 mil soles. Hay otros que sí cobrarán millones. Todo depende del fundo, de los bienes que fueron expropiados", explica.
NEGOCIADO
Pero lo que plantea Reynaldo Trinidad, experto en temas del agro y director de Agronoticias, es que el Estado sí pague, pero únicamente a los propietarios originales o a sus herederos. A nadie más.
Refiere que cuando ocurrió la expropiación, el Estado se comprometió en pagar las indemnizaciones derivadas de las confiscaciones en un plazo de 30 años, y con el transcurrir del tiempo, al no saber qué hacer, algunos remataron sus bonos. Pero es allí cuando el Estado asume el pago íntegro de la deuda, y que aparecen los especuladores y estos pagaron como máximo el 20% del valor de los bonos. "Hubo una colusión de especuladores extranjeros y nacionales, con funcionarios del Ministerio de Economía de diferentes gobiernos. Por eso hoy el grueso de los bonos está en manos de los especuladores que compraron a precios viles y hoy quieren cobrar con moras, intereses y penalidades", asegura Trinidad y reitera que un trato "inteligente y justo" es que el Estado convoque a los ex hacendados o a sus herederos.
De no ser así, los grandes beneficiarios –dijo– serán los tres grupos de especuladores (tres grandes empresas) que hoy poseen el 80% de los bonos de la Reforma Agraria.
"Todo este proceso se tiene que revisar porque hubo una manipulación hecha contra los tenedores y eso se puede demostrar revisando los contratos que se suscribieron a fin de establecer cuánto costaban los bonos, cuánto se pagó y que en realidad se pagó apenas el 10 o 20 % del valor", señala.
Solo así, dice, se evitaría que la Caja Fiscal resulte afectada con semejante pago.
IMPROCEDENCIA
Tal vez para evitar que ocurra lo contrario, el Congreso de la República solicitó al TC, a través de un escrito, la improcedencia del pedido del Colegio de Ingenieros del Perú, "cuya intención –señalan– es que se modifique la sentencia emitida en el 2001, con la finalidad de que se determine un método para la actualización y pago de la deuda". Asimismo, demanda la inhibición por causal de decoro de aquellos magistrados que se hayan desempeñado como funcionarios o apoderados de alguna entidad financiera tenedora de bonos de la reforma agraria.
Según señalaron en un comunicado, les resulta preocupante que la máxima instancia constitucional, pese al tiempo transcurrido, no haya corrido traslado de la indicada solicitud al Parlamento, a pesar de ser parte en el proceso, "por lo que se está vulnerando principios elementales a la defensa y debido proceso consagrados en nuestro ordenamiento jurídico".
Por ello, exhortaron a los miembros del TC a mantener el respeto irrestricto a los principios y normas consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales.
Pero quien también salió y dijo que la sentencia del TC sí se ha cumplido fue el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y mencionó lo dicho por Noblecilla, en el sentido de que algunos tenedores habían acudido al Poder Judicial para cobrar sus bonos. "A través de una serie de demandas y sentencias del Poder Judicial, el Ejecutivo por orden del PJ está pagando los bonos al valor actualizado. Entonces, la sentencia del TC ya se ejecutó", aseveró.
Sin embargo, indicó que el pedido del CIP quiere que se pague en bloque o a partir de un criterio determinado sobre una valorización actualizada.
"Esta situación que presenta algún demandante al TC no la conocemos. No es conocida ni por el Congreso ni por el Ejecutivo. Nunca ha sido informada", acotó tras explicar que lo dicho por el jefe del Estado fue un llamado a la prudencia, pues todos los involucrados deben ser escuchados sobre este tema de gran trascendencia.
EN CIFRAS
10 % del valor de los bonos es lo que los especuladores pagaron en algunos casos a los tenedores de los bonos.
A 9 mil millones de dólares podría ascender el total a pagar por el gobierno a los actuales tenedores de bonos.
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Quisieron dividirnos y nos unieron. Confluencia por Lima base El Agustino es una organización política de centro izquierda integrada por fuerzas políticas y organizaciones sociales democráticas comprometidas con el desarrollo de nuestro distrito.
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