José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)
El gobierno del Presidente Ollanta Humala ha empezado a tomar decisiones sobre la educación peruana. Una de ellas es el incremento del presupuesto para el 2012 dedicado a potenciar la educación inicial, la capacitación y "acompañamiento" de los maestros de aula, la Beca 18 para los estudiantes "de bajos recursos con alto rendimiento" (¿?), continuar con la municipalización de la educación, continuar con las evaluaciones para contratos de docentes "por servicios personales" para el año lectivo 2012 y "mejoramiento" de la denominada Carrera Pública Magisterial, tan defendida por el ex Ministro de Economía y Finanzas del gobierno aprista, Luis Carranza y por el trío neoliberal del anterior Ministerio de Educación presidido por el empresario de la educación José Antonio Chang.
En lo que se refiere a la educación inicial, se mantiene la fragmentación de ese nivel dividido en Cuna Más, Wawawasis y la educación inicial de la escolarización regular.
No vemos, por ningún lado, pues, un proyecto educativo diferente al que venimos arrastrando desde hace 20 años, es decir, la reforma neoliberal que ha fracasado ya tres ves: durante el período de su imposición por el gobierno de Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos (1990 – 2000), durante los 5 años del gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006) y en el tiempo atosigante del gobierno aprista (2006 – 2011).
Estamos, sin duda alguna, ante una educación cuya crisis no solamente sigue irresuelta desde que se la detectara por enésima vez en la vida republicana del Perú, sino que se presenta hoy con nuevos elementos que amenazan con volverla irreversible de no mediar fuertes convulsiones sociales que remuevan las bases económicas, sociales y políticas del actual Estado neoliberal.
El programa electoral del presidente Humala ofreció una "revolución educativa". No era posible creerle cuando en aras de la concertación con la derecha, entibió sus propuestas de cambios antineoliberales. Pero, por lo menos se esperaba un conjunto de reformas que permitieran un cambio importante. La proyección de sus parciales y nada transformadoras políticas adoptadas nos demuestra que el continuismo neoliberal, en adelante, está garantizado.
Líneas generales para un programa educativo transformador
Con cargo a desarrollar cada uno de los planteamientos, procedo a señalar las medidas más generales para elaborar una nueva reforma educativa que haga frente a la crisis actual y remonte la fracasada reforma neoliberal.
Lo primero: derogar todas las leyes, decretos, resoluciones y normas correspondientes que la reforma neoliberal ha legalizado para crear un mercado para el negocio de la educación y para la desregulación laboral de los maestros y trabajadores administrativos. Esa legislación es una camisa de fuerza para reformar la educación peruana.
Lo segundo: elaborar una propuesta de educación que tenga como elementos fundamentales: la escuela pública como base fundamental y financiada plenamente por Estado; el derecho a la enseñanza gratuita, universal e integral (lo integral sustituye a la palabreja "calidad") para todos los peruanos; los fines y los objetivos de una nueva educación; los postulados programáticos que hagan posible el cumplimiento de los fines y objetivos; los niveles regulares desde la educación inicial hasta la superior universitaria y tecnológica intermedia; una nueva escuela rural ligada al trabajo y la concentración adecuada de la población escolar; los niveles de educación de adultos no regulares hasta la educación tecnológica intermedia; el papel de la sociedad y las instituciones en el marco de la educación pública, que no puede ser sustituidapor los privados; los lineamientos del nuevo currículo, la metodología y la nueva administración de las escuelas; el papel pedagógico científico de la informática en la educación; el financiamiento suficiente y permanente de la educación como prioridad material inmediata.
Lo tercero: un nuevo estatuto docente o Ley de Carrera Pública Magisterial que recupere los derechos de los docentes peruanos en concordancia con la Resolución de la UNESCO de octubre 5 de 1966, eliminando la concepción productivista e individualista del docente, que el neoliberalismo ha venido en llamar "meritocrática", concepción esta que solo conduce a la competencia individual entre docentes y a la obsesión por las evaluaciones en pos de "incentivos" como se denomina hoy a las remuneraciones de los maestros y demás profesionales en el sector público. Eliminación del humillante sistema de contratos.
En cuarto lugar: un programa planificado de alfabetización y postalfabetización que permita dar continuidad educativa a todos los alfabetizados hasta concluir su educación básica, por lo menos, con proyección hacia la educación superior.
En quinto lugar: un programa planificado de recuperación de niños, adolescentes y jóvenes en situación social de abandono y/o conflictivo, cuya formación debe estar ligada al trabajo como medio de recuperación individual y colectiva.
En sexto lugar: la creación masiva de centros de educación especial para todos los niños en situación de discapacidad y asumir su integración a la educación regular de acuerdo con su recuperación previa, pues lo que viene ocurriendo con la denominada "educación inclusiva" es agravar los problemas de la discapacidad en aras de ahorrar recursos materiales y humanos.
En sétimo lugar: recuperación del papel conductor del Ministerio de Educación y eliminación de la tercerización de sus funciones y competencias en lo pedagógico y administrativo, desde la sede central hasta las dependencias regionales y locales, lo que obliga a establecer con claridad las relaciones entre la función rectora del Ministerio de Educación y el papel de los gobiernos regionales y municipales. Esta recuperación del Ministerio de Educación supone, necesariamente, la profesionalizacióny estabilidad de los funcionarios especializados, creando funcionarios capaces y responsables para dirigir la educación en todas las instancias, eliminando los actuales procedimientos de cooptación de "funcionarios de confianza" que no responden por nada y ante nadie.
En octavo lugar: un proyecto de universidad peruana basada en la educación pública gratuita y financiada plenamente por el Estado para la investigación científica básica y aplicada, la formación de profesionales suficientes para el desarrollo del país y para la creación y difusión de la cultura en todas sus expresiones. Esto significa la planificación de la formación de profesionales y técnicos para el futuro desarrollo del país, de tal manera que el Estado no promueva la desprofesionalización funcional por desocupación prolongada. En este asunto cobra importancia la planificación del funcionamiento de las decenas de universidades privadas y la creación de nuevas universidades públicas.
Un proyecto de nueva educación, como ocurrió con la reforma Francesa de fines de los 50 del siglo XX, requiere una Comisión de Reforma conformada por profesionales con la suficiente formación científica y cultural, pedagógica y humanística, un equipo multidisciplinario donde conjuguen esfuerzos y propuestas filósofos, pedagogos, académicos, tecnólogos, historiadores, antropólogos y cultores de la literatura y de las demás artes; en el caso del Perú, integrando por lo menos a un representante de los docentes sindicalizados en el SUTEP, en el SIDESP y en la FENDUP.
No abordar el problema educativo en su integridad, solo nos conducirá a los mismos fracasos de siempre.
Iquitos, octubre 29 del 2011
