La sentencia judicial sobre García y la Megacomisión.
Más allá del debate jurídico sobre la decisión judicial por la investigación de la Megacomisión sobre el gobierno de Alan García, esto va a reforzar en la ciudadanía la sensación de que la política peruana es una cueva de ladrones favorecida por la impunidad.
Quizá no le falte razón a la gente.
Ante la denuncia de los abogados del ex presidente de que la Megacomisión lo perjudicó pues no se comportó correctamente, la justicia resolvió "declarar fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Alan García Pérez al haberse acreditado la violación de su derecho al debido proceso. Por tanto: Se declara nulo lo actuado por la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García a partir del 8 de marzo del 2013".
Como sucede con estas sentencias controversiales, se va a abrir un debate entre los que creen que la sentencia paralizará a la Megacomisión –cuando solo falta un par de meses para que esta termine su trabajo– y los congresistas que plantean desconocer el fallo judicial.
Lo más probable, sin embargo, es que corresponda volver a citar a García a la Megacomisión cumpliendo con rigurosidad el debido proceso para evitar que deje de dar cuenta por los graves hechos identificados, que es lo que realmente le preocupa a él y a la ciudadanía.
Es evidente que los narcoindultos o Business Track son escándalos que enlodan al gobierno aprista y que no pueden quedar en la impunidad, por lo que se debe sancionar a quienes resulten responsables.
Así como Alejandro Toledo se engañaría si creyera que salió favorecido por su tocata y fuga de esta semana en el Congreso, García debiera ser consciente de que este fallo que supuestamente lo favorece, en realidad lo perjudica, pues refuerza el manto de corrupción que arrastra en la opinión pública desde hace tiempo.
Y, peor aún, que sus abogados pidan la separación del presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, es un absurdo que parece motivado por la búsqueda de impunidad.
La Megacomisión, por su parte, y el Congreso en su conjunto, debieran ser conscientes de que deben elevar sus estándares especialmente cuando investigan a ex presidentes para evitar problemas como los que se están viendo con García y Toledo.
Hoy la gente cree, lamentablemente, que el Congreso es una institución inepta que favorece a los corruptos, y mientras un ex presidente está preso por robar, entre otros delitos, hay otros dos ex presidentes que no pueden caminar por las calles sin que la gente les grite 'ladrón'.
Serían muy ingenuos los que crean que todo esto no le va a pasar una grave factura política y social al país, quizá más temprano que tarde. Después, no se quejen.
Augusto Álvarez Rodrich nació en Lima el 12 de octubre de 1959.
