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domingo, 8 de septiembre de 2013

Las pruebas borradas del caso BTR cobran vida en el Congreso


De: ALFONSO CALDERON OTOYA <saratoga_1915@hotmail.com>
Fecha: 8 de septiembre de 2013 13:02

Las pruebas borradas del caso BTR cobran vida en el Congreso

Domingo, 08 de septiembre de 2013 | 10:10 am
Megacomisión. Legisladores Llatas, Wong, Tejada y Tubino en la presentación del informe que intenta explicar las interceptaciones telefónicas en el gobierno aprista de Alan García.
Megacomisión. Legisladores Llatas, Wong, Tejada y Tubino en la presentación del informe que intenta explicar las interceptaciones telefónicas en el gobierno aprista de Alan García.
Boomerang. La Megacomisión ha recogido todas las pruebas que el Poder Judicial desechó debido a la manipulación de terceros, y lo que entonces pudo servir para encubrir actos de corrupción de poderes políticos y económicos, ahora se ha transformado en un cúmulo de pruebas de injerencia política en el sistema judicial.

Edmundo Cruz y Elizabeth Prado.

El viernes 6, a pocas horas de la presentación del informe de la Megacomisión sobreInterferencia Política en el caso BTR, el ex presidente Alan García replicó que sobre este caso la Corte Suprema de la República ya ha emitido "sentencia final declarando que en ese caso no ha existido responsabilidad o presión política" alguna.

Es cierto, la Corte Suprema ha anulado la orden de la Sala Superior que presidía Iván Sequeiros para que se investigara a García, pero el poder fiscalizador del Estado, elCongreso,  resolvió asumir de oficio la investigación y a ella se avocó la Comisión Multipartidaria o Megacomisión.

El problema para los denunciados es que existen numerosas pruebas en su contra que no han sido materia de juicio y que, por el contrario, fueron excluidas de la investigación judicial del caso BTR.

Lo fueron porque devinieron en piezas manipuladas, borradas, alteradas, contaminadas. Esto afectó sobre todo al material informático: USB, CPU, CD, DVD.

En juicio oral del caso BTR se dieron dos resoluciones por las que se anulan y expulsan casi todas las pruebas informáticas debido a que habían sido manipuladas.

Este mismo material hoy cobra vida, y el informe de la Megacomisión lo ha convertido  precisamente en pruebas de interferencia política.

DESCONTROL FISCAL

La intervención a la vivienda de Giselle Giannotti Grados duró aproximadamente 12 horas. El fono de la fiscal Vanesa Araníbar Covarrubias, a cargo de la diligencia, registró en ese lapso un tráfico de 51 llamadas. Ese indicador sugiere que pasó casi todo ese tiempo hablando por teléfono y hasta pudo haber sido dirigida desde afuera.

Vanesa Araníbar con menos de 30 años y apenas dos años como fiscal provisional, fue la única magistrada destacada a ese operativo con 40 policías bajo su mando. El domicilio allanado tenía aproximadamente 2,000 metros cuadrados. En esas condiciones, ¿pudo mantener el dominio de las actividades policiales allí realizadas?

Es más. Araníbar no fue llamada a declarar porque coincidentemente en esa fase de la investigación fue favorecida con una forzada beca de estudios a los EE.UU. por seis meses. Tiempo que, según el Reglamento del Ministerio Público corresponde a un fiscal  titular y no a un provisional como era su caso.

CONFESIÓN DE PARTE

Uno de los momentos más reveladores del informe de la Megacomisión es el rescate de  la manifestación de la ex Fiscal de la NaciónGladys Echaiz Ramos, rendida el 10 de agosto del 2010.

"...Teníamos que hacer un reglamento para el nuevo Código Procesal Penal sobre protección de víctimas, testigos y peritos", empezó contando Echaiz a una anterior Comisión Congresal que investigó la supuesta eliminación de archivos digitales de la ex funcionaria de BTRGiselle Giannoti.

"Con un informe de la Fiscalía de la Nación, el Presidente (García) debía emitir un decreto supremo. Ha sido en el 2009, no recuerdo si en febrero, no me acuerdo cuándo fue que he ido llevando ese informe y el proyecto de decreto supremo para la protección de víctimas y testigos", siguió rememorando la magistrada y a renglón seguido llegó al punto.

"Creo que alguien comentó que en algún momento habría ido yo para esa diligencia, para esa entrega, y que probablemente, pues, no sé. ¿Qué ocurrió en ese acto [...]?. Entregado esto me pregunta el Presidente si la Marina estaba dando facilidades para la investigación (del caso BTR), y si había permitido que ingresen los fiscales a verificar. "No sé", le dije yo. Parece que no. Lo llama al ministro (Ántero Florez Araoz, ministro de Defensa) y le dice que "abra las puertas y permita que los fiscales entren". Le comuniqué a mis fiscales, que vayan y se fueron a hacer una diligencia allí en la avenidaSanta Cruz".

En la avenida Santa Cruz número 254, distrito de San Isidro, tenía su sede una dependencia del Servicio de Inteligencia de la Marina, "implicado en el presunto uso de una instalación militar y su equipamiento para actividades ilegales de interceptación telefónica en perjuicio del Estado y de terceros", según reporta el informe de la Megacomisión.

COLABORACIÓN COSTOSA

La colaboración eficaz de los agentes de inteligencia Ismael Matta Uribe Luis Amengual Rebaza con el proceso BTR resultó muy onerosa al erario nacional.

El primero fue contratado por servicios no personales en el Consulado de Perú en Patterson con un ingreso mensual de 4,500 dólares. Y su incorporación elevó a nueve la planilla de funcionarios consulares en una sede que ya tenía serios problemas de presupuesto.

Por su parte, Luis Amengual fue nombrado Agregado Civil en el Consulado General del Perú en Nueva York, y antes de viajar a tomar posesión del cargo diplomático contrajo matrimonio teniendo como testigo al entonces Premier Jorge del Castillo.

Las gollerías de este par de colaboradores significó un egreso de 377 mil dólares.

Perfil del Informe de Investigación "Interferencia política en caso BTR"

Elaborado por una Comisión Multipartidaria, más conocida como Megacomisión, presidida por el sociólogo Sergio Tejada del PNP.

Fruto de un trabajo de 8 meses de recopilación, verificación y análisis de las 3 investigaciones anteriores.

Condensado en 18 capítulos, 458 páginas y otros tantos anexos.

Realiza un análisis factual y legal de 6 casos de interferencia política en la investigación judicial sobre BTR.

Arriba a 28 conclusiones demostrativas de intervención política en la desviación del curso de la investigación, manejo de colaboradores eficaces, detención de implicados y manipulación de pruebas.

Igual injerencia encuentra en el caso Petrotech, el ascenso del implicado Ponce Feijó, también en la dación de normas vinculadas al proceso y en la  exclusión de altos mandos de la Marina de Guerra que permitieron acciones ilegales en su sede.

Las 18 recomendaciones proponen denunciar al expresidente Alan García y a 8 funcionarios de su segunda gestión.

El pedido alcanza al ex ministro Hernan Garrido Leca quien reporta rentas de 4ta. Categoría que no coinciden con sus declaraciones fiscales ante la Sunat.




08 de Septiembre del 2013




08 de Septiembre del 2013 a las 08:17:39

SERGIO TEJADA: "ALAN GARCÍA SÍ PUEDE SER INVESTIGADO JUDICIALMENTE POR BTR"





























* Titular de la Megacomisión desbarata el argumento del líder aprista, quien insiste en que ese caso es "cosa juzgada". Poder Judicial nunca los investigó por presunta interferencia política

El único argumento que tiene el expresidente Alan 













García para defenderse de las graves acusaciones que ha hecho la Megacomisión en su preinforme por el caso Business Track (BTR) es inconsistente. Pero no solo eso, su estrategia de defensa también roza con la mentira.

Según el líder aprista, el escándalo de BTR "ya ha sido materia de una sentencia final de la Corte Suprema en la cual se declara no haber existido responsabilidad o presión política". Lo afirmó en una brevísima nota de prensa enviada el último viernes.

En otras palabras, para García el caso BTR es "cosa juzgada" y, en consecuencia, no hay nada más que decir. Un informe preliminar de la Megacomisión recomienda acusarlo por tres delitos porque existen indicios razonables de que el exmandatario estuvo involucrado en una "organización delictiva" que obstaculizó la labor de la justicia y evitó el esclarecimiento de la interceptación telefónica realizada por la empresa Business Track.

Ayer, el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, aclaró que "no es exacto decir que la Corte Suprema archivó este caso porque en su sentencia advierte la existencia de hechos irregulares que se deben investigar". Además, aclaró que cualquier archivado "puede reabrirse si se encuentran nuevos elementos".

Como se sabe, el Poder Judicial investigó y condenó a los 'chuponeadores' de BTR, entre ellos el líder de la organización delictiva, Elías Ponce Feijóo. Pero en la sentencia del caso también se señala que se debe investigar la presunta interferencia política del gobierno aprista para que no se esclarezcan los hechos.

El expediente del Poder Judicial llegó a la Megacomisión y estos se encargaron de investigar ese punto que no había quedado claro durante la investigación judicial. Quienes sostienen esa teoría fueron los colaboradores eficaces y eso consta en sus declaraciones.

En el preinforme sobre BTR se señala lo siguiente: "Esta comisión cuenta con indicios razonables de que por órdenes superiores emanadas del poder político, la investigación fue desviada de la División de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI (DIVINDAT) a la Dirección Nacional Antidrogas (DIRANDRO), que es el órgano de carácter sistémico técnico-normativo, encargado de administrar y ejecutar las operaciones policiales para prevenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos a nivel nacional".

Asimismo, Tejada precisó que hace un año la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Reos en Cárcel envió a la comisión un expediente respecto al mismo caso, que hace referencia "a indicios de actos ilegales por ex altos funcionarios con derecho de antejuicio" y, por tanto, pide al Congreso ver el tema.

"GARCÍA MIENTE"

El congresista Heriberto Benítez, quien es abogado, aseguró que tanto el expresidente Alan García como el expremier Jorge del Castillo están mintiendo cuando dicen que el Poder Judicial ya los investigó y el caso BTR es una "cosa juzgada".

El parlamentario explicó que García no pudo ser investigado por el Poder Judicial, ya que en el momento en que se abrió el proceso el líder aprista era presidente de la República y solo se le puede investigar por unos cuantos delitos que señala la Constitución.

En el caso de Del Castillo, Benítez indicó que este tenía la prerrogativa del antejuicio y tampoco se le podía investigar. "Ambos están engañando a la población al decir que ya los investigaron".

Por esa razón, señaló que la Megacomisión ahora sí puede recomendar que se les abra una investigación por el caso BTR y se les podría denunciar por haber cometido una infracción constitucional.

En su preinforme la Megacomisión recomienda acusar al líder aprista por infracción constitucional al beneficiar indebidamente con el ascenso a Elías Ponce Feijóo, líder de Business Track.

EL DATO

El miércoles, la Megacomisión debatirá y votará el preinforme sobre el caso BTR. Para que se apruebe tienen que votar a favor cuatro de los siete congresistas que integran dicho grupo de trabajo



08 de Septiembre del 2013 a las 09:15:06

MEGACOMISIÓN RESPETÓ DERECHOS DE EXPRESIDENTE GARCÍA EN INVESTIGACIONES

Megacomisión respetó derechos de expresidente García en investigaciones




















* Legislador Josué Gutiérrez resalta labor de grupo parlamentario

El congresista de Gana Perú Josué Gutiérrez aseguró ayer que la Megacomisión respetó los derechos del expresidente Alan García en las investigaciones seguidas por presuntos hechos de corrupción cometidos en su segundo gobierno.

Agregó que este grupo de trabajo, presidido por Sergio Tejada, está trabajando de manera objetiva y "no ha sido mediático", sino que mantuvo siempre un perfil bajo.

"La objetividad está bajo todo punto de vista y se ha respetado el debido proceso y todo un mecanismo adecuado para que el expresidente Alan García, como los demás involucrados, puedan tener los canales correspondientes para hacer valer sus derechos conforme corresponde", comentó.

Asimismo, descartó que el gobierno esté detrás de las posibles acusaciones de corrupción contra el exmandatario e instó a respetar el trabajo de una comisión de trabajo "multipartidaria".

"Si se investiga a Alan García es porque, respecto a él, el Ministerio Público no puede iniciar ningún proceso de investigación porque tiene el derecho de antejuicio, es decir, el Congreso tendría que levantar esa prerrogativa constitucional para que, después de eso, pueda iniciarse cualquier tipo de investigación", sostuvo.

En declaraciones a Canal N, dijo que el gobierno es ajeno a toda investigación y persecución política, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial son los entes titulares de laadministración de justicia.


24 DE JULIO: V ASAMBLEA NAC. DE DELEGADOS DEL SUTEP(LIMA)
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