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88 Organizaciones Condenan las Violaciones de los Derechos Humanos en el Perú
PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y DE DERECHOS HUMANOS ANTE REPRESIÓN Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN PERÚ
Las organizaciones abajo firmantes expresamos profunda preocupación en cuanto a las acciones del gobierno peruano que demuestran una creciente represión de la libertad de expresión, brutalidad policial, y violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al gobierno peruano a poner alto de inmediato a estos abusos, y buscar una solución pacífica, basada en el diálogo, a los conflictos relacionados con los proyectos extractivos en Perú.
Nos consterna que el gobierno de Perú ampare los proyectos extractivos reprimiendo con violencia la oposición de la comunidad. Nuestras organizaciones respaldan los derechos de las comunidades a la protesta pacífica y no violenta. Denunciamos cualquier forma de violencia.
En el último año, los conflictos sociales en Perú han aumentado drásticamente, llegando a más de 240 en la actualidad. Una buena parte de estos conflictos surgen debido a que los proyectos de la industria extractiva no obtienen el consentimiento de las comunidades. En concreto, la falta de consentimiento ha sido el catalizador principal en los crecientes conflictos sociales en Perú.
Durante las últimas semanas, la comunidad internacional ha notado la intensificación de estos conflictos sociales y la respuesta violenta y de mano dura reprimiendo la oposición comunitaria. Muy recientemente, la policía abrió fuego contra manifestantes opuestos al proyecto minero Conga de la empresa minera Newmont, el cual representa una amenaza de contaminación y sequía de los recursos hídricos en la región. Desde principios de julio del corriente año, las agresiones policiales han resultado en la muerte de cinco personas y numerosos heridos en Bambamarca y Celendín.
La detención violenta del Padre Marco Arana y la brutalidad y abusos a los que fue sometido a manos de la policía mientras participaba en una vigilia silenciosa en Cajamarca es preocupante.
Instamos al gobierno de Perú a que tome las siguientes medidas inmediatas:
Detener de inmediato la represión y los ataques violentos en contra de manifestantes;
Levantar el "estado de emergencia" que viola los derechos de ciudadanos y ha llevado a la militarización de la región, lo que podría resultar en nuevos actos de violencia;
Llevar a cabo inmediatamente una investigación sobre la violenta detención del Padre Marco Arana, y la intimidación de otros dirigentes de la oposición al proyecto Conga;
Establecer una política de consentimiento de las comunidades antes de cualquier proyecto de la industria extractiva, ya que la falta de consentimiento es el principal causante de conflictos sociales en Perú.
También instamos a la empresa minera Newmont, encargada del proyecto Conga, a que se pronuncie públicamente en contra de la represión violenta de las libertades civiles y el acoso de manifestantes que se oponen a la mina, por parte del gobierno peruano. Se le solicita a la empresa que no proceda con este proyecto sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
En tanto parte de una amplia red de organizaciones internacionales de la sociedad civil, vigilaremos de cerca la situación en Perú. Seguiremos informando a las autoridades en Norteamérica y a nivel internacional, encargados de tomas de decisiones y medios de comunicación sobre las acciones represivas del gobierno peruano y la oposición de las comunidades al proyecto minero Conga.
Por último, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas, organizaciones, autoridades locales, y especialmente las familias de víctimas en Perú.
Firman,
350.org (EEUU)
Acción Ecológica (Ecuador)
Amazon Watch (EEUU)
American Baptist Home Mission Societies
ArtAndes (EEUU)
Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta ADES Santa Marta (El Salvador)
Asociación para el Desarrollo de El Salvador CRIPDES (El Salvador)
Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal en El Salvador CORDES (El Salvador)
Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Guatemala)
Canadian Union of Postal Workers – Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) (Canadá)
Canadian Union of Public Employees (Canadá)
Canadians Against Mining Injustices in Peru (Canadá)
CATAPA (EEUU)
Center for Alternative Mining Development Policy (EEUU)
Center for Constitutional Rights (EEUU)
Center for Constitutional Rights (EEUU)
Center for International Environmental Law (CIEL) (EEUU)
Center for Justice & Accountability (EEUU)
Centro de Investigación sobre Economía y Comercio CEICOM (El Salvador)
Coalition Québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique Latine (QUISETAL) (Canadá)
Columbian Justice and Peace JPIC (Reino Unido)
Columbia Law School Human Rights Institute (EEUU)
Comité Ambiental de Cabañas CAC (El Salvador)
Common Frontiers (Canadá)
Conference of Major Superiors of Men (EEUU)
CONGA NO VA (Canadá)
EarthRights International (EEUU)
Earthworks (EEUU)
Environment and Human Rights Advisory (EEUU)
Environmental Investigation Agency (EEUU)
Foreign Policy In Focus (EEUU)
Foundation Earth (EEUU)
Friends of the Earth – United States (EEUU)
Friends of the Earth Canada (Canadá)
Friends Victoria (EEUU)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD (El Salvador)
Global Concerns Committee, Montclair Presbyterian Church (EEUU)
Global Exchange (EEUU)
Global Greengrants Fund
Global-Local Links Project & Global Community Rights Framework Initiative (EEUU)
Golden Dolphin Films (EEUU)
Government Accountability Project (EEUU)
Grand Riverkeeper (EEUU)
Great Basin Resource Watch (EEUU)
Green Hearts Project
Green Hearts Project (EEUU)
Guatemala Human Rights Commission (EEUU)
ICCO / KIA (Netherlands)
Indigenous Environmental Network
Indigenous Peoples Solidarity Movement Ottawa (Canadá)
Institute for Policy Studies, Sustainable Energy & Economy Network (EEUU)
International Accountability Project (EEUU)
International Forum on Globalization (EEUU)
International Rivers (EEUU)
Joining Hands Coordinating Team, Presbytery of San Francisco (EEUU)
Laguna Acoma Coalition For A Safe Environment (EEUU)
Land is Life (EEUU)
Latin American Studies Alumni SUNY Plattsburgh
Maritimes – Guatemala Breaking the Silence Network (Canadá)
Maryknoll Office for Global Concerns (EEUU)
Medical Mission Sisters' Alliance for Justice (Reino Unido)
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador (El Salvador)
Minding our Mines (EEUU)
MiningWatch Canada (Canadá)
Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace and Integrity of Creation (EEUU)
Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 MUFRAS 1932 (El Salvador)
NALACC (EEUU)
Oxfam America (EEUU)
Partnership for Earth Spirituality (EEUU)
PLAN Action Fund (EEUU)
Polaris Institute (Canadá)
Progressive Leadership Alliance of Nevada
Project of Heart (Canadá)
Puchka Peru (EEUU)
Rainforest Action Network (EEUU)
Responsible Sourcing Network (EEUU)
Responsible Sourcing Network a project of As You Sow
SAKBE, Comunicacion y Defensa para el Cambio (México)
SalvAide (Canadá)
Sisters of Mercy of the Americas Institute Justice Team (EEUU)
Tri-State Coalition for Responsible Investment (EEUU)
Unidad Ecológica Salvadoreña UNES (El Salvador)
United Steelworkers (Canadá)
United Steelworkers, AFL-CIO (EEUU)
Victoria Mining Justice Committee (Canadá)
Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)
Yukon Conservation Society (Canadá)
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¡UNIDAD PARA LUCHAR,UNIDAD PARA VENCER!
Estimados maestros y maestras:
Estamos atravesando circunstancias difíciles para el magisterio y la educación pública. El mensaje presidencial por fiestas patrias ha hecho más evidente el abandono, por parte de Ollanta, de sus compromisos electorales y la continuidad del modelo neoliberal.
Lejos de cumplir con lo ofrecido al magisterio y lo avanzado en la mesa de diálogo, respecto del urgente incremento de remuneraciones y pensiones, así como el pago de la deuda histórica, lo que tenemos es una propuesta de una "Ley de Desarrollo Docente" que, por presión de los defensores de la mal llamada Ley de CPM, hasta le han cambiado de nombre y, hasta donde se conoce por la versión no oficial que está circulando, en el marco del ahorro fiscal que exige el Ministerio de Economía, por orden del FMI, pretende anular los más importantes beneficios económicos y hasta rebajar los niveles alcanzados por los maestros comprendidos en la Ley 24029 – 25212.
Sin embargo, el SUTEP cuenta con el Anteproyecto de Ley del Profesorado, que luego de ser aprobado en dos convenciones nacionales sucesivas y de una amplia difusión, ha sido presentado al Congreso de la República por intermedio del Colegio de Profesores del Perú. Tal como lo ha aprobado la V Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, del 02 de agosto, exigimos el más amplio debate de ambas propuestas con la participación de los directamente involucrados como somos los maestros.
Entre otras cosas, debemos exigir:
1) Aumento para todos los maestros (desde el piso salarial) y proporcionalmente a los niveles. ¡No a la rebaja de los sueldos!
2) Respeto a los niveles alcanzados en las respectivas leyes (24029 y 29062) no a las "reubicaciones" arbitrarias y sin criterio pedagógico. ¡No a la rebaja de niveles!
3) Carrera de 5 niveles y desarrollo meritocrático (por evaluación) para los ascensos.
4) Evaluación que incida principalmente en el desempeño en el aula o la función que se ejerza.
5) Respeto a todas las bonificaciones y asignaciones conquistadas.
6) Respeto de la estabilidad laboral.
7) Desarrollo magisterial con equidad, no a la condena del 70% de maestros a una "carrera" de dos niveles (29062).
Lamentablemente en esta lucha tenemos dos distractivos: por un lado los defensores de la mal llamada Ley de CPM de Chang y García, que plantean no tocar ese engendro y "ni un sol de aumento si no es previa evaluación"; y, por otro lado el anarquismo divisionista que le hace el juego a los enemigos del magisterio y que tras el objetivo de legitimar al movadef de sendero luminoso, para buscar la amnistía de Fujimori, Montesinos y Abimael Guzmán, han promovido una huelga de una minoría del magisterio del sur del país, generando ante la opinión pública la imagen de un sindicato dividido, que sólo favorece a los implementadores de la reforma educativa neoliberal, privatista y antimagisterial. No es la primera vez que lo hacen: en el 2003, con su accionar divisionista, dieron motivo para la declaratoria del estado de emergencia y la posterior aprobación de la Ley General de Educación 28044 que da inicio a la "evaluación para la permanencia"; en el 2007, igualmente promovieron una huelga divisionista que permitió la dación de la Ley 29062 mal llamada de CPM de Chang.
Hoy requerimos de la más amplia unidad para enfrentar esta situación. Además del amplio debate para el que debemos estar preparados, en base a nuestra propuesta, necesitamos estar mentalizados para las más diversas acciones de masas que debemos implementar en el momento oportuno, sobre todo cuando se inicie el debate en el Congreso, incluida la huelga. Participemos activamente en las reuniones de estudio y debate de la Ley el 10 de agosto y garanticemos la presencia de nuestros delegados en la Convención Nacional Extraordinaria del 18 de agosto. Pongamos en tensión todas nuestras fuerzas.
Rene Ramírez Puerta
Secretario General SUTEP