La Fiscalía está más preocupada en meter a la cárcel a Gregorio Santos y a los líderes ambientalistas que en identificar a los asesinos uniformados que mataron a 7 ciudadanos de Espinar, Celendín y Bambamarca.
FISCALÍA NO SABE SOBRE LOS MILITARES QUE
MATARON A 7 CIVILES DE ESPINAR Y CAJAMARCA Los familiares de las víctimas de la protesta social por los casos de Xstrata y Conga no pueden ejercer sus derechos ante las autoridades porque los casos fueron trasladados a las alejadas jurisdicciones de Ica y Lambayeque, adonde no pueden viajar por falta de recursos.
NO HAY CULPABLES
Las autoridades han avanzado poco o nada en identificar a los autores del asesinato de siete pobladores durante las últimas protestas contra proyectos mineros en las ciudades de Espinar, Celendín y Bambamarca.
La República hizo un seguimiento a las investigaciones oficiales de cada homicidio y encontró que existe un notorio retraso. Esto se debe a que las diligencias se desarrollan no en el lugar donde ocurrieron los hechos sino en otra jurisdicción señalada por el Ministerio Público.
Así, las muertes de Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca, ocurridas el 28 de mayo en Espinar, Cusco, están en manos de la Fiscalía Provincial de Ica.
Lo mismo sucede con los casos de César Medina Aguilar, José Silva Sánchez y Paulino García Rojas, abatidos el tres de julio en Celendín, Cajamarca; de José Sánchez Huamán, fallecido el cinco de julio, también en Celendín; y de Joselito Vásquez Jumbo, muerto en Bambamarca.
Las pesquisas sobre los fallecidos en Cajamarca están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, bajo responsabilidad de Nelly Chambergo Burgos. Ella dijo a este diario que no tenía el expediente del caso de los muertos de la protesta contra Conga.
Por eso, hasta el momento, en ninguno de los siete casos se ha establecido responsabilidad. Ni siquiera se han planteado presunciones.
Peor aún, como resultado del traspaso de las investigaciones de Espinar, Cusco, a Ica; y de Celendín y Bambamarca, Cajamarca, a Chiclayo; esta disposición complica a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.
La Fiscalía está más preocupada en meter a la cárcel a Gregorio Santos y a los líderes ambientalistas que en identificar a los asesinos uniformados que mataron a 7 ciudadanos de Espinar, Celendín y Bambamarca.
FISCALÍA NO SABE SOBRE LOS MILITARES QUE
MATARON A 7 CIVILES DE ESPINAR Y CAJAMARCA
NO HAY CULPABLES
Las autoridades han avanzado poco o nada en identificar a los autores del asesinato de siete pobladores durante las últimas protestas contra proyectos mineros en las ciudades de Espinar, Celendín y Bambamarca.
La República hizo un seguimiento a las investigaciones oficiales de cada homicidio y encontró que existe un notorio retraso. Esto se debe a que las diligencias se desarrollan no en el lugar donde ocurrieron los hechos sino en otra jurisdicción señalada por el Ministerio Público.
Así, las muertes de Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca, ocurridas el 28 de mayo en Espinar, Cusco, están en manos de la Fiscalía Provincial de Ica.
Lo mismo sucede con los casos de César Medina Aguilar, José Silva Sánchez y Paulino García Rojas, abatidos el tres de julio en Celendín, Cajamarca; de José Sánchez Huamán, fallecido el cinco de julio, también en Celendín; y de Joselito Vásquez Jumbo, muerto en Bambamarca.
Las pesquisas sobre los fallecidos en Cajamarca están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, bajo responsabilidad de Nelly Chambergo Burgos. Ella dijo a este diario que no tenía el expediente del caso de los muertos de la protesta contra Conga.
Por eso, hasta el momento, en ninguno de los siete casos se ha establecido responsabilidad. Ni siquiera se han planteado presunciones.
Peor aún, como resultado del traspaso de las investigaciones de Espinar, Cusco, a Ica; y de Celendín y Bambamarca, Cajamarca, a Chiclayo; esta disposición complica a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.
