Gobierno de Bolivia afirmó que nacionalización es un "acto soberano"

Destacó la diferencia entre estos aeropuertos y los mejorados por el gobierno en las distintas regiones de Bolivia (Foto:Archivo).

Vladimir Sánchez remarcó que la empresa nacionalizada puso solo cinco de los 26 millones acordados con el gobierno para ampliar y mantener su red aeroportuaria.

El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Vladimir Sánchez, afirmó este martes a teleSUR que la nacionalización de tres aeropuertos es un "acto soberano para recuperarlos y hacer las inversiones necesarias para que estén al nivel al desarrollo del país".
Sánchez remarcó que el Gobierno boliviano, como servidor público, tiene la obligación de garantizar las inversiones para ampliar y mantener estos tres aeropuertos. "Si no tomábamos esta decisión, nadie lo iba hacer", remarcó.
En este sentido, afirmó que el Estado boliviano recuperó a Servicios de Aeropuertos de Bolivia S.A (SABSA), filial de las empresas españolas Abertis y Aena, ante el incumplimiento en los compromisos de inversión pactados con el gobierno boliviano.
"Hay que recordar que desde 1999 hasta 2005 no ha invertido un sólo dolar en el mejoramiento de esta red aeroportuaria. Luego se comprometió a destinar 56 millones de dólares entre 2006 y 2022, y finalmente dijo que pondría 25 millones para 2011, pero sólo gastó
cinco", enfatizó.
Además resaltó que SABSA administraba un total de 430 millones de dólares con un paquete accionario que no llegaba al millón de dólares. "La compraron en menos de 5 mil dólares y en este tiempo tuvieron ganancias mayores a los 20 millones", indicó.
El ministro de Obras Públicas, por otro lado, subrayó la diferencia entre los aeropuertos administrados por esta empresa y los internacionales que el Estado ha optimizado a lo largo del país. "Hemos modernizado centros aeroportuarios internacionales en las regiones que están en mejor estado que estos tres de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Así que realizaremos las inversiones necesarias para que estén de acuerdo al desarrollo y avance de nuestra economía", expresó.
También se refirió a los contratos de las privatizaciones llevadas a cabo en Bolivia y el resto de América Latina en los noventa. " Estábamos en una etapa de colonización y eso se reflejaba en estos textos legales", observó.
Por último destacó que pese a que los críticos de estas medidas dicen que las inversiones de privados bajan después de estas decisiones la experiencia boliviana demuestra que esto no es así. "Después de nacionalizar el sector hidrocarburífero afirmaron que nadie pondría más dinero en el país y el resultado es inverso ya que se ha dado un crecimiento de estas por parte de privados nacionales y transnacionales", culminó.
La indenmización y España.
A pesar de haber pagado menos de cinco mil dólares para administrar esta compañía, Abertis exige una compensación de 90 millones de dólares por lo que "le falta recuperar de lo invertido más lo perdido por la expropiación", según el consejero delegado del grupo, Francisco Reynés.
En respuesta a esto, el presidente boliviano, Evo Morales, expresó que el Estado dará una compensación justa por la nacionalización pero remarcó: "Si se demuestran que corresponde resarcir algunas inversiones, por supuesto que lo haremos, pero la empresa merece una demanda por semejante engaño al pueblo boliviano".
Morales sostuvo que este engaño y "estafa" se debe a que la compañía no destino el dinero comprometido con el gobierno, quien aceptó no estatizarla hace tres años por pedido del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que se negociara con la empresa una salida al problema.
Esta nacionalizacón, por otro lado, fue respaldada por los trabajadores de SABSA pero criticada por el gobierno de España, país que anunció que remplanteará su relación Bolivia y pedirá que la Unión Europea se pronuncie sobre el tema, y exigió un pago justo para los privados españoles.
En los últimos 10 meses, el Estado boliviano nacionalizó tres compañías pertenecientes al Estado español y empresas de ese país. La primera fue la Transportadora de Energía Sociedad Anónima, luego las acciones del grupo Ibedroala en cuatro distribuidoras y administradoras de servicios eléctricos, y la última es SABSA. Esto, además, se suma a la estatización de los recursos hidrocarburíferos, lo que afectó a Repsol, trasnacional del país.
Estas decisiones forman parte de la política de estatizaciones aplicada por el gobierno de Morales que se centra en recuperar los resortes estratégicos de la economía boliviana, como los recursos naturales (gas y minerales) y servicios públicos, para planificar el desarrollo del país desde el Estado y sin la injerencia directa de las grandes empresas y los bancos.

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