Agentes de la banca al ataque
Raúl Wiener
POLITIKA AnalistaOtro caso es el de los abogados del Midland Bank de Londres (posteriormente HSBC) y el Banco de Crédito convertidos en asesores legales del MEF a comienzos de los 90, cuando empezaban a discutirse las futuras privatizaciones. Estos profesionales llegaron en paralelo a la formación del Peru Privatization Fund (PPF- Fondo de Privatización Perú), impulsado por los dos bancos, con sede en Islas Gran Caimán, que entró agresivamente a comprar papeles de deuda externa que sus tenedores daban casi por perdidos, a precios irrisorios (un promedio del 10% del valor nominal).
Los letrados provenientes de los bancos redactaron, sin embargo, la ley y los decretos complementarios que harían posible canjear papeles de la deuda al 100% de su valor nominal durante la venta de empresas públicas. Esto le permitió al PPF ofertar su stock de estos documentos a alrededor del 80% de su valor nominal (8 veces más) a los interesados en participar en las privatizaciones. Se calcula que ese negocio dejó una utilidad de más de 100 millones de dólares. Los abogados destacados al MEF, dejaron luego sus cargos y volvieron a sus bancos.
El negociador peruano de la deuda de esa época era funcionario de Opinvest, operadora de fondos internacionales que facilitaron las operaciones reseñadas. En otras palabras, los gatos hacían a cada rato de despenseros. El Estado estaba copado por dentro de agentes de los bancos.
Hoy tenemos que el presidente del Tribunal Constitucional que tiene que resolver un enorme pago de los bonos de reforma agraria, es un ilustre abogado que ha servido 21 años al Banco de Crédito, que por casualidad ha sido el principal comprador de estos papeles adquiridos a precio de huevo y por los que ahora tiene demandado al Estado. Y cuando le piden que se abstenga de decidir en este caso por simple decoro, sale al frente a defender una autonomía que es difícil de creer. Como si no hubiera tanta historia detrás de este tipo de situaciones.
Basta de hipocresías
"Si el poder es lo que representó Belaunde –ese mito caballeroso-, no quiero el poder. Y si es lo que representa García –ese tragaldabas del oro ajeno-, tampoco lo quiero. Y si fuera lo que Fujimori encarnó junto a su pandilla de asaltantes y geishas venéreas, también paso. Y si acaso fuera lo que Guzmán, el Pol Pot de Lucanamarca, soñó hacernos, paso con más ganas todavía".
Bonos Agrarios en el tribunal
No se acudió a la confiscación, es decir al traslado de la propiedad latifundista, sin pago indemnizatorio. Se prefirió la expropiación con pago en bonos a los expropiados.
En la ley se fijaba la posibilidad de que se indemnizara de inmediato a quienes destinaran el pago a la actividad industrial. Dionisio Romero, quien se convertiría luego en el mayor banquero del país, se acogió a esa ventanilla.
Hubo muchos hacendados que no pudieron cobrar sus bonos, y que desde entonces –ellos o sus herederos– reclaman el legítimo pago.
Pero aparecieron entonces los especuladores, quienes, dada la dilación de los pagos, compraron los bonos a precio de regalo. Se dice que en muchos casos pagaron 10 por ciento, o menos, del valor de los bonos. Esos especuladores, que nunca tiraron lampa en suelo peruano, son hoy los más enconados y más influyentes cobradores del pago inmediato.
En suma, hay reclamantes legítimos y aprovechadores especulativos. El Estado debiera reconocer la deuda, pero diferenciar lo que es diferente.
Reynaldo Trinidad, director de la revista especializada Agronoticias, acaba de proponer una fórmula razonable y viable: que se pague, sin intereses, solo a los propietarios originales o a sus herederos.
La disputa entre lo planteado por el presidente Humala y el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, se refiere únicamente a una ejecución de una sentencia dictada en el 2001 y que ordena el pago.
Hoy, como recalca Trinidad, la mayoría de los bonos impagos están en manos de tres grupos de especuladores nacionales y extranjeros, quienes han pagado piltrafas pero pretenden cobrar el valor del bono, más moras, intereses y penalidades. Lo que se quieren llevar puede ascender a ocho o nueve mil millones de dólares, suficientes para arruinar al Perú.
En ese panorama es válido recomendar tiento y prudencia al Tribunal Constitucional, y al doctor Urviola, que se inhiba en el caso.
MEF CONTRATA ABOGADO A CAYETANA ALJOVÍN POR "SALVATAJE" A BANCO LATINO
*Ministro Castilla autoriza –sin proceso de selección– el pago de S/. 118 mil para la defensa legal de la periodista de RPP
En abril de este año, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, autorizó la contratación de un abogado para la periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Cayetana Aljovín Gazzani, por un monto total de S/. 118 mil. Y lo hizo exonerándolo del proceso de selección.
En febrero de 2012, Aljovín Gazzani junto con otras personas, entre ellas su esposo Fritz Du Bois y el exministro aprista Pedro Sánchez Gamarra, fueron acusados por la Fiscalía por el irregular "salvataje" del Banco Latino, ocurrido en 1998 durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Cuando se ordenó el "salvataje" al Banco Latino (ver recuadro), Aljovín Gazzani ocupaba el cargo de secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y era miembro del consejo directivo de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE), lo que hoy es el Fonafe.
El fiscal superior adjunto de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, Aldo Cairo Pastor, ha pedido una pena de seis años de privación de la libertad, una indemnización solidaria de S/. 70,000, y una inhabilitación de tres años para ejercer cualquier función pública.
SERVICIO PERSONALÍSIMO
El abogado contratado por el MEF para que defienda a Aljovín Gazzani en este proceso es César Azabache Caracciolo. Según la resolución, la elección de dicho letrado no pasó por un proceso de selección debido a que se trató de un "servicio personalísimo".
Además, según el documento firmado por Castilla, "el servicio que presta el abogado César Azabache se hace incomparable frente a potenciales proveedores que puedan existir en el mercado por lo que se trata de la prestación de un servicio personalísimo (…) Resulta procedente autorizar la exoneración del proceso de selección".
Según el director de la Oficina de Abastecimiento del MEF, Luis Ingunza Pando, su despacho realizó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado con el objetivo de averiguar "los potenciales proveedores" para la defensa legal de Aljovín Gazzani.
El estudio implicó "la remisión de solicitudes de cotización a diversos estudios que podrían estar en capacidad de brindar el servicio de asesoría y patrocinio legal en materia de derecho penal; recibiéndose únicamente la respuesta del abogado César Azabache"
EL DATO
El fallecido congresista Javier Diez Canseco fue el presidente de la comisión parlamentaria que investigó los delitos económicos ocurridos durante el régimen de Fujimori. El "salvataje" al Banco Latino fue uno de los casos.
DIEGO HERNÁNDEZ
