Ocho semanas, 41 muertos y 650 heridos después, se produjo el encuentro esperado por todo un país. Finalmente la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela cedió ante el reiterado llamado a un diálogo para poner fin a la violencia por motivos políticos que ha lastrado el país desde el pasado 12 de febrero.
El encuentro, transmitido íntegramente por televisión, se prolongó unas 6 horas en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas, desde la noche del jueves 10 hasta parte de la madrugada del viernes 11. Reconocimiento, tolerancia y coexistencia mutua, fueron las palabras más escuchadas en la cita gestada gracias al trabajo de acercamiento de la Unión de Naciones Suramericanas y un enviado especial del Vaticano, pero especialmente por la voluntad de conciliación del Ejecutivo Bolivariano.
Maduro, ecuánime durante todo el evento, enfatizó en que no se trataba de un pacto ni de una negociación con la derecha, sino de un debate de posiciones cuyo fin es hallar una voluntad común de paz, democracia y respeto.
El presidente encabezó estos esfuerzos en los cuales se mostraron dos visiones de un mismo país. Una que alcanzó el poder por la vía democrática y que hizo de la participación política un derecho de todos, y otra que, desesperadamente, ha visto en la desestabilización el método para acceder nuevamente al poder.
Paz para alcanzar la justicia, condena a la violencia como método político, reconocimiento del chavismo como la corriente política mayoritaria, tras 18 éxitos en 19 procesos electorales, y respeto a la Constitución, formaron parte de los puntos delineados por el Gobierno.
No nos pueden imponer la violencia a todos, señaló el mandatario respecto a las "guarimbas" gestadas por grupos terroristas que durante las últimas semanas han intentado desestabilizar el país y provocar una salida violenta del Gobierno en el poder.
Gran parte de los representantes del Ejecutivo coincidieron en que una cosa es protestar ante las insatisfacciones que se puedan tener con determinadas medidas gubernamentales, hecho que está contemplado en la Carta Magna, y otra bien distinta es hacerlo de forma violenta y reclamando la salida del gobierno elegido en las urnas en abril del año pasado.
La crítica de los oradores chavistas estuvo dirigida también a los intentos de la derecha de colgarle el cartelito de "pacífico e inofensivo" a sucesos que se han cobrado la vida de al menos 41 personas.
No es pacífico poner aceite en las calles para provocar accidentes, colocar guayas de acero de un extremo a otro de una calle para degollar motoristas, ni lo es tampoco incendiar un preescolar con al menos 80 niños adentro, o centros universitarios, insistieron oradores como el canciller Elías Jaua y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez.
Estas y muchas otras evidencias de las protestas "pacíficas" de la oposición fueron expuestas esta vez ante una representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, conglomerado de partidos de derecha), que no ha condenado, al menos explícitamente, la violencia.
"No se puede condenar la violencia y apoyar al violento", decía el gobernador de Anzoátegui Aristóbulo Istúriz.
Sobre este asunto, el pliego de peticiones de la derecha fue una ley de Amnistía para liberar a un grupo de opositores presos por cometer delitos sancionados por la legislación venezolana, entre los cuales se encuentran el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López y los exalcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
Ante la insistencia, el Ejecutivo dejó claro que los culpables serán juzgados en apego a las leyes.
El propio Presidente venezolano invitó una vez más a la MUD a incorporarse a la Comisión de la Verdad creada por el Estado, para que los condenados no queden impunes, así como a desarrollar planes de trabajo que combatan la inseguridad y la criminalidad presentes en la sociedad.
La derecha presentó diversos criterios sobre las iniciativas puestas en marcha para enfrentar la situación. Mientras el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, aceptaba asistir a la Conferencia Nacional por la Paz implementada el 26 de febrero pasado, Henry Ramos Allup (representando al partido Acción Democrática) justificaba su negativa de incorporarse a la Comisión de la Verdad debido a que la misma no sería "parcial" por su "composición chavista".
A Ramos se le recordó que la oposición no tiene mayoría parlamentaria en la Asamblea.
Otro de los ejes de ataque de la derecha estuvo dirigido a la situación de la economía. Muchos de los representantes de la oposición pusieron de relieve el desabastecimiento y la falta de productos de la canasta básica, así como el aumento de los precios de los mismos, y justificaron que esos criterios son los que mueven las protestas en el país.
Sin embargo, omitieron que una parte de esa misma derecha, de forma directa o indirecta, participa en la guerra económica que enfrenta el Gobierno.
Tal y como señaló el vicepresidente para el Área Económica y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, en la economía venezolana participan sectores tanto estatales como privados. Si las empresas privadas no producen lo suficiente, cae para el Estado una carga difícil de solucionar. En ese sentido, puso de relieve que gran parte de los beneficios de los ingresos del petróleo se redistribuye en inversiones sociales que benefician directamente a los menos favorecidos.
REFLEXIONES EN PRESENTE
El proceso de diálogo ha ganado muchos detractores y seguidores. Están quienes consideran que no se debe hablar con una oposición desmemoriada cuyo sector más radical y acusado directamente de la violencia no asistió, y por demás, tiene como único objetivo derrocar a Maduro.
La exdiputada opositora María Corina Machado declaró a la prensa que el encuentro no fue más que una "farsa" que pretende "dividir a la unidad". Machado, destituida de su cargo parlamentario por asistir a una conferencia en la OEA como representante alterna de un gobierno extranjero sin la debida autorización, dijo que ese sector seguiría en la calle.
También está el ejemplo de López, quien días antes de las manifestaciones violentas del 12 de febrero salió en varias televisoras espetando que no pararían hasta sacar a Maduro de Miraflores. O el propio diputado Julio Borges, del partido Primero Justicia, que en pleno encuentro de paz indicó que sentarse a la mesa con el gobierno no era un indicador de "enfriar la calle".
El profesor del Centro de Investigaciones de Política Internacional en Cuba, Pável Alemán, comentó a Granma que el hecho de que se haya establecido un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, es una victoria política del Ejecutivo y un reconocimiento tácito por parte de la oposición de su agotamiento y del fracaso del objetivo principal de la guarimba: convertir a Venezuela en un Estado caótico e ingobernable, y hacer caer al gobierno de Maduro.
El analista cubano estima que el estado de violencia permanente e inestabilidad política que generó el sector pro-guarimba, no solo afectó al Gobierno, sino también a los intereses económicos de la oposición.
La mayoría de los venezolanos no aprueba el uso de la violencia como medio para acceder al poder, la consideran una vía ilegítima. Esto es un elemento importante de su cultura política, que favorece el debate como alternativa para encontrar soluciones a la actual crisis. Aún cuando figuras como Capriles (excandidato presidencial y gobernador de Miranda) siguen utilizando un discurso con matices violentos, los demás participantes por la MUD en general callan cuando públicamente les enumeran varios de los hechos más connotados de esa violencia, agregó el académico.
A su vez, el politólogo venezolano, Nicmer Evans, aseguró que el diálogo en su país como práctica política no es solo una alternativa, sino el instrumento fundamental.
En Venezuela, el debate entre sectores fuertemente polarizados en principio por concepciones ideológicas, pero hoy más que nunca, por intereses de poder, se plantea como "una necesidad", posterior a dos meses de violencia urbana convocada y activada por un sector de la oposición conducida por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, agrega el comoderador del programa de análisis y opinión Golpe de Timón.
Evans se refirió además a que la aceptación a dialogar solo fue reconocida por un sector de la oposición que aunque no ha cuestionado las acciones violentas en las calles, no ha convocado a las mismas. Mientras, el sector más extremista rechaza el diálogo, asumiendo que quienes asisten sin haberse cumplido una serie de condicionamientos previos para tal fin son unos "entreguistas".
Son evidentes los retos de la apuesta del Gobierno por un diálogo que lleve al fin de la violencia, pero es mucho también lo que está en juego: la paz de todos los venezolanos.
