Fecha: 24 de abril de 2014, 9:08
FF.AA. y narcotráfico, por Roberto Chiabra León
La política antidrogas en el país no ha tenido resultados positivos porque se enfrenta a una amenaza no militar
- Roberto Chiabra León
- Ex ministro de Defensa
El Congreso faculta a las Fuerzas Armadas a tener una mayor participación en la lucha contra el narcotráfico en las zonas declaradas en emergencia. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asigna las tareas a los comandos operacionales en función de sus capacidades para que sean más eficientes en su accionar.
Según la estrategia de lucha contra el narcotráfico (Decreto Legislativo 824, del 23 de abril de 1996), la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea pueden efectuar el control de los puertos y aeródromos, así como realizar la interdicción fluvial y aérea (sin propósito letal y con alcances limitados por falta de apoyo de Estados Unidos desde el 2001). El Ejército, por su parte, puede constituir fuerzas de intervención rápida para actuar ante inteligencia puntual contra las bandas criminales armadas. La interdicción terrestre se realiza con laPolicía Antidrogas, órgano especializado de la Policía Nacional que dispone de la inteligencia del caso.
Pese a las eventuales tareas de las Fuerzas Armadas, perseguir y detener a los implicados en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas (TID) y realizar el control de insumos químicos son tareas propias de la Policía Antidrogas dentro de su función de prevenir, investigar y combatir este delito. No se fortalece la lucha contra el narcotráfico asignándole a las Fuerzas Armadas tareas que son propias de la Policía Nacional. Por el contrario, se afecta a ambas. Lo más adecuado sería constituir comandos especiales organizados con personal de ambas instituciones, como se hizo en el Huallaga en 1993.
La estrategia antidrogas no será más eficaz con el Ejército persiguiendo mochileros por la selva, sino con una mayor dedicación de la Sunat en el control de insumos químicos que siguen ingresando en forma masiva al Vraem y al Perú, con un mayor esfuerzo en la sustitución de la economía del narcotráfico para recuperar a las familias dedicadas al TID por ser su única alternativa de vida, con un eficiente sistema de control de lavado de activos y con el combate decidido contra los delitos vinculados con el narcotráfico (minería ilegal, tala ilegal de madera, contrabando, trata de personas, extorsiones). La solución es integral, no militar. Disponer la participación de las Fuerzas Armadas es una manera de simular que se está combatiendo al narcotráfico en el país.
Esta amenaza ha crecido y se ha diversificado en forma alarmante, debiendo ser enfrentada en todas sus manifestaciones porque genera inestabilidad política, pone en riesgo la seguridad interna y el orden jurídico establecido, distorsiona la economía, produce corrupción en todos los estratos sociales, fomenta la violencia y atenta contra la vida, salud y moral de los ciudadanos.
La política antidrogas aplicada en el país no ha tenido resultados positivos porque se enfrenta una amenaza de naturaleza no militar, alcance multidimensional y carácter transnacional con estrategias y medios esencialmente militares, y en un espacio geográfico limitado pese a ser una amenaza a escala nacional que ha convertido al país en el primer productor y exportador mundial de cocaína. Se requiere reducir su poder y frenar su violencia con la aplicación de una estrategia nacional con la dirección de una autoridad del más alto nivel (primer ministro) que lidere un consejo de lucha integrado por todas las instituciones y organismos relacionados con la lucha contra el delito de tráfico ilegal de drogas.
