Por Omar Cavero
La ciudad de Lima debería apoyar masivamente la marcha nacional del agua. Y no debería hacerlo solo en solidaridad con la población de Cajamarca que se opone al proyecto minero Conga. Es una razón importante, sí, pero esta vez no setrata solo de una movilización de solidaridad. Permítaseme presentar dos argumentos simples.
Argumento 1: Una cuestión de supervivencia.
Lima, la ciudad más poblada del Perú, que alberga, según el último censo, a 8'445,211 de peruanos/as; vale decir, al 30,8% de la población total del país (INEI, 2007); ha crecido sobre una zona desértica. Esto ya parece cliché, pero conviene recordarlo. Sólo hay dos capitales en el mundo que comparten esta característica: la otra es el Cairo.
Y bueno, ¿de dónde proviene el agua dulce que llega a Lima? Ésta proviene sobre todo de los deshielos de las cumbres nevadas andinas que en su recorrido forman cuencas y micro-cuencas que desembocan en el río Rímac. Lamentablemente, el 98.2% de tales deshielos desemboca en el Atlántico y a nuestra Costa sólo llega del 1,8% (INEI: Anuario de estadísticas ambientales, 2011).
Si el dato anterior ya nos debería exigir poner atención a este tema, sumemos otro dato relevante: según investigaciones relacionadas a la tesis del calentamiento global que ha compilado el periodista y documentalista alemán Claus Kleber, de la cadena televisiva ZDF, Lima será la primera ciudad del mundo en enfrentar una seria escasez de agua debido al deshielo de los glaciares de nuestra cordillera que obligará a nuestra ciudad a quedar deshabitada.
¿Cuándo sucedería? Bueno, los problemas de abastecimiento ya se sienten, pero llegaremos al límite, de acuerdo a los pronósticos, entre el 2030 y el 2050 ("Lima está condenada a quedarse sin agua", RPP, 11/11).
Hasta aquí, cabe preguntarse: ¿deberían importarle a Lima y, en general, a las ciudades de la Costa, las protecciones legales a las cuencas y micro-cuencas que alimentan los principales ríos que atraviesan nuestra árida franja costera? Por supuesto. ¿Y cuáles son estas protecciones? Pues bien: las protecciones son mínimas. Teniendo una catástrofe ambiental a la vista no se han declarado intangibles las cabeceras de nuestro tendido hídrico natural. Pueden ser, y son, contaminadas por desechos generados por actividades económicas de diverso tipo.
En Conga se quiere secar dos lagunas para extraer oro pero éste no es en absoluto un caso aislado. Recordemos la protesta de los comuneros de Huambo, en Ancash, que lograron impedir que se concesione una zona de la laguna de Conocoha, que alimenta el Valle del Santa. Recordemos también las demandas del sur de Puno: algunas de ellas exigían que los lotes petroleros 155 y 156 que se superpondrían al lago Titicaca sean anulados. Del mismo modo, la minería informal en el norte de Puno y en Madre Dios, por poner dos casos, ha generado una grave contaminación. Y podríamos seguir con la enumeración de casos.
¿Es aceptable esta desprotección legal? ¿Es admisible que, además, no haya un ordenamiento territorial nacional que permita que sepamos dónde puede haber tal o cual actividad económica? ¿Tiene sentido que los medios de prensa dominados por los sectores de poder económico que manejan de facto el país, pretendan hacer invisible esta marcha y además hacerle creer a los/as limeños/as que la minería debe darse a toda costa, así implique sacrificar el agua, porque "si no se va la inversión"? Bueno, ¿sin agua a dónde nos iremos nosotros/as?
Argumento 2: El acceso al agua es una cuestión de justicia elemental
Ahora bien, asumamos que se protejan los principales afluentes de agua que alimentan la Costa, que haya un ordenamiento territorial serio técnicamente y participativo, que, a fin de cuentas, se logre poner un poco de moderación a esta afiebrada política de concesiones que reparte en pedazos el país. Asumamos eso. Preguntémonos ahora: ¿Cómo distribuimos el agua que tenemos ahora?
Pensemos en Lima. En nuestra capital, la ciudad-desierto, la sobrepoblada, la que ha crecido precipitadamente, sólo 85,4% de los/as limeños/as tiene acceso a la red pública de agua potable dentro de su vivienda y 4,7% se ven obligados/as a comprar agua de camiones cisternas, que es más cara y de condiciones de salubridad pésimas.
¿Y esa agua escasa, en el eventual que el tendido de cañerías abarque, por fin, toda la ciudad, cómo sería distribuida? Si las cosas siguen como ahora la cuestión es clara: el mecanismo sería el mercado. En palabras sencillas: si tienes dinero para pagar puedes usar el agua que desees.
Pero ni las cuencas han sido protegidas, ni se ha frenado las desmesura del trazado de concesiones en todo el territorio, ni en Lima se ha logrado dar acceso al agua a toda la población; y aún en estas condiciones, si entramos a Google Earth y observamos desde el arriba a San Isidro, La Molina, Miraflores y otros distritos donde se concentran los sectores más pudientes de la ciudad, veremos grandes y azules piscinas, y frondosos jardines regados con varios litros semanales de agua. Oferta y demanda, dirían los dueños de tales casas, mientras se remojan en sus piscinas, con un traguito en la mano.
Este viernes 10 de febrero, todos a las calles.
Punto de encuentro: Plaza Dos de Mayo.
2pm.
El problema del agua en Lima es, pues, no sólo un problema de acceso. Hay una profunda injusticia detrás de la distribución actual del agua y vivimos en una dejadez interesada en materia de protección ambiental que, en el mediano plazo, hará que la vida en nuestra ciudad sea insostenible.
Apoyar la Marcha nacional del agua no es una cuestión de solidaridad solamente, no es sumarse a las demandas rurales por altruismo, no es una posición ideológica: es puro, simple y esencial instinto de supervivencia, y una exigencia de justicia básica en una ciudad como la nuestra; a menos que, como sucede con los actuales medios de prensa de masas, creamos que el problema del agua en Lima se limita a no jugar carnavales y cerrar el caño bien fuerte para que no gotee.
