Fecha: 5 de abril de 2013 19:45
La Masacre perpetrada por órdenes de Alan García
Hildebrandt en sus trece
El 18 de junio de 1986 es imborrable y por él García, el ultra prescrito, no ha pagado un solo día de cárcel. En aquella jornada, tropas de la marina, el ejército y de la entonces llamada guardia republicana asesinaron a decenas de presos acusados de terrorismo. Los hechos ocurrieron en El Frontón y en Lurigancho, escenario este último donde no hubo un solo sobreviviente. Es cierto que el senderismo había conspirado para que un motín carcelario debidamente orquestado empañara una cita de la Internacional Socialista que empezaba en Lima. Es cierto que en El Frontón hubo alguna refriega producto de que los senderistas hubiesen disparado las armas arrebatadas a tres rehenes. Pero nada justifica matar a 300 personas que, en ambos casos, ya se habían rendido y salían con las manos en la nuca a solicitar el trato que sí habrían recibido las tropas de un ejército enemigo derrotado. García prometió investigación y castigo. No hubo ni lo uno ni lo otro. Y García, que añadió a ese crimen otros más y a esos otros aun el del asalto a los fondos públicos, demostró que en el Perú la inimputabilidad es un derecho adquirido por algunos. Porque la pregunta fluye natural: si Fujimori está preso por mandar matar -y qué buena lección moral es que lo esté-, ¿por qué García jamás fue juzgado por sus crímenes? Las siguientes líneas corresponden a un editorial publicado por la revista "Caretas" a raíz de estos sucesos. El extraordinario texto fue escrito por Enrique Zileri Gibson.
"Ninguna de las acciones realizadas hasta la fecha por ese movimiento de maligna entraña que es Sendero Luminoso ha golpeado a este gobierno tan certeramente como lo han hecho los acontecimientos de la semana pasada.
Si la intención de Sendero era desdibujar la imagen internacional de Alan García Pérez con su sincronizado motín carcelario, eso lo ha logrado con creces en el proceso de su sangrienta inmolación. La visita de Craxi ha sido suspendida tanto por razones de incomodidad como de seguridad. El Congreso Internacional Socialista ha devenido en un mal disimulado fiasco. La gran prensa liberal del mundo, aliada hasta ayer de un joven social demócrata rebelde e invalorable contrapeso de los bancos, los Reagans y los Schutz, está comprensiblemente horrorizada.
Que el Perú no parezca estar horrorizado por ahora, que nuestra opinión pública y nuestros medios de comunicación se muestren satisfechos más que espantados, y que abuelitas de clase media y honestos hombres de la calle declaren con toda convicción que están bien, que "no quedaba otra" que "hay que matarlos a todos", no quiere decir que esté bien ni que la muerte a mansalva sea la única ni más eficaz forma de derrotar a la sedición.
Agobiado como está el país con tanta violencia, se está extendiendo en sectores de la población civil urbana un peligroso mito necrofílico que antes parecía circunscrito a militares argentinófilos a ultranza y ad nauseara, como el general EP (r) Luis Cisneros Vízquerra. Para triunfar sobre el terrorismo, Cisneros viene proclamando hasta hoy con una franqueza y una certidumbre a la que no se atrevían inclusive sus admirados (y ahora procesados) colegas sureños, hay que convertirse en terrorista y asesinar a muchos inocentes -por si acaso-.
Funcionó en Argentina, asegura. Pero ¿a qué costo para la propia fuerza armada argentina y por cuánto tiempo? La enfermedad de la violencia sigue latente en la Argentina. ¿Y qué de toda esa otra mayoría de casos en la que la represión atroz no sólo no funcionó, sino que fomentó la infección? Además, por qué olvidarse de los procesos en los que la agresión terrorista ha sido derrotada o es conjurada y combatida con métodos enérgicos pero civilizados -como lo fríe en Malaya y en Venezuela, y lo es en Italia, España, Francia, Israel-.
¿Qué pasó realmente la semana pasada? En primer lugar, el gobierno sobredimensionó un motín carcelario de recurrente catadura, y decidió terminarlo en un día, antes de la inauguración del Congreso Socialista, como si ese fenómeno, que también es común en otros países como Italia, estuviera poniendo en juego su honor y su credibilidad.
Cierto que Sendero plantea un desafío diferente, que la estructura institucional de un país como el nuestro es más endeble, la tendencia a la desmoralización mayor, y que puede haber habido consideraciones desconocidas en la toma de esta decisión. Pero aquí faltó serenidad.
Ese, sin embargo, no es el problema principal. Todo gobernante tiene el derecho, a fin de cuentas, a usar la fuerza dentro de las estipulaciones de la ley y hasta de cometer errores. Aquí está su responsabilidad política.
Lo grave y repelente está en cómo se aplicó dicha fuerza y, específicamente, cómo se exterminó deliberadamente a todos los 126 reclusos del pabellón industrial del penal de Lurigancho sin que quedara un solo sobreviviente. En El Frontón, la presencia de armas de fuego en manos de los amotinados y la existencia de bajas entre las fuerzas militares y de reclusos sobrevivientes describen una acción extremadamente cruenta y discutible, pero que queda dentro de lo concebible.
La atrocidad deliberada cometida en Lurigancho, en cambio, es indiscutible y no encuentra paralelos inmediatos por su primitiva brutalidad en los anales históricos de nuestro país o de Latinoamérica.
Ni en sus momentos de menor discriminación represiva llegó un pelotón del ejército argentino a pasar por las armas a todo un pabellón de inculpados subversivos en pocas horas en pleno Buenos Aires. Ni en los "chupaderos" más sicóticos se mató tan ciegamente, mezclando a "cristalizados" con sospechosos sin recurrir a algún tipo de procedimiento discriminatorio. Y ni siquiera en las cárceles clandestinas más letales de los años 70 dejó de salir alguien con vida.
Ahora el gobierno ha anunciado el inicio de una investigación tripartita para determinar si hubo excesos en las acciones de la semana pasada. Que la iniciativa no se quede en el papel de los comunicados o de los procedimientos privativos, que rara vez llegan a conocerse o aclarar. Esta vez la operación de exterminio llevada a cabo en Lurigancho, a pocos kilómetros de Palacio de Gobierno, pesará sobre los hombros de este régimen, de García, de su partido, de la democracia para siempre, en calidad de una complicidad terrible y con una pérdida contundente de autoridad moral en la lucha contra la sedición fanática, si es que, apelando a los más elementales cánones de cualquier código militar y norma de guerra, no se sanciona a los responsables".
García compró en secreto armas por 3,200 millones
El expresidente aprista indicó al respecto: "El secretismo en las compras militares es un tema muy grave. Solamente en los gobiernos dictatoriales se optó por tener secreto en las compras militares, que siempre conducen a corruptelas", manifestó al atacar al gobierno de Humala.
Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que las cifras pueden aumentar ya que lo informado es solo una parte de las compras secretas realizadas por la pasada administración.
Cateriano aclaró en su momento que cada compra realizada en secreto militar durante este gobierno fue aprobada por la Contraloría.
"Para hacer una compra se tiene que esperar la luz verde de la Contraloría y luego de realizada la compra se tiene que dar cuenta de todo lo actuado a la propia Contraloría", aseguró.
Por otro lado, Cateriano, con relación a la Ley del Servicio Militar 29248 que estableció el sorteo de manera obligatoria, reiteró que esa norma fue aprobada por el Parlamento durante el gobierno de García.
Agregó que en este tema el entonces presidente no observó la ley. Subrayó que el gobierno del presidenteOllanta Humala solo ha cumplido con la norma en el caso del servicio militar.
