Nicolás Maduro en cierre de campaña. Foto: AVN
Álvaro Verzi Rangel
La prensa hegemónica mundial y latinoamericana insiste en un (imposible) fraude electoral y un clima de guerra civil en Venezuela tras el ajustadísimo triunfo del candidato chavista Nicolás Maduro, alentando una violenta etapa de desestabilización lanzada por sectores opositores que parecen un revival del golpe de 2002.
Pero el contexto regional ha cambiado: los observadores internacionales hablan de transparencia y limpieza electoral y todas las naciones de la región felicitan al candidato triunfador. Los estallidos de violencia parecen ser mucho más mediáticos (o mediatizados) que preocupantes, aunque los cacerolazos suelen retumbar en los valles de las grandes ciudades venezolanas.
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Pero el contexto regional ha cambiado: los observadores internacionales hablan de transparencia y limpieza electoral y todas las naciones de la región felicitan al candidato triunfador. Los estallidos de violencia parecen ser mucho más mediáticos (o mediatizados) que preocupantes, aunque los cacerolazos suelen retumbar en los valles de las grandes ciudades venezolanas.
Las escasas dos semanas de campaña electoral transcurrieron en un clima tenso, pleno de alertas ante posibles sabotajes, intentos de desconocimiento del triunfo de Maduro por parte de la oposición, y un plan desestabilizador donde participaban mercenarios salvadoreños, paramilitares colombianos y funcionarios estadounidenses.
Si en 2002 se denunció el golpe de Estado venezolano como el primer "golpe mediático", experiencia que se intentaría repetir sin éxito en Bolivia y Ecuador, pero sí en Honduras y Paraguay. Esta vez se puede hablar de un intento de golpe mediático y cibernético, con hackeo de cuentas e instigación a la violencia y la desestabilización a través de las llamadas redes sociales, metodología que seguramente intentarán "exportar" a otros países latinoamericanos…
Ya durante las últimas semanas se habían registrado una serie de la acciones violentas llevadas a cabo por grupos de "estudiantes" opositores, las que según fuentes de inteligencia, son pagadas directamente por funcionarios de la embajada estadounidense al coordinador de esas actividades, Gabriel "Gaby" Arellano, empleado de la estatal Universidad de Los Andes.
Las investigaciones apuntan a la funcionaria estadounidense Sharon Vanderbeele, oficial de la estación de la central norteamericana de Inteligencia CIA en Caracas -bajo la fachada de la oficina de Asuntos Regionales (ORA), cargo que ejerce desde 2011. Vanderbeele sustituyó a Michel Roberts en la tarea de asesoramiento y financiamiento a la oposición venezolana por parte de la CIA, que no es la única entidad estadounidense que apoya económica y logísticamente al antichavismo.
Once años atrás, el analista Aram Aharonian escribía: "Un periodista español decía la semana pasada, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez: "¡Qué olor a hamburguesa, jabugo (jamón serrano) y petróleo!" Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en la asonada encabezada por el líder empresarial Pedro Carmona".
Once años después, el libreto quiere ser repetido, aunque el contexto latinoamericano-caribeño y mundial es diferente. Pero, no es casual que los de los dos países que reconocieron como presidente al golpista Carmona en abril de 2002, el español de Aznar (hoy de su delfín, Mariano Rajoy) y el de Estados Unidos de la doctrina Monroe (es lo mismo que el administrador de turno sea George Bush o Barack Obama), hoy duden de los resultados electorales en Venezuela.
El canciller español dijo que no reconocería los resultados, en un tono por demás injerencista. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney agregó que su país considera un paso "necesario" una auditoría de la elección presidencial del domingo en Venezuela, y estimó que debía hacerse antes de que fuera proclamado el candidato oficialista Nicolás Maduro. (Éste es presidente proclamado oficialmente desde el lunes 15 y asume ante la Asamblea Nacional el viernes 19).
A este coro se sumó –sorpresiva aunque no sorprendentemente- el secretario general de la OEA, el chileno Insulza. Sorpresivamente, porque la misión de la OEA encabezada por el gobernador del estado estadounidense Bill Richardson, avaló la transparencia de los comicios. Otra perla para Insulza, quien no consultó a los representantes de los países, que ya habían reconocido el triunfo de Nicolás Maduro.
Hace once años, los embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro (quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, después de que éste disolviera la Asamblea y las principales instituciones. Esta vez funcionarios de la embajada estadounidense (recordar que los embajadores fueron retirados) y de la "cooperación" española estuvieron detrás del asesoramiento y financiamiento del candidato opositor y de la desestabilización del país.
Una de las consecuencias del golpe de 2002 era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y la venta CITGO, de la filial de ésta en EEUU, en la cual están interesados tanto las trasnacionales estadounidenses como la Repsol española, para poner fin de la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo y la decisión soberana del Estado sobre los recursos naturales del país.
En el 2002 se contó con la activa participación en el golpe y en el financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona era empleado en la petrolera Venoco.
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press que Pérez Recao ordenaba a un pequeño grupo "extremista de derecha, que estaba fuertemente armado, incluso con fusiles lanzagranadas, [...] bajo la conducción operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo", uno de los oficiales que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona, que "pertenecía a una empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad".
En 2013, el gobierno venezolano expulsó a dos agregados aeronáuticos de la embajada de EEUU (David del Mónaco y Debling Costal), acusados de presionar a oficiales en actividad para satisfacer las pretensiones de la estrategia opositora. De todas formas, el candidato opositor Henrique Capriles Radonski admitió públicamente que algunos militares en actividad que lo respaldaban estaban presos, acusados de delitos electorales.
Similar a lo ocurrido en 2002, la estrategia de la oposición en 2013, apunta a ir creando un imaginario de que las filas chavistas se iban desintegrando, con la deserción –por goteo- de algunos oficiales en actividad (cada uno cargaría una mochila de denuncias que los medios difundirían nacional y mundialmente) y, por qué no, de algunos funcionarios chavistas.
Para recordar: en 2002 James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la embajada en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los generales sublevados.
En abril de 2002 llamó la atención el caso de dos salvadoreños detenidos, que formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar atentados en diversos países latinoamericanos (antes en Cuba y Panamá, luego en Venezuela).
Nuevamente en 2013 el ministro del Interior, Néstor Reverol, denunció el ingreso al país de dos grupos de mercenarios salvadoreños, que intentarían asesinar dirigentes chavistas.
El primero, liderado por un excoronel de la Fuerza Armada de El Salvador, David Koch Arana, quien actúa como jefe operativo bajo la dirección del diputado ultraderechista Roberto D'Aubuisson, y el segundo dirigido por Guillermo Cader Acuña -quien ya había enviado en 2010 a Venezuela al terrorista Francisco Chávez Abarca, detenido en 2010-, y el excontralmirante Marco Antonio Palacios Luna. Posteriormente se dictó orden de captura contra otro supuesto mercenario salvadoreño, Julio Alberto Cornejo Quintanilla.
Reverol también dio a conocer dos audios sobre conversaciones entre Koch Arana y D'aubuisson suministrados a los órganos de inteligencia del Estado, grabados el 23 y 25 de marzo, en los que hablan sobre las operaciones diseñadas para desestabilizar el país.
En aquellos días de abril de 2002, 11 años atrás, el pueblo recató a su presidente constitucional y lo repuso en el poder, terminando con las 47 horas de dictadura de Carmona "el breve".Hoy Venezuela ha avanzando con su revolución bolivariana, cuenta con soberanía comunicacional y con la solidaridad de los pueblos (y gobiernos) de la región.
Álvaro Verzi Rangel
Sociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia
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