Cameron se niega a negociar la soberanía de las Malvinas

La presidenta argentina reclama por carta el archipiélago al primer ministro británico

EL PAÍS, Agencias Buenos Aires / Londres 3 ENE 2013

El primer ministro británico, David Cameron, rechazó ayer con contundencia la reclamación de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de que se siente a negociar una salida al conflicto de las islas Malvinas. "El futuro de las Malvinas debe ser decidido por los propios isleños", zanjó Cameron, que remitió al referéndum sobre su estatus político que los malvinenses celebrarán en marzo. "Cada vez que se les ha pedido su opinión, han dicho que querían mantener su estatus actual con Reino Unido. Espero que la presidenta de Argentina escuche lo que dicen en esa consulta y reconozca que es a los isleños a quienes corresponde elegir su futuro".

El primer ministro respondía así a una carta abierta de Cristina Fernández, publicada como anuncio en la prensa británica, en la que le reclama que acate una resolución de la ONU de 1965 que insta a los dos países a negociar la soberanía de las islas.

"Hace 180 años, un 3 de enero como hoy, en un evidente ejercicio de colonialismo del siglo XIX, Argentina fue despojada por las armas de las islas Malvinas, situadas a 14.000 kilómetros de la ciudad de Londres", comienza la carta de Fernández. "Los argentinos de las islas fueron expulsados por la Armada Real Británica y más tarde Reino Unido inició un proceso de implantación de población similar al utilizado en otros territorios bajo dominio colonial", añade la presidenta de Argentina.

Cristina Fernández revivía el episodio ocurrido el 3 de enero de 1833, cuando el capitán británico John Onslow, al mando de la fragata Clio, tomó posesión de las islas Malvinas, que se encontraban hasta entonces bajo dominio de Argentina. Una semana antes, el gobernador argentino de Malvinas, Luis María Vernet, había huido del archipiélago después de un devastador ataque de una corbeta norteamericana. Al principio, los británicos no hallaron resistencia, pero en agosto de 1833 debieron enfrentar una rebelión de los argentinos que se habían radicado en las islas que habían sido colonia española hasta la independencia del país sudamericano, en 1810. Aquella revuelta liderada por Antonio Rivero, El Gaucho, fue sofocada en enero de 1834.

La carta fue respondida primero por el Ministerio de Exteriores británico. Una portavoz del Foreign Office respondió que Londres no negociará hasta que se lo pidan los 3.140 malvinenses, "que han elegido ser británicos". Solo 29 argentinos nacidos en el continente viven en Malvinas y suelen mantenerse al margen del conflicto. "Hay tres partes en este debate, no dos como pretende Argentina. Los isleños no pueden ser borrados de la historia", añadió la portavoz.

El propio primer ministro salió de inmediato a la palestra, en un tono que no deja lugar a dudas.

Buenos Aires desconoce el derecho a la autodeterminación de los malvinenses, algo que reivindica Londres a partir de la Carta de Naciones Unidas. Argentina esgrime varias resoluciones de los años 60, en pleno proceso de descolonización mundial, pidiendo que ambos países negociaran la soberanía del archipiélago. El Gobierno malvinense alega que no había población nativa en Malvinas cuando los británicos las ocuparon en 1833.

"La cuestión Malvinas es también una causa de América Latina y de la inmensa mayoría de los pueblos y Gobiernos del mundo que repudian el colonialismo", escribe Fernández. Desde 2011, Argentina viene desplegando una estrategia para conseguir adhesiones concretas de Latinoamérica para su causa y ha logrado que todos los países sudamericanos se comprometieran a rechazar en sus puertos a barcos con la bandera malvinense.

En 2012 se cumplieron 30 años de la guerra de las Malvinas, cuando la última dictadura militar argentina intentó sin éxito recuperar las islas. La tensión bilateral subió cuando Reino Unido envió su más moderno buque a custodiarlas. Además, el príncipe Guillermo viajó allí para cumplir con su entrenamiento militar. El pasado diciembre, Reino Unido bautizó Tierra de la Reina Isabel a un área de la neutral Antártida cuya soberanía futura reclaman también Argentina y Chile.

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Escándalo en Perú por el aumento del sueldo de los congresistas

Los parlamentarios, que ganan 5.200 euros al mes, han rechazado revocar una subida que les ha duplicado las dietas a 4.400 euros

Jacqueline Fowks

El País, Lima 4 ENE 2013

El Congreso peruano, formado por 130 miembros, fue clausurado en 1992 durante el autogolpe de Alberto Fujimori, en un período de gran desprestigio de los partidos políticos. Hoy el Parlamento también está sumido en el descrédito: un 65% de los peruanos no se siente representado por este poder del Estado, según una encuesta de 2012 elaborada por la empresa Imasen.

Sin tener en cuenta la opinión de sus conciudadanos, los parlamentarios aprobaron hace 20 días, el último día de legislatura, el incremento a 4.400 euros mensuales de un bono de gastos de representación. Este viernes el Consejo Directivo, órgano del Parlamento formado por la Mesa del Congreso y los representantes de los grupos parlamentarios, se reunió para revisar la medida, obligado por la presión ciudadana y mediática, pero decidió mantener el incremento.

"Para que puedan cumplir la función de representación y llegar a los lugares más alejados de la patria", argumentó el presidente del Congreso, Víctor Isla, del oficialismo, en una fugaz comparecencia ante la prensa al final de la votación, en la que solo se opusieron los parlamentarios de Acción Popular-Frente Amplio.

Cerca del 70% de los peruanos desaprueba la labor del Congreso

Los congresistas perciben un sueldo de poco más de 5.200 euros mensuales más gastos de representación que hasta diciembre ascendían a unos 2.200 euros. Los 4.400 euros mensuales aprobados estarían sujetos al impuesto de la renta, por lo que la ministra de Justicia, Eda Rivas, lo calificó como un "aumento de sueldo disfrazado".

Las críticas aumentaron cuando se supo que la ministra de la Mujer, Ana Jara, que es también congresista pero no ejerce como tal, había estado cobrando los gastos de representación. La funcionaria, emplazada por los medios, prometió que devolvería el dinero si el Parlamento se lo pedía y presentó un proyecto de ley para evitar el vacío legal que le había permitido cobrar dicha retribución. Después anunció que retornaría el dinero de todos modos y volvió a desdecirse una vez más. El jueves difundió en las redes sociales la foto del cheque de gerencia al Congreso por el monto que no debió recibir en 2012, más de 23.000 euros. Sin embargo, el congresista Javier Bedoya afirmó ayer, en un canal de cable, que no existe tal vacío legal al haber cobrado por un cargo que no desempeñó: "no está exenta de responsabilidad penal", dijo.

Según las últimas cinco encuestas mensuales de la agencia GFK Conecta, la desaprobación del Congreso fluctúa entre un 66% y un 73% de los peruanos consultados, cifras que no difieren mucho de la percepción durante el Gobierno del aprista Alan García. La dañada imagen del Congreso llevó a que al final del Gobierno del Partido Aprista, el organismo español de cooperación AECID, invirtiera más de dos millones de euros entre 2007 y 2012 en un proyecto para "fortalecer el desempeño de las funciones representativa, legislativa y de control" del Parlamento peruano. El año pasado, participantes y evaluadores del proyecto retrataron crudamente los problemas del Legislativo: poca institucionalidad, funcionamiento informal y su veleidad, sujeta a intereses particulares o del Ejecutivo. "Es una organización que se autorregula y carece de controles externos", añade el documento de evaluación.

Los parlamentarios que conforman el Consejo Directivo aprobaron el 14 de diciembre por unanimidad el aumento del bono, pero a medida que se acentuaron las críticas, incluso por parte del presidente Ollanta Humala, algunos congresistas pidieron no recibirlo o condenaron la medida.

El abogado y observador político Ricardo Vásquez Kunze comentó a este diario que el Legislativo es mediocre. "No ha estado a la altura de sus funciones: la elección del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional debieron haberse solucionado hace mucho tiempo, pero no da la talla para los asuntos de institucionalidad para el país. Aunque sí se pueden poner de acuerdo para sus propios intereses", aseguró.

"Se trata de un Congreso que se mueve en función de la presión mediática y 'para las cámaras'. Se discute mucho más apasionadamente aquello que los medios ponen en agenda, sea lo que fuere. Se actúa con un criterio más efectista —a veces hasta sensacionalista— que con un criterio de largo plazo, con una visión de Estado", declaró a EL PAÍS la parlamentaria por Cusco Verónika Mendoza, disidente del partido del Gobierno, Gana Perú. "Hay una injerencia cada vez más importante del Ejecutivo ya sea por intromisión de éste o por omisión del Congreso. Hemos visto casos en los que se da una suerte de veto, particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas, con la 'amenaza' de que si la norma no coincide con lo que quiere el Ejecutivo la ley será observada", sostiene la representante que ahora integra la bancada Acción Popular-Frente Amplio.