Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la señal que se está mandando a toda la sociedad peruana con la modificación que se ha hecho al numeral 11 del Artículo 20 del Código Penal con la aprobación de la ley 30151. Esta ley establece que policías y militares "que en cumplimiento de su deber y en uso de armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte" están exentos de responsabilidad penal individual. Ello podría razonablemente interpretarse como que se está permitiendo cualquier uso de la fuerza, incluso si fuera ilegal de acuerdo al derecho internacional.
Amnistía Internacional reconoce que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley tienen el deber profesional de prevenir el delito, detener a los presuntos delincuentes y proteger la seguridad pública, así como el derecho de defenderse contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave. Pero los estándares internacionales requieren que al llevar a cabo dicha tarea sólo se pueda hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional a la amenaza sufrida. Las fuerzas del orden en el cumplimiento de su deber deben en todo momento respetar y proteger la dignidad humana, así como respetar y defender los derechos humanos de todas las personas, incluidos los presuntos autores de los delitos.
La Defensoría del Pueblo ha indicado en comunicado que "la norma debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, al flexibilizar las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de los agentes del orden".
El Estado peruano debe enviar un mensaje claro de que no hay carta blanca para las fuerzas del orden y que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas. Nadie está por encima de la ley y las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por policías y militares deben ser debidamente investigadas y los responsables llevados ante la justicia si es que hay pruebas suficientes y admisibles contra ellos.
Los estándares internacionales de derechos humanos son claros al establecer que siempre que alguien resulte lesionado o muera como resultado del uso policial de la fuerza, tiene que haber una investigación independiente. Si esta investigación determina que hubo un uso de la fuerza arbitrario o abusivo el caso debe ser remitido a un proceso penal en tribunales civiles ordinarios. Bajo ningún concepto pueden dejar de ser investigados estos casos argumentando que los policías y militares no son responsables penalmente por el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Los estados deben asegurar que el uso arbitrario o abusivo de la fuerza y las armas por policías y militares es castigado como un delito.
Amnistía Internacional pide a las autoridades peruanas que acaten en todo momento sus obligaciones bajo el derecho internacional y las normas internacionales sobre actuación policial, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Amnistía Internacional reconoce que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley tienen el deber profesional de prevenir el delito, detener a los presuntos delincuentes y proteger la seguridad pública, así como el derecho de defenderse contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave. Pero los estándares internacionales requieren que al llevar a cabo dicha tarea sólo se pueda hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional a la amenaza sufrida. Las fuerzas del orden en el cumplimiento de su deber deben en todo momento respetar y proteger la dignidad humana, así como respetar y defender los derechos humanos de todas las personas, incluidos los presuntos autores de los delitos.
La Defensoría del Pueblo ha indicado en comunicado que "la norma debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, al flexibilizar las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de los agentes del orden".
El Estado peruano debe enviar un mensaje claro de que no hay carta blanca para las fuerzas del orden y que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas. Nadie está por encima de la ley y las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por policías y militares deben ser debidamente investigadas y los responsables llevados ante la justicia si es que hay pruebas suficientes y admisibles contra ellos.
Los estándares internacionales de derechos humanos son claros al establecer que siempre que alguien resulte lesionado o muera como resultado del uso policial de la fuerza, tiene que haber una investigación independiente. Si esta investigación determina que hubo un uso de la fuerza arbitrario o abusivo el caso debe ser remitido a un proceso penal en tribunales civiles ordinarios. Bajo ningún concepto pueden dejar de ser investigados estos casos argumentando que los policías y militares no son responsables penalmente por el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Los estados deben asegurar que el uso arbitrario o abusivo de la fuerza y las armas por policías y militares es castigado como un delito.
Amnistía Internacional pide a las autoridades peruanas que acaten en todo momento sus obligaciones bajo el derecho internacional y las normas internacionales sobre actuación policial, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
