Fecha: 19 de enero de 2014, 18:02
Asunto: NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN PERÚ
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN PERÚ
Por: Ubaldo Tejada Guerrero.
Analista Global
"Revalorar el extraordinario potencial del otro Perú y de sus formas asociativas, de organización, que durante siglos, fueron considerados sinónimo de bárbaros, cuando en realidad son vestigios de civilización, algo que quizás al capitalismo no le importe, pero al país si, porque son la base del desarrollo y de un socialismo peruano"
(José Matos Mar – "Estado desbordado y Sociedad Nacional Emergente")
En el Perú, se ha querido discriminar entre el poder constituyente y el simple poder de reformar la Constitución. Tal discriminación es una falacia, porque cualquier reforma de una Constitución ya dictada, implica el ejercicio del poder constituyente. Es el poder soberano, creado aunque sea en parte, como en la actual Carta de 1,993.
Comprendamos que el principio de legitimidad se cristaliza en una ley fundamental: Una Constitución Política. La pregunta es ¿Quién tiene el poder de dictar una Constitución? Es el poder constituyente, el pueblo soberano, por ello dicho poder carece de límites jurídicos, porque no tiene una ley superior. Tan sólo tiene límites extrajurídicos: la naturaleza, los principios éticos, los humanos y los racionales.
Sectores vinculados a los grandes intereses empresariales (CONFIEP), ligados a empresas transnacionales, presionan al mandatario para que no cumpla con esta promesa. Solamente le recordamos al pueblo que lo llevó a la presidencia de la República Ollanta Humala, presidente de la República para que cumpla su promesa de restablecer la vigencia de la Constitución de 1979. Él lo ofreció. Es más, juró en su nombre. Es momento de que cumpla con su oferta electoral de retorno a la Carta Magna de 1979, y que se introduzcan los cambios necesarios.
El "documento" de 1993, ha sido impuesto. Toledo no es jurista, pero Alan García lo es y lo permitió. Debió convocarse a una constituyente.
El Poder constituido de una nación ejerce el poder dentro de una nación, configurando dentro de ella la representación del Estado, por ello dicho poder debe tener un origen legítimo y dentro de los regímenes constitucionales emanar de la propia Constitución. En tal supuesto de legitimidad, el tema del poder constituido no ofrece ningún problema y su funcionamiento es legal.
En el Perú se da el caso de que el poder constituido desde el 5 de abril de 1,992 hasta el 2014,, carece de legitimidad, porque el gobierno procedió de un golpe de Estado, debiendo haberse planteado todos los problemas derivados de su inconstitucionalidad. En esto radica el poder "iure" al poder de "facto", es decir poder de "derecho" de poder de "hecho".
Haciendo historia el Congreso Constituyente Democrática fue convocado en dictadura, por el mismo Alberto Fujimori, que no tiene autoridad moral, pues dio el autogolpe el 5 de abril de 1,992. Más bien, él debió ser juzgado por haber derogado la Constitución de 1979.
De otro lado las medidas tomadas a la luz de la Constitución de 1993, deberían ser actos nulos, sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía del Estado, pues está perjudicando a nuestro país. Por ejemplo, están los contratos-leyes, que entregan nuestro patrimonio y las transnacionales explotan todo lo que quieren, malogran el ecosistema, como el caso delas mineras, otras no pagan sus impuestos, como el caso de Telefónica.
El continuar con las reformas constitucionales neoliberales que están pendientes, sería legalizar algo ilegítimo. No tenemos por qué estar sometidos a esta situación. Vivimos en democracia y en ésta el pueblo es el soberano. Se eligió democráticamente al actual presidente y él debe empezar a cumplir sus promesas electorales. A él le corresponde convocar a la asamblea constituyente.
El Congreso como Poder Constituido, no cambiará nada porque está cada vez más dividido; además, hay una bancada fuerte del fujimorato que no lo va a permitir, porque aquí hay intereses de los empresarios; aquí la CONFIEP es la que manda en la práctica. El poder económico está avasallando a un fuerte sector de los poderes del Estado.
Ellos controlan al presidente, de alguna manera, sí. El presidente Humala parecía tener buenos propósitos cuando era candidato, parece que lo estuvieran presionando. Ya es hora de que él se quite esa gente de encima. Ellos no lo llevaron al poder, sino el pueblo y las fuerzas de izquierda y los querían un cambio, una transformación del país...
Los fonavistas están trabajando un proyecto de iniciativa legislativa para que se procese y sancione a los funcionarios que sean elegidos por voto popular que hacen ofertas que luego no cumplen. Eso es un engaño al pueblo, es una estafa. Y no les pasa nada. No podemos seguir así. Debemos apoyar el juicio de residencia, para que los funcionarios elegidos por el pueblo sean investigados antes de dejar sus cargos.
La Ley de Participación Ciudadana establece que el pueblo tiene la potestad de pedir un referéndum, como ocurrió en el caso del FONAVI. El poder emana del pueblo y puede solicitar, a través de un referéndum, que se convoque a una Asamblea Constituyente, y así poner fin al "documento" de 1993, que fue impuesto por el condenado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori.
