Todos los medios están marcados por la noticia de la orden de captura contra César Álvarez y contra otros 28 integrantes de lo que algunos llaman la mafia de Ancash. El mandato se refiere a los asesinatos y a la presunta vinculación de los investigados con la muerte de Nolasco y otras. Todos sospechamos que hay nexos. Pero eso habrá que probarlo. El tema es que se presume también que el origen de las disputas y enfrentamientos tiene que ver con la abundancia de dinero por el canon en la región y el manejo en la asignación de obras.
Y en ese punto todo es misterioso porque a pesar de haber tenido la dirección de Ancash casi ocho años, nadie ejerció control en esos años sobre los recursos de Ancash. ¿Por qué? Porque los señores contralores Matute, hasta el 2008, y Khoury desde el 2009, se excusaron de las formas que fuere de hacer el seguimiento a un gobierno regional que tenía tan buenas relaciones con el gobierno central.
En estos días nos enteramos que mientras Khoury no investigaba a Álvarez y no le ponía la mano a tiempo (y luego se excusaba que él presentó un proyecto de ley para poder hacer acciones de control sobre obras supervisadas por organismos internacionales, cuando según la ley ninguna entidad pública nacional está fuera de su ámbito), lo que este buen caballero hacía, aparte de aumentarse el sueldo y viajar en patota al extranjero, era expurgar hasta el último papel al presidente de Cajamarca, exactamente desde el año 2012, cuando calentaba el conflicto de Conga.
Sin adelantar ninguna opinión acerca de los 22 tomos y 400 páginas que Khoury le ha preparado a Santos como regalo para período preelectoral, y que algunos medios están levantando como si se tratara de la misma cosa de lo que se está hablando en Ancash, cabe subrayar el interés político puesto en un caso y descuidado en otro. ¿No es que el contralor actúa tratando de adelantarse a los hechos y que funciona con neutralidad suficiente como para tener confianza al sistema anticorrupción?
Y un comentario al margen sobre el mecanismo de los colaboradores eficaces que son declarantes anónimos que presentan testimonios por los cuales las personas van presas, y que está convirtiéndose en una perversión por la falta de garantías y la imposibilidad de confrontarlos con los acusados. Una cosa es que los testigos sean protegidos y que negocien su exclusión de un proceso a cambio de información valiosa, y otra que puedan acusar impunemente sin dar la cara y luego retractarse ante su gente diciendo que fueron obligados como está ocurriendo en el caso de Nancy Obregón y podría repetirse en otros.
Me sorprenden los medios que dan valor a estos testimonios que se los alcanzan algunos policías y fiscales que buscan crear opinión para sus acusaciones. Tendríamos que ser un poco más críticos con lo que llega a las redacciones.
