CLIMA ELECTORAL
PARAGUA DE LA IMPUNIDAD
Por Julio Yovera.
Alan García y sus ministros han promulgado el decreto legislativo 1097, con él se pretende liberar a los criminales del grupo Colina, a los militares y policías que amparados por Fujimori, el capo de la cleptocracia, asesinaron a poblaciones y ciudadanos sin más fundamentos que sus sospechas y sus odios.
El proceso electoral municipal, es obvio, no tiene relación directa con el tema, pero, nos permite entender mejor por qué para las criaturas de la caverna es de vital importancia garantizar el continuismo de un modelo económico que se sostiene sobre el autoritarismo y la corrupción.
Siendo así, no tiene por qué extrañarnos sus calificativos, su intento fracasado de excluir de la contienda electoral a quienes se atreven a enfrentarlos y sus campañas de mentiras desatadas desde sus medios de comunicación. En este proceso electoral está en juego, entre otros puntos vitales, la corrupción o la regeneración moral en el manejo de los bienes públicos. Es decir, más de lo mismo o cambio.
Juzguemos qué tan ético es forzar las tensiones electorales para exacerbar los ánimos, generar una corriente de desprecio y odio, emparentar lo que no es de ninguna manera semejante, y utilizar el paraguas electoral para dejar impune el crimen. Estos son los ejes de la concertación de los sectores conservadores.
Como sabemos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no son, bajo ninguna circunstancia, impunes. Sabiéndolo de sobra, el gobierno pretender liberar a los delincuentes de los crímenes de Barrios Altos, Accomarca, Los Cabitos y hasta de La Cantuta, lo que es una provocación y una burla grotesca a la ciudadanía del país y la comunidad internacional.
En el currículo del régimen hay más de un acto de entendimiento con los violadores de los derechos humanos, incluso, protege, bajo la figura del derecho de asilo, a criminales de otras latitudes que han cometido delitos de lesa humanidad en sus países.
Ernesto Sábato, el extraordinario escritor que presidió la Comisión de la Verdad de su país (Argentina), decía: "los excluidos no tienen justicia que los defienda". Es posible que esta verdad que hiere sea la que dé a las autoridades las facultades para liberar a los asesinos.
Es decir, el continuismo y la impunidad absoluta van de la mano, no cabe duda, pero,
¿Son invencibles?
Alan García y sus ministros han promulgado el decreto legislativo 1097, con él se pretende liberar a los criminales del grupo Colina, a los militares y policías que amparados por Fujimori, el capo de la cleptocracia, asesinaron a poblaciones y ciudadanos sin más fundamentos que sus sospechas y sus odios.
El proceso electoral municipal, es obvio, no tiene relación directa con el tema, pero, nos permite entender mejor por qué para las criaturas de la caverna es de vital importancia garantizar el continuismo de un modelo económico que se sostiene sobre el autoritarismo y la corrupción.
Siendo así, no tiene por qué extrañarnos sus calificativos, su intento fracasado de excluir de la contienda electoral a quienes se atreven a enfrentarlos y sus campañas de mentiras desatadas desde sus medios de comunicación. En este proceso electoral está en juego, entre otros puntos vitales, la corrupción o la regeneración moral en el manejo de los bienes públicos. Es decir, más de lo mismo o cambio.
Juzguemos qué tan ético es forzar las tensiones electorales para exacerbar los ánimos, generar una corriente de desprecio y odio, emparentar lo que no es de ninguna manera semejante, y utilizar el paraguas electoral para dejar impune el crimen. Estos son los ejes de la concertación de los sectores conservadores.
Como sabemos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no son, bajo ninguna circunstancia, impunes. Sabiéndolo de sobra, el gobierno pretender liberar a los delincuentes de los crímenes de Barrios Altos, Accomarca, Los Cabitos y hasta de La Cantuta, lo que es una provocación y una burla grotesca a la ciudadanía del país y la comunidad internacional.
En el currículo del régimen hay más de un acto de entendimiento con los violadores de los derechos humanos, incluso, protege, bajo la figura del derecho de asilo, a criminales de otras latitudes que han cometido delitos de lesa humanidad en sus países.
Ernesto Sábato, el extraordinario escritor que presidió la Comisión de la Verdad de su país (Argentina), decía: "los excluidos no tienen justicia que los defienda". Es posible que esta verdad que hiere sea la que dé a las autoridades las facultades para liberar a los asesinos.
Es decir, el continuismo y la impunidad absoluta van de la mano, no cabe duda, pero,
¿Son invencibles?