José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Ed Social para la Escuela Pública en las Américas (Canadá), ex Secretario General del SUTEP
En los últimos días el gobierno del presidente Humala Tasso ha hecho anuncios sobre el incremento del presupuesto educacional para el año 2012, la aplicación del Programa Cuna Más que ofreciera durante su campaña electoral y las metas de mejorar el rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, según los requerimientos de las pruebas PISA. Mientras tanto, la Ministra de Educación, de las canteras de Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación, al igual que sus viceministros, entre diálogo y diálogo con la dirigencia nacional del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú), sigue persistiendo en buscar la "aplicación plena" de la Ley 29062, mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) que el gobierno aprista y el Parlamento correspondiente aprobaron y promulgaron.
El apoyo interesado de Idel Vexler Talledo
Como ocurre con las propuestas de carácter económico, que tranquilizan a los neoliberales, los anuncios del nuevo gobierno en materia educativa están mereciendo elogios por los mismos funcionarios del gobierno anterior y de aquellos que, sin ser funcionarios, han apoyado todas las políticas educativas de aquel.
El más significativo de los apoyos viene del profesor Idel Vexler Talledo, ex Viceministro de Educación del gobierno aprista, también integrante de Foro Educativo y relacionado con la educación privada, premiado con varios Honoris Causa, lo que le otorga la autoridad que mucho pesa en nuestro país del barroco administrativo. De todos los artículos que Vexler viene escribiendo en la columna Notas de un Educador, en la página de opinión de La República, nos parece resaltante el artículo Anuncios sobre educación (La República de Lima, 05/09/2011, p. 12).
Su primera idea no puede ser más contradictoria con la actuación del Ministerio del cual formó parte entre el 2006 y el 2011: "Se han establecido como altas prioridades las de atender la educción inicial y rural, en el marco de una reforma del Ministerio de Educación que fortalezca su rectoría nacional". Semejante saludo a los anuncios serían considerados sinceros si, en su momento, hubiese protestado por el abandono de la educación pública durante el período indicado, con un presupuesto que llegó al 2.9 % del PBI, manteniendo los wawawasis y los PRONEI en la precariedad pedagógica y remunerativa, como siempre han estado, abandonando la educación rural a su suerte y convirtiendo al Ministerio de Educación en una simple agencia de concesiones de negocios a empresas privadas, incluso para la elaboración de material didáctico de dudosa calidad.
Pero donde sí expresa su reacción sincera es cuando el gobierno actual anuncia la continuidad de la llamada meritocracia a través de la CPM, aun cuando Vexler apruebe también el "énfasis" en "la evaluación de la especialidad y el desempeño", algo impensable en las evaluaciones estandarizadas aplicadas desde 1995 y elevadas a la enésima potencia de la calidad desde el 2007. No podría ser mejor para Vexler Talledo el continuismo meritocrático, que no solamente se expresa como evaluación estandarizada, sino también como promotor del espíritu competitivo e individualista entre los maestros, además de ser un instrumento para segmentar a los maestros en un escalafón cuyos niveles IV y V son solamente para no más del 10% de maestros, luego de endeudarse para obtener maestrías y doctorados al precio del libre mercado enriqueciendo a los dueños de las universidades privadas.
Con falaz afirmación, dice que las críticas que hubo sobre la CPM no fueron a esta Ley sino a los procedimientos, a su implementación y no a la norma. Como estaba en su atalaya ministerial, Vexler no pudo enterarse de lo que no le interesaba leer o escuchar. Parece que leyó solamente a periodistas áulicos o ignorantes en materia educativa. ¿Y desde cuando la implementación de una Ley se hace al margen del espíritu de esta? Lo que debe agregarse es que esa implementación se dio también con el "valor agregado" de la corrupción y el clientelaje aprista.
El colmo de Vexler es que ahora acepta que la municipalización de la educación "no caminó" y que "es un acierto" desactivarla. Tampoco se enteró que ese engendro pinochetista hace tiempo que fracasó en Chile, en Bolivia, En México y otros países. ¿Ignorancia o intereses burocráticos?
También afirma un acierto seguir en el marco del Proyecto Educativo Nacional, cuyo contenido es simplemente declarativo en sus objetivos generales, pero irreales como proyecto, pues el verdadero proyecto educativo se encuentra en la Ley General de Educación, norma neoliberal que legaliza toda la reforma que dejó el fujimorismo. Es irreal cuando se dice que con el 0.25% de aumento anual del presupuesto para la educación se llegará en cinco años al 6% del PBI, pues el aumento demográfico escolar y la inflación absorben ese magro incremento. Además el programa neoliberal, sin no es reemplazado por otro, impedirá un aumento sustancial del presupuesto para la educación.
Como una especie de juzgador, luego de haber cumplido funciones principales en la farsa educativa del gobierno aprista, reclama la jornada escolar de las 8 horas, propuesta que no es condición necesaria para generar una nueva educación en el Perú. No hay presupuesto ni para los gastos de la jornada actual, y se pretende prolongarla con las mismas remuneraciones a los maestros.
Los anuncios y la realidad
Es muy fácil en el Perú republicano ensalzar medidas políticas sin profundizar el análisis de su contenido y del marco en el cual se realizan. Tales han sido las reformas educativas de los últimos 50 años, muy pródigas en enunciados efectistas, pero vacías en su relación con la realidad objetiva del Perú.
Soy testigo directo, durante la lucha contra la reforma educativa neoliberal de Fujimori y Montesinos (1990 – 2000). Periodistas y "expertos" ponderaban las medidas de aquel régimen, hasta la construcción de deficientes locales escolares. Otro tanto ocurrió durante los dos primeros gobiernos del siglo XXI: Plan Huascarán, Colegio Mayo, Colegios Emblemáticos, Meritocracia y evaluaciones estandarizadas, capacitaciones y concursos y, como non plus ultra, la CPM. En no pocos artículos de opinión en La República de Lima el extinto profesor universitario y lingüista, Luis Jaime Cisneros ha expresado su apoyo a los concursos y las evaluaciones estandarizadas realizados por el gobierno aprista, inclusive con expresiones despreciativas hacia los maestros y su sindicato, muy propio de personas que no tuvieron jamás la necesidad de organizarse para defender sus derechos como trabajadores. .¿En qué hemos quedado con todo el "presupuesto por resultados"?
¿Es tan difícil restituir los derechos de los maestros y discutir una nueva Ley del Profesorado, que contenga una verdadera carrera pública magisterial? Es difícil y hasta imposible si es que no se parte de la revaloración de la Escuela Pública y la reducción drástica de la privatización de la educación.
Se requiere una nueva ley de educación, democrática y patriótica, integral y científica, que exprese la unidad de escuela y trabajo, que garantice igualdad de oportunidades para todos con la gratuidad y la universalidad de la educación como derecho y no como negocio. Al margen de un proyecto de nueva educación, el gobierno del presidente Humala pretende, con sus anuncios, revertir la situación de crisis de nuestra educación. Sus medidas anunciadas, no cabe duda, son avances frente a los fracasos del pasado, pero no garantizan, por su enfoque parcial, un cambio sustancial como el que requiere el Perú y su pueblo.
Revisar la CPM, aun cuando no se plasme en una nueva ley, podría significar algunos derechos para los maestros.
El incremento del presupuesto para ciertos programas de educación inicial y rural, y otros de la educación básica, nos pueden llevar disminuir las profundas desigualdades educativas y matricular a más niños de los sectores más marginados del Perú.
La supresión de la municipalización educativa es también un golpe certero al proyecto neoliberal de descargar el mayor gasto de la educación en los padres de familia vía las municipalidades, la famosa descentralización del Banco Mundial cuyo responso se está cantando en Chile. Sabemos que hay sectores interesados en que la municipalización continúe, pues algunos alcaldes y hasta gobiernos regionales tienen la idea de que bajo su control podrán manejar el presupuesto educativo como vienen haciéndolo, con corrupción de por medio. Pero la municipalización de la educación, además de sus implicancias económicas, tiene también efectos pedagógicos y laborales nada favorables para resolver la crisis de la educación peruana, como no lo tuvieron en Chile.
Con todo lo positivo que puedan tener las recientes, y quizás no únicas, medidas del nuevo gobierno, su capacidad para desmontar la reforma educativa neoliberal es escasa, casi nula, por hoy.
El diálogo del SUTEP con el gobierno, sin dejar de ser un instrumento de lucha reivindicativa, debe debatir también los aspectos educativos y pedagógicos.
Iquitos, setiembre 05 del 2012
