Congresista Verónica Mendoza señala que el diálogo debe institucionalizarse para resolver los conflictos.
—¿Qué opina sobre la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Espinar?
—Creo que se debió apostar por el diálogo, desde el principio y hasta las últimas consecuencias. No debió llegarse a esta escalada de violencia que pudo haberse evitado si la demanda de Espinar hubiese sido atendida a tiempo, con los gestos adecuados y en el momento pertinente. Ahora, las cosas ya están dadas y lo que toca es exigir y velar por el respeto de los derechos humanos en dicha provincia.
—¿Considera usted que esta medida podría afectar la imagen del gobierno frente a la población?
—Definitivamente, a estas alturas, por los desaciertos (en materia de manejo de conflictos sociales), la legitimidad del gobierno podría estar dañada. Ya que, además, se arrastra todo el pasivo de los gobiernos anteriores, ante la falta de credibilidad del Estado y la impaciencia y desconfianza, por parte de la población. En estos momentos, ya es difícil restituir esa confianza. Tienen que haber gestos claros y concretos que demuestren la voluntad del Ejecutivo de atender los requerimientos de Espinar.
—¿Qué opina sobre las declaraciones que se limitan a condenar las protestas?
—No contribuyen a la solución del problema, declaraciones de ciertos sectores que califican de politizadas a las protestas o dicen que éstas son causadas solo por un grupo de violentistas, cuando hay una demanda de Espinar por contaminación ambiental que tiene varios años; cuando existe una denuncia penal contra la compañía Xstrata, entablada por la municipalidad provincial y el Frente de Defensa, el año pasado. Y cuando existen sendos oficios, de las autoridades Espinar, pidiendo la intervención del Estado para que las demandas sean atendidas.
—¿Cuáles son los planteamientos básicos de la provincia frente a la minera?
—Las autoridades y organizaciones sociales de Espinar han manifestado que su agenda está centrada en dos puntos. Uno es la realización de una supervisión ambiental que determine la existencia o no de contaminación, y si la hay, en qué grado, así como la aplicación de medidas de mitigación en el terreno, y el pago de indemnización a los afectados; además de determinar quiénes son los responsables. El segundo punto es la reformulación del Convenio Marco, habida cuenta que se va a proceder pronto al cierre de las operaciones en Tintaya y se va a abrir el proyecto Antapaccay, que es de mucha más envergadura que el primero y que implica un movimiento de materiales cinco veces mayor, lo que amerita su evaluación. Son demandas totalmente legítimas que no pueden ser desvirtuadas.
—¿Xstrata está o no contaminando el medio ambiente de Espinar?
—Existe un informe del Ministerio de salud, del año 2010, el cual señala que en el área de influencia de empresa Xstrata-Tintaya hay metales pesados, por encima de los límites máximos permisibles. Hay también una información estatal sobre un monitoreo participativo ambiental por la Vicaría de Solidaridad de Sicuani y una universidad alemana que señala lo mismo. Están también las declaraciones de los comuneros que viven y palpan, día a día, esta contaminación, hecho que tendría que ser dilucidado por las autoridades del Ejecutivo, en materia medioambiental.
—El Frente de Defensa de Espinar es acusado de provocar la escalada de violencia. ¿Es esto cierto?
—Ciertamente, ha habido actos irresponsables de algunos sectores que han azuzado la violencia. Y sobre ese tema, se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. Pero también tendrán que hacerse las pesquisas respectivas para dar con los autores de las muertes de los dos pobladores, que ahora estamos lamentando.
—¿Qué opinión le merece el tratamiento de la crisis de Espinar, por parte de la prensa conservadora?
—Hay una demanda real, que no puede ser opacada, ni ninguneada por expresiones irresponsables, como las que estamos apreciando, lamentablemente, por parte de ciertos sectores de la prensa y de algunos círculos políticos del país.
—Creo que se debió apostar por el diálogo, desde el principio y hasta las últimas consecuencias. No debió llegarse a esta escalada de violencia que pudo haberse evitado si la demanda de Espinar hubiese sido atendida a tiempo, con los gestos adecuados y en el momento pertinente. Ahora, las cosas ya están dadas y lo que toca es exigir y velar por el respeto de los derechos humanos en dicha provincia.
—¿Considera usted que esta medida podría afectar la imagen del gobierno frente a la población?
—Definitivamente, a estas alturas, por los desaciertos (en materia de manejo de conflictos sociales), la legitimidad del gobierno podría estar dañada. Ya que, además, se arrastra todo el pasivo de los gobiernos anteriores, ante la falta de credibilidad del Estado y la impaciencia y desconfianza, por parte de la población. En estos momentos, ya es difícil restituir esa confianza. Tienen que haber gestos claros y concretos que demuestren la voluntad del Ejecutivo de atender los requerimientos de Espinar.
—¿Qué opina sobre las declaraciones que se limitan a condenar las protestas?
—No contribuyen a la solución del problema, declaraciones de ciertos sectores que califican de politizadas a las protestas o dicen que éstas son causadas solo por un grupo de violentistas, cuando hay una demanda de Espinar por contaminación ambiental que tiene varios años; cuando existe una denuncia penal contra la compañía Xstrata, entablada por la municipalidad provincial y el Frente de Defensa, el año pasado. Y cuando existen sendos oficios, de las autoridades Espinar, pidiendo la intervención del Estado para que las demandas sean atendidas.
—¿Cuáles son los planteamientos básicos de la provincia frente a la minera?
—Las autoridades y organizaciones sociales de Espinar han manifestado que su agenda está centrada en dos puntos. Uno es la realización de una supervisión ambiental que determine la existencia o no de contaminación, y si la hay, en qué grado, así como la aplicación de medidas de mitigación en el terreno, y el pago de indemnización a los afectados; además de determinar quiénes son los responsables. El segundo punto es la reformulación del Convenio Marco, habida cuenta que se va a proceder pronto al cierre de las operaciones en Tintaya y se va a abrir el proyecto Antapaccay, que es de mucha más envergadura que el primero y que implica un movimiento de materiales cinco veces mayor, lo que amerita su evaluación. Son demandas totalmente legítimas que no pueden ser desvirtuadas.
—¿Xstrata está o no contaminando el medio ambiente de Espinar?
—Existe un informe del Ministerio de salud, del año 2010, el cual señala que en el área de influencia de empresa Xstrata-Tintaya hay metales pesados, por encima de los límites máximos permisibles. Hay también una información estatal sobre un monitoreo participativo ambiental por la Vicaría de Solidaridad de Sicuani y una universidad alemana que señala lo mismo. Están también las declaraciones de los comuneros que viven y palpan, día a día, esta contaminación, hecho que tendría que ser dilucidado por las autoridades del Ejecutivo, en materia medioambiental.
—El Frente de Defensa de Espinar es acusado de provocar la escalada de violencia. ¿Es esto cierto?
—Ciertamente, ha habido actos irresponsables de algunos sectores que han azuzado la violencia. Y sobre ese tema, se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. Pero también tendrán que hacerse las pesquisas respectivas para dar con los autores de las muertes de los dos pobladores, que ahora estamos lamentando.
—¿Qué opinión le merece el tratamiento de la crisis de Espinar, por parte de la prensa conservadora?
—Hay una demanda real, que no puede ser opacada, ni ninguneada por expresiones irresponsables, como las que estamos apreciando, lamentablemente, por parte de ciertos sectores de la prensa y de algunos círculos políticos del país.
Espinar, el diálogo hasta las últimas consecuencias
Verónica Mendoza, congresista de Gana Perú por Cusco, demandó la formación inmediata de una Comisión Especial que garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos en Espinar, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades. La parlamentaria exigió igualmente el pronto viaje de una Comisión de Alto Nivel al Cusco para atender las demandas de la población de Espinar. Mendoza censuró igualmente actos irresponsables de algunos sectores radicales que han azuzado a la violencia.
PIDEN COMISIÓN PARA GARANTIZAR RESPETO A derechos humanos
Hay denuncias de torturas
—Ante el hecho consumado del estado de emergencia, ¿cuál es la salida que evite más derramamiento de sangre?
—Mire, ahora es importante que se constituya una Comisión Especial que pueda garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y, de ser posible, otras entidades, a fin de pueda trasladarse a Espinar y preservar las libertades de las personas. Estamos recibiendo denuncias sobre maltratos y atentados a los derechos de algunos detenidos e, incluso, torturas, que -esperamos- no sean ciertas.
—Usted no participó en la reunión de ayer entre los congresistas cusqueños y el premier Valdés, porque se encuentra en el Cusco. De haber asistido, ¿qué le hubiera planteado?
—Las demandas debieron ir por lo ya señalado: el respeto irrestricto de los derechos humanos en Espinar, tras la vigencia del estado de emergencia; y la disposición para constituir la Comisión de Alto Nivel, en la ciudad del Cusco; que dialogue con las autoridades de Espinar sobre la base de la agenda propuesta por estas últimas. Pero para que se pueda establecer esta comisión, primero tendrá que apaciguarse la situación en Espinar.
Javier Soto
Redacción
