Octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás.
Tal informe indica que la señora de nacionalidad belga no solamente puso su nombre para comprar una mansión y una no menos lujosa oficina, sino que pagó las hipotecas que pesaban sobre la residencia y la casa de playa del expresidente y su esposa, lo que descalifica la coartada que había facilitado un acaudalado empresario israelí que se había declarado el comprador real que había usado para ello a la madre de la esposa del exgobernante.
No hay lugar a explicación alguna por la cual ese hombre de negocios haya pagado las hipotecas de su amigo Toledo y resultará difícil creerle si jura que lo hizo por amistad y solidaridad personal, después del desfile de explicaciones que comenzaron asegurando que la suegra había comprado las propiedades con su propio dinero, parte de una fortuna que era inexistente.
Aunque hay que darle el beneficio de la presunción de inocencia y falta probar si el origen del dinero torcidamente depositado en un país centroamericano es ilícito, a nadie le queda la menor duda que el escándalo constituye el fin de la vida política del exgobernante, y no solo porque prometió retirarse de la actividad política si se probaba que algo tuviera que ver con las compras hechas a nombre de su suegra.
En ese contexto, lo que resulta indignante y triste es que el exgobernante haya incurrido en inconductas que los añorantes de la dictadura celebran con frenesí, utilizándolas para desacreditar el proceso democrático por él protagonizado, y poco les falta para gritar la solapada y cínica consigna de que todos los políticos son corruptos y por tanto nadie tiene autoridad para juzgar los casos de corrupción y estos deben permanecer impunes.
Por más culpa que pueda acreditarse al expresidente, de ninguna manera su situación puede servir para justificar la negra década de saqueo de los dineros del país y de crimen y abusos que sufrió el país en la última década del siglo pasado
Fedadoi es 'caja chica' del Gobierno
Las víctimas de las violaciones de derechos humanos son la prioridad del Fedadoi, pero nada más han recibido el 3.3 % del dinero incautado a la mafia. Haga click en la imagen para ver infografía.
CRITERIO POLÍTICO • El Ejecutivo prefirió destinar el 73.3 % del total del dinero incautado a la mafia para resolver sus problemas de presupuesto, pagar a trabajadores despedidos, a otros en huelga, a las universidades, etc.
• Procuraduría Ad Hoc sólo recibió el 3%.
Ángel Páez.
Se suponía que los US$ 129.7 millones recuperados de la mafia que se anidó en el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se destinaría a reparar a los peruanos afectados por los crímenes y otras atrocidades de la dictadura. Pero también se acordó que el dinero serviría para fortalecer un sistema anticorrupción para sancionar ejemplarmente a los delincuentes del pasado Gobierno. Cinco años después de la creación del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi), las cifras indican que no se cumplió con lo establecido y que, por el contrario, el Gobierno de Alejandro Toledo dispuso de los dólares para resolver sus problemas de caja.
Más de tres cuartas partes (73.3 %) del total del dinero recuperado se ha gastado, por estricto mandato del Ejecutivo, en socorrer el presupuesto de las universidades nacionales (22 %), en la compra de uniformes y el pago de vacaciones atrasadas para los efectivos de la Policía Nacional (22 %) y en la indemnización de los trabajadores despedidos durante la época de Fujimori (20 %).
El Poder Judicial recibió US$ 11 millones, pero ese monto se repartió de la siguiente manera: US$ 8.2 millones para solucionar el pliego de reclamos de los empleados y trabajadores judiciales (69.6 %), US$ 3.5 millones (30.2 %) en el aumento de sueldos para los vocales de la Corte Suprema, y solo US$ 7,201 en los honorarios de peritos judiciales. ¿Y cuánto percibieron los tribunales anticorrupción? Cero.
En resumen, más de US$ 95.2 millones se esfumaron en rubros que no corresponden exactamente a la lucha contra la corrupción.
Barril sin fondo
Para el secretario técnico del Fedadoi, Augusto Velozmoro Álvarez, el problema no es el criterio de distribución del dinero incautado a la mafia sino que ya no existen más fondos que repartir.
Al ser advertido de que al haber entregado dinero a las universidades públicas, indemnizado a los trabajadores despedidos o aumentado el sueldo a los empleados judiciales, no se ha cumplido con el espíritu del Fedadoi, Velezmoro respondió: "Se hizo así por disposiciones del Ejecutivo que se tienen que cumplir, pero debo decir que en el caso de los trabajadores despedidos se trata de un asunto humanitario".
Explicó que el criterio para disponer del fondo está sustentado en el decreto de creación del Fedadoi de 2001 y en la Ley Nº 28476, de marzo de este año, que especifica a qué instituciones se le debe dar prioridad. "En primer lugar están las víctimas de violaciones de derechos humanos, la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori Montesinos y las procuradurías anticorrupción descentralizadas", indicó Velezmoro.
Absurdo criterio
Sin embargo, cuando se emitió dicha norma con la relación de prioridades, prácticamente ya no quedaba nada del dinero incautado a la mafia.
Lo cierto es que a las víctimas de las violaciones de derechos humanos sólo se ha dirigido US$ 4.3 millones. Esto es, el 3.3 % del total del dinero del Fedadoi, y todavía no se les entrega el dinero. Mientras, la Procuraduría Ad Hoc sólo ha recibido US$ 3.9 millones (3.0 %).
Desde su constitución, el Fedadoi se encuentra bajo la jurisdicción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo que explica el criterio político en la disposición del dinero incautado a la mafia. Y es responsabilidad de la PCM no haber actuado a tiempo para evitar el embargo judicial de US$ 3.7 millones del Fedadoi. Ese dinero, que pertenecía al testaferro Luis Duthurburu, había sido recuperado por la Procuraduría Ad Hoc. Y no le va a tocar un dólar. (Con la colaboración de Gabriela Flores Ch.).
Entidades públicas son las privilegiadas
"El gran problema del Fedadoi es el destino equivocado que se le ha dado a la mayor parte del dinero recobrado de la corrupción", afirmó Wilson Hernández Breña, especialista en el tema del Instituto de Defensa Legal (IDL)."En su etapa inicial, la Comisión Técnica del Fedadoi designó que el fondo fuera dirigido a la lucha anticorrupción, pero luego, con diversos decretos de urgencia del Ejecutivo, el campo de beneficiados fue aumentando y desvirtuándose el propósito de su creación", indicó Hernández.
Según el experto, las entidades estatales han visto en el fondo un origen de ingreso mucho más fácil de acceder cuando requieren de mayor disponibilidad de presupuesto en su sector. Otro problema es el retraso en la repatriación de dinero, de allí la carencia de fondos.
