El Congreso suspende debate y abandona en Lima autoridades y dirigentes campesinos del VRAEM
El 23 de agosto debía realizarse en el Congreso un foro que llevaba como sugerente título: "La problemática de la seguridad en el VRAEM. Lucha antidrogas y relaciones en materia de defensa con los Estados Unidos", que llevaría al centro del sistema político la discusión sobre la situación actual del narcotráfico en el país, con énfasis en el problema del VRAEM y las posiciones de los distintos sectores políticos.
Pero, de pronto, alguien advirtió que la coyuntura sobre el tema estaba demasiado caliente con asuntos como los narcoindultos y narcoconmutaciones de Alan García, la detención de Nancy Obregón, la muerte de dos importantes dirigentes senderistas en el VRAEM y, más recientemente, las audaces y no probadas declaraciones de Jaime Antezana sobre una docena de narcocongresistas en las principales bancadas, y decidió que no era el momento para abrir el debate.
Para al evento habían llegado dirigentes y autoridades de la zona cocalera que venían a explicar lo que realmente ocurre en esta parte del país, la inmensa riqueza agropecuaria de la zona y la ausencia de planes de desarrollo para la ceja de selva. Los viajeros se quedaron en ficha con la abrupta suspensión y tuvieron que deambular por algunas emisoras de radio y otros medios para y transmitir su mensaje.
En sustancia, el Congreso se asustó de su propia osadía de provocar una discusión sobre tres temas capitales: (a) la violencia remanente de la guerra senderista de los 80 y 90; (b) los cultivos de coca y la economía del narcotráfico; (c) las alternativas de desarrollo en el VRAEM. Por lo visto, estas cosas no se pueden tratar con el suelo removido. La actual mesa directiva no ha querido fijar una posición dentro de un debate, y ha preferido cancelar el debate, tal vez porque sus miembros no tienen nada que decir.
Gobierno de Humala
Al comenzar el actual gobierno, Humala tomo muy pocas decisiones audaces, pero en un campo donde aparentemente decidió arriesgar fue en el de la política hacia los sembríos de coca y en el de la necesidad de ensayar una propuesta alternativa a la promovida y financiada por los Estados Unidos (erradicación de cocales), que llevaba décadas de fracaso, mientras aumentaban las hectáreas sembradas, la producción de cocaína y su exportación al exterior.
El ingreso de Ricardo Soberón a la jefatura de DEVIDA, organismo de dirección de la lucha antidrogas de carácter integral (todos los sectores y todos los aspectos del tema del narcotráfico), era un desafío a la orientación impuesta desde Washington, debido a la claridad de sus propuestas (diálogo con los cocaleros; despriorización de la erradicación; persecución a las mafias de los insumos, el transporte y el financiamiento de la cocaína y otras drogas), que se contraponían en puntos medulares a lo sostenido siempre por los norteamericanos.
Soberón fue combatido implacablemente por los medios de derecha que decían que se iban a perder las metas de erradicación y que Estados Unidos nos iba a castigar con menor financiamiento. Poco después de la renuncia de Lerner, el jefe de DEVIDA, Ricardo Soberón, fue obligado a dejar su puesto, y reemplazado por una señora cuyas cartas de presentación eran sus vínculos con la Embajada de Estados Unidos y su convicción de que la política antidrogas no debía modificarse. El miedo a mover los conceptos tradicionales (y fracasados) sobre el tráfico de drogas, no empezó con la reciente corrida del Congreso.
Viene de mucho antes y no sólo bajo este gobierno. Alan García tuvo la osadía en octubre del año 2006 de viajar a Washington anunciando que le plantearía a Bush un cambio de la política con una mesa de corresponsabilidad entre Estados Unidos, Europa y los productores latinoamericanos, y regresó después de algunas horas en la Casa Blanca convencido que había que seguir erradicando como antes y presentándole cada año a los jefes del Norte una cantidad de hectáreas erradicadas, aun cuando se hubiesen sembrado en paralelo más hectáreas que las erradicadas.
La principal característica de la política antidrogas en el Perú, es su carácter subordinado a las necesidades de los grandes consumidores, en particular de los Estados Unidos, que no es que la droga desaparezca, sino que en su país crean que realmente se la está combatiendo como muestran ciertas cifras y que la lucha siempre es fuera de sus fronteras. Esto viene siendo así por varias décadas y Ollanta Humala no está haciendo sino reforzar un viejo patrón de actuación del Estado.
Lo más grave es sin embargo que el actual presidente levantó la esperanza de los cocaleros del Huallaga, el VRAEM y otras partes del país de que se convertirían en interlocutores con el Estado para generar políticas de desarrollo en la selva y la sustitución progresiva de la coca que va al narcotráfico por cultivo alternativos y formas de vida dignas para los campesinos. Por eso hubieron dirigentes cocaleros en sus listas parlamentarias del 2006 y 2011. Ahora que el presidente y su partido reculan bajo presión de la derecha cavernaria, se lanzan preguntas al aire sobre quién llevó a Obregón, Malpartida y Acha a ocupar posiciones parlamentarias y por qué lo hizo. Y ningún miembro del gobierno contesta, como si el asunto hubiera venido del aire.
Por eso a muchos no les conviene discutir abiertamente sobre el tema. Por un lado porque la vieja clase política, principalmente el APRA y el fujimorismo, tienen muchos lazos con el financiamiento ilícito, y por otro porque el partido de gobierno ha cambiado también en este punto su línea y sus aliados, al punto de dejar a su suerte al movimiento cocalero. Y no quieren que nadie se los recuerde.
25.08.13
