Si bien es recomendable la permanencia de autoridades al frente de los organismos del Estado, para garantizar la continuidad de las políticas, el efecto que ha tenido la presencia, por más de cuatro años, del Ministro de Educación José Antonio Chang no ha redundado en beneficio del sector. Uno de los puntos críticos ha sido su estilo autoritario, el poco diálogo y tolerancia a las propuestas divergentes, pese a que el Partido Aprista Peruano planteo en su plan de gobierno 2006-2010: "Promover y conducir el debate para lograr una propuesta consensuada del Proyecto Educativo Nacional como instrumento orientador de las políticas educativas en un horizonte no menor de 15 años". Si comparamos lo ofrecido en el plan de gobierno y las políticas ejecutadas, nos damos cuenta que solo algunas de ellas se han implementado y parcialmente, por ejemplo: mejorar el sueldo a los docentes, incremento que se ha vinculado a una Carrera Pública Magisterial, cuya implementación se ha llevado a cabo con poca transparencia, y aunque mejora sustancialmente el sueldo de los maestros, no mide el desempeño del docente en el aula; ni el rendimiento en las áreas de Matemática, Comunicación y comprensión de lectura, en los tres primeros años de educación básica. Si bien podemos ver logros de aprendizaje, hay un problema de equidad con niñas y niños que viven en las zonas rurales, pues son ellos, los que tienen lengua materna indígena, los que menos aprenden. Con participación intersectorial de los gobiernos locales y organizaciones de base se han impulsado programas de atención Integral (educación, salud, nutrición y protección) en 606 municipios distritales para la primera infancia, pero aun hay poca cobertura en educación para niños de 0 a 2 años, en el área urbana se atiende solo el 5,3% mientras que en el área rural al 2%. Se han distribuido textos y guías escolares para niñas y niños en escuelas ubicadas en zonas de pobreza y extrema pobreza, pero se han realizado de forma centralizada, sin cooperación de los gobiernos regionales quienes tampoco participan en la elaboración de los contenidos de los materiales. La promesa de incrementar anualmente el presupuesto educativo en 0,25 del Producto Bruto Interno (PBI) hasta llegar al 6% no ha sido cumplida, tampoco se ha otorgado autonomía a las Instituciones Educativas, ni se han transformado las escuelas unidocentes en polidocentes, no se restablecido el programa de vivienda magisterial, ni ejecutado medidas de moralización, transparencia y acceso a la información de la gestión educativa nacional, regional y local, ni se ha promovido la formación calificada de docentes en lenguas nativas y extranjeras, entre otros. Las políticas educativas ejecutadas por el gobierno aprista se han implementado con poca reflexión programática y criterios de equidad y algunas de éstas no estuvieron consideradas en su plan, como es el caso del Plan Piloto de Municipalización de la Educación que pese a haber recibido criticas de instituciones como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Red Nacional de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE) y la Defensoría del Pueblo quiere generalizar la municipalización a todas las municipalidades distritales del país. El mejoramiento de la infraestructura de los colegios emblemáticos, la creación del Colegio Mayor Presidente del Perú que alberga a los "mejores" alumnos de los colegios públicos de educación secundaría del país, cuyo costo por alumno es 60 veces más de lo que se invierte por una niña o niño que estudia en una escuela pública rural. Estas son sólo algunas muestras de la política improvisada del Sector que promueve la meritocracia en una sociedad que necesita políticas inclusivas y de afirmación positiva para acortar las brechas de pobreza. Otro tema ha destacar es la actitud del gobierno central frente al proceso de descentralización educativa. Si bien existe un diseño de descentralización expresado en un marco normativo que esta orientando el proceso. El Ministerio de Educación se resiste a mirarse en su rol rector y orientador de políticas educativas nacionales, y mantiene centralizado el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP), el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) e insiste en la municipalización de la educación, cuando estas funciones, por ley, ya han sido transferidas a los gobiernos regionales. Como avances expectantes tenemos la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que esta permitiendo seguir los aprendizajes de niñas y niños y del segundo y cuarto año de primaría. Esta política está desencadenando una movilización de instituciones públicas y privadas, de docentes y autoridades de los gobiernos locales y regionales interesados por mejorar la educación en aquellas escuelas que tienen resultados bajos de aprendizaje. También esta el trabajo que esta haciendo el Instituto Peruano de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA), para fortalecer las capacidades de las instituciones educativas para que puedan gestionar sus procesos y recursos, tomar decisiones en función a la mejora permanente de la formación integral de todos los estudiantes. Esta mirada panorámica a la política educativa del gobierno aprista podría considerarse como una evaluación no muy alentadora, sin embargo, debemos señalar que los temas positivos lo han puesto los gobiernos regionales y la sociedad civil organizada en los Consejos Participativos Regionales (COPARES) y en las redes educativas. En estos cuatro años han elaborado sus Proyectos Educativos Regionales, han consensuado y ejecutado políticas educativas con fondos de públicos y de la cooperación internacional y están ganando experiencia en la gestión de gobierno educativo. (José Luis Carbajo, miembro del Comité Directivo de Tarea). Fuente: tareaInforma 101 | 
