José Ramos Bosmediano
El sistema educativo peruano, cuya crisis fue profundizada por la reforma neoliberal del fujimontesinismo (1990-2000), no ha sido revertido por los dos gobiernos de la primera década del presente siglo. Para legalizar la reforma neoliberal se promulgaron, entre otras, dos leyes orgánicas: la 28044 como Ley General de Educación, que también promueve la privatización de la educación y reacondiciona los niveles y modalidades del sistema escolar; y la Ley 29062 como Ley de Carrera Pública Magisterial, cuyo objetivo central es convertir al trabajo docente en una modalidad de trabajo casi despojado de relaciones laborales con el Estado, como muy bien lo ha defendido el ex Ministro de Economía y Finanzas del gobierno aprista, Luis Carranza, fiel seguidor de los lineamientos presupuestales del Banco Mundial.
Como se sabe, la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial despoja a los maestros hasta del derecho de reclamar aumento de haberes, supuesto el hecho de que es una carrera "meritocrática", cuyo salario dependerá del esfuerzo individual de cada maestro, con una evaluación estandarizada y con requisitos de ascenso que convierten al maestro en un permanente buscador de supuestos méritos académicos que están incrementado las arcas de las decenas de universidades privadas, básicamente, las que ofrecen diplomados, maestrías y doctorados adecuados a los pobres ingresos de los maestros, ¿con qué nivel académico? Pero la falacia más difundida por los gobernantes, desde el Ministerio de Educación, es la que señala que con la nueva Carrera Pública Magisterial la educación peruana elevaría su nivel, independientemente de los factores principales que explican la actual crisis educativa. En tal sentido, en lo que va del año 2011, el ex Ministro José Antonio Chang y sus viceministros han considerado como un logro el pequeño aumento de puntajes del rendimiento en "comprensión lectora" y en matemáticas, como si en la práctica pedagógica no se comprobara que hay aumento o disminución de los rendimientos escolares en determinados períodos del año escolar. Pero lo más estrecho del criterio de estos funcionarios está en que midiendo solamente dos áreas de los contenidos curriculares osan generalizar los logros de la reforma neoliberal.
Nicolás Linch y su agenda meritocrática
El ex Ministro de Educación del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo, Nicolás Linch, uno de los voceados para ocupar la misma cartera en el gobierno de Gana Perú a partir de este 28 de julio, acaba de anunciar "cambios" en la Ley de Carrera Pública Magisterial (La República de Lima, sábado 16/07/2011, p. 23), dando por hecho que dicha Ley seguirá manteniéndose con su contenido esencial: la desregulación de las relaciones laborales de los maestros, el enfoque meritocrático y la competencia entre maestros como variable para el aumento de los salarios, sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo docente ni las condiciones en que este trabajo se realiza.
Para fundamentar la continuidad del modelo educativo neoliberal, Linch recurre a afirmaciones ciertamente falaces.
La primera, cuando afirma que los maestros no deben tener "miedo al cambio", como si los maestros peruanos, de ayer y de hoy, siempre hemos luchado por cambios fundamentales en la educación peruana, lo que se resume, en las dos últimas décadas, en la elaboración de un Proyecto de Ley de Educación y Cultura basado en la educación pública democrática, patriótica e integral, del cual Linch nunca pudo o no quiso enterarse, menos todavía cuando su interés principal como Ministro de Toledo fuera conformar un sindicato paralelo al SUTEP desde su alta posición burocrática. Muy fácilmente dice que el miedo al cambio explica que solamente 47 mil maestros se han integrado a la nueva Carrera Pública Magisterial, desconociendo que el alineamiento con dicha Ley significa perder todos los derechos laborales que contempla la Ley del Profesorado No. 24029. Frente a nuestros derechos, los trabajadores estamos dispuestos a defenderlos y defendernos de los propósitos antilaborales de los gobernantes. No en vano el gobierno aprista ha gastado millones de soles en la propaganda a favor de su llamada ley meritocrática, grabando, incluso, spots televisivos de alabanza a la carrera meritocrática.
La segunda falacia se refiere a su afirmación en el sentido de que el SUTEP y los maestros ya aceptan ser evaluados, como si en la Ley del Profesora de 1974, modificada positivamente en 1990 con la lucha del SUTEP, no estuviera contemplada la evaluación permanente, sistemática e integral de los maestros, toman do como base la evaluación de la práctica docente en el aula o evaluación del desempeño en aula, en cada escuela, sin soslayar los demás factores (conocimientos, años de servicios, grados académicos, premios por méritos profesionales). El primer gobierno aprista (1985-1990) debió de implementar dicha evaluación de los maestros, pero sus intereses de llenar las escuelas con personal para favorecer a sus afiliados y, de paso, contrarrestar la lucha de los maestros del SUTEP, impidieron llevarla a cabo. Esta historia, que muchos desconocen, es la que no tiene en cuenta Nicolás Linch. No es que "ya aceptamos la evaluación". La hemos aceptado siempre y hemos luchado para que ese proceso sea uno de los preceptos de la Ley del Profesorado, cuya discusión y aprobación pasó, primero, por la Huelga Nacional de Hambre de diciembre de 1984, la Huelga Nacional de Hambre de noviembre de 1989 y la Huelga Nacional Indefinida de 1990, cuando fenecía ya el primer gobierno aprista.
¿Dónde está la oposición a la evaluación por parte de los maestros y del SUTEP? ¿Quién no quiso aplicarla? A lo que hoy nos oponemos, desde la primera fase de la dictadura fujimontesinista es a la evaluación para convertir a los maestros en simples contratados con careta de nombramiento mediante una evaluación estandarizada a ajena al desempeño docente.
La tercera mentira de Linch, que ya se convierte en defensa del modelo neoliberal, es la que establece que la dación de Ley de Carrera Pública Magisterial "ha existido buena intención del saliente gobierno", y que el problema está simplemente en que "su aplicación ha estado plagada de corrupción". Parece que Linch pretende ocultar los procesos de reforma educativa neoliberal que se vienen dando en gran parte de los países latinoamericanos, empezando por el de Chile, cuyos estudiantes y maestros están jaqueando al gobierno neoliberal de Sebastián Piñera. De manera que ya tenemos su posición de firme defensa de la meritocracia neoliberal, a cuya aplicación en las universidades del Estado, sin embargo, él mismo se opuso durante el gobierno que fenece. Lo que él no aceptó pretende que los maestros de la educación básica acepten como la panacea para la crisis de la educación peruana.
El continuismo neoliberal se abre en el horizonte
Los que, desde posiciones de izquierda apoyamos la candidatura de Gana Perú desde la
primera vuelta electoral, lo hicimos, en primer lugar, para impedir la vuelta del fujimontesinismo con la candidatura de Keiko Fujimori y, en segundo lugar, porque Ollanta Humala, con todas sus limitaciones programáticas, era una alternativa abiertamente progresista frente a los dinosaurios de la derecha peruana, derecha neoliberal que, en todas sus expresiones concretas, era apoyada, paso a paso, por el gobernó aprista.
El progresismo, como actitud política, no siempre garantiza una conducta firme. Ya estamos viendo algunas inconsecuencias de Gana Perú, especialmente en la ratificación de Julio León Velarde en la Presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), como una expresión concreta de concesiones a la derecha neoliberal.
Que en materia salarial el nuevo gobierno pueda otorgar algunos aumentos salariales a los maestros, es posible. Pero, por las declaraciones de Nicolás Linch, la continuidad de todo lo actuado por la reforma neoliberal estaría garantizada. Los cambios que anuncia son para aplicar mejor la Ley de Carrera Pública Magisterial, no para que la nueva ley sobre el particular sea diferente en lo esencial.
Tampoco está descartada la presencia de algún funcionario del Ministerio de Educación del saliente gobierno aprista en el nuevo régimen gubernamental.
Hay también un inusitado movimiento de organización de grupos magisteriales de Gana Perú para paralelizar al SUTEP, en cuya cabeza se encuentran algunos ex dirigentes del gremio que pretenden copar los organismos del Ministerio de Educación. Incluso, algunos funcionarios del actual gobierno aprista están integrándose a los nuevos "colectivos" con propósitos estrictamente personales, luego de haberse aprovechado de ciertos cargos en los organismos intermedios de administración de la educación. El continuismo, pues, se abre en el horizonte.
Los maestros peruanos tienen, como en el pasado, la gran tarea de fortalecer su organización sindical, el SUTEP, mantener su independencia de clase, exigir al nuevo gobierno un camino nuevo por una nueva educación en el Perú, luchar incansablemente por la recuperación de los derechos conculcados, desde la estabilidad laboral hasta los demás derechos profesionales como condiciones para un ejercicio adecuado de la docencia. No es "apoyando enérgicamente" al gobierno de Gana Perú, como pretenden algunos, como los maestros podrán reconquistar sus derechos. No es casual que Nicolás Linch, en la citada entrevista, diga que el nuevo gobierno tratará con "todas las organizaciones magisteriales", lo que quiere decir que las que se están organizando al margen del sindicato serán reconocidos como interlocutores por el nuevo gobierno.
Lima, julio 18 del 2011
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