1. El gobierno no ha iniciado ninguna reforma fundamental en la educación. Sumido en el inmediatismo, marcha de espaldas al Proyecto Educativo Nacional; sigue enredado en la improvisación, como la fracasada "municipalización n" y el "Nuevo" Diseño Curricular ; está sometido a innumerables denuncias que van desde el manejo anti técnico y nada transparente de las llamadas "evaluaciones" que han servido para desprestigiar al maestro, como las aplicadas para el ingreso a la nueva "Carrera Pública Magisterial", hasta las que se hacen por el mal uso de donaciones, la absurda venta de la sede central Nacional del MED y la imperdonable impresión de textos escolares plagados de errores de grueso calibre.
El agresivo manejo de la propaganda oficial ni el aplauso interesado de los sectores que medraron de la llamada "reforma educativa fujimorista" han podido ocultar la implacable realidad: El fracaso de una política educativa errática que no rompe con el conservadurismo inmediatista.
2. Concordante con el abandono de su propuesta de "retorno a la Constitución del 79", el gobierno mantiene intocado el DL 882 del fujimorato, puerta abierta a la conversión de la educación en todos sus niveles, en una vulgar mercancía; decreto convertido en soporte ideológico, político y comercial del fundamentalismo mercantilista contra la educación pública y del abandono creciente que hace de ella el Estado.
Es en esa línea que el gobierno acaba de promulgar la Ley que faculta que otros profesionales, sin título pedagógico en educación, también ejerzan la docencia.
Con ello se tira el traste toda la campaña demagógica en torno a la Nueva Ley de Carrera Pública Magisterial y se somete al mercado y al clientelismo politiquero las aulas y plazas magisteriales.
3. Es cierto que los centros educativos requieren de otros profesionales que refuercen el proceso de enseñanza aprendizaje. Esa labor la desempeñan psicólogos, asistentes sociales y nutricionistas, cuando el Estado cubre el presupuesto para su desempeño que no es pedagógica, ni en aula, si no de apoyo. Lo mismo ocurre en algunos centros de Educación técnica superior. Ambos ya están contemplados en la ley magisterial vigente que el gobierno incumple y también en la nueva.
De tal manera que está sumamente claro que la ley que acaba de promulgarse tiene, en mi opinión, los siguientes objetivos:
a) Convertir las aulas en refugio de profesionales fracasados en sus carreras. No es cierto que "vendrán los mejores profesionales de otras carreras a enseñar", porque ellos, si son exitosos, jamás vendrán a "cachuelear" en un aula, por mil soles mensuales.
b) Convertir las plazas magisteriales vacantes y por contrato en un botín para satisfacer el clientelaje político del gobierno. No olvidemos la experiencia del 85 – 90 y lo que ha ocurrido con los "exámenes" para el ingreso a la CPM.
c) Continuar con la política perversa de desprestigio y devaluación de la docencia y la pedagogía. La aseveración del gobierno y los comerciantes de la educación de que "cualquiera puede enseñar" y que "hay que acabar con el monopolio de la enseñanza en manos de los pedagogos", es la expresión hipócrita, y en doble lenguaje, de quienes, en otro escenario, el de la justicia, por mantener allí su hegemonía conservadora, mediocre y corrupta, exigen "principistamente" la exclusividad de los abogados en la representació n en el Consejo Nacional de la Magistratura , no aceptando a ningún otro que no tenga esa profesión.
La bandera comercial de que "cualquiera pueda enseñar, con un cursillo de pedagogía", olvida que para enseñar bien, se estudia, se prepara, se abraza la pedagogía como ciencia; para eso existen Universidades y Facultades de educación e Institutos Pedagógicos.
4. Si actualmente tenemos decenas de miles de maestros titulados sin trabajo, otro tanto "capacitados" aparatosamente por este gobierno, a maestros titulados en huelga de hambre reclamando su derecho al trabajo por haber aprobado el "examen" de ingreso a la Carrera y si ya existía la legislación pertinente que encaraba las excepciones para que otros profesionales no docentes desempeñan alguna labor de apoyo especifico, entonces está claro que la ley que liberaliza la función docente solo tiene objetivos políticos y de clientelaje partidista, que nada tienen que ver con mejorar la función Docente ni menos resolver la crisis de la educación.
- Este burdo atentado merece una sólida respuesta de todos los sectores comprometidos con la educación y la cultura en nuestro país.
CESAR BARRERA BAZAN (MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN)
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Teléfono: 999640310
