FORO EDUCATIVO:
La Presidencia de la República, ha emitido el DS Nº 022-2010-ED publicado en El Peruano el 22 de Octubre, que dispone la incorporación al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa, de las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa Nacional de Apoyo a los más Pobres-JUNTOS. Foro Educativo plantea su derogatoria en base a las siguientes consideraciones:
La educación que el Estado ofrece en las zonas rurales del país, donde se concentra la mayor pobreza, sigue siendo la de menor calidad
Es por esta razón que transferir la gestión educativa de las escuelas más pobres a los municipios más pobres del país, nos parece inaceptable. Significará más una carga administrativa y no una mejora de la educación. La norma deja además, "a la disponibilidad presupuestal" de otras instancias "la capacitación, apoyo logístico y asistencia técnica" para el cumplimiento de esta función. Creemos que esto atenta contra el principio de la provisión de la descentralización y ahondará las brechas sociales existentes.
No hay una evaluación independiente del Plan Piloto de Municipalización que certifique sus buenos resultados y sustente su expansión y generalización.
Diversas y respetables voces han demandado insistentemente al gobierno una evaluación independiente de la experiencia del Proyecto Piloto de Municipalización, entre ellas la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación y el propio Ministerio de Economía. Todas estas instituciones consideran indispensable una evaluación previa de sus resultados antes de generalizarla. La norma contenida en el DS Nº 0022-2010-ED carece de sustento técnico.
La educación nacional funciona con una normatividad inconclusa y contradictoria y con niveles de gobierno –nacional, regional, local- no articulados ¿En este escenario confuso y caótico se pretende municipalizar la educación?
Esta medida se da sin que hasta la fecha el Ministerio de Educación cuente con una nueva propuesta de organización y funciones como se lo exige la ley. Por esta razón, las competencias y funciones que le corresponden en un contexto de descentralización de la educación, no están discutidas ni acordadas con los demás niveles de gobierno. Lo que se observa más bien son todavía normas confusas y contradictorias que duplican o superponen la acción de las instituciones. En ese contexto caótico, agravado por el hecho que en el actual momento las anteriores autoridades están ad portas de entregar sus cargos y las nuevas aún no lo asumen, se pretende imponer sin consulta alguna, la generalización del Plan Piloto de la Municipalización.
Foro Educativo ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la descentralización educativa, pero la entiende como una política de Estado que supone la acción concertada y coordinada entre los tres niveles de gobierno, no la imposición unilateral y sorpresiva de medidas arbitrarias.
Hacemos un llamado a las autoridades políticas, a las instituciones gubernamentales y a la sociedad civil a construir de manera concertada, como corresponde a una sociedad democrática, nuevos modelos de gestión educativa descentralizada, que articulados a propuestas de desarrollo sostenible, garanticen realmente el derecho de todos los peruanos, empezando por los más pobres, a una educación de calidad.
PRONUNCIAMIENTO
ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES (ANGR) EXIGE MAYOR COHERENCIA EN EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA
Ante la aprobación del Decreto Supremo Nº 022-2010-ED, publicado el 22 de octubre pasado, el cual incorpora a 606 municipalidades distritales del ámbito del programa JUNTOS al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa; la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresa a la ciudadanía lo siguiente:
1. El Decreto Supremo no explicita de qué manera la inserción de los 606 municipios al Plan Piloto de Municipalización aporta o complementa a los objetivos estratégicos que persigue el Programa Juntos.
Asimismo, tampoco queda claro si hay una condicionalidad en la participación de alguno de los programas, y los criterios de incorporación al Plan Piloto de Municipalización no evidencian una estrategia clara.
2. El proceso de transferencia de funciones en materia educativa a los gobiernos regionales culminó en diciembre del 2009. En esta medida consideramos un acto inconstitucional que desde el gobierno nacional se transfieran funciones al nivel local, en tanto esta medida transgrede los principios y la normatividad en la
que se enmarca el proceso de descentralización.
Para hacer viable esta medida tendrían que modificarse la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente. Si la transferencia de funciones a los gobiernos regionales ya ha sido realizada, el gobierno nacional no puede volver a transferir dichas funciones al nivel local.
3. Esta medida no ha sido coordinada con los gobiernos regionales ni locales, ha sido más bien una decisión unilateral que no ha tomado en cuenta la opinión y voluntad de las autoridades políticas involucradas en la gestión educativa y tampoco ha respetado el proceso de la descentralización.
Esto genera preocupación porque hace evidente la manera centralizada en que se continúan tomando gran parte de las decisiones para la gestión del servicio educativo, lo que contraviene el discurso y las normas respecto a un modelo de gestión descentralizada, que una vez más encuentra grandes obstáculos para su consolidación. Esta postura es también una acción contraria a la recomendación Nº 3 del informe de la Defensoría del Pueblo, donde se exhorta a la PCM tener una mayor coordinación con el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
4. El Plan piloto está generando fragmentación en la gestión de las políticas educativas y atomizando las decisiones en el nivel local, mientras que la mayoría de los gobiernos regionales ya cuentan con sus políticas educativas regionales, adecuadas a sus necesidades y potencialidades. De esta manera se pasa por alto la competencia de los gobiernos regionales de administrar sus territorios, tal como lo señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
5. Las evaluaciones y seguimientos que se han elaborado al Plan piloto de Municipalización han demostrado grandes debilidades en su implementación, de manera que el Ministerio de Economía en el anteproyecto de Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2011 señala en una disposición final que no se asignen recursos al Programa ni se amplíe el programa sin una evaluación externa e independiente previa que garantice el logro de sus resultados.
El Ministerio de Educación ha realizado evaluaciones al Plan Piloto de Municipalización, los cuales han dado cuenta de temas procedimentales, pero hasta la fecha no se ha realizado una evaluación sobre el avance de acuerdo a los objetivos. Los mensajes han sido claros de parte de la Defensoría del Pueblo respecto a la necesidad de una evaluación total del programa antes de iniciar la fase de expansión.
Ante los argumentos expuestos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hace un llamado al Ministerio de Educación y a la Presidencia del Consejo de Ministros a reconsiderar su decisión y derogar la norma, la cual claramente afecta la autonomía del nivel de gobierno regional, afectando así al proceso de descentralización en su conjunto.
Octubre, 2010
Hugo Ordoñez Salazar
Presidente ANGR
6 de noviembre del 2010
DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
Transferencia de la educación a municipios más pobres
del país sin condiciones adecuadas
NO MEJORARÁ LA CALIDAD EDUCATIVA
La Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Gallirgos, exhortó al Ministerio de Educación y a la Secretaria de Descentralización evaluar la pertinencia de haber incorporado a más de 600 municipalidades al plan piloto de la Gestión de la educación sin haber realizado una evaluación integral de dicho plan en su etapa inicial cuando tenía sólo 35 municipalidades. "No existe una evaluación con indicadores que nos permitan medir el plan lo que hay son informes que narran el quehacer de las municipalidades".
En el programa radial HABLAEDUCACIÓN, la funcionaria consideró que la incorporación de las comunas de los distritos más pobres del país al plan de municipalización de la gestión educativa difícilmente contribuirán en la mejora de la calidad educativa del país, sino se cuenta con las condiciones adecuadas. "Nosotros creemos que las municipalidades son un nivel de gobierno que por su cercanía a la población podrían ser los encargados de la gestión de la educación, siempre y cuando se le de las condiciones necesarias para asumir este reto, como un presupuesto adecuado y un acompañamiento permanente por parte del MINEDU y del gobierno regional".
Gallirgos explicó que la preocupación de la Defensoria del Pueblo se centra en las dificultades subsistentes advertidas en el informe Defensorial Nº 148, en el cual, se muestran grandes falencias de la implementación del plan en 31 municipalidades durante los años 2007 al 2009.
Según detalló entre las observaciones realizadas al diseño del plan y su implementación sobresalen, la priorización de la transferencia administrativa antes de que la pedagógica y la insuficiencia del presupuesto para cubrir los servicios básicos de las instituciones educativas y las responsabilidades de supervisión. " Del presupuesto transferido, un 96% se refiere a gastos de planilla y un 3% para cubrir pagos de servicios que resultaba insuficiente para realizar responsabilidades como el control de asistencia y permanencia del docente que implica el traslado de funcionarios a las instituciones educativas que en el caso de la zonas rurales se encuentran en zonas alejadas y de difícil acceso".
La falta de involucramiento de los gobiernos regionales y ausencia de concertación entre los tres niveles de gobierno, fue otra de las observaciones del Defensoría del Pueblo en torno a la implementación del plan de municipalización de la educación. "La principal recomendación de la Defensoría del Pueblo ha sido brindar un rol prioritario a los gobiernos regionales en torno a la transferencia y delegación de funciones.
Finalmente, indicó que la principal observación sobre el diseño del plan de municipalización de gestión educativa fue el no haber contemplado la heterogeneidad municipal que hay en el país. "Existen municipalidades rurales con poco presupuesto con poco personal. Se dijo que se iba implementar el FONCOMUNJE, un fondo que tenía por finalidad compensar estas desigualdades sin embargo hasta ahora no se ha implementado ningún mecanismo que pueda compensar estas diferencias y eviten el acentuar las inequidades de la educación.
