De Tarata a La Cantuta

Por Raúl Wiener

En estos días se han conmemorado 18 años de dos grandes tragedias: el coche-bomba de Tarata, donde murieron 20 personas, y el secuestro y ejecución de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Ambos hechos sucedieron uno tras otro. Pero no ha habido, esta vez, y tampoco nunca antes, una conmemoración en conjunto de todos estos muertos sin justificación. ¿Por qué? Seguramente se podrá decir que hay un sector que aún cree, o le conviene creer, que los universitarios algo tenían que ver con lo que pasó en Miraflores (más o menos como los yanquis creían que el misterio de los aviones estrellados contra las Torres Gemelas estaba en Afganistán o en Irak), y otros pensarán que cada quien se conduele con lo que cree conveniente. Pero esto no va a quitar la sensación de que hay distintos tipos de muertos de la violencia en este país, aun cuando unos y otros hayan caído sin armas en la mano y sin opción para defenderse. Y el problema no comienza en lo que pueda creer la gente a la que se le remueve continuamente imágenes sobre lo que podría ser el regreso a un enfrentamiento armado como el de los 80 y 90, sino en el Estado que ha sido incapaz de ayudar a abrir un camino para empezar a superar un período aciago bajo cuya sombra no se puede vivir eternamente. Esta semana desfilaron en Lima personas que venían directamente de las poblaciones afectadas por la guerra a las que se les ofreció y no se les cumplió en otorgarles distintas formas de reparación o compensación por los daños sufridos. ¿A alguien de las autoridades que organizaron el recordatorio de Tarata de este último viernes, se le pasó por la cabeza invitar a algún representante aunque sólo fuera para establecer puentes entre las distintas realidades del Perú que fue sacudido por la guerra? He conocido por razones de este oficio a policías de la dirección contra el terrorismo y de la unidad de desactivación de explosivos, de los peores años de destrucción y muerte, entre ellos varios discapacitados, enfermos o afectados de distintas formas, también a las viudas de otros que murieron en una explosión cuando trataban de desactivar una bomba o asesinados sin esperar un tiro. Y todos ellos llevan alrededor de veinte años yendo de aquí para allá para que el Estado les pague lo que les debe (¡), ya que una ley de 1987 ordenaba remunerarles con una bonificación de 100% sobre sus salarios a quienes realizaran acciones con riesgo para su vida e integridad física. A ellos tampoco los invitaron a Tarata, aunque tal vez con su presencia hubieran enseñado que el deber de los peruanos es evitar que la tragedia se repita, y que eso sólo se puede lograr en un país que no esté dividido y enconado como el que hemos visto saltar en los últimos meses sin que hubiera razón para ello. Es posible que el ministro del Interior y el jefe de la Policía, piensen que sólo se trata de 300 oficiales y suboficiales, y que pueden ignorarlos a pesar de los mandatos judiciales y administrativos. La última vez fue en diciembre del 2009, cuando tenían el dinero para pagar y lo destinaron a otra cosa. Fue una cachetada, similar a las que han recibido otros soldados y policías de otros episodios de nuestra historia. A ellos los mandan a morir y a sacrificarse, para enviarlos luego al total olvido.