The Associated Press

LIMA -- Los obispos católicos de Perú ratificaron el viernes su posición de defensa del medioambiente y las comunidades nativas, ante acusaciones del gobierno de que misioneros extranjeros están agitando a las poblaciones en contra de políticas gubernamentales de desarrollo en la Amazonia.

La Conferencia Episcopal Peruana pidió un debido proceso en el caso del religioso británico Paul Mc Auley, al que el gobierno pretendió expulsar del país por su activismo ecológico, tras acusarle de soliviantar a las poblaciones afectando la seguridad interna del país.

Mc Auley, quien lleva viviendo 20 años en Perú, consiguió que el poder judicial suspendiera temporalmente la resolución ministerial que canceló su permiso de residencia.

"No hay nada ni nadie que nos detenga en la fidelidad a la defensa de la vida y el medioambiente, eso es parte de nuestra misión", sostuvo el Obispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto.

"No creo que la iglesia vaya a tener temor ante represalias, lo que sí llama la atención es que de un tiempo a esta parte señalen solamente a extranjeros, y a extranjeros que han vivido muchos años en Perú", agregó, declinando afirmar que exista una campaña orquestada del gobierno.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, señaló que los Vicariatos Apostólicos de la selva fueron creados para evangelizar a las comunidades, promover su desarrollo cultural, su salud y educación, además de proteger la naturaleza de "los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad".

Respecto a Mc Auley, dijo que el gobierno debe garantizar el debido proceso, y que un poder judicial independiente e imparcial debe determinar si las actividades del religioso constituyen un delito dentro del ordenamiento penal peruano, o una infracción a la ley de migraciones.

La decisión del gobierno de expulsar a Mc Auley desató numerosas quejas, a la vez que muestras de solidaridad de parte de activistas y grupos defensores de los derechos humanos.

Mc Auley preside en la ciudad selvática de Iquitos, a 1.010 kilómetros al noreste de Lima, una asociación civil que defiende el medioambiente, los derechos de las comunidades indígenas, y ha denunciado la contaminación por parte de empresas petroleras.

El gobierno de Alan García aplica una política de apertura de la selva a las inversiones petroleras, gasíferas y madereras.