Por: Manuel Guerra
Es sabido el fracaso histórico de las clases dominantes peruanas para construir la nación, encaminar el país al desarrollo y garantizar el bienestar de las grandes mayorías. Sin capacidad para erigirse en clases dirigentes, se han supeditado al capital foráneo, convirtiéndose en sus intermediarios y viviendo de sus migajas; sin entender al Perú, al complejo entramado de su historia y las clases y sectores sociales que accionan en el territorio, se han refugiado en el estrecho círculo de sus intereses de clase, excluyendo a las grandes mayorías; sin Proyecto Nacional ni políticas de Estado a largo plazo, los gobiernos de turno se han movido en la coyuntura, desaprovechando las oportunidades de acumulación interna para potenciar el aparato productivo.
El segundo gobierno de García no escapa a esta lógica en la que se han movido las clases dominantes a lo largo de la república, con el agravante que con el modelo neoliberal (del que se ha convertido es su voluntarioso implementador), el saqueo de los recursos naturales, el entreguismo al capital extranjero, la destrucción del aparato productivo, alcanzan niveles de desastre, comprometiendo incluso nuestro futuro como un país con capacidad para afrontar los enormes retos que nos plantea el presente siglo.
En realidad García no ha hecho más que continuar con la política que abrazaron Fujimori y Toledo, cuya viga maestra es el saqueo de nuestros recursos naturales en beneficio de las empresas transnacionales. Es decir el reforzamiento del esquema primario exportador de nuestra economía para cubrir la demanda de los países desarrollados, actividad en la que lucran los grandes monopolios. Ya sucedió con la minería, con el petróleo, con el caucho, el güano, la harina de pescado, y ahora sucede con el gas, cuyos contratos firmados en los tres últimos gobiernos favorecen ampliamente a consorcios extranjeros.
El tratamiento que se le da a la explotación del gas no difiere para nada del entreguismo del que se ha hecho gala con los recursos del país. Lo grave es que con ello se renuncia a garantizar la autonomía y soberanía energética, en un contexto mundial donde las fuentes de energía son cada vez más escasas y vitales para la supervivencia y el desarrollo de las naciones.
Se pierde así una gran oportunidad de aprovechamiento de este recurso para su transformación mediante plantas petroquímicas, potenciar las industrias y garantizar el consumo doméstico. Este es el problema de fondo con el gas de Camisea, que más allá de los intereses locales o regionales, afecta al conjunto del país, y compromete su futuro.
La política energética que corresponde al Proyecto Nacional, teniendo en cuenta las potencialidades y necesidades del país, tal es el tema a discutir, proponer y defender por quienes levantamos las banderas del cambio. El problema no se reduce entonces al precio que se vende el producto, a las regalías, o al canon con que se beneficia la región donde se encuentran las reservas. En este marco la defensa del gas es un asunto que compromete a todos los peruanos que aspiramos a un nuevo rumbo para nuestra patria. No nos dejemos atrapar por el manejo con que la derecha y su gobierno pretenden encasillar la lucha de los pueblos de Quillabamba y Echarate, es decir abordar los temas colaterales, dando concesiones parciales u optando por la represión a la que se quiere justificar recurriendo al manido sambenito de violentistas, terroristas, chavistas, contra quienes no comulgan con su entreguismo.
